Competencia destapa ilegalidades en una gran adjudicación del CatSalut


Oriol Güell informa de como se ha descubierto que cuatro empresas pactaron “repartirse el mercado” de los servicios de rehabilitación y fisioterapia de la sanidad pública y “expulsar a la competencia”. Y de las conexiones de Josep Maria Pedrosa con esta trama.

Josep Maria Padrosa (izquierda) junto al consejero de Salud, Boi Ruiz. / albert garcia

Una investigación de la Autoridad Catalana de la Competencia (Acco) ha destapado que cuatro empresas pactaron “repartirse el mercado” y lograr así “mayores ingresos” a costa de las arcas públicas en el gran concurso del servicio de rehabilitación de la sanidad pública convocado por la Generalitat en 2012. Entre las empresas acusadas está Corporación Fisiogestión (CF), de la que procede el actual director del CatSalut, Josep Maria Padrosa. La Acco, que recuerda que el CatSalut debe vigilar contra estas prácticas, alerta en su informe de la “fuerte concentración” que el concurso de 2012 produjo en favor de la exempresa de Padrosa, que “controla gran parte de los servicios públicos de rehabilitación”. La Acco propone una dura sanción.

En su informe final, la Acco analiza el resultado del gran concurso con el que el CatSalut adjudicó en 2012 y para una década los servicios de rehabilitación y fisioterapia. Con un importe total de 200 millones de euros, y tras la del servicio de ambulancias, esta ha sido la mayor licitación de la sanidad catalana en los últimos años.

La Acco encuentra que se ha vulnerado la Ley de Defensa de la Competencia en cuatro de los 28 lotes adjudicados, que cubren los municipios de Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià del Besós y Montgat. Estos lotes fueron adjudicados por 3,47 millones anuales —el 17% del importe total del concurso— a una unión temporal de empresas (UTE) formada por Fisioterapia (filial de CF), con una participación del 14,4%; L’Eivax, 29,4%; Iriteb, 49,6% y el Centro de Accidentes Laborales y Rehabilitación Gramenet (Calrg), con el 6,5%.

La Acco considera que las tres primeras tenían “el tamaño y la solvencia suficientes para presentarse en solitario”. Hacerlo juntas no fue “un comportamiento natural del mercado”, sino una decisión premeditada para “repartirse el mercado” e “impedir la entrada de competidores”. Con este objetivo, dieron entrada a un pequeño socio local que podía haberse asociado con otras empresas.

Para llegar a esta conclusión, la Acco compara el resultado del concurso de 2006 con el de 2012. En el primero, la zona ahora investigada estaba dividida en cinco lotes, de los que tres fueron ganados por Iriteb y dos por una UTE formada por L’Eivax y Fisioterapia. La concentración de cinco a cuatro lotes podía “haber provocado una fuerte competencia entre Iriteb y la UTE formada por L’Eviax y Fisioterapia”. “En cambio, esta competencia no se produjo por el pacto entre las empresas”, concluye la Acco tras comprobar que la cifra de negocio de cada empresas apenas cambia entre 2006 y 2012 salvo para dar a Calrg una pequeña porción.

El acuerdo tuvo sus consecuencias económicas, según el informe. De todos los descuentos ofrecidos por las empresas en el concurso de 2012, los de los cuatro lotes investigados son los menos importantes, del 7%, mientras en el resto de Cataluña ascendieron a hasta el 13%. La Acco concluye que la UTE, “anticipando que no tendría mucha competencia, no necesitó ofrecer una rebaja importante”. Esto le proporcionó “unos beneficios ilícitos en detrimento del CatSalut y, en último término, de los contribuyentes”.

Las cuatro empresas presentaron múltiples alegaciones ante la Acco, que pese a ello no ha modificado sus conclusiones. Con el informe, este organismo concluye su función, que es la de instructor, y lo eleva al Tribunal Catalán de la Competencia, competente para sancionar. La Acco, sin embargo, propone una fuerte multa para las cuatro empresas, cuyo importe deberá fijar el Tribunal, aunque la Ley de Defensa de la Competencia prevé que puedan ascender hasta el 10% de la facturación de cada empresa.

El informe de la Acco también pone de manifiesto que CF fue la gran beneficiada del concurso de 2012. Si en el celebrado en 2006 ganó el 32% de los lotes en liza en solitario y otro 18% integrada en UTEs con otras empresas, en 2012 estos porcentajes crecieron hasta el 46% y el 25%, respectivamente. El resultado es que “se ha producido una fuerte concentración, ya que Corporación Fisiogestión controla gran parte de la prestación de servicios de rehabilitación y logopedia licitada y contratada por el CatSalut”.

El origen de la investigación de la Acco se remonta a junio de 2013, cuando EL PAÍS y la Plataforma de Afectados por los Recortes Sanitarios (Pars) revelaron que Padrosa era apoderado de varias empresas del grupo Corporación Fisiogestión cuando el CatSalut le adjudicó contratos por más de 150 millones de euros.

Padrosa aseguró que todo se debía a un “error” de su exempresa al revocarle los poderes, pero la Oficina Antifraude (OAC) abrió una investigación que acabó cuatro meses más tarde sin ver indicios de delito en los hechos. La OAC, sin embargo, sí reclamó más controles de la Generalitat a sus altos cargos —Padrosa había tardado 20 meses en presentar su declaración de bienes e intereses— y envió el caso a la Acco ante los indicios de prácticas contrarias a la competencia en el concurso del CatSalut.

Una empresa con ‘muletas’

La investigación de la Autoridad Catalana de la Competencia (Acco) revela el tercer caso en el que Corporación Fisiogestión (CT) se ha visto favorecida por decisiones del CatSalut mientras Josep Maria Padrosa ha ocupado la dirección de este organismo. El primero fueron la filtración de las prescripciones técnicas del concurso de 2012 a través de una mesa de expertos, encargada de diseñarlas, de la que formaron parte dos cargos de CF. En las alegaciones al informe de la Acco, la empresa L’Eivax reconoce que al formar una UTE con CF pudo “participar en estos foros” y “tener información de primera mano” del concurso.

Otro caso lo constituye la subcontratación irregular de un contrato público ocurrido en el Alt Empordà. Pese a que el CatSalut certificó la irregularidad, no adoptó ninguna medida ni informó de ello a una tercera empresa perjudicada, Centre Assistencial Alt Empordà. Esta no pudo presentar recurso y se vio abocada al concurso de acreedores.

Fuente: El País

Acerca de Dempeus per la salut pública

Col·lectiu de persones en defensa de la salut pública
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