Cinco años de exclusión sanitaria, cinco mensajes falaces que debemos seguir desmontando



Desde 2014, REDER ha documentado 3.340 casos de exclusión entre los que destacan 146 casos de exclusión de embarazadas, 243 de menores y 26 de solicitantes de asilo

Madrid, 20 de abril de 2017,- Hoy se cumplen 5 años de la aprobación del Real Decreto Ley 2012/20, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, que supuso la retirada de 870.000 tarjetas sanitarias. A lo largo de este lustro, en respuesta a la repetida denuncia de diversos organismos internacionales y europeos sobre la grave vulneración de derechos derivada de esta medida, el gobierno ha difundido una serie de mensajes falaces que las organizaciones que integramos la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER) desmontamos hoy, a través de la presentación del informe “Cinco mitos para cinco años de exclusión sanitaria”.

Tras cinco años de la aprobación por parte del Gobierno del Partido Popular del Real Decreto Ley 16/2012 —que ha conllevado la exclusión del Sistema Nacional de Salud (SNS) de cientos de miles de personas— las entidades que formamos parte de REDER hemos respondido algunos de los argumentos que se han esgrimido para justificar la necesidad de que entraran en vigor las “medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud”. En este informe se han calificado como “mitos” ideas como que se trataba de una reforma inevitable para salvar la Sanidad o que dar tarjeta sanitaria a las personas en situación irregular fomenta el turismo sanitario, entre otros.

“Una reforma inevitable para salvar la Sanidad”

El Sistema Nacional de Salud Español (SNS) se caracterizaba hasta 2012 por otorgar una cobertura muy amplia con un gasto relativamente contenido respecto de otros países de nuestro entorno. No obstante, el Gobierno alegó que el sistema se encontraba al borde del colapso y con este único argumento, sin aportar memoria económica alguna que justificara las medidas adoptadas, impuso en abril de ese año una reforma radical. Cinco años después, no se ha realizado por parte del Ejecutivo ningún informe de impacto que permita valorar el efecto que el RDL 16/2012 ha tenido sobre la salud individual y colectiva.

“En España nadie se queda sin asistencia sanitaria”

Desde enero de 2014 hasta marzo de 2017, las organizaciones integrantes de REDER han recogido 3.340 casos de personas excluidas del SNS –de las cuales, 1.840 eran personas en situación administrativa irregular-. Esta cifra constituye una muestra que constata la existencia de una grave situación con una dimensión real mucho mayor. De hecho, ni siquiera se han respetado los casos de las personas que tienen que acudir a urgencias para ser atendidas, ni los de quienes sí tienen derecho a recibir asistencia sanitaria (mujeres embarazadas, menores, víctimas de trata y personas solicitantes de asilo). 146 casos documentados de mujeres embarazadas, 243 de menores, 26 de personas solicitantes de asilo y 341 casos de denegación o de facturación indebida de la atención en urgencias así lo demuestran.

“La Sanidad es hoy más universal que nunca”

Según la versión del Gobierno, el RDL 16/2012 otorgó el acceso al SNS a las personas desempleadas de larga duración que habían agotado su prestación por desempleo, pero estas personas ya habían sido incluidas en el Sistema por la Ley General de Salud Pública de 2011. Por el contrario, el RDL dejó fuera del sistema a cientos de miles de personas, como el propio Ejecutivo certificó refiriéndose a las 873.000 tarjetas sanitarias retiradas a partir de la entrada en vigor de la normativa.

“Dar tarjeta sanitaria a las personas en situación irregular fomenta el turismo sanitario”

El perfil de la persona que realiza turismo sanitario es el de alguien con recursos y ciudadanía europea que viene a España con el fin exclusivo de recibir tratamiento médico especializado. Antes del real decreto existían mecanismos para facturar dicha atención sin que supusiera una carga para el Estado. Por el contrario, las personas migrantes en situación administrativa irregular son, por lo general, jóvenes y con buen estado de salud que vienen a España a vivir y a trabajar. El uso que realizan del sistema sanitario es sensiblemente inferior al de una persona nacional. Es más, sólo el 3% de quienes migran a Europa lo hacen por problemas de salud.

“Con las nuevas normativas autonómicas ya no hay exclusión sanitaria”

Estas disposiciones han tenido un impacto positivo a la hora de mitigar los graves efectos del RDL, “pero el problema dista mucho de estar resuelto”, denuncian en su informe desde REDER. Desde la aprobación de dichas medidas, la red ha documentado 687 casos de personas excluidas debido a que:

• Las propias normativas contienen barreras administrativas de difícil cumplimiento en algunos casos.

• Las medidas no han venido acompañadas de campañas informativas dirigidas tanto al personal de los centros sanitarios como a las propias personas afectadas.

• El alcance de estas normativas está limitado por las propias competencias de las comunidades autónomas que las incapacitan para revertir el cambio de modelo.

REDER considera que el cambio legislativo es imprescindible y no puede posponerse más. Por tanto, y teniendo en cuenta que actualmente la mayoría parlamentaria está integrada por partidos políticos que han manifestado de forma reiterada su compromiso con un sistema sanitario público y universal, exigimos a los distintos grupos parlamentarios la adopción de medidas legislativas que aseguren el fin de esta situación.

La gravedad del Real Decreto Ley 16/2012, en datos

Aunque se desconoce una cifra absoluta que ilustre hasta qué punto la entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2012 ha implicado la negación de asistencia sanitaria, para REDER la cifra reveladora son las 873.000 tarjetas sanitarias retiradas a partir de la entrada en vigor de la normativa, según datos del propio gobierno.

La gravedd del Real Decreto Ley 16/2012, en datos

Aunque se desconoce una cifra absoluta que ilustre hasta qué punto la entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2012 ha implicado la negación de asistencia sanitaria, para REDER la cifra reveladora son las 873.000 tarjetas sanitarias retiradas a partir de la entrada en vigor de la normativa, según datos del propio gobierno.

873.000 tarjetas sanitarias retiradas a partir de la entrada en vigor de la normativa

Personas excluidas del SNS desde enero 2014 a marzo 2017: 3.340 casos de exclusiónContabilizados a partir de las denuncias que presentan las personas excluidas en las organizaciones que formamos parte de REDER.

Tipologia de casos documentados:

Mujeres embarazadas: 146

Menores de edad: 243

Personas solicitantes de asilo: 26

Denegación o de facturación indebida: 341

* El informe estadístico y seguimiento que ofrece REDER se inicia en el momento de constituirse la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012, en enero de 2014. Previamente a la puesta en marcha de la organización existen datos no armonizados —algunos de ellos elaborados por organizaciones que luego se integraron a REDER—.

CONVOCATORIA

“Cinco años de exclusión sanitaria, cinco mensajes falaces que debemos seguir desmontando”

Día: 20 de abril de 2017

Hora: 11 horas

Lugar: Plaza Pedro Zerolo, Chueca.

Con el objetivo de presentar la conclusiones de este informe, así como de recordar este “lustro de exclusión injustificada e injustificable”, la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (REDER) convoca una acción de denuncia en la que se realizará una escenificación urbana en la que se propondrá a los ciudadanos de a pie que experimenten la escena “kafkiana” que representa el acceso a la sanidad para las personas excluidas.

Asistirán:

• Manuel Espinel, presidente de Médicos del Mundo Madrid

• Elena Polentinos, vicesecretaria de la semFYC (Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria).

Observaciones: Esta presentación se realiza en la calle, en el transcurso de una recreación estilo juego de rol en el que se invita a los transeúntes a experimentar el funcionamiento de la exclusión sanitaria.

MÁS SOBRE REDER

REDER (Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012) es una red de colectivos, movimientos, organizaciones y personas implicadas en la defensa del acceso universal a la salud y la denuncia de su incumplimiento.

REDER se funda en XXX como una respuesta a la reforma sanitaria emprendida por el Gobierno a partir del Real Decreto Ley 16/2012 y el Real Decreto 1192/2012 ha significado el fin de la universalidad de la atención sanitaria en el territorio español. Por ello, REDER defiende la atención sanitaria pública, universal y sin repagos, por lo tanto, está en contra de cualquier tipo de red paralela al Sistema Nacional de Salud.

REDER está coordinado por un Grupo Motor integrado actualmente por ARI-PERU, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Púbica (FADSP), Médicos del Mundo, la Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya (PASUCAT), la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) y la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS). De su mano se han ido sumando otras organizaciones, colectivos y redes.

Fuente: Médicos del Mundo

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Comín posa sobre la taula una ‘almoina’ per calmar els ànims en l’atenció primària


Menys de 11 milions d’euros per substituir les incapacitats temporals i altres absències en els als equips d’atenció primària (Eap) de l’Institut Català de la Salut (ICS) i 13 milions d’euros addicionals per als ambulatoris i altres dispositius d’atenció primària que treballen en un entorn socioeconòmic desfavorable. Aquest ha estat el gest del conseller de Salut, Toni Comín, davant les crides d’auxili dels professionals per les seves condicions laborals.

Una quantitat que sembla poca davant les reivindicacions dels centres d’atenció primària que se senten desbordats i esgotats davant el volum i nivell de treball que resisteixen cada dia.

El títular de Salut considera que 13 milions d’euros n’hi ha prou per salvar el “gap”, com l’ha anomenat Comín, que tenen els centres amb un finançament inferior a la que li correspondria. Mentre que per substituir les incapacitats temporals i altres absències dels CAP ha considerat que 10,9 milions és suficient.

Fa menys de 15 dies diversos metges van signar el manifest ‘La necessària rebel·lió’ dels metges ‘denunciant la “nul·la” cobertura d’absències, la penalització de la malaltia –bajas laborals– i la falta d’interès polític a millorar l’atenció primària .

En ser preguntat per la reivindicació d’alguns CAP que reclamen més recursos, Comín ha negat que la presentació d’aquest nou model respongui a aquesta protesta perquè és un sistema amb el qual treballa des de principis de mandat.

Malgrat intentar sortir del pas, Toni Comín ha admès que “no és un pas suficient però això no vol dir que no sigui necessari” i ha recordat que el pressupost de l’atenció primària ha crescut un 2,6% el 2017 respecte a 2015 , més que els recursos destinats als hospitals, que han augmentat un 1,2%.

LLEGEIX LA CARTA DE “LA NECESSÀRIA REBEL·LIÓ DELS METGES”

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La reforma sanitaria de la II República Española


En recuerdo de la II república y a la espera del advenimiento de la III, estos datos sobre la reforma sanitaria que inició la II República Española, para que se mantenga fresca en la memoria.

Con el advenimiento de la Segunda República se produjeron cambios sustanciales en la política socioeconómica de España. La sanidad y la educación constituyeron los elementos clave para la modernización de un país, por aquel entonces de población mayoritariamente rural y analfabeta y con elevadas tasas de morbimortalidad. La puesta en marcha en la Segunda República de un programa sanitario encaminado a disminuir la morbimortalidad y mejorar el estado de salud de la población española en su conjunto, hizo necesaria la creación de nuevas estructuras e instituciones y la reorientación de las funciones, ámbito de actuación y formación de los profesionales sanitarios.

Partiendo de la denuncia de las lamentables condiciones de vida, del mal estado de salud de la población general en España y del atraso del aparato sanitario español, junto con  el reconocimiento de la obligación y responsabilidad del Estado en la determinación, en primer lugar, de los problemas de salud de la población (mediante estudios epidemiológicos), y en su atención y control apropiados subsiguientes, así como la identificación de un modelo de asistencia médica colectivizada (entendiendo por asistencia médica todos los servicios necesarios para el mantenimiento de la buena salud: promoción de la salud, prevención de la enfermedad, curación y rehabilitación) como el medio de conseguir la deseada mejora del estado de salud y de las condiciones de vida da mejora del estado de salud y de las condiciones de vida en  la población española, se inicia una reforma sanitaria sin precedentes.

En sus bases se reconocen los principios fundamentales de los modernos sistemas nacionales de salud, universalidad, equidad y solidaridad, con un sistema de financiación basado en los Presupuestos Generales del Estado, responsable de hacer efectivo dicho sistema y velar por su correcto funcionamiento, mantenimiento y mejora. Así, el presupuesto ordinario de la Dirección General de Sanidad pasó, en concreto, de 6.619.300 pesetas en el año 1920 a 9.990.082 pesetas en 1931, 15.582.807 pesetas en 1932 y 31.432.690 pesetas en 1933.

Para conseguir estos objetivos, se hizo necesario el desarrollo de una infraestructura sanitaria apropiada (para la asistencia sanitaria, la docencia y la investigación) y la reorientación de todos los sanitarios en general (sus funciones, su preparación), destacando la importancia de conseguir una adecuada formación de todos los profesionales a través de programas cuidadosamente planificados, basados en presupuestos científicos, y del fomento de la investigación científica.

Se fueron generando y organizando a un tiempo las estructuras para proporcionar a la población española la atención sanitaria necesaria, y las estructuras adecuadas para formar a un número suficiente de profesionales que habrían de proporcionar los servicios, y que irían ocupando los puestos de trabajo en las estructuras recién constituidas. Se crean nuevas secciones técnicas en la Dirección General de Sanidad:

  • Secretaria general Técnica;
  • la Sección de Psiquiatría e Higiene Mental;
  • la Sección de Ingeniería y Arquitectura Sanitaria;
  • la Sección de Higiene Infantil;
  • Departamento de Mortalidad materna, Morti-natalidad e Higiene Prenatal y Preescolar;
  • la Sección de Higiene Social y Propaganda;
  • la Sección de Higiene de la Alimentación;
  • y la Comisión Permanente de Investigaciones Sanitarias.

Se promulgó una Ley en 1934 y una Orden Ministerial en 1936 relacionados con la creación de un sistema sanitario:

  • publicación de la Ley de Bases de Régimen Sanitario, promulgada el 11 de julio de 1934. Se puede consultar en el siguiente link:  http://bib.us.es/derecho/servicios/common/Ley_11_1934_SobreRegimenSanitario.pdf y cuyo objetivo fundamental consistió en acentuar la incipiente intervención estatal en la organización de los servicios sanitarios locales.
  • Una Orden Ministerial del 13 de febrero de 1936, dispuso la reorganización de los Centros secundarios y primarios de Higiene Rural.

Esta ley y esta orden ministerial tienen como resultado la constitución de:

  • una red para la asistencia sanitaria (con funciones preventivas, educativas, curativas y rehabilitadoras) compuesta por Centros Primarios y Secundarios de Higiene Rural (como primeros eslabones de la estructura);
  • Servicios de Higiene Infantil en todos los Institutos Provinciales de Higiene,
  • Dispensarios móviles de Higiene Infantil y
  • dispensarios y sanatorios para la lucha antituberculosa y antivenérea,
  • además de mejorar la situación presupuestaria y organizativa de todo un conjunto de instituciones, entre ellas, la Escuela Nacional de Sanidad,
  • y de proyectar la creación de una Escuela Nacional de Sanidad, y de proyectar la creación de una Escuela Nacional de Enfermeras Visitadoras.

Ya en plena guerra civil, el gobierno republicano intentó poner en marcha unos servicios sanitarios que, al menos en su concepción teórica, llegaron a un nivel de concreción y desarrollo suficiente como para propiciar la incorporación de elementos -como la promoción de la salud, la gratuidad y la universalización- que sugieren una posible formulación de Servicio Nacional de Salud. En este sentido, Según Huertas (2000) un documento sanitario del Frente Popular llegó a especificar que al pasar a ser función del Estado la misión de velar por el mantenimiento de la Salud Pública, y la asistencia de enfermedades de cualquier naturaleza, ya no se trata de que cada ciudadano tenga sólo una protección contra aquellos cuyo estado de enfermedad pueda constituir un peligro para la sociedad, sino que el Estado cuidará de que cada hombre o mujer del pueblo permanezcan sanos y sean debidamente tratados si caen enfermos.

Federica Montseny

Durante la Guerra Civil, la etapa de Federica Montseny como Ministra de Sanidad y Asistencia Social fue corta -cinco meses tan sólo, entre principios de noviembre y mediados de mayo de 1937-, pero tuvo un carácter innovador y un aire improvisado y hasta cierto punto inoperante: las dificultades que la guerra generaba eran ingentes.

Lo innovador de la gestión de la ministra Montseny fue la despenalización de la interrupción voluntaria del aborto. Ésta era una medida totalmente innovadora, que se anteponía en el tiempo a la Ley de 1985, que satisfacía las demandas de muchas mujeres. Este decreto seguía el de la interrupción voluntaria del embarazo firmado en Catalunya en diciembre de 1936 y que entró en vigor en marzo del 1937. Mary Nash ha estudiado el impacto que esta medida legal tuvo en el ejercicio práctico  de los hospitales preparados a tal efecto en Catalunya y ha establecido que, a pesar de haber creado la guerra Civil las condiciones para que creciera exponencialmente el número de mujeres que deseaban abortar, las intervenciones practicadas entre marzo y junio de 1937 estuvieron por debajo de lo esperado. Nash relaciona las causas con la actitud hostil de los médicos y la persistencia de las redes clandestinas.

El de Sanidad y Asistencia Social era, además, un ministerio de nueva creación que incorporaba el contenido de las subsecretarías de Sanidad y Asistencia Social, antes dependientes de Trabajo y Previsión Social. Esta unión de la Asistencia Social y Sanidad, tenía su origen en el pensamiento de Concepción Arenal, la fundadora de la visitadora domiciliaria y carcelaria en España, y que otorgaba una gran importancia a los problemas de salud  de causa social, así como a la necesidad de valorar de modo integral al individuo, más allá de una intervención puntual para resolver un problema de salud concreto.

Este Ministerio estaba llamado a organizar servicios como la Sanidad de Guerra del Ministerio de Defensa o la de la Marina y Aire o la de las correspondientes corporaciones provinciales y municipales de la España republicana. Como institución destinada a organizar la Asistencia Social recogía también los de las secciones primera y segunda del Consejo Superior de Protección de Menores, que recibió de Justicia en febrero del mismo año –en ningún caso, las funciones titulares, así como los servicios de “evacuación de refugiados”, heredados en enero de 1937 del Ministerio de la Presidencia. Los refugiados constituían en 1936 un problema de primer orden que creaba importantes derivaciones asistenciales  y sanitarias.

Pero por encima del organigrama ministerial, estaba el contenido político de las funciones a desempeñar.

En algunos casos y al menos sobre el papel, se echó mano de criterios de “centralización”, “racionalización” e “intensificación” que se consideraron indispensables para organizar los servicios médicos “de vanguardia o retaguardia” y para arbitrar la inmediata movilización de recursos humanos y materiales, la incautación de empresas y comercios farmacéuticos abandonados o la vigilancia de los mecanismos industriales de “verificación química y clínica de sustancias”.

En otros, notoriamente en la organización general de la Sanidad y la Asistencia Social, ni siquiera se contemplaron estos criterios estrictamente ejecutivos y, de nuevo sobre el papel, se fue a mecanismos y funcionamientos de inspiración doble: la de los Consejos Nacionales era de medias profesional y sindical, pero la de los Provinciales denotaba claramente la influencia del modelo de consejos revolucionarios instituidos por toda España y, sobre todo, la del Comité de Milicias Antifascistas de Catalunya, ya que incorporaban a militantes de la CNT y la UGT, así como de los partidos frentepopulistas.

En efecto, en noviembre de 1936, se crearon por decreto dos Consejos Nacionales: el de Sanidad con cinco departamentos –higiene y profilaxis, hospitales y sanatorios, farmacia y suministros, y secretaria- y el de Asistencia Social, cuya composición no se estableció hasta el 17 y el 31 de enero de 1937, y que estaría formado por los de anormales, inválidos y desvalidos, protección a madres embarazadas y lactantes, hogares de la infancia (exasilos) y guarderías infantiles y escuelas de corrección y reforma, así como por su correspondiente secretaria.

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Los Hechos de Mayo de 1937 marcarían la caída del gabinete de Largo Caballero, pero también una nueva disgregación política de la cartera de Sanidad y Asistencia social. En el gobierno Negrín, formado el 18 de mayo de 1937, la Sanidad fue a parar al Ministerio de Instrucción Pública, en adelante llamado de Instrucción Pública y Sanidad, y la Asistencia Social al de Trabajo y Asistencia Social.

Como conclusión, comentar que el desarrollo de las propuestas, anteriormente comentadas, de unificación de servicios asistenciales y preventivos, bajo una concepción integral y universalizadora, tan solo se había implantado, hasta el momento, en la Unión Soviética, con un Servicio Nacional de Salud desde 1919. Cierto es que en España no se produjeron más que modestas y confusas propuestas que muchas veces no pasaron del plano teórico; cierto es que, es preciso valorar el empeño de hacer “público”, con todas sus consecuencias, un ejercicio profesional que hasta entonces se había desarrollado exclusivamente desde principios liberales.

Bibliografía

  • Huertas (2000) Política Sanitaria: de la Dictadura de Primo de Rivera a la II República. Revista Española de Salud Pública, v.74, monográfico Madrid. Consultado el 1 de Julio de 2013 en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1135-57272000000600004&script=sci_arttext
  • Piédrola Gil (2007) Medicina Preventiva y Salud Pública, Elsevier Masson, Barcelona.
  • Tavera (2005) Federica Montseny: La indomable, Temas de Hoy, Madrid, p. 211-226.

Fuente: diario médico

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L’Audiència ordena investigar les morts en les llistes d’espera a la Vall d’Hebron


Fa 6 anys va nèixer la Iniciativa Penal Popular. Avui llegim aquesta notícia a LA Vanguàrdia:

L’excap de cirurgia de la Vall d’Hebron va denunciar que les retallades eren la causa de la mort dels seus pacients.

L’ Audiència de Barcelona ha ordenat que s’investigui si la mort de deu pacients del servei de cardiologia de l’hospital Vall d’Hebron estan relacionades amb les retallades econòmiques al centre sanitari i amb la seva incidència en les llistes d’espera. Si fos així, diu el tribunal, podríem estar ­davant “diversos delictes d’ho­micidi per omissió o per imprudència”.

El cirurgià de la Vall d’Hebron Manuel Galiñanes, dimarts passat. Anna Mas

Aquesta decisió és conseqüència de la denúncia presentada al seu dia per qui va ser cap del servei de cirurgia cardiovascular de l’hospital, Manuel Galiñanes, qui fa un any i mig que batalla perquè es conegui l’impacte de les re­tallades en la sanitat, especialment en les llistes d’espera. En primer lloc, el facultatiu ho va posar en coneixement de la Fiscalia, que va arxivar les diligències després de rebre un informe de l’ Institut Català de la Salut (ICS) que negava les irregularitats.

Una vegada descartada aquesta via, el doctor va presentar una ­denúncia als jutjats. El magistrat del jutjat d’instrucció número 27 va sobreseure lliurement el tema, argumentant que decidir si la ­crisi econòmica ha d’incidir o no sobre el sistema mèdic “no ha de ser objecte de control judicial”, com tampoc si “la decisió d’ajustos econòmics en la sanitat no ha determinat un empitjorament de les condicions del sistema mèdic públic”. Llavors, l’advocat de Galiñanes, José Sánchez Moreno, va presentar un recurs davant l’ Audiència de Barcelona. En una interlocutòria, el tribunal 21 ordena al jutge que obri una investigació i que indagui si les deu morts estan relacionades amb les retallades i la manipulació de les llistes d’espera en aquest servei concret.

En el seu escrit, el tribunal assenyala que no comparteix “que les decisions polítiques, de qualsevol naturalesa, no poden tenir conseqüències juridicopenals en cap cas. (…) S’haurà de realitzar el judici de rellevància penal de la conducta i del fet, cosa que obliga a examinar la conducta de l’autor, acció o omissió (…), i la possibilitat de responsabilitzar penalment” qui va decidir.

En la seva denúncia, Galiñanes deia que hi havia pacients amb malalties greus que havien de ser operats urgentment i no es va fer. La causa: les retallades, que van fer que en lloc de quinze intervencions a la setmana, només se’n fessin tres. Per amagar-ho es van modificar, segons la denúncia, les llistes d’espera del servei.

En total, esmenta deu casos entre l’agost del 2015 i el maig del 2016. Sobre això, s’aporta la dada que la Societat Espanyola de Cardiologia i la Societat Espanyola de Cirurgia Cardiovascular in­diquen que un pacient d’aquest tipus no pugui esperar la intervenció més de 90 dies, i tots els denunciats superen aquesta ­barrera, i fins i tot arriben als 140 dies. I també s’explica que un d’ells havia de passar per quiròfan el 30 de juliol del 2015, però aquell dia només es va dur a terme una operació, que no va ser la seva. Va morir l’1 d’agost. Un altre va ingressar per un infart el 5 de març del 2016; hauria d’haver ­estat operat en 72 hores; se li va donar cita per a l’11 de març i va morir el 9.

Galiñanes va informar la direcció de l’hospital d’aquestes in­cidències i es va queixar de la situació mitjançant diversos correus electrònics aportats a la denúncia pel seu lletrat, i l’ Au­diència considera que són indicis rellevants de cara a obrir una investigació. A més a més, el tribunal ordena que l’assumpte sigui revisat per un metge forense especialista del cor, que sigui “funcionari i al servei de l’adminis­tració de justícia”, i no per l’ICS, com va recollir la Fiscalia. El jutge ja ha obert una causa i ara busca aquest pèrit, que serà essencial de cara a delimitar si hi va haver responsabilitats.

Manuel Galiñanes va ser cap del servei de cardiologia del Vall d’Hebron entre el 19 d’abril del 2010 i el 2 de novembre del 2015. L’octubre del 2015 va denunciar a La Vanguardiaque dos pacients que eren atesos al seu depar­tament havien mort perquè es van alterar les llistes d’espera per les retallades. Llavors l’hospital ho va negar i va dir que aquests malalts no van estar mai en llista d’espera. Galiñanes va ser expedientat i suspès per les seves ­declaracions; l’expedient es va arxivar. Ara és un especialista més del servei.

Font: La Vanguàrdia  i també en parla : El Periodico

 

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La hora de la eutanasia


Milagros Pérez Oliva cree que el derecho a morir de manera digna merece un debate alejado de prejuicios y sectarismos ideológico, ahora que ha entrado en la agenda política española.

Eutanasia

Tony García (getty)

La muerte sigue siendo un tabú. Por eso no hablamos de ella. Pero cuando a alguien se le pregunta si la teme, suele contestar que a lo que en realidad teme es al sufrimiento. Al dolor físico, por supuesto, pero también al dolor psicológico de tener que seguir viviendo en condiciones insoportables. “Me siento atrapado en una jaula”, decía Fabiano Antoniani, un tetrapléjico italiano que vivía postrado desde que en 2014 sufrió un grave accidente que le dejó sin visión y sin movilidad. Sabía que podía vivir todavía mucho tiempo, porque el organismo de un hombre fuerte de 40 años puede aguantar mucho, pero no quería seguir así. A finales de febrero se fue a Suiza. Es el único país entre los seis en los que está legalizada la eutanasia o la ayuda al suicidio que admite extranjeros. Él mismo, con un movimiento de sus labios, accionó el mecanismo que introdujo el cóctel de la muerte dulce en su boca.

El caso de Antoniani se parece mucho al de Ramón Sampedro, el tetrapléjico gallego que en los años noventa acudió sin éxito a los tribunales para que le ayudaran a morir y abrió en España el debate de la eutanasia. Sampedro pudo morir finalmente en 1998 porque una mano amiga le facilitó los fármacos que le permitieron irse, aunque de forma clandestina y no tan dulce como él hubiera querido. Casi 20 años después, España encara de nuevo el debate de la eutanasia. Siete Parlamentos autonómicos han pedido que se regule y el grupo parlamentario de Unidos Podemos ha presentado una proposición de ley en el Congreso. La oposición de PP y la abstención de PSOE y Ciudadanos por razones de oportunidad han impedido que la propuesta fuera tomada en consideración, pero el asunto ha entrado de lleno en la agenda política. El PSOE ha promovido o apoyado las propuestas de regulación aprobadas en los Parlamentos autonómicos y debatirá la cuestión en su próximo congreso. También resulta significativo que el PP retirara de la ponencia social de su último congreso una mención expresa de oposición a la eutanasia.

La regulación de la eutanasia para enfermos incurables tiene en España un amplio apoyo ciudadano. Así lo indican todas las encuestas: CIS 2009, Isopublic 2013, Ipsos Mori 2015, CIS 2011 y Metroscopia 2017. La del CIS, por ejemplo, muestra que el 77,5% de los españoles está total o bastante de acuerdo en que se regule la ayuda a morir. Según la realizada por IPsos Mori para The Economist en 15 países europeos, España figuraba en el cuarto lugar —después de Bélgica, Francia y Holanda— con mayor apoyo social a la eutanasia: un 78% de los encuestados está a favor de la regulación, frente a un 7% que está en contra. La encuesta más reciente, realizada por Metroscopia en 2017, corrobora y amplía esos porcentajes: el 84% de los encuestados es partidario de permitir la eutanasia en caso de enfermedad incurable. El apoyo alcanza el 90% entre los menores de 35 años. Y un dato que desmiente ciertos apriorismos: la regulación tiene el apoyo del 66% de los votantes del PP, del 56% de los católicos practicantes y del 88% de los no practicantes.

Morir bien es seguramente el deseo más universal. Pero el concepto de buena muerte no es igual para todos. Los avances en el control del cáncer y de otras enfermedades hasta hace poco mortales han aumentado los casos de patologías crónicas de larga evolución sin esperanza de curación. Cada vez se diagnostican más casos de demencia o enfermedades degenerativas que comportan la pérdida progresiva de las facultades físicas y a veces también mentales. Disponemos de un amplio arsenal de mejoras terapéuticas que no curan, pero permiten alargar la supervivencia. El problema es que muchas veces es a costa de un gran sufrimiento o la pérdida irreparable de la calidad de vida.

Países que permiten la eutanasia:

  • Canadá En Quebec se aprobó una ley que reconoce el derecho a la muerte digna y a la eutanasia
  • Estados Unidos Se permite en California (solo para pacientes con enfermedades terminales) y Montana (los tribunales dictaminaron que los enfermos terminales tienen derecho a una muerte digna)
  • Colombia Se permite para personas en situación terminal y con dolores insoportables
  • Países Bajos Se permite tras una petición voluntaria, meditada y expresa ante un padecimiento insoportable sin esperanza de mejora. Otro facultativo tiene que corroborar que se cumplen estos requisitos. Siempre que sea por condiciones médicas irreversibles y sufrimiento irremediable, también está permitida la eutanasia infantil en niños de más de 12 años
  • Bélgica Se permite la eutanasia para pacientes mayores de edad a petición voluntaria, reflexionada y reiterada, sin presiones externas. Debe transcurrir un mes entre la petición y la muerte. Siempre que sea por condiciones médicas irreversibles y sufrimiento irremediable, también está permitida la eutanasia infantil, sin límite de edad

(ver mapa interactivo en El País)

La perspectiva de un largo y penoso deterioro hace que muchos ciudadanos quieran decidir por sí mismos cuándo y cómo morir. En palabras de Sampedro, existe el derecho a la vida, pero no la obligación de vivir a cualquier precio. Este es el principio del que parten quienes proponen despenalizar la eutanasia. Tener acceso a una muerte médicamente asistida supondría una extensión de los derechos civiles.

En la legislación comparada se plantean dos posibilidades: la eutanasia directa, que consiste en provocar la muerte del paciente, normalmente mediante inyección de fármacos que le aseguran una muerte dulce; y la ayuda al suicidio, en la que se le facilitan los medios para que él mismo ponga fin a su vida. En este caso suele ser también mediante un cóctel de fármacos de acción rápida e indolora.

El derecho a morir de manera digna, que ha entrado ahora en la agenda política española, merece un debate alejado de prejuicios y sectarismos ideológicos

Es preciso aclarar que ni la limitación del esfuerzo terapéutico ni la sedación terminal son formas de eutanasia. Ambos son procedimientos habituales en la atención médica del final de la vida y entran de lleno en los parámetros de una buena práctica clínica. La Ley de Autonomía del Paciente de 2002 garantiza que el enfermo pueda rechazar los tratamientos y soportes vitales que le mantienen con vida. En absoluto pueden considerarse eutanasia, aunque su aplicación pueda acortar la vida, normalmente en horas o como máximo días. La finalidad en este caso no es causar la muerte, sino evitar el dolor. No es pertinente, por tanto, utilizar el término eutanasia pasiva para referirse a estos procesos. La eutanasia es siempre activa, bien porque causa directamente la muerte, bien porque facilita los medios. Y siempre ha de ser voluntaria. Exige una petición consciente, informada, libre y reiterada por parte del paciente.

Países que permiten el suicidio asistido

  • Canadá Contempla el derecho al suicidio asistido para los adultos mayores de 18 años con condiciones médicas irreversibles
  • Estados Unidos Se permite en Washington, Oregón, Vermont, California y Montana. En Vermont, solo para pacientes terminales con un pronóstico de no más de seis meses de vida evaluados por dos médicos y un psiquiatra y con una diferencia de 17 días entre la solicitud y el acto. Solo en estos casos de enfermedad terminal, en California y Montana se acepta la eutanasia por ley
  • Colombia Se permite en todo el país
  • Países Bajos Se permite en todo el país
  • Bélgica Se permite en todo el país
  • Suiza No tiene por qué haber un representante médico en el acto, es el médico quien tiene que suministrar los medicamentos letales. El acto queda en manos de ONGs o del paciente

(ver mapa interactivo en El País)

En los países donde no está regulada se producen eutanasias y suicidios asistidos encubiertos, con riesgo para los profesionales que altruistamente se avienen a ayudar a los enfermos. También en España. El 15% de los facultativos reconocía, en una encuesta realizada en 2000, haber ayudado a morir a algún paciente. Los partidarios de la regulación alegan que, puesto que la necesidad existe, es mejor regularla.

La ausencia de regulación hace que algunos enfermos con patologías degenerativas de larga evolución se suiciden cuando todavía podrían vivir un tiempo en buenas condiciones. Prefieren poner fin a su vida cuando aún pueden hacerlo por sí mismos por miedo a perder el control cuando la enfermedad progrese. Temen quedar atrapados sin escapatoria posible en un cuerpo deteriorado que les haga sufrir.

Ahora, la gente que quiere evitar ese deterioro tiene dos opciones: ir a Suiza o procurarse un facultativo amigo que le ayude. También puede recurrir a Internet. La Asociación Derecho a Morir Dignamente, que tiene 5.500 socios, facilita a los miembros que lo solicitan una guía de la muerte voluntaria en la que se explica cómo poner fin a la vida de forma segura. No es difícil. En Internet se pueden conseguir los fármacos necesarios. Unos 200 socios solicitan la guía cada año, pero la asociación no sabe cuántos de ellos acaban poniendo fin a su vida. En muchos casos, el hecho de tener la seguridad de que podrán morir cuando decidan les supone ya un alivio que les permite llegar al final natural de su vida.

Eutanasia Ramón Sampedro

El luchador gallego Ramón Sampedro, tetrapléjico que reivindicó su derecho a morir durante 29 años ante los tribunales, fotografiado en su casa en Xuño (A Coruña) en 1994. DAVID LEVENE EYEVINE

Romper el tabú de la muerte requiere poder hablar con naturalidad de ella. La regulación de la eutanasia en España precisa una deliberación informada, alejada de los apriorismos y los sectarismos ideológicos. Siempre habrá quien se oponga porque considera que las personas no pueden disponer de su vida porque esta solo le pertenece a Dios. Los partidarios de la regulación recuerdan que, como en el caso del aborto o del matrimonio homosexual, el hecho de que se regule no obliga a nadie a acogerse a la ley.

Pero más allá de las razones por motivos religiosos, existen objeciones relacionadas con las posibles consecuencias. Por ejemplo, el temor a que la aplicación de una ley de eutanasia derive hacia una pendiente resbaladiza de la que acaben siendo víctimas las personas más vulnerables. Que pueda haber enfermos que soliciten morir no por causa de su patología, sino porque creen que estorban o por las condiciones sociales adversas en las que viven. Es una prevención muy razonable, pero a diferencia de los años noventa, ahora disponemos de ejemplos de regulación lo suficientemente amplios y prolongados como para poder comprobar si esos peligros se han confirmado o no. Ahora podemos objetivar mejor la discusión.

En estos momentos, la eutanasia o suicidio asistido están regulados en Bélgica (2002), Holanda (2002), Luxemburgo (2008), Colombia (2015, por una resolución de la Corte Constitucional) y los Estados norteamericanos de Oregón (1997), Washington (2008), Montana (2008), Vermont (2013) y California (2015). En el caso de Suiza, no se ha regulado la eutanasia, pero el Código Penal no contempla castigo para quienes ayuden a otro a morir, siempre que sea por razones altruistas. Canadá ha sido el último país en regular la eutanasia. A principios de este mes de marzo se ha aprobado la ley que la regula, obligada por una sentencia del Tribunal Supremo que en 2015 declaró inconstitucional penalizar la muerte médicamente asistida.

Los requisitos para solicitarla son parecidos en todas las legislaciones: sufrir una enfermedad terminal o proceso irreversible que cause un padecimiento insoportable sin perspectivas de mejora. Que el enfermo exprese libre y reiteradamente su voluntad de morir y que su caso sea revisado por dos o más facultativos. En todas existen comités de seguimiento que analizan los casos a posteriori y emiten informes anuales.

En países con experiencia no se registra un mayor porcentaje de peticiones de personas que quieren morir porque creen que estorban

En los 15 años transcurridos desde que Bélgica reguló la eutanasia se han acogido a ella 15.000 personas. Aunque el número de solicitudes ha ido en aumento año tras año, las cifras siguen siendo bajas. Con una población de 11,2 millones de habitantes, en 2016 se practicó la eutanasia a 2.025 enfermos, apenas 3 más que en 2015. En 2014 se aprobó en este país la eutanasia infantil con un 70% de apoyo ciudadano. En 2015 solo hubo un caso: un chico de 17 años en fase terminal. El cáncer es la causa más habitual y la mayoría de los enfermos prefieren morir en casa. Curiosamente, se aprecian diferencias sustanciales entre las dos nacionalidades del país. Mientras Flandes registra una tasa de eutanasias del 2,46% de las muertes que se producen (datos de 2014), en Valonia es del 0,94%. Las diferencias culturales podrían explicar esta asimetría.

Holanda introdujo los primeros cambios legislativos en 1993. Tras un problemático periodo de tolerancia, decidió regular la eutanasia mediante una ley que entró en vigor en 2002. Con casi 17 millones de habitantes, en 2015 se aplicó a 5.516 pacientes, el doble que en 2008. Aproximadamente la mitad de las solicitudes son rechazadas por no cumplir los requisitos. De todos los casos autorizados, 109 sufrían algún tipo de demencia y 56 una enfermedad psiquiátrica. Los casos psiquiátricos suelen ser los más problemáticos. De las 5.516 eutanasias practicadas, 4 fueron consideradas irregulares por la Comisión de Control y Vigilancia de la Eutanasia y se abrió una investigación.

Tanto Holanda como Bélgica permiten la eutanasia en menores. La primera fija en 12 años la edad mínima para solicitarla. Bélgica no establece edad mínima, pero exige acreditar un “sufrimiento físico insoportable” y que “la muerte a corto plazo sea inevitable”. Holanda debate ahora una nueva causa: el cansancio de vivir.

El mapa de la muerte digna en España,

¿Cómo está la legislación?

  • Galicia – La Cámara gallega aprobó en enero de 2015 por unanimidad la ley de muerte digna.
  • Asturias – Aprobó su ley el 31 de enero de 2017. Regula la libertad de paciente para decidir sobre los tratamientos que se le aplican, la importancia del Testamento Vital o el acceso los cuidados y la sedación paliativa.
  • Euskadi – La aprobó por unanimidad el Parlamento en octubre de 2015.
  • Navarra – Es de marzo de 2011, una de las primeras de España después de Andalucía y Aragón.
  • Aragón – Un año después de Andalucía, Aragón aprobó la segunda ley autonómica de España, en marzo de 2011. Reconoce el derecho del paciente terminal a rechazar un tratamiento y a recibir cuidados paliativos.
  • Madrid – Este jueves 2 de marzo de 2017 la Asamblea ha aprobado la ley que reconoce el derecho a la muerte digna, es decir, a recibir cuidados paliativos integrales.
  • Andalucía – Fue la primera comunidad autónoma en contar con una ley de muerte digna, que aprobó en marzo de 2010. La ley reconoce el derecho del paciente terminal a decidir si quiere cesar su tratamiento y las sedaciones paliativas.
  • Baleares – La tiene desde abril de 2015 y regula los derechos de los pacientes en el periodo final de su vida.

(ver mapa interactivo en El País)

Los temores sobre una posible pendiente resbaladiza no se han confirmado. Las comisiones encargadas de revisar los casos garantizan transparencia y control. En 2007 se publicó en la revista Journal of Medical Ethics una revisión de los estudios disponibles, que analizan varios años de aplicación de la legislación en Holanda y Oregón. Sus resultados muestran que no se ha producido un mayor porcentaje de peticiones de eutanasia por parte de personas que pudieran considerarse en situación de vulnerabilidad.

Hay quien sostiene que si se pudiera garantizar a todos los enfermos unos buenos cuidados paliativos, la eutanasia no sería necesaria. Es cierto que, pese a las mejoras introducidas en los últimos años, en España morir bien sigue siendo una lotería. No en todos los casos está garantizado, ni siquiera en comunidades como Cataluña o Extremadura, donde existe una extensa y completa cobertura territorial. Garantizar cuidados paliativos a todos los enfermos terminales sigue siendo una asignatura pendiente.

Los cuidados paliativos deben mejorar. Pero unos mejores cuidados no pueden garantizar que un paciente no sufra y desee morir

Pero los mejores cuidados no pueden garantizar que un paciente no sufra y desee morir. La medicina paliativa no cubre ni todos los casos ni todos los tipos de sufrimiento. Eutanasia y cuidados paliativos no son opciones excluyentes. Al contrario. Quienes defienden la eutanasia reclaman al mismo tiempo que se garantice el acceso universal a los cuidados paliativos. De hecho, entre los requisitos para autorizar la muerte asistida debería figurar que el paciente se haya podido beneficiar de ellos. Se trata de evitar que una persona pueda desear morir porque no está bien atendida.

El Congreso discute ahora un proyecto de ley de muerte digna que aborda los cuidados que debe tener el enfermo y los límites de la intervención médica. Pero regular la muerte digna no tiene nada que ver con regular la eutanasia. La primera cabe en la actual normativa. Se trata de armonizar y extender lo que ya han regulado muchas comunidades autónomas. Regular la eutanasia supone reconocer el derecho a decidir cuándo y cómo morir, lo que exige modificar el Código Penal.

El debate está abierto.

Fuente: El País

MÁS INFORMACIÓN

Escolteu també les opinions dels diferents partits polítics, en particular les de l’Àngels Martínez Castells, presidenta de Dempeus i parlamentaria de CSQP, en un reportatge a Punt Avui. Claus de l’Eutanasia

 

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Manifest contra l’externalització de serveis sanitaris a empreses privades.


Dempeus està adherit a aquest manifest com a Dempeus per la salut pública i com a entitat de la Marea Blanca.

Us animem a que us adheriu al manifest contra l’externalització de serveis sanitaris a empreses privades.

A LA CONSELLERIA DE SALUT I AL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT

En el 2016 la Seguretat Social va tancar una investigació i conclou que la UTE ACERF ha vulnerat els drets d’una vintena dels seus treballadors, als quals obligava a exercir com a falsos autònoms i reclama a UTE ACERF la quantitat de 318.465€ corresponents a la sanció i quotes no satisfetes entre novembre del 2011 i desembre 2016.

La Coordinadora d’entitats SAP Muntanya manifesta que malgrat instar reiteradament i des de fa temps al Consorci Sanitari de Barcelona a prender mesures davant les irregularitats detectades a la UTE ACERF adjudicatària del lot B-4 per un valor anual de 889.840€ i que presta servei de rehabilitació domiciliaria i logopèdia ambulatòria i domiciliaria als veïns i veïnes del Districte Nou Barris i part del de Sant Andreu, aquestes mesures no s’ han produït.

Per tant, LES ENTITATS sotasignants, exigim al Servei Català de la Salut que no torni a prorrogar pel proper any l’adjudicació de la contractació per prestació de Serveis de Rehabilitació física i Logopèdia en la modalitat ambulatòria i domiciliaria del lot B-4 a UTE ACERF i sigui el prestador d’aquest servei al hospital de Traumatologia de Vall Hebron gestionat per l’ICS, acollint-nos als principis establerts per la Llei d’Ordenació Sanitària de Catalunya (LOSC) i per la Resolució 17/XI del Parlament de Catalunya en la que insta al Govern a garantir que la llista de centres hospitalaris integrats en el Sistema Sanitari Integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) només inclogui centres de titularitat pública o sense ànim de lucre i no inclogui centres privats amb ànim de lucre.

PER UNA SANITAT 100% PÚBLICA, UNIVERSAL I DE QUALITAT.

SIGNA EL MANIFEST CONTRA L’EXTERNALITZACIÓ DE SERVEIS SANITARIS A EMPRESES PRIVADES.

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Autodefensa ante la crisis sanitaria pública en Cataluña


Artículo de Toni Barbará Molina, Secretario de Dempeus per la Salut Pública y miembro de la Marea Blanca de Catalunya, en la Lamentable

No procede reiterar aquí la relación calamitosa de déficits, retrocesos y otros horrores que hoy afligen a la sanidad pública en Cataluña, y en todo el Estado. Las cifras son demoledoras y requieren poca explicación y sí mucha reacción. En Cataluña, según las propias fuentes del Departament de Salut hay más de 164.000 personas en lista de espera/desespero para alguna intervención quirúrgica, o más de medio millón para una prueba diagnóstica.  Las cifras reales que nosotros manejamos a pie de Marea Blanca aún las superan.

Detrás de la terrible estadística hay personas abatidas y enormes cantidades de sufrimiento, dolor y de muerte. Pero esta insoportable crueldad parece estar perfectamente digerida y descontada en los planes del Departament.

Todo controlado. Lo público se empobrece y lo privado se enriquece.

Toni Comín

El locuaz conseller Toni Comín, acaba de realizar un nuevo ejercicio de prestidigitación en el manejo técnico del desastre. En su última comparecencia de la Comisión de Salud del Parlament (15/3/17) habló y disertó sobre un “grado de cumplimiento” de objetivos del  85% de lo anunciado a inicio de la legislatura. Una sucesión compulsiva de power points, con ilustraciones y bolitas de colores. Se siente satisfecho, se quiere más cada día y pretende aniquilar cualquier crítica desde la oposición. Una exuberancia y autobombo que llegan a ofender en tiempos de dolorosas carencias y miserias en lo público.

La situación en estos tiempos es ya crítica, después de un quinquenio negro (2010-2015) exculpado, el del Boi-Ruizismo caracterizado por la ejecución palmaria de su estrategia neoliberal sin rubor ni anestesia.  Los recortes austericidas y sostenidos año tras año, que como la lluvia sobre suelo mojado, han acabado llevando al límite un sistema sobrexplotado, parasitado y con un@s trabajadores concienzudos pero ya exhaustos y  al borde de tirar la toalla y a manifestarlo. Sometidos a una reducción acumulada de inversión financiera de un 14 % en los presupuestos,  que llega a un 20 % en Asistencia Primaria, que supone más de 6.000 puestos de trabajo eliminados. Miren lo que explican varios médicos/as, enfermeros/as y personal sanitario del CAP de Can Vidalet en Esplugues de Llobregat.  

En paralelo los beneficios del sector privado siguen creciendo, y en los casos más significativos a costa de los mismos recursos derivados  desde lo público vía concierto o externalización.

Las pólizas de seguros privados, para evitar las esperas, siguen al alza sistemática: un 3’43 % en 2016, con más de 11 millones de ciudadanos subscriptores. Cataluña la segunda del ranking con un 28’36 de la población (detrás de Madrid con un 33’9 % y seguida de Baleares y Euskadi).  Las grandes multinacionales del sector bio-sanitario y farmacéutico se han volcado en el suculento “mercado” de la salud, ya sea la alemana Fresenius o las últimas de origen chino.

Presupuestos de Cataluña (2017)

Y en ese contexto nos encontramos en Cataluña en la negociación de Presupuestos para 2017. Un ejercicio de regateo y de goteo de partidas que suben, bajan o aparecen, en función de la “i-lógica” de la suma de votos en el Pleno , de las prioridades partidarias, de una minoría de Junts x Sí que precisa el apoyo de las CUP y se mueve instalada y exculpada en la exigencia del guión independentista. Y a ser posible sosteniendo públicamente que estos son unos presupuestos “sociales”, los que más. Cuando NO lo son en absoluto.

Las insuficiencias son notorias y para muestra ilustrativa la tórpida negociación para aprobar, o no, una partida que permita la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC). En lo sanitario se argumentó que a la cifra de continuidad pasiva se incrementaban 408 millones € adicionales como muestra de la sensibilidad social y de respuesta a la emergencia sanitaria. En el regateo la tijera los ha rebajado substancialmente. En el caso de la partida dedicada a paliar las listas de espera (conceptuada como plan de shock -?-) con 100 millones,  se ha quedado en la mitad (57). Las movilizaciones han saltado de inmediato a la calle y han ocupado incluso la vicepresidencia económica del gobierno  del incombustible Sr. Junqueras. El Departament nos traslada su imposibilidad de rescate dinerario en el presupuesto… pero su voluntad de “resolver”  el recorte por la vía de posteriores ajustes del déficit, o de gestiones similares.

Pero pasó la etapa de los gestos. Pasó el momento de los titulares del conseller anunciando la “Gran desprivatización”, para acabar con la no renovación de un concierto agotado a una/la Clínica del Vallés, o con un alboroto mediático por el anuncio no ejecutado de la compra del Hospital General de Catalunya (a cambio de la no construcción de otros dos en la comarca). Y se acabó.

Y es que no se trata de que, en un detalle de magnanimidad o buen rollo, no nos consuelen con esos 50 millones que faltan para listas de espera. No es eso. Una gota de agua en una tierra desecada a golpe de austeridad. Simplemente exigimos que las cantidades aparezcan en los presupuestos debatidos y presumiblemente aprobados, como expresión del compromiso político para satisfacer un derecho legítimo y una necesidad perentoria. Los derechos se atienden con luz y taquígrafos, con trasparencia y responsabilidad.

¿Por qué hablamos de un momento crucial? Eppur si muove,

Aunque no se publiciten en los medias de implacable control y servidumbre al sistema, lo más cierto es que en los últimos tiempos, y producto de la insoportable degradación que afecta a tantas personas y colectivos, las luchas reivindicativas y las Mareas promovidas desde los movimientos sociales han incrementado también su rebelión y su denuncia.

Incluyendo éxitos ocultados. Como la liquidación del proyecto del Consorcio (privatizador) de Lleida, o el programa Visc+ para la cesión y venta de datos, el big data de la sanidad y ahora reconvertido en programa- auca PADRIS, que aunque no garantiza blindaje público, manifiesta al menos su NO intención de comercialización. Como nunca se reconoció la victoria en contra de aquel brutal REpago llamado “Euro por receta”, de aquel conseller de la patronal que acabo en fiasco vergonzante y en un todavía pendiente compromiso de retorno de lo Repagado a quienes REpagaron sumisamente.

 

La propia concienciación de la necesidad de confluir en las luchas por los derechos sociales y los Servicios públicos, en una alianza entre pensionistas, enseñantes, parados, deshauciados, y otras plataformas en una Marea de Mareas, es una realidad esperanzadora. Como lo es la puesta en marcha de una Coordinadora de Mareas Blancas por la sanidad pública a nivel estatal, y esta a su vez en contacto con los movimientos activos en Europa.

El próximo día 7 de abril, Día internacional por la Salud las movilizaciones serán extensas e intensas en toda Europa. Hay que colaborar con la campaña europea  colgando sábanas blancas en todos los balcones y ventanas a nuestro alcance para hacer ver y notar que no renunciamos a la Sanidad pública y que no cejaremos hasta revertir la actual deriva y la recuperación de verdaderos Sistemas Públicos (al 100%) Nacionales de Salud.

En la vertiente  mercantil–economicista opuesta ha cundido la alarma y así vemos como se constituye y anuncia la creación de un autentico lobby llamado Cercle de Salut a imagen y semejanza del Cercle d’Economia y que reagrupa a las personalidades y personajes más neoliberales de las recientes etapas del boyante mantra público-privado. O como dese el Departament (CATSALUT) se está articulando a toda velocidad  un llamado “Anteproyecto de Ley de Fórmulas de Gestión de la Asistencia Sanitaria con Cargo a Fondos Públicos”, un sofisticado eslabón legislativo superior para “ordenar”, proteger, y abrir la puerta legal a la actividad privada y la concertación en/con  centros públicos.

Se imponen tiempos de REvuelta. La receta está bien documentada y compartida

REvertir todo lo que nos han depredado y parasitado. REabrir camas, quirófanos y servicios cerrados. REcontratar a miles de trabajador@s de la red pública que han visto como se liquidaban sus puestos de Trabajo. REinvertir en la financiación pública vía presupuestos generales de toda la asistencia que atiende a este derecho. REforzar especialmente la Asistencia Primaria y comunitaria recortada hasta el límite del 20 % en los últimos ejercicios. REcuperación de la debida protección y sostenimiento de la Salud Laboral, la Salud mental,  la Salud Pública. REchazar toda forma de REpago.  Reformar de abajo a arriba todo el esqueleto del Sistema con la imprescindible participación ciudadana en forma empoderada y co-decisoria. REformular una nuevo y esperanzadora construcción de una Nueva Cultura de la Salud. REsisitir y REcuperar la dignidad, la esperanza, la movilización por la equidad, universalidad y calidad  de las atenciones sanitarias y socio-sanitarias. REvolucionar una situación que no puede seguir sumida en el miedo y la REsignación.

Fuente: la lamentable

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