La sanidad en el pacto PP-C’s: “Puede favorecer una mayor privatización”


La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública afirma que las propuestas son insuficientes y poco concretas.

PP y Ciudadanos han hecho públicas las propuestas de su acuerdo 150 compromisos para mejorar España, entre las que dedican diez al Sistema Nacional de Salud, propuestas que son claramente insuficientes para abordar la situación de recortes y deterioro que ha sufrido la sanidad pública. Si entramos en el contenido concreto habría que decir

Los puntos 48 (transparencia), 49 (reconocimiento del trabajo de los profesionales), 50 (reparación personas afectadas por talidomida) y 51 (mejora de la asistencia en zonas rurales), nos parecen bien, pero está por ver su desarrollo porque, salvo el relativo a la transparencia, son poco concretos.

El apartado 45 (creación de un fondo sanitario) y el 46 (recuperar progresivamente el gasto por habitante) son positivos pero el primero peca de insuficiente y el segundo parece imposible de conseguir si no se garantiza una financiación finalista de la sanidad.

Los apartados 47 (listas de espera) y 52 (acceso a tecnología) son también genéricos e inconcretos pero podrían esconder el interés defavorecer una mayor privatización del sistema sanitario. El apartado 53 (muerte digna) está bien pero no se entiende porque se elude el necesario debate sobre la eutanasia.

El apartado 44 (universalidad y copago) está bien como declaración de principios pero sigue ausente de concreción con lo que finalmente puede quedarse en mantener la situación actual o en un cambio (a mejor o incluso a peor), porque conviene no olvidar que ni PP ni C’s han defendido la cobertura universal y el acceso sin barreras económicas las prestaciones farmacéuticas.

En resumen, propuestas ambiguas, abiertas a múltiples interpretaciones y desarrollos, e insuficientes para resolver los cinco problemas principales de nuestro sistema sanitario, que a nuestro entender son: las exclusiones sanitarias, una financiación insuficiente y no finalista, la privatización progresiva del sistema sanitario, los recortes en el sistema sanitario público y el excesivo gasto farmacéutico. Nuestra sanidad pública se merece una mayor atención y una rectificación de las nefastas políticas de los últimos años.

 Fuente: La Marea
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Asociaciones y ONG denuncian que el TC “consolida la exclusión sanitaria” de los ‘sin papeles’


Mientras siguen las denuncias a la sentencia del TC , llamamos la atención sobre un caso concreto: Denuncia por falta de atención médica a profesor marroquí gravemente enfermo que se encontraba de turismo en Catalunya, que pone de manifiesto la necesidad de una sanidad universal.

Dos manifestantes en contra del Real Decreto 16/2012 que limita la atención sanitaria a inmigrantes irregulares. / Efe

La última sentencia del Tribunal Constitucional respecto al Real Decreto Ley que limita la atención sanitaria de los inmigrantes irregulares ha causado gran malestar entre las organizaciones y asociaciones en defensa de los derechos humanos y sanitarios. Varias de ellas han emitido un comunicado en el que muestran su rechazo a la reciente sentencia que avala el Real Decreto Ley 16/2012 aprobado por el Gobierno de Rajoy en 2012 y que “consolida la exclusión sanitaria para las personas migrantes en situación administrativa irregular”, según dicen. Reprochan al Tribunal que su veredicto, que desestima en su mayoría un recurso interpuesto por el Parlamento de Navarra, va en contra de los tratados y mecanismos de protección de los derechos humanos de los que España forma parte. Las organizaciones firmantes del comunicado son Amnistía Internacional, el Centro por los Derechos Económicos y Sociales, Médicos del Mundo, Red Acoge, la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 y la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria.

El fallo del Tribunal Constitucional, aprobado con 8 votos a favor y 3 en contra, da la razón al Gobierno en su política de reforma y recortes en el sistema sanitario, justificadas en la existencia de una “situación de urgente y extrema necesidad” y de “grave dificultad económica sin precedentes desde la creación del Sistema Nacional de Salud”, según la sentencia.  Para estas organizaciones, no hace más que “consagrar una visión regresiva sobre el derecho a la salud sin suficiente justificación” al considerar “proporcionado” preservar el sistema sanitario público a expensas de  limitar la atención sanitaria a un colectivo en máxima vulnerabilidad como las personas inmigrantes en situación irregular. Según el Tribunal, el Real decreto no vulnera el derecho a la salud, ya que las personas inmigrantes en situación administrativa irregular tienen garantizadas unas condiciones mínimas: acceso al servicio de urgencias y atención sanitaria en el caso de embarazadas y menores de edad.

El Decreto Ley 16/2012, conocido como el “decreto de la exclusión sanitaria”, entró en vigor en abril de 2012 de la mano del Ministerio que dirigía Ana Mato y, desde entonces, además del Parlamento Navarro otras cinco comunidades (Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña y País Vasco) han presentado recursos contra él. No obstante, Marta Mendiola portavoz de Amnistía Internacional, señala en declaraciones a cuartopoder.es que “esta sentencia no resuelve todas las dudas en torno a la constitucionalidad del Real Decreto, ya que cada recurso aduce diferentes argumentos”.

La portavoz de Amnistía Internacional denuncia que en esta ocasión, “el Tribunal Constitucional ignora los tratados y mecanismos internacionales sobre el derecho a la sanidad, a los que no considera un instrumento de interpretación, como debería de acuerdo a la propia Constitución”. Según el artículo 10.2 la Carta Magna, los derechos fundamentales y libertades deben interpretarse “de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales”. En este sentido, añade que “más de una docena de mecanismos de Naciones Unidas y del Consejo de Europa han calificado la reforma sanitaria española contraria al principio de no discriminación y le han recordado que tiene obligación jurídicamente vinculante con respecto a migrantes en situación irregular”. Pone como ejemplo el último informe sobre España del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dependiente de la ONU.  “En el año 2012 el Comité ya advirtió a España de que no podía tomar medidas regresivas en derechos sin justificar que no sean discriminatorias, desproporcionadas o que el estado ha utilizado el máximo de recursos disponibles para garantizar ese derecho”, añade Marta Mendiola.

Carlos Artundo, portavoz de Médicos del Mundo y médico especialista en Salud Pública, explica en declaraciones a cuartopoder.es que la principal novedad que introduce esta sentencia es “que da por bueno que la coyuntura económica puede poner en solfa derechos como la salud y avala recortes o el copago farmacéutico”. Artundo se muestra muy crítico frente al Tribunal Constitucional por “arropar las tesis del Partido Popular, que aprobó la reforma de urgencia y en contra del resto de grupos parlamentarios, de los colectivos profesionales y de pacientes, etc.”

Otro de los argumentos que comparte el portavoz de Médicos del Mundo con el resto de firmantes del comunicado es la falta de justificación económica para limitar la asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles en el Real Decreto y en el razonamiento que hace la sentencia del Tribunal: “No tienen un fundamento serio científico ni una memoria económica, todavía no han puesto los datos encima de la mesa”. Y cree que “de manera sibilina y justificado sobre situaciones económicas, estamos pasando de ser ciudadanos con derecho a sanidad a  convertirnos en meros asegurados”. Para navegar en dirección opuesta, Carlos Artundo explica que, en cuanto empiece la legislatura, desde Médicos del Mundo “van a exigir que todas fuerzas políticas contrarias al Real Decreto establezcan una nueva norma que blinde el derecho a la salud y que dote los recursos necesarios al sistema”.

Lo que ha sorprendido especialmente a las asociaciones y organizaciones es el cambio de criterio en esta ocasión del Tribunal Constitucional. Según Nacho Revuelta, portavoz del colectivo “Yo sí, Sanidad Universal”, que nació precisamente para luchar contra el Real Decreto, “es difícil de entender el cambio de criterio, en autos previos había anulado la suspensión cautelar de varias leyes autonómicas que venían a garantizar la atención sanitaria, argumentando que el Gobierno no había justificado el supuesto ahorro y  que el derecho a la salud era puesto en riesgo”. También carga contra el Tribunal por usar expresiones como “gratis total” en la sentencia y porque “olvida que la sanidad se paga mediante impuestos, a los que contribuyen también las personas que han sido excluidas”.

Tras esta sentencia y el cambio de postura del Tribunal Constitucional, lo que más preocupa a estos colectivos es que se abra la puerta al desmantelamiento del Estado Social, dando “la posibilidad de  que cualquier gobierno -bajo la justificación de un ahorro económico no demostrado- pueda realizar nuevos recortes en éste o en cualquier otro de los derechos fundamentales de nuestra Constitución”, como recalca Nacho Revuelta. Según los últimos datos del Gobierno, desde 2012 unas 750.000 personas han perdido el derecho a la tarjeta sanitaria.

por Eduardo Ocaña, periodista, en cuarto poder
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El Gobierno del PP sigue favoreciendo los intereses de las Farmacéuticas


Manuel Martín García, Presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, denuncia como la política farmacéutica del Gobierno y la codicia de las multinacionales ponen en peligro la sostenibilidad del sistema sanitario público.

El Ministerio de Hacienda en funciones ha decidido este mes de agosto el Cierre Contable de la Administración, que impide aprobar nuevos gastos del sector público, con el objetivo de afrontar la desviación del déficit público y cumplir con las exigencias de la Comisión Europea que pide nuevos recortes para reducirlo. La Sanidad Pública va a ser uno de las áreas más afectadas por esta medida que pretende ahorrar otros 1.000 millones de euros.

Paradójicamente esta congelación no afectará al gasto farmacéutico, uno de los determinantes más importantes del crecimiento del gasto sanitario, dado que el Ministerio ha anunciado que la medida no impedirá financiar nuevos medicamentos innovadores ni afectará a la política farmacéutica.

El Gobierno satisface los intereses de las multinacionales farmacéuticas, trufadas de antiguos cargos de la administración

El crecimiento del gasto farmacéutico esta poniendo en cuestión la sostenibilidad financiera del sistema sanitario público

Mientras el gasto sanitario público se recortó en un 11% (más de 9.000 millones de euros entre los años 2008 y 2015) para cumplir con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el gasto en medicamentos creció de manera desbocada, hasta  alcanzar la astronómica cifra de 9.362 millones de euros, lo que coloca a España en el segundo lugar mundial en consumo de medicamentos (Association of the British Pharmaceutical Industry). Lejos de reducirse este gasto sigue imparable como muestra el aumento del gasto en recetas expedidas en  farmacias  del pasado mes de mayo que experimentó un aumento del 7,84% respecto al mismo mes del pasado año, mientras que el gasto en medicamentos hospitalarioscreció un 26% a lo largo del 2015. Esta situación evidencia el fracaso de la política farmacéutica del Gobierno de Rajoy que pretendía contener este gasto para cumplir sus compromisos europeos.

Además de elevado, el gasto farmacéutico en España es en buena parte irracional:

  • Se utilizan poco los medicamentos genéricos (más baratos por haber perdido la patente) cuyo consumo está  6,5 puntos por debajo de la media de los países de la Unión Europea (48,8% del total frente al 55%). Aunque hace unos años su utilización experimentó cierto crecimiento, este se ha estancado por el abandono de políticas de promoción de los mismos por la administración sanitaria. Se estima en 1.000 millones anuales el ahorro potencial si su utilización alcanzara los niveles europeos.
  • Se prescriban muchos fármacos de utilidad dudosa o de uso limitado como los destinados a tratar la osteoporosis (primer país del mundo); la demencia (también ocupamos el primer lugar), el colesterol elevado (en consumo de estatinas estamos en octava posición), mientras que el consumo de ansiolíticos ha crecido un 57% en 12 años (la tasa de utilización es de 86 por mil habitantes frente a 18 por mil en Alemania). El omeprazol (cuyo uso continuado se asocia a riesgo de muerte súbita o cardiopatías) ocupa el primer lugar en el ranking de ventas. Esta deficiente utilización de algunos medicamentos, además de aumentar el gasto sanitario supone un riesgo para la salud de la población (la mortalidad por efectos secundarios de medicamentos es la tercera causa de mortalidad). Entre los determinantes de este crecimiento cabría destacar la presión que ejerce la industria farmacéutica sobre los médicos a lo que destinó el pasado año 496 millones de euros (entre médicos y sociedades científicas).

Las políticas del Gobierno de reducir gasto farmacéutico han sido un fracaso

  1. La introducción del copago de medicamentos para los pensionistas (Real Decreto Ley 16/2012) solo han ahorrado 6 millones de euros, aunque han generado una importante barrea de acceso a los medicamentos a los más desfavorecidos.
  2. El Fondo Liquidez Autonómica creado por el Ministerio de Hacienda (por el que las Comunidades Autónomas que no suban el gasto en farmacia por encima del crecimiento del PIB recibirán préstamos sin intereses a devolver 10 años para pagar a proveedores farmacéuticos), apenas ha tenido efectividad dado que solo se han adherido unas pocas CCAA.
  3. El acuerdo entre Ministerio y la industria farmacéutica para que el gasto en medicamentos no creciera por encima del PIB ha sido incumplido por los laboratorios: El gasto ha crecido un 9,8% frente a un 3% de incremento del PIB.

La propia Comisión Europea ha puesto en cuestión las medidas de control del gasto farmacéutico contempladas en el Programa de Reformas 2016 del Gobierno de España ya que, además de no haberse cumplido las previsiones anteriormente expuestas, no se han conseguido las reducciones contempladas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, especialmente en lo referente al control de  recetas expedidas en establecimientos de farmacia y en hospitales; se ha vulnerado la legislación comunitaria en la contratación pública y en los mecanismos de control de la misma; se ha utilizado de manera abusiva el procedimiento negociado sin licitación previa para adquisiciones de equipamiento sanitario (fraccionando los contratos de compras para evitar su licitación); y hay poca transparencia en los procedimientos de adquisición de medicamentos.

¿Quiénes han perdido con estas políticas de recorte de gasto asistencial y de crecimiento del gasto farmacéutico?:

1.- Las personas enfermas: Un reciente informe del Consejo Económico y Social recoge un espectacular incremento en las listas de espera quirúrgica para operarse, que pasaron de  372.468 en el año  2009 a 549.424 en el 2015, lo que supone un aumento del 47%.

2.- Los pensionistas y personas de rentas bajas (que empiezan a ser mayoritarias) para los que los copagos han supuesto una importante una barrera de acceso a los tratamientos: El 16% pensionistas de la Comunidad Autónoma de Madrid (el 25% en el caso de los que perciben pensiones por debajo de la media) no retiran los medicamentos prescritos por sus médicos por problemas económicos. En la Comunidad Valenciana este problema afectaba al 33%.

3.- Los trabajadores sanitarios: Según datos del Ministerio de Sanidad, entre 2009 y 2014, el gasto en personal se redujo en 3.449 millones de euros, lo que supuso un recorte del 11%. Como consecuencia se ha producido una importante reducción salarial (13%) para médicos, enfermeras y personal y una destrucción de 12.180 puestos de trabajo (datos sindicales los estiman superiores a 30.000).

Pese a ello la industria farmacéutica pretende sacar al mercado nuevos medicamentos cada vez más costosos, imposibles de financiar con los actuales prepuestos sanitarios

Tras acordar con el Ministerio de Sanidad un precio desproporcionado para el antiviral destinado a tratar a los enfermos con Hepatitis C  (más de 30.000 euros por tratamiento,  lo que  ha incrementado 23% el gasto farmacéutico hospitalario), los laboratorios pretenden comercializar 220 nuevos medicamentos para tratar el cáncer (los actualmente suponen ya el 12,3% del gasto hospitalario sin que hayan incrementado significativamente  la supervivencia de los enfermos)  o fármacos biologicos (modifican las bacterias para fabricar proteínas para tratar cánceres o artritis) que suponen ya el 40-50% gasto en farmacia hospitalaria (entre 1.800 y 2.250 millones de euros cuando hace apenas 10 años  su gasto era nulo). Las multinacionales farmacéuticas han anunciado recientemente que están investigando 586 nuevos fármacos (en Fases II, III y de aprobación) y que tienen ya 136 en fase de desarrollo previo a su comercialización.

Esta avalancha de nuevos fármacos de precios exorbitantes (muchos de ellos de eficacia no comprobada y desde luego con unos precios que no tienen relación con los gastos de investigación y fabricación) pondrán en riesgo la sostenibilidad económica del sistema sanitario público y aumentarán las desigualdades de salud, dado que el acceso a los nuevos fármacos quedará limitado a la población con mayor poder adquisitivo como reconocen los mismos laboratorios.

Lejos de hacer caso a esta previsible catástrofe sanitaria el Gobierno en funciones del PP persiste en su política de congelar el gasto sanitario y mantener la puerta abierta a la financiación de los nuevos (y costosos) medicamentos, para satisfacer los intereses de las multinacionales farmacéuticas (trufadas de antiguos cargos de la administración).


Manuel Martín García | Presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.

Fuente: nueva tribuna

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El nuevo sistema de aprobación de fármacos en la UE es un peligro para la salud pública


emaLa industria farmacéutica europea está cerca de conseguir lo que tanto ha añorado, un sistema de aprobación de medicamentos a su medida: rápido y que no haga muchas preguntas. Para ello es esencial la concurrencia de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), que más que una agencia pública parece el brazo comercial de los laboratorios y va a propiciar este nuevo peligro para la salud pública.

Lo advierten en el Bristish Medical Journal (BMJ) varios investigadores y especialistas en salud pública, la industria farmacéutica está cerca de superar una de las últimas fronteras que la separan del mercado total, el proceso de aprobación de medicamentos que, si hasta ahora le beneficiaba, en breve puede estar aún más a su servicio.

Como cuento en el post ¿Está convirtiéndose la llamada medicina científica en una pseudociencia?, la clave por la que hoy encontramos en las farmacias medicamentos que son ineficaces y peligrosos es porque el sistema de investigación está protegido por el “secreto comercial”, en nombre del cual los laboratorios pueden no revelar datos fundamentales sobre sus productos.

Así no hay manera de conocer su eficacia y seguridad reales. Antes de ser aprobado en Europa, cada tratamiento ha de pasar por el control de la EMA. Ésta pide al laboratorio que desea que su fármaco sea vendido las pruebas de su eficacia y seguridad. Dichas pruebas han tenido que conseguirse mediante ensayos clínicos que hace el laboratorio.

El sistema, que nunca ha terminado de cuajar y para ello no hay más que ver la cantidad de medicamentos que se retiran del mercado por causar graves daños una vez estaban aprobados, siempre le ha parecido lento, engorroso y caro a la industria.

Un sistema más permisivo y rápido podría ofrecer más rentabilidad económica a la industria al no tener que gastar tanto dinero ni tiempo en documentar la eficacia y sobre todo la seguridad de los nuevos productos. Y es lo que ahora puede conseguir pues la EMA ha adoptado un nuevo modelo de regulación de medicamentos llamado “vías de adaptación”.

Para ello ha creado un grupo de reflexión financiado por la industria, NEWDIGS (siglas en inglés de nuevos paradigmas de desarrollo de fármacos) en el Instituto de Tecnológico de Massachusetts.

El modelo de las vías de adaptación significaría, según lo publicado en BMJ, omitir varios pasos diseñados para proteger a los pacientes de los medicamentos peligrosos e ineficaces, lo que permitiría ofrecer nuevos fármacos para las “necesidades médicas no cubiertas”. Los nuevos tratamientos pueden así ser comercializados más rápido, sobre la base de un menor número de datos que demuestren su calidad.

La EMA inició un proyecto piloto para probar el nuevo paradigma e informó de los resultados hace poco. Preocupados por la salud pública, los citados profesionales argumentan que no queda claro cómo se definirán esas necesidades no cubiertas. También advierten que la información esencial relacionada con el diseño y la fiabilidad de los estudios clínicos con los que generar las pruebas de seguridad de los medicamentos y su eficacia está ausente del informe presentado por la Agencia para avalar su decisión.

Pese a ello la EMA considera un éxito su proyecto piloto e integrará las vías de adaptación en el marco regulador de fármacos de la UE ya existente.

Puede haber algunas circunstancias concretas que justifiquen el acceso rápido a los nuevos medicamentossobre la base de un mínimo de datos, pero la realidad es que las agencias reguladoras han sido demasiado permisivas en su interpretación de los criterios existentes para la aprobación acelerada de fármacos.

Las normas reglamentarias actuales son ya demasiado laxas y no hay más que ver el número de medicamentos aprobados sin que aporten una verdadera utilidad terapéutica me too, yo también, fármacos que son copias de otros ya existentes para afirmar que el sistema hoy no inventiva una genuina innovación científica.

Los laboratorios, por lo general, están yendo a lo fácil a imitar los fármacos que les funciona desde el punto de vista económico.

En esencia, lo que quiere hacer la EMA es aprobar fármacos sobre la base de los datos preliminares.

Las empresas podrían, por ejemplo, probar medicamentos en grupos de pacientes muy seleccionados, pequeños, con ensayos clínicos hechos en un plazo corto de tiempo o hacer estudios de menor entidad.

Los laboratorios podrían incluso evitarse la denominada Fase III de los ensayos que puede involucrar múltiples médicos tratando cientos o incluso miles de pacientes (es lo deseable).

En esta fase, aparte de verificar la eficacia del medicamento, se busca determinar manifestaciones de toxicidad previamente no detectadas.

Otra idea es que se aprueben medicamentos que urge usar y luego ya se hagan estudios postcomercialización para saber su eficacia y seguridad real, lo que puede ser peor para los pacientes pues sin conocer bien la seguridad de un medicamento se pone en peligro su vida.

Así, fármacos con perfiles de beneficio-riesgo inciertos se pueden prescribir durante muchos años hasta que se tomen medidas, como ya ha ocurrido en muchos casos de retirada del mercado de fármacos especialmente nocivos (leed el ejemplo de la bedaquilina, aprobada mediante un procedimiento acelerado para el tratamiento de la tuberculosis).

O lo que sucede con la pioglitazona para la diabetes tipo II que fue aprobada por la EMA en 2000. Las pruebas preliminares indicaron que podría causar cáncer de vejiga.

Ahora, más de una docena de estudios de observación han llegado a conclusiones contradictorias y no pueden resolver definitivamente este problema de seguridad… pero el fármaco (cuya patente caducó) sigue comercializándose en muchos países europeos.

Los reguladores europeos están hoy bajo la presión de la industria farmacéutica para acelerar la aprobación de nuevos fármacos y ello conducirá a problemas de salud pública por daños de los tratamientos.

Fuente: Migual Jara.

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El instrumental clínico del Hospital de Mataró está caducado


El edificio del Hospital de Mataró junto a instrumental clínico y diagnóstico. / FOTOMONTAJE CG

El 80% de los aparatos del centro, al que Comín debe más de 80 millones, están fuera de su vida útil.

Las deudas y los recortes ahoganal al Hospital de Mataró. Sobrecarga de trabajo, listas de espera cada vez más largas, ocupación diaria de casi el 100% de las unidades de hospitalización, unas infraestructuras gastadas y un utillaje obsoleto. Éstas son algunas de las consecuencias que los profesionales sanitarios atribuyen a la infrafinanciación del centro público.

El 80% del instrumental clínico y diagnóstico del hospital está caducado, es decir, fuera de su vida útil. Un tercio incluso está descatalogado, se quejan los trabajadores, que aseguran que nunca se ha hecho un presupuesto para renovarlo. Pero no solo el material médico está caducado. El 75% de las camas tiene 15 años, casi tantos como el mismo centro, que se inauguró después de una renovación en 1999.

La Consejería de Salud, dirigida por Toni Comín, debe más de 80 millones de euros al centro sanitario, según denuncia el sindicato mayoritario del Consorcio Sanitario del Maresme (CSdM), el CATAC-CTS. La organización apunta que el departamento debe 34,6 millones en gastos que el Consorcio ha tenido que asumir cuando “tendría que ser la Generalitat la que se hiciera cargo de ellos”.

Sobrecarga de trabajo

Otra de las consecuencias de esta situación, que describen como “a punto del colapso” es la sobrecarga de trabajo a la que se enfrentan todos los días los empleados. Y es que, a parte del aumento de la actividad, las bajas y las vacaciones no se cubren. Es por esto que en julio enviaron una carta a la Gerencia en la que le “trasladaban la responsabilidad” de su seguridad “y la de los usuarios”.

Un miembro del Comité de Trabajadores asegura que las “listas de espera para quirófano son tan largas que hace tiempo que se derivan pacientes al Sagrat Cor y al Hospital General de Catalunya”. El CATAC-CTS añade que los 1.200 profesionales a tiempo completo con los que cuenta el Hospital de Mataró cedieron parte de su sueldo en 2011, 2012 y 2013 para tratar de evitar el déficit presupuestario.

Intervención de la Generalitat

Pero la deuda fue inevitable y Salud, en aquel momento bajo el mando del consejero Boi Ruiz, decidió en septiembre de 2015 intervenir el Consorcio por un déficit de 2,1 millones de euros, el 2% del presupuesto. El centro perdió autonomía, la capacidad de contratar.

La última reunión entre trabajadores y la Gerencia fue esta semana. Una fuente sindical asegura que el mensaje que trasladaron los directivos fue que “hasta que se aprueben nuevos presupuestos, la situación continuará igual”.

Fuente: Crónica Global

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Los laboratorios farmaceúticos compran a los médicos…..por una simple comida de 16 $.


Un importante estudio publicado recientemente en Estados Unidos muestra que, con aceptar de un laboratorio farmaceútico una comida barata, los médicos tienden a recetar muchos más productos de esa empresa.

Tan condenatorio descubrimiento demuestra el valor de las nuevas leyes de transparencia de EEUU y nos recuerda a los australianos lo mucho que desconocemos sobre lo que maquinan nuestros médicos a puerta cerrada.

El estudio, que acaba de publicarse en la destacada revista Internal Medicine de la American Medical Association (JAMA), bien merece un vistazo de los interesados en las influencias ocultas que pesan a la hora de recetar de los médicos.

Junto con otros numerosos trabajos recientes, el estudio amplía la creciente multitud de pruebas que sugieren que los médicos que se prestan a las estrategias de marketing – desde recibir a representantes atractivas hasta asistir a “formación” patrocinada – hacen a los pacientes y al público en general un gran desfavor.

Necesidad de transparencia

El estudio aprovecha una nueva base de datos, divulgada públicamente, que saca a la luz todas las gratificaciones de los laboratorios farmaceúticos a los médicos. Los investigadores indagaron la frecuencia con la que los médicos recetaban cuatro fármacos de marca muy usados, relacionando la regularidad de las invitaciones a comer con la frecuencia de las prescripciones.

Se comprobó que recibir solo una de tales comidas suponía un aumento del 20% a la hora de recetar Crestor, una estatina para reducir el colesterol del laboratorio Astra Zeneca, en comparación con otros fármacos de la misma clase.

En otros dos medicamentos para el corazón, el aumento era del orden del 50%. Para el antidepresivo Pristiq, de Pfizer, aceptar una comida gratis coincidía con un aumento del 100%, o con el doble del porcentaje de las prescripciones. El coste medio de las comidas que los laboratorios daban a los médicos estaba entre 12 y 18 dólares estadounidenses, es decir, entre 16 y 24 dólares australianos.

Y cuando las comidas tenían lugar en más de cuatro ocasiones, las recetas de fármacos de esas marcas aumentaban de manera espectacular. Quizá no sea de extrañar que los médicos beneficiados con comidas más caras sean más propensos a recetar con mayor intensidad.

Se trata de una asociación, no de una relación de causa y efecto

Seguramente la salvedad más importante que recalcan los autores del estudio es que “los hallazgos representan una asociación, no una relación de causa y efecto”. Sin embargo. los resultados reafirman conclusiones similares en estudios recientes que también utilizan los nuevos datos de transparencia de Estados Unidos.

En marzo, algunos periodistas de investigación constataron en ProPublica que los médicos que recibían de empresas farmaceúticas aportaciones o regalos – en su mayor parte invitaciones a comidas – emitían recetas para medicamentos de marca en proporciones muy superiores a las de los médicos que no recibían dinero del sector.

En mayo, una investigación aparecida en la revista PLOS One señalaba que casi la mitad de los 700.000 médicos de Estados Unidos habían recibido obsequios de las compañías farmaceúticas. Las especialidades destinatarias de los más elevados presentaban los mayores costes de las recetas por paciente.

Y también en mayo, la revista Internal Medicine de JAMA publicó un pequeño estudio del estado de Massachusetts que revelaba igualmente que los donativos del sector estaban relacionados con ligeros aumentos en la prescripción de estatinas de marca (medicación reductora del colesterol).

¿Y qué importancia tiene todo esto?

El principal motivo de inquietud que señalan todos los estudios norteamericanos es el coste innecesario que representa para los pacientes y el sistema sanitario recetar fármacos de marca en lugar de alternativas genéricas más baratas.

Pero quizá la preocupación más grave es el peligro de que los médicos receten influidos por la política comercial de las enpresas farmaceúticas, que siempre favorece al medicamento nuevo y no al que realmente interesa al paciente.

Como ya se ha tratado recientemente en The Conversation, los medicamentos nuevos y promocionados de manera agresiva pueden tener ventajas muy limitadas frente a los antiguos y a veces producen graves efectos secundarios, en particular entre los ancianos.

Está probado que muchos australianos de edad corren el riesgo de verse perjudicados por tomar demasiadas medicinas inadecuadas; de hecho ya se está produciendo una ofensiva cada vez mayor para “des-recetar”, que no es sino sacar a la gente de medicamentos que no necesita.

Australia sigue a oscuras

Si se compara con el nuevo régimen de transparencia de los EEUU, Australia va muy a la zaga. Según la nueva normativa, algunas aportaciones a algunos médicos en concreto deberán desvelarse a partir de agosto aunque hay demasiadas escapatorias.

Como consecuencia del tira y afloja sobre las nuevas normas -entre los médicos, los laboratorios farmaceúticos y las autoridades públicas- la financiación de comidas de menos de 120 dólares australianos no habrá de ser revelada. Y si los médicos que han recibido obsequios no quieren que se desvelen sus nombres, no se desvelarán.

Igualmente, todos los eventos, alrededor de 25.000, incluidos desayunos, almuerzos y cenas a los que asisten anualmente médicos y otros profesionales sanitarios con regularidad, se mantendrán de ahora en adelante totalmente en secreto …. hasta que haya una reforma que lo regule.

Los grupos de consumidores están indignados de que se mantenga a los ciudadanos en la ignorancia y muchos médicos están horrorizados ante tanta francachela entre sus colegas: algunos se desligan de ello negándose a recibir a representantes atractivas o buscando “formación” en otra parte.

Divulgar en sí no es la panacea

Como otros ya han señalado, la revelación por sí sola no es el remedio: es legítimo preguntarse, para empezar, por qué razón han de recibir obsequios o invitaciones los médicos.

Ya ha habido un intento legislativo para imponer una mayor independencia entre los médicos y las empresas farmaceúticas en Australia y es probable que surjan más en el futuro. Hasta entonces, sería sensato informarse de si su médico sigue aceptando comidas gratis… y quizá buscar asistencia en otro sitio si la respuesta es sí.

Traducido para CAS por Margarita Alonso.

Enlace original.

Enlace web CAS Madrid.

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La crueldad de la sentencia del Constitucional a favor del RDL 16/2012


El Alto Tribunal ha respaldado la reforma sanitaria que deja sin acceso a la población migrante en situación irregular, saltándose el derecho a la vida recogido en la Constitución Española y los acuerdos internacionales sobre derechos humanos firmados por España.

, médico de la Sanidad Pública, miembro del Movimiento Asambleario de Trabajador@s de Sanidad, de Yo Sí Sanidad Universal y de Marea Blanca Madrid.

En 2011, PSOE y Partido Popular cambian el artículo 135 de la Constitución Española con el fin de pagar las “deudas” antes de cubrir las necesidades derivadas de los derechos sociales. A finales del año se produce cambio de gobierno y el PP consigue mayoría parlamentaria. Aprovechando la situación de la llamada “crisis económica”, tanto a nivel nacional como internacional, secundarias a las políticas neoliberales de la UE, se aplican medidas rigurosas dentro de los Planes de Estabilidad financiera que conllevan brutales recortes presupuestarios.

Cientos de personas protestaron el 1 de septiembre de 2012 frente al hospital Gregorio Marañón de Madrid por la entrada en vigor el Real Decreto Ley 16/2012 / OLMO CALVO

Una de ellas fue el Real Decreto-Ley (RDL) 16/2012 de abril de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario y la mejora de su eficiencia. Instrumento que resultó clave para el cambio en el modelo sanitario y dio lugar a la perdida en la accesibilidad universal del derecho a la asistencia sanitaria en el sistema sanitario público con la exclusión de un sector vulnerable y al replanteamiento de las prestaciones sanitarias. Con el RDL quedaron directamente excluidos del sistema las personas inmigrantes en situación irregular, los españoles mayores de 26 años en paro y, según cierto límite de ingresos, los que estuvieran fuera de España más de tres meses, las personas comunitarias no registradas y los ascendientes reagrupados por ciudadanos españoles o extranjeros. El Gobierno legisló con crueldad, jugando con un derecho, a nuestro juicio, fundamental como es el de la salud, y a su vez provocó que dicha situación fuera percibida por la opinión pública como resultado de la atención a los extranjeros y al mal uso de los servicios sanitarios.

“El Gobierno legisló con crueldad, jugando con un derecho, a nuestro juicio, fundamental como es el de la salud”

Durante 2012, algunas comunidades autónomas, como Andalucía, Cataluña, País Vasco y Navarra, presentaron impugnaciones al RDL. Los partidos políticos con representación parlamentaria mostraron rechazo, pero sin recurrir al Tribunal Constitucional. La oficina del Defensor de Pueblo dio por bueno el RDL y, tras ello, varias organizaciones y movimientos sociales y profesionales, como Yo Sí Sanidad Universal, Amnistía Internacional, Médicos del Mundo yMarea Blanca iniciaron una batalla valiente, constante y desobediente contra el mencionado RDL. Según movimientos sociales y sectores profesionales, en estos cuatro años se ha provocado graves daños en la salud de las personas afectadas, e incluso se han pedido vidas.

Con la lectura de la sentencia del Tribunal Constitucional, he descubierto la valiosa y bien razonada impugnación del RDL 16/2012 presentada por el Parlamento Foral de Navarra (PFN). Esta administración consideraba que se estaba utilizando indebidamente un RDL para normar los derechos humanos, afectar al derecho a la protección de la salud del conjunto de la población contemplado en el artículo 43 de la Constitución, cambiar del modelo de universalidad al de aseguramiento para acceder a las prestaciones sanitarias públicas, la introducción de diferencias en igualdad ante la ley, pago de un convenio, modificar la cartera de servicios, vulnerar la Ley 33/2011 de 4 octubre General de Salud Pública, modificar la situación de los inmigrantes en situación irregular para el acceso al sistema público cambiando la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros, vulnerar la Ley de protección de datos personales al facilitar intercambio entre Hacienda y Seguridad Social (art 4.14), inmiscuirse en competencias de las comunidades autónomascon respecto a la cartera de servicios y temas tributarios (art 12.5) y violar acuerdos internacionales de los derechos humanos.

Este 21 julio del 2016, el Tribunal Constitucional (TC) dictó sentencia contra la impugnación presentada por el PFN contra el RDL 16/2012, tanto en su conjunto como en varias de sus disposiciones. En primer lugar es muy criticable que el TC haya tardadocuatro años en dictar sentencia sobre temas que abordan derechos humanos de nuestra Constitución y que no haya tenido en cuenta las consecuencias que dicho RDL ha tenido.

La sentencia es denegatoria de la casi totalidad de las impugnaciones del PFN con excepción del punto del límite de ingresos para inclusión en el derecho a la asistencia sanitaria en sistema público. El fallo, que sigue los dictados del Abogado del Estado, avala casi por completo el RDL, es adoptado por mayoría de ocho votos con tres votos particulares discrepantes, contiene argumentos más que discutibles tanto entre los miembros del propio tribunal como para muchos sectores sociales defensores de los derechos humanos.

El TC avala la política económica de un gobierno que prefiere restringir derechos económicos y sociales de la población para cumplir con los dictados y mandatos de los grupos de poder económico de a UE
El TC, que debiera salvaguardar los derechos humanos de las personas que residen en España, avala la política económica de un gobierno que prefiere restringir derechos económicos y sociales de la población para cumplir con los dictados y mandatos de los grupos de poder económico y social de la UE, sin ningún respeto ni al consenso existente ni a la voluntad mayoritaria de la población.

Quisiera incidir en los puntos clave que crean doctrina:

En primer lugar, el TC aborda si el instrumento legislativo utilizado, el RDL, es apropiado para normar sobre temas que tienen que ver con derechos fundamentales como el de la protección a la salud. Es decir, si cumplía lo que está establecido en la Constitución Española (CE) en su artículo 86.1. en la que se posibilita por razones de “extraordinaria y urgente necesidad” pero en el que se recogen determinados límites que tienen que ver con los derechos humanos contemplados en la CE. Para ello tiene que existir un presupuesto habilitante y la demostración de la necesaria conexión entre la situación de urgencia definida y las medidas adoptadas para subvenirla, y que éstos estén explicita y suficientemente razonados y exista conexión con las medidas adoptadas en el RDL. La argumentación del TC es que el Gobierno justifica la “extraordinaria y urgente necesidad” en una serie de motivos, presupuesto habilitante, y que el TC lo considera suficiente y bien argumentado.

Recordemos de forma breve los motivos esgrimidos por el Gobierno para justificar la urgencia del RDL y ser aceptados como suficientes por el TC. Enfatizaba la existencia de una crisis económica sin precedentes que exigía de fuertes ajustes presupuestarios, la consolidación del déficit público comprometido por España con la Unión Europea, y que ha afectado a la sanidad pública; la importancia del gasto sanitario en las medidas de control de déficit público y la propia situación económica y estructural del Sistema Nacional de Salud (SNS), que precisaba de una reforma para abordar el déficit de las cuentas; la ausencia de normas comunes y claras respecto a la universalización; falta de adaptación de la legislación española a la normativa europea; el crecimiento desigual de las prestaciones; la falta de eficiencia; la morosidad; el abuso del turismo sanitario y los retos actuales de la asistencia sanitaria. También se apoya en los informes del Tribunal de Cuentas y en el señalamiento del incumplimiento de directivas del 2004 y de dictámenes de la UE del 2009.

Tales medidas “tienen como objetivo fundamental afrontar una reforma estructural del Sistema Nacional de Salud dotándolo de solvencia, viabilidad y reforzando las medidas de cohesión para hacerlo sostenible en el tiempo, lo que hace necesario que éstas sean aplicadas con la mayor urgencia posible”, afirma la justificación del Gobierno. Señala, además, que estas medidas permitirán reforzar la sostenibilidad, mejorar la eficiencia en la gestión, promover el ahorro y las economías de escala, ganar en cohesión territorial, coordinar los servicios sanitarios y garantizar la igualdad de trato en todo el territorio nacional con una cartera de servicios comunes.

Existen argumentos contundentes, así como evidencias claras, tras cuatro años de aplicación de la norma para poner en cuestión las motivaciones del gobierno. Numerosas organizaciones sociales han señalado su preocupación por la ausencia de un análisis más detallado y ponderado en la sentencia, que avale y documente de manera pormenorizada la “grave dificultad económica sin precedentes desde la creación del Sistema Nacional de Salud” que respalda el recorte en el derecho a la salud con impactos tan graves en la población afectada.

Los argumentos coyunturales que utiliza sobre la “extraordinaria urgencia y necesidad” responden de forma manifiesta a los compromisos políticos del Gobierno en aplicar medidas para cumplir el Plan de Estabilidad Económica Europea y hacer frente al “insostenible déficit en las cuentas públicas sanitarias”. Lo cierto es que las políticas de austeridad y la de los déficits sectoriales son aplicación de políticas internacionales fraudulentas, procedentes del modelo socioeconómico imperante que responde a la infrafinanciación de los servicios públicos por las políticas fiscales, económicas y de gestión dirigidas a beneficiar a los más ricos y poderosos. No era porque se gastara mucho y mal en sanidad. El gasto sanitario público en España estaba cercano al adecuado para nuestro nivel de desarrollo.

La sentencia del TC, con tres votos discrepantes, acuerda que el gobierno tiene que poder para hacerlo y que sólo en un supuesto no hay nada que objetarle. Los votos discrepantes sin embargo argumentan contundentemente su rechazo a la sentencia, y creo y espero que puedan ayudar a plantear recursos a instancias europeas.

En lo que tiene ver con la nueva definición de la condición de asegurados y beneficiarios del Sistema Nacional de Salud y la consiguiente exclusión de los colectivos señalados, la opinión mayoritaria del TC considera que esta nueva definición de la asistencia sanitaria prestada con cargo a fondos públicos es una medida adecuada y con conexión de sentido para hacer frente a la situación de urgencia y necesidad en la que el Gobierno justifica el RDL, al apreciar que esta regulación tiene como finalidad “concretar, en aras al ahorro de costes y a la mejora de la eficacia del sistema, los sujetos que tienen la condición de asegurados del SNS”. Toda una nueva “crueldad”. El voto discordante va en ese sentido.

Otro tema clave es el del derecho a la protección de la salud reconocido en el Título I CE, artículo 43. La organización y tutela del derecho a la salud se encomienda a los poderes públicos a través de medidas preventivas y de prestaciones de los servicios necesarios, atribuyéndose al legislador el establecimiento de los derechos y deberes de todos al respecto (art.43.2). El precepto constitucional se ubica entre los principios rectores de la política social y económica, los cuales, formalmente, disfrutan de las garantías previstas en el artículo 53.3 CE, lo que para juicio actual del TC carece de contenido constitucionalmente esencial para que no pueda ser tratado por la legislación de urgencia, algo que impide el artículo 86.1 de la Constitución.

Es una interpretación claramente regresiva, que cambia la doctrina anterior del propio TC, como bien señalan los votos particulares, y que permite al legislador regular las condiciones de acceso y titulares de este derecho sin tener en cuenta los acuerdos internacionales de derechos humanos ni la relación del derecho a la protección a la salud con el derecho a la vida y la integridad y dignidad de la persona humana. Se olvida de aplicar el criterio que tenía sobre la indivisibilidad del conjunto de los derechos y del valor del carácter instrumental del derecho a la protección de la salud.

En este punto, el TC vuelve a resbalar al no aceptar que restringir y retirar el derecho universal a la asistencia sanitaria está dañando de forma directa el derecho a la vida, que es un derecho fundamental reconocido en nuestra Carta Magna. Aberración manifiesta, ya que existe una evidente conexión entre salud, vida, dignidad e integridad física. Considera que la exclusión sanitaria no es contraria al necesario respeto de la dignidad humana, pues la considera garantizada con el acceso a los servicios de urgencia, a los menores y mujeres embarazadas. Sin embargo, para el sector sanitario y la población en su conjunto, la falta de una atención integral de cualquier problema de salud tiene como consecuencia un importante impacto en la vida de estas personas. Desprecia la conexión entre el derecho a la salud y el derecho a la vida y a la integridad física, concluyendo que la exclusión sanitaria es “coherente y congruente con los problemas que se quieren solucionar, y la situación económica que se pretende controlar”.Por otro lado, en diversas instancias se sostiene que apartar a las personas del seguimiento sanitario y de la prevención deriva en un aumento de los costes para las arcas públicas, al llegar con enfermedades más avanzadas y su cuidado es más costoso tanto para la salud individual como para la salud colectiva.

Con esta resolución, el Alto Tribunal modifica el rumbo respecto a algunos autos previos sobre los recursos del Gobierno central contra las leyes autonómicas de sanidad que garantizaban la cobertura pública a los inmigrantes sin papeles. Entre ellas destacar, la ley navarra, la vasca y la valenciana.

Algo chocante es el apoyo a la desobediencia de los acuerdos y normas internacionales de protección de derechos. El TC no los considera instrumento de interpretación, como debería, de acuerdo a la propia Constitución”. Según el artículo 10.2 de la Carta Magna, los derechos fundamentales y libertades deben interpretarse “de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales” de los que España forma parte.

“Más de una docena de mecanismos de Naciones Unidas y del Consejo de Europa han calificado la reforma sanitaria española de contraria al principio de no discriminación”

Recordamos que más de una docena de mecanismos de Naciones Unidas y del Consejo de Europa han calificado la reforma sanitaria española contraria al principio de no discriminación y han recordado al Gobierno español que tiene obligación jurídicamente vinculante con respecto a migrantes en situación irregular. En el último informe sobre España, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dependiente de la ONU, advirtió a España de que no podía tomar medidas regresivas en derechos sin justificar que no sean discriminatorias, desproporcionadas o que el estado ha utilizado el máximo de recursos disponibles para garantizar ese derecho”.

La sentencia da carta blanca a que se modelen los derechos fundamentales en función de criterios económicos generales. Ignora abiertamente los criterios que, según el derecho internacional, tienen que respetar las políticas de austeridad para cumplir con las obligaciones derivadas de los tratados internacionales de los que España es parte integrante: cualquier medida regresiva ha de ser temporal, estrictamente necesaria y proporcionada; no puede ser discriminatoria, debe tener en cuenta todas las alternativas posibles y se debe identificar y proteger el contenido mínimo esencial del derecho a la salud. Los contextos de crisis económica no pueden rebajar ni eliminar las obligaciones de derechos humanos.

Otro tema importante es el referido al modelo de sistema sanitario, en especial en cuanto a la universalidad y las prestaciones y su relación con la normativa de la Seguridad Social o propia de la LGS de 1986, de la LO 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros, de la Ley de Cohesión y Calidad del SNS del 2003, y de la Ley 33/2011, de 4 octubre, General de Salud Pública, que aparecen en los argumentos de las distintas partes intervinientes.

La norma cuestionada es un modelo que se sustenta principalmente en la conexión entre la cotización al sistema de la Seguridad Social y el derecho a recibir las correspondientes prestaciones sanitarias en condiciones de gratuidad o de bonificación. Es una nueva regulación de la condición de asegurado del SNS que supone una modificación en la política de progresiva extensión de la asistencia sanitaria gratuita o bonificada, que se aprecia a partir de la creación del SNS y de la gradual incorporación como titulares de las prestaciones de colectivos a los que no alcanzaba la condición de asegurado de la Seguridad Social. Se señala que la universalización del acceso a las prestaciones sanitarias sufragadas con fondos públicos ha sido, desde la Ley General de Sanidad (LGS) de 1986, un objetivo a perseguir en el que no se ha llegado ni a la desvinculación absoluta con respecto a la Seguridad Social, ni a un acceso incondicionado y gratuito para todos los residentes en territorio español.

En términos constitucionales, la falta de identidad entre el derecho al acceso universal al sistema de salud pública de ese “todos” del artículo 43 CE con que ese acceso a la sanidad pública incluya beneficiarse de un concreto régimen de prestaciones sanitarias gratuitas o bonificadas con cargo a fondos públicos. Llama la atención la utilización que hace del término de ‘prestaciones sanitarias gratuitas’ o ‘bonificadas’ con totaldesconsideración de la financiación del sistema público por los PGE a la que contribuimos toda la población que residimos en el territorio español. El TC parece desconocer que no existe “gratuidad” en las prestaciones sanitarias cuando afirma que “la universalidad no puede confundirse con un derecho a la gratuidad de todas las prestaciones sanitarias.” Las personas excluidas de la sanidad están pagandoun sistema sanitario del que se les dice que no pueden disfrutar.

Quede claro que en el marco legislativo y constitucional que tenemos no se garantiza el derecho universal a la asistencia sanitaria en el sistema público y que sería necesario completarlo legislativamente.

La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el RDL 16/2012 es muy controvertida, injusta, poco ética, legal pero ilegítima, y nos indigna por avalar el cambio de modelo sanitario y una exclusión sanitaria que daña a toda la población. Urge dar a conocer la sentencia para generar argumentaciones alternativas.
Animamos a todas personas y movimientos sociales y políticos a luchar por conseguir la derogación del RDL 16/2012 y un cambio en la Constitución Española que garantice el respecto a todos los derechos humanos de todas las personas.

Fuente: Diagonal

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