La Generalitat desobedecerá el fallo judicial y permitirá que los inmigrantes en situación irregular sigan accediendo al sistema sanitario público
Concentración delante del Hospital Clinic de Barcelona para reivindicar el acceso universal a la sanidad Carles Ribas EL PAÍS.
La decisión del Tribunal Constitucional (TC) de suspender cautelarmente la ley catalana de sanidad universal ha dejado en el limbo la atención sanitaria de 114.573 personas. La norma autonómica nació el pasado verano para sortear el decreto estatal que, en 2012, fulminó el acceso universal a la sanidad pública. El Gobierno central no tardó en impugnar la ley catalana y el TC, que ha aceptado el recurso, la ha suspendido hasta que resuelva sobre el fondo del asunto. Los médicos han alertado de los riesgos para la salud pública de esta suspensión y el Departamento de Salud, por su parte, ya ha anunciado que desobedecerá el fallo.
Para contener el gasto y evitar el turismo sanitario, según justificó entonces el Gobierno de Mariano Rajoy, el Real Decreto 16/2012 ligaba el derecho a la asistencia a las rentas de trabajo (estar asegurado al Instituto Nacional de la Seguridad Social). Sólo había tres excepciones: urgencias, mujeres embarazadas y menores de edad. Unas 900.000 personas en toda España —90.300 en Cataluña— se quedaron sin tarjeta sanitaria.
En estos seis años, Cataluña y otras comunidades intentaron esquivar, con instrucciones y leyes ad hoc, el polémico decreto. El exconsejero de Salud, Toni Comín, desplegó el pasado verano la ley que daba asistencia sanitaria pública a todas las personas empadronadas en el territorio, independientemente de sus situación administrativa. Sin embargo, el Gobierno central impugnó la norma al creer que se invadían competencias estatales y el TC aceptó el recurso y suspendió la ley autonómica. El Ejecutivo de Rajoy hizo lo propio con las normas de la Comunidad Valenciana, País Vasco, Navarra y Extremadura. El TC las suspendió todas cautelarmente.
La comunidad médica en Cataluña y las entidades sociales han rechazado la decisión del TC y han alertado de las consecuencias, en términos sanitarios y sociales, que puede tener la exclusión sanitaria. “El decreto no tiene sentido y contradice a la Organización Mundial de la Salud (OMS), que insistió sobre la universalidad hace unas semanas”, advierte el doctor Josep Vilaplana, presidente del Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña. Una investigación Instituto de Economía de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra confirmó que la mortalidad entre personas sin papeles subió un 15% desde la reforma sanitaria.
Un estudio del Departamento de Salud ha constatado ahora que la suspensión de la ley catalana dejará en el limbo asistencial a casi 115.000 personas (ciudadanos extranjeros empadronados en Cataluña no acreditados como asegurados ni beneficiarios y que tampoco cumplen ninguna de las situaciones especiales que dispone el decreto). “Representan al 1,53% de la población residente en Cataluña y solamente podrían ser atendidos en urgencias”, concluye el informe.
Los profesionales sanitarios ponen el foco en los riesgos que tendrá esta medida en la salud. “Esto es una contradicción insoportable que castiga a los más débiles. Como médico no puedes dejar de atender a una parte de la sociedad. Las patologías no atienden a la regularización de los papeles ni al empadronamiento”, critica el doctor Toni Barbarà, miembro de la Marea Blanca y portavoz de la plataforma Dempeus per la Salut Pública.
El estudio recoge también que las enfermedades más prevalentes entre el colectivo de pacientes ahora en el limbo sanitario son la diabetes y el asma. Se trata de dos dolencias crónicas pero potencialmente peligrosas si los afectados se descompensan y no reciben un seguimiento clínico adecuado. “Si no visitan a su médico periódicamente para controlar su estado de salud, aumentarán los ingresos hospitalarios por urgencias. La diabetes descontrolada puede provocar crisis de hipoglucemia o hiperglucemia, ictus, infartos… Son escenarios nada convenientes”, avisa Vilaplana.
“No se ahorra nada”
Si bien el Gobierno central alegó en su momento motivos económicos para justificar el controvertido decreto, el estudio de Salud revela que el gasto de este colectivo es muy inferior al del resto de la población. “El gasto per cápita es de 489,30 euros anuales, mientras que la global de Cataluña es de 966,70 euros”, señalan los investigadores. El estudio cifra en “poco más de 31 milllones de euros” el gasto sanitario que hicieron este grupo de pacientes en 2016. “Lo que representa un 0,42% del gasto sanitario del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), mientras que ellos representan un 0,9% de la población”, matiza el informe. “No se ahorra nada. No salen las cuentas. El ahorro vienen de otros campos, no de aquí”, zanja Vilaplana.
Con todo, Salud ha asegurado que “garantizará la atención sanitaria a la población residente en Cataluña”. Esto significa que, previsiblemente, desobedecerán la decisión judicial. Vilaplana, por su parte, aseguró que los colegios profesionales “colaborarán con el Departamento” para mantener la asistencia a todo el mundo.
El colectivo en riesgo usa menos los servicios
Según el informe de Salud, el colectivo afectado por el Real Decreto usa menos los servicios sanitarios que la población global de Cataluña. “La tasa de ingresos en hospitales de agudos es de 6,8 por cada 100 habitantes. Esta tasa en la población global de Cataluña es casi el doble”, ejemplifica el informe. La tasa de ingresos en centros sociosanitarios también es menor que en la población global.
En atención primaria, las dolencias que provocan más visitas suelen ser enfermedades digestivas, problemas del aparato musculoesquelético y afecciones respiratorias.
Dempeus per la salut pública 