Cataluña sufrió los mayores recortes sanitarios durante el ‘procés’


Previo un comentario de Antoni Barbarà Molina.

Un trabajo muy interesante de la periodista Jessica Mouzo, que atiende habitualmente las informaciones sobre salud y sanidad en la sección catalana de El País.

Se trata de una visión panoràmica de lo acaecido en este ámbito, desde aquel 2010 hasta la actualidad. Desde tiempos de Mas – Boi Ruíz, hasta la última etapa Comín, y su peripecia.

Los datos resultan en general conocidos pero el relato cronológico permite un anàlisis dinámico y un diagnostico. Desde algunos agentes y plataformas sociales hemos venido denunciando y combatiendo esa situación. Tal es el caso de la Marea Blanca de Cataluña. Con enorme empeño y sin caer en el desanimo a que nos pretenden reducir los potentes medias de comunicación y propaganda al servicio del Sistema.

Un relato de esa sostenida agresión mercantil a la salud y la sanidad públicas a manos de politicas neoliberales de distintos gobiernos.
Aquí y en toda España y Europa.

Una situación y una metodología demasiado parecida para ser casual. Una estratègia común y similar, con iguales objetivos, aunque con distintas presentacions nacionales.

Una epidèmia que afecta Cataluña, España y Europa y que obligó, de forma consensuada a erigir una Coordinación estatal de Mareas Blancas que no ha dejado de aportar, luchar, reunir fuerzas de movilización social.

Mouzo desde el rigor que la caracteriza, recuerda, (y es de agradecer en estos tiempos), los resultados y las pequeñas/grandes/enormes victorias de algunas de las luchas en que nos hemos empleado (Consorci de Lleida, Visc +, Euro por receta, etc).

Una movilización que no puede detenerse, ante el panorama presente de privatización, listas de espera, masificación, urgències colapsadas, condiciones penosas de trabajo en todo el sector, infrafinanciación pública, … y las reformuladas amenazas de proseguir con ese perveso sistema denominado “mixto” /catalán !.

La manida “colaboración “público-privada” como fórmula de parasitación de los escasos recursos públicos. Ahora en vías de reformulación de un nuevo envoltorio, pero con los mismos objetivos: la “colaboración público- social”.

Gracias por un material periodístico, atípico, que ayuda a disponer de elementos para una irrenunciable tarea de defensa, reversión y reconstrucción de un autentico Servicio Nacional PÚBLICO de Salud y Sanidad.

Toni Barbarà

Y ahora el artículo:

Cataluña sufrió los mayores recortes sanitarios durante el ‘procés’

La sanidad catalana perdió 2.400 profesionales y más de 1.100 camas hospitalarias durante los gobiernos de Artur Mas

Pancartas de protesta en el hospital de Sany Pau de Barcelona por los recortes en sanidad. En vídeo, declaraciones de candidatos durante la campaña electoral. Carles Ribas FOTO: EL PAÍS / VÍDEO: ATLAS)

La sanidad catalana ha sido uno de los sectores más perjudicados por los tres adelantos electorales consecutivos que se han producido en Cataluña desde 2012 a causa de los vaivenes del procés independentista. La inestabilidad política ha pasado factura al sistema sanitario público, azotado por los recortes ejecutados por el gobierno de Artur Mas e incapaz de tirar adelante cambios estructurales para mejorar el sistema a causa de los paros gubernamentales. Según un estudio de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, Cataluña fue donde más se recortó el gasto social durante la recesión, entre 2009 y 2015.

La gestión de las estrecheces en el ámbito sanitario discurrió, durante los dos breves gobiernos de Artur Mas —entre 2010 y 2015—, en paralelo al auge del procés. La mayor parte de las competencias en materia sanitaria están transferidas a la Generalitat, así que de poco servía como arma arrojadiza el Gobierno central más allá de la “infrafinanciación crónica” que denunciaba constantemente el consejero de Salud de la época, Boi Ruiz, para justificar los tijeretazos y los problemas de financiación del sector.

Pero la vorágine del proceso independentista, que copaba el debate parlamentario día sí día también, sí sirvió de cortina de humo para tapar los intentos de privatización de servicios públicos y los grandes recortes que puso en marcha Artur Mas en su primer gobierno para aliviar el déficit público. Mientras el ejecutivo de Mariano Rajoy hacía lo propio a nivel estatal, Mas reducía en más de 1.500 millones de euros el presupuesto sanitario —pasó de 9.875 millones de euros en 2010 a tocar fondo en 2014 con 8.290 millones—. Según un estudio de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, Cataluña fue, junto a Castilla-La Mancha (presidida por Cospedal entre 2011 y 2015), la comunidad autónoma que más recortó el gasto social (sanidad, educación y servicios sociales) entre 2009 y 2015. En total, más de un 26%. El informe constata una reducción de 5.538 millones de euros en las partidas sociales catalanas.

Cataluña sufrió los mayores recortes sanitarios durante el ‘procés’

El Departamento de Salud ordenó cerrar quirófanos por las tardes, reducir horarios de centros de atención primaria e incluso cerrar puntos de atención continuada en algunos municipios. También dejó de cubrir bajas y cerró plantas hospitalarias enteras para reducir gasto de personal. Durante los años de gobierno de Mas, la sanidad catalana perdió, según los datos del Departamento de Salud, 2.400 sanitarios (pasó de 76.306 en 2011 a 73.899 en 2015) y más de 1.100 camas hospitalarias (en 2010 había 14.072 y en 2015 sumaban 12.902). Trabajadores, sindicatos y plataformas sociales se lanzaron a la calle para protestar contra lo que se avecinaba: listas de espera disparadas, colapsos en urgencias por falta de camas en planta donde derivar a los pacientes, trabajadores desbordados… Mientras, Mas se reunía con el Gobierno central para buscar un pacto fiscal.

CiU empezaba ya a abrazar el soberanismo cuando la CUP de Reus (Tarragona) levantó la manta de lo que terminaría convirtiéndose en el mayor escándalo de corrupción vinculado a la sanidad catalana: el caso Innova. La investigación indagaba sobre contratos y pagos ilegales hechos desde el Ayuntamiento de Reus a altos cargos sanitarios como Carles Manté, director del Servicio Catalán de Salud entre 2004 y 2006, y Josep Prat, presidente entonces del Instituto Catalán de la Salud (ICS), la gran empresa pública que gestiona ocho grandes hospitales y el 80% de la atención primaria en Cataluña.

El segundo gobierno de Mas aprovechó el foco político para distraer la atención y tejer, entretanto, una controvertida remodelación del sistema sanitario. Las particularidades de la red pública catalana, que está formada por proveedores muy distintos —desde empresas públicas hasta fundaciones y entidades con ánimo de lucro—, favorecieron que el Govern de entonces maquinase un plan para despedazar el ICS y privatizar algunos servicios públicos. Un informe encargado por Salud a la consultora PwC desvelado por EL PAÍS, revelaba que Mas quería privatizar varios hospitales. El documento recomendaba incluso “una entrada de capital privado en dos fases para diluir el impacto político y social” del plan. Artur Mas también sacó a concurso la gestión de varios centros de atención primaria que terminaron adjudicándose a la empresa Eulen, sin experiencia en la atención sanitaria directa.

Sin embargo, a la Generalitat no le quedó más remedio que recular en alguna de sus decisiones tras el rechazo de los actores sociales y buena parte de la oposición parlamentaria.

Una fugaz unidad por la Agencia del Medicamento

La candidatura de Barcelona a albergar la nueva sede de la Agencia Europea del Medicamento (EMA), que abandonaba Londres a causa del Brexit, fue uno de los únicos elementos que sirvieron de tregua a Antoni Comín con el Gobierno central. De hecho, el consejero entabló muy buena relación con la ministra Dolors Montserrat.

Ambas Administraciones se encargaron, junto al Ayuntamiento de Barcelona, de dar una imagen de unidad. Incluso evitaban hablar de los efectos del procés en la pugna de Barcelona para acoger la sede de la institución europea. Comín, Montserrat y el entonces segundo teniente de alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (PSC), visitaron juntos la sede de la EMA para presentar la candidatura de Barcelona ante trabajadores y dirigentes del organismo sanitario.

Sin embargo, las relaciones se fueron enfriando a medida que se calentaba el conflicto político. Con el referéndum del 1 de octubre y las cargas policiales en los colegios electorales se rompió el pacto de no agresión y ya con casi todas las posibilidades de ganar perdidas, Comín dijo en su última intervención pública como consejero que tras las cargas policiales, “Barcelona perdió posiciones”.

A Comín le pilló la decisión (Barcelona no pasó ni la primera fase y ganó Amsterdam) en Bruselas, pero no como titular del Departamento. Por entonces, el Gobierno central había aplicado el 155 y todo el Govern estaba destituido y, Comín, huido a Bélgica.

El segundo Gobierno de Artur Mas contaba con el favor de ERC, su socio de gobierno, que apoyó unos presupuestos que consolidaban los recortes ejecutados en 2011 e incluso salvó a Boi Ruiz de la reprobación en el Parlament. Pero esta alianza sucumbió a la presión social. Sindicatos y plataformas de afectados por los recortes criticaron duramente la posición de ERC, que finalmente optó por retirar su apoyo al gobierno catalán en algunos temas como el proyecto de Boi Ruiz de unificar los hospitales de Lleida bajo una nueva figura jurídica.

Los recortes sanitarios generaron, de hecho, una movilización social sin precedentes: los trabajadores del hospital de Bellvitge, en el término de L’Hospitalet con Barcelona, cortaron semanalmente la Gran Vía, la arteria que une ambas ciudades, durante varios meses para protestar por los recortes; los pacientes se organizaron y montaron mesas a las puertas de los hospitales —todavía hoy funcionan— para informar de cómo reclamar los retrasos en la lista de espera; en el verano de 2014, vecinos y enfermos se atrincheraron en las plantas de hospitales como Bellvitge para evitar que se cerrasen durante la época estival.

La presión social fue tal que Boi Ruiz tuvo que retirar además una instrucción que regulaba la actividad privada en algunos centros públicos. También redibujó y finalmente frenó el VISC+, un plan por el que se proponía, en un principio, vender a entes públicos y privados datos sanitarios anónimos con fines científicos.

Mas tuvo que echar atrás también, por imperativo judicial, un controvertido copago que supuso, de facto, uno de los primeros choques de competencias con el Gobierno central. Se trataba del euro por receta, una medida disuasoria que pretendía poner fin a posibles abusos en la compra de medicamentos, según el Govern. Pero además del rechazo en bloque del sector sanitario, el Gobierno central lo llevó al Tribunal Constitucional, que lo suspendió cautelarmente y lo declaró, poco después, inconstitucional, alegando que las competencias en materia de financiación sanitaria son exclusivas del Estado.

Fuente: El País

 

 

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Acerca de Dempeus per la salut pública

Col·lectiu de persones en defensa de la salut pública
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