La sanidad pública, menos pública


Artículo de Jéssica Mouzo Quintans en El Pais, sobre la privatización encubierta de la sanidad pública catalana que està llevando a cabo Boi Ruiz y su equipo con la aquiesciencia de ERC. El conseller niega haber privatizado el sistema sanitario catalán mientras impone el eufemismo de la externalización de servicios y las alianzas estratégicas.

Protesta contra el consorcio del Hospital Clínic. / MASSIMILIANO MINOCRI

“¡Díganme algo que yo haya privatizado!”, retaba el consejero de Salud de la Generalitat, Boi Ruiz, a la oposición en el Parlament. Para negar la privatización sanitaria global de la que se le acusaba, Ruiz defendía no haber vendido ningún hospital a empresas privadas. Y si bien es cierto que Salud no ha vendido nada a entes privados ni los pacientes tienen que pagar por ser atendidos en un centro público, las empresas privadas sí tienen cada vez más peso en el sector público a través de dos grandes eufemismos: la externalización de servicios y las alianzas estratégicas.

La cúpula de Salud puso sobre la mesa desde el inicio de la legislatura un cambio de modelo del sistema sanitario. Dos informes de la consultora PriceWaterHouse Coopers (PWC) a petición del Departamento dibujaban la hoja de ruta del equipo de Boi Ruiz: el primero pasaba por trocear el Instituto Catalán de la Salud en una veintena de empresas abiertas al capital privado. El segundo sugería dejar en manos de entes con afán de lucro a 18 hospitales de la red pública propiedad de fundaciones y consorcios, y subastar 30 laboratorios y las ambulancias.

PWC recomendaba hacer esta transición a través de las llamadas alianzas estratégicas —acuerdos entre hospitales independientemente de su titularidad, para transferirse la gestión de servicios—. Con la excusa de la falta de recursos, los centros sanitarios también podían externalizar algunas actividades a empresas privadas a través de concursos públicos o por adjudicación directa. Al final, fueron más los intentos que los hechos consumados de entrada de capital privado en la sanidad pública. La presión social frenó el desmantelamiento del ICS y tiró atrás los proyectos sanitarios más controvertidos.

VISC+. El plan de vender datos sanitarios anónimos está a punto de activarse pero poco tiene que ver con su génesis. Salud pretendía sacar a concurso la gestión del VISC+ por 25 millones de euros durante ocho años. Sin embargo, por esa presión social, Salud descartó el concurso, asumió toda la gestión del VISC+ y redujo la venta, en una primera fase, sólo a entes públicos. En la segunda podrán entrar empresas privadas.

Privatización CAP. Uno de los grandes conflictos surgió cuando Salud sacó a concurso la gestión de varios centros de atención primaria (CAP). El ICS controla el 80% de ellos, pero el otro 20% depende de consorcios públicos, fundaciones privadas y entidades de base asociativa gestionadas por los sanitarios. La adjudicación del CAP de L’Escala a EULEN, una empresa ajena a la atención sanitaria directa, levantó todas las alarmas de privatización. Se impugnó la licitación y Salud frenó los concursos de otros 20 CAP.

Euro por receta. Seis meses duró la medida por la que Salud obligaba a pagar un euro por cada receta dispensada. El Constitucional la declaró inconstitucional. La recaudación fue, según Salud, de 45,7 millones de euros. Unos 100.000 catalanes ya han reclamado la devolución de la tasa.

Derivaciones. Para reducir listas de espera, Salud optó por derivar pacientes a otros centros de la red pública, en la que desde 2012 están tres hospitales propiedad de la compañía privada, IDC Salud. Sólo en 2014, el Departamento derivó 16.253 pacientes, casi el 50% de ellos a estos tres centros.

Convenio Clínic-Sagrat Cor. Un acuerdo entre el Clínic y el Sagrat Cor, de IDC Salud, permitió que el primero cediese pacientes de traumatología al segundo e incluso médicos que iban a operar directamente a las instalaciones del Sagrat Cor para reducir lista de espera. El proyecto se paralizó después de que los médicos se posicionasen en contra de estas prácticas.

Oftalmología en Viladecans. Salud derivó a más de 126.600 pacientes de oftalmología del hospital de Viladecans (ICS) al de Sant Boi, de una orden religiosa. Estos pacientes serían atendidos en el Instituto Catalán de la Retina (ICR), de titularidad privada, que mantiene acuerdos de colaboración con el de Sant Boi.

Alergología en el Trueta. El proyecto CIMS permitió que Salud externalizase parte del servicio de alergología del Josep Trueta a una empresa privada a través de un concurso licitado por el IAS. Sindicatos y alergólogos denuncian que con este movimiento, el Trueta amortizó una de sus dos plazas de alergología.

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Tratados de Libre Comercio ”a gogó“ más peligros para una Sanidad Pública delicada


Por Mesa en Defensa de la Sanidad Pública

Hemos venido denunciando las amenazas del TTIP, Tratado de Libre Comercio e Inversión entre la Unión Europea y EEUU; el “modus operandi” delneoliberalismo que nos invade es la inmensa tela de araña que pretende inmovilizarnos para el resto de nuestras vidas. Así que denunciamos también el tratado de libre comercio de nombre TISA que atenta monograficamente contra los Servicios Públicos y el CETA, otro tratado en ciernes entre Canadá y la UE.

¿Que tienen todos en común ? La liberalizacion de todo cuanto tocan con el blindaje férreo de las Trasnacionales, esos entes supranacionales que se han hecho dueños de la Globalización; nuevo colonialismo que salta por los aires los Derechos Humanos y las garantíasdel Estado Democráticoy de los Derechos.

Estos tratados lo que pretenden es que dichasTrasnacionales suplaten a los Estados y trasformen Democracia por unImperialismo básicamente favorecedor de EEUU como el pueblo elegido del momento frente a países emergentes y China. Tienen en común además  unosmecanismos especiales de arbitraje inversor – Estado, ISDS ó SCIE, que actúan cuando una multinacional se puede sentir amenazada por un Estado, por muy democrático y europeo que sea. Venimos denunciando este modelo porque es un atentado sin precedentes en Europa, que tiene antecedentes perversos en otros lugares del mundo.

Este modelo, que permite fortalecer aún más el espectro neoliberal, viene a quedarse si lo permitimos; algunos partidos que dicen representar a España en la UE, lo han apostillado con su voto en el Parlamento, cuando supone la máximadestrucción de la soberanía de los países y el mayor doblegamiento de su dignidadcomo pueblo; son un peligro para el futuro y la supervivencia de la democracia y sus derechos garantizados. Ese mecanismo de solución de controversias es lo que se está fraguando y que se consolidará con tribunales especiales privados, pagados por esas mismas e insaciables multinacionales; el campo de acción de dichostribunales es incontestable porque sale fuera de todos los mecanismos legales y  sentencia a favor de sus clientes; ante cualquier duda que implique la pérdida de beneficios de una trasnacional frente a un Estado dará sin más la razón a la primera y a sus supuestos lucros cesantes u otros,  así que pagaremos la ciudadanía en cualquiera de los casos. La gravedad de lo que suponen estos tratados de libre comercioy sus mecanismos de controversias y sus tribunales privados a la carta son un punto de no retorno para los Servicios Públicos y para la Sanidad Publica, desprotegidas en todos sus parámetros y con los que se ha venido preparando un plan de descapitalización muy claro como mecanismo de introducción y coartada para el modelo sanitario especulativo que está y avanza ya entre nosotros. Ése, enunciado en el Plan de Sostenibilidad –, 2012  terrible decretazo que nos convierte en asegurados y nos degrada de nuestra categoría ciudadana.

De lo que supone ese mecanismo de nombre ISDS ó SCIE, según idioma, os trasladamos  un documento de noviembre del 2014 sobre el CETA que fue elaborado porCEO, Corporate Europe Observatory ( Observatorio Corporativo Europeo) titulado : LA DEMOCRACIA EN VENTA. Cómo las normas de protección de los inversores en el AECG amenazan al interés público en Canadá y la EU:

RESUMEN

” El 26 de septiembre de 2014, Canadá y la Unión Europea (UE) anunciaron la conclusión de un ambicioso acuerdo de integración económica, el Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG; CETA en inglés). El acuerdo incluye un mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados (SCIE) que podría desencadenar unauge de litigios de grandes empresas contra Canadá, la UE y Estados individuales de la UE, y que podría constituir una grave amenaza a las iniciativas de los Gobiernos para proteger a la ciudadanía y el medio ambiente.El mecanismo de SCIE concede a las grandes empresas extranjeras la potestad de demandardirectamente a los países ante tribunales internacionales privados y exigirles unaindemnización por adoptar salvaguardias en materia de salud, medio ambiente, finanzas u otras medidas internas que, en opinión de dichas empresas, socaven sus derechos. La resolución de estos litigios inversor-Estado depende de árbitros comerciales privados a los que se les paga por cada caso que examinan, y que muestran una clara tendencia a interpretar la ley en favor de los inversores.

El mecanismo de SCIE puede impedir que los Gobiernos actúen en el interés público, tanto de forma directa, cuando una gran empresa demanda a un Estado, como indirecta, al desincentivar que se adopten determinadas leyes por miedo a provocar una demanda. En todo el mundo, los inversores han impugnado leyes que protegen la salud pública, como leyes antitabaco, prohibiciones sobre el uso de productos tóxicos o de la explotación minera, normas que requieren que se realicen evaluaciones de impacto ambiental y otras leyes relacionadas con residuos peligrosos, medidas tributarias y políticas fiscales.

PRINCIPALES CONCLUSIONES

1.  La experiencia de Canadá con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ilustra los peligros que entraña el arbitraje de inversiones. En el marco del TLCAN, Canadá ha sido demandado 35 veces,ha perdido o llegado a un acuerdo sobre seis demandas, y ha pagado un total de más de 171,5 millones de dólares canadienses a inversores extranjeros en concepto de daños. Las demandas de inversores que aún siguen en curso disputan un amplio abanico de medidas gubernamentales que supuestamente menoscaban el valor de las inversiones extranjeras: desde una moratoria sobre la fractura hidráulica (o fracking) y una revocación afín de los permisos de perforación a una decisión de los tribunales canadiensesde invalidar ciertas patentes farmacéuticas que no eran lo bastante innovadoras o útiles. Los inversores extranjeros están reclamando al Gobierno canadiense varios miles de millones de dólares por daños y prejuicios.  2.   Las protecciones garantizadas a los inversores con el AECG podrían otorgar a los inversores extranjeros aún más derechos que con el TLCAN, aumentando así el riesgo de que esos inversores utilicen el AECG para limitar futuras políticas de Gobiernos: a) Al proteger las “expectativas legítimas” de los inversores mediante lo que se conoce como cláusula del “trato jusLA TROIKAto y equitativo”, el AECG podría tipificar una interpretación muy amplia de esta cláusula, que crearía “el derecho” a un entorno normativo estable. Estodaría a los inversores un potente instrumentopara luchar contra cualquier cambio normativo, incluso aunque este se adopte a la luz de nuevas evidencias u opciones democráticas. b) El AECG concedería a los inversores extranjeros más derechos para impugnar las normas financieras que el TLCAN, en que estos se limitaban principalmente al derecho (aún significativo) de los bancos de transferir libremente fondos y de estar protegidos frente a expropiaciones. EL AECG amplía estos derechos para incluir también conceptos tan abiertos a interpretación como el trato justo y equitativo, que amenaza con maniatar a los reguladores encargados de proteger a los consumidores y la estabilidad del sistema financiero en caso de emergencia.  3.    EL AECG incremetará notablemente el riesgo de que Canadá sea demandado por bancos, aseguradoras y sociedades financieras. Estos riesgos son evidentes, ya que los inversores especulativos, con la ayuda de los abogados especializados en inversiones, están utilizando cada vez más el arbitraje de inversiones para conseguir ganancias demandado a los Gobiernos que están atravesando crisis financieras. Lostítulos de inversión de la UE en Canadá son significativos en el sector financiero y, con el AECG, estos conseguirían unos derechos de litigio de gran calado. 4.  El AECG incrementaría el riesgo de que la UE y sus Estados miembros sean demandados por inversores canadienses en los sectores de la minería y de la extracción de petróleo y gas. Los títulos de inversión canadienses en la UE son muy significativos en estos sectores, y algunas compañías mineras canadienses ya están involucradas en una serie de polémicos proyectos relacionados con recursos naturales en la UE. Los especialistas en minería ya están celebrando el AECG como un acuerdo “histórico”, que tendría “importantes repercusiones para la minería”. Las grandes empresas de petróleo, minería y gas de todo el mundo cada vez están recurriendo más al arbitraje de inversiones.  5.  Las filiales canadienses de multinacionales con sede en los Estados Unidos también podrán usar el AECG para demandar a Gobiernos europeos, incluso aunque la UE finalmente excluya o limite el mecanismo de SCIE en el acuerdo de Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI; TTIP en inglés )

TTIP-CETA-Stop que se está negociando actualmente con los Estados Unidos. Esto es algo especialmentepreocupante para los europeos, ya que la economía canadiense está dominadapor grandes empresas estadounidenses. Las filiales con sede en la UE de empresas extranjeras también tendrían el mismo poder de impugnar las normas adoptadas en Canadá. 6. Las empresas de la UE, canadienses y estadounidenses ya se encuentran entre las principales usuarias del arbitraje de inversiones, por lo que existen motivos de sobra para esperar que utilizarán el AECG con el fin de limitar las medidasgubernamentales en Canadá y Europa. El 53 por ciento (o 299) de todas las controversias inversor-Estado conocidas en el mundo han sido iniciadas por inversores de la UE. Los inversores estadounidenses han presentado el 22 por ciento (o 127) de todos los casos inversor-Estado conocidos. Los inversores canadienses son los quintos usuarios más frecuentes del arbitraje de inversiones7. La oposición a las disposiciones inversor-Estado en el AECG está aumentando a ambos lados del Atlántico entre organizaciones de la sociedad civil, sindicatos e incluso Estados miembros de la UE. En respuesta a ello, la Comisión Europea y el Gobierno canadiense han puesto en marcha una engañosa campaña propagandística para intentar restar importancia a los peligros que plantea el arbitraje de inversiones y desviar la atención de los problemas de base del sistema centrándose en reformas superficiales. 8. Las “reformas” que han prometido introducir la Comisión Europea y el Gobierno canadiense para disipar las inquietudes sobre el mecanismo de SCIE no impedirán elabuso de este por parte de inversores y árbitros. Por el contrario, el AECG ampliará de manera significativa el alcance del arbitraje de inversiones, exponiendo a la UE, sus Estados miembros y Canadá a unos riesgos de responsabilidad jurídica impredecibles y sin precedentes.

No hay necesidad de crear un régimen jurídico especial para proteger a los inversores extranjeros, especialmente eSTOP CETAn jurisdicciones estables como la UE y Canadá. Las multinacionales de hoy en día se encuentran entre las más prósperas y sofisticadas del mundo, y disponen de capacidad para evaluar los posibles riesgos y la rentabilidad que cabe esperar en función de estos. Y en caso de que los riesgos sean demasiado grandes, esas multinacionales ya disponen de otras opciones, como los tribunales ordinarios, los seguros privados y los planes públicos de garantía de inversiones. El informe ” La democracia en venta”  insta a los legisladores de Canadá y la UE a rechazar las disposiciones para la protección de inversiones en el AECG y en futuros tratados, como el polémico acuerdo de Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI; TTIP en inglés) entre la UE y los Estados Unidos, y el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP en inglés). “

Con este documento queremos que se valore con todo detalle lo que aparece detrás de las bambalinas políticas. Hay que pensar en global y trabajar en local; de ahí la lucha que mantenemos desde hace tres años en nuestra comunidad autónoma, totalmente ligada a los excesos de un modelo político que de forma interesada y antidemocrática decidió cambiar un sistema sanitario público que  había que proteger. Han propiciado con ello laespeculación, la corrupción, injusticia, el malestar, la enfermedad, la muerte… No queremos apearnos del barco democrático que habñiamos empezado 601px-United_States_penny,_obverse,_2002a construir; no vamos a ceder en nuestra defensa a ultranza de los derechos humanos que los tratados de libre comerció utilizan como productos especulativos, porque les van quedadndo pocas cosas y éstas son muy rentables y faciles. Por ello insistimos y os dejamos una reflexión de Abraham Lincoln (1809-1865),  décimo sexto Presidente de losEEUU que sabía que la mentira tiene recorrido corto.“Se puede engañar a parte del pueblo, parte del tiempo; pero no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo”.

Como no nos dejamos engañar; os hemos dicho la perfidia de la enorme tela de arañaneoliberal, tejida a base de tratados de libre comercio entrecruzados para no dejar que nos movamos; y os alertamos también además de otras muchas cosas, deprocesos que nos indican la escasa convicción sobre lo que es y debe ser el Servicio Público de verdad; la Sanidad Pública genuina.  Nos han arrebatado más de lo que aún sabemos y más que nos robarán con ese peligroso proyecto que avanza: las Unidades de Gestión Clínica, que entendidas por algunos con buena o mala intención como formas de ordenamiento sanitario, adquieren forma especial mediante ley.

Video: CarlMelchor

Tenemos muy claro las Unidades de Gestión Clínica,  no sirven para organizar mejor la gestión de la Sanidad Pública, ni pretenden mejorar nada; tenemos claro que para facilitar los numerosos desembarcos en proceso de lobbies de forma masiva en el ámbito sanitario público, a la espera de la puesta en marcha de estos peligrosos tratados, quieren facilitar el troceado de la gran pieza de la Sanidad Pública; lo que facilitará su venta indiscriminada a todo tipo de especuladores que se NO-tratado-de-libre-comercio-union-euorpea-estados-unidosvolverán contra nosotros como ciudadanos y como soberanos. La Sanidad Pública será un enorme reino de taifas de lo más variado en el que los usuarios seremos asegurados de primera, segunda o tercera categoría o ni siquiera lo seremos; un espacio no controlado por desde las administraciones públicas sometidas a los Mercados; muchas de las cuáles se han prestado a un juego perverso contra los Derechos Humanos que ha puesto ya el acelerador a todo gas incluso prestándose a apoyar los Tratados de Libre Comercio en la instancia europea y sus medidas antidemocráticas y dañinas; sin preguntar a sus pueblos en Españamenos. Por ello volvemos a decir que:

NI UN PASO ATRÁS, HUELLAS https://mesaendefensasanidadpublica.wordpress.com/2015/07/27/tratados-de-libre-comercio-a-gogo-mas-peligros-para-una-sanidad-publica-delicada/

Visto en kaosenlared

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La objeción de conciencia como método antiabortista


Una sentencia del Tribunal Constitucional sobre la objeción de conciencia de un farmaceútico sevillano para no dispensar la píldora del día después vulnera el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres.

, @PatriHorrillo y jurista del despacho Abezetta Consultores, respectivamente

twentymindsomething

Aunque las oficinas de farmacia están obligadas por ley a dispensar los medicamentos y productos sanitarios que el Ministerio de Sanidad autoriza, hay miembros de este sector que deciden no respetar el acuerdo oficial de servicio a la ciudadanía.

Éste es el caso del farmacéutico Joaquín Herrera que se ha negado a disponer en su establecimiento de preservativos y de medicamentos que contienen levonorgestrel, el anticonceptivo oral poscoital, más conocido como la píldora del día después (PDD).

En 2008, el señor Herrera fue sancionado con una multa de 3.300 euros por infracción grave de la Ley de Farmacia de Andalucía, después de que un ciudadano le denunciara al no poder comprar en su establecimiento ni preservativos ni la PDD por falta de existencias, aunque constan en el listado oficial de “existencias mínimas de medicamentos y productos sanitarios” de la Junta de Andalucía.

También la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios tipifica como infracción muy grave no dispensar o no tener existencias de los productos sanitarios del Sistema Nacional de Salud.

Aunque el farmacéutico se escudó en la objeción de conciencia para justificar la falta de preservativos y de la PDD en su establecimiento, el recurso fue desestimado en 2010 por la Dirección General de Planificación e Innovación Sanitaria de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.

La ratificación del fallo venía apoyada por una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que en 2001 rechazó este argumento en el caso de dos farmacéuticos franceses que se negaban a suministrar productos contraceptivos
compuestos de estrógenos, diciendo que “la libertad religiosa e ideológica de los farmacéuticos no les exime de su obligación de dispensar anticonceptivos legales, prescritos médicamente y de venta obligatoria en farmacias”.

Esta segunda sentencia volvió a ser recurrida por el señor Herrera. Esta vez, ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 13 de Sevilla que, nuevamente, desestimó su recurso en 2011 “por entender que la resolución sancionadora era ajustada a Derecho”.

Derechos recogidos en estatutos y códigos de conducta

Pese a la primera sentencia de 2008 y a los recursos desestimados en años sucesivos, el farmacéutico decidió llevar su caso hasta el Tribunal Constitucional, cuyo fallo, emitido el 25 de junio de 2015 y pendiente de publicar en el BOE, contradice las resoluciones anteriores.

Quien instruye el caso, el magistrado Andrés Ollero, ha visto la forma de fallar a favor del señor Herrera al apoyarse en el artículo 8.5 de los Estatutos del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla que afirma que “el colegiado al que se impidiese o perturbase el ejercicio de este derecho conforme a los postulados de la ética y deontología profesionales se le amparará por el Colegio ante las instancias correspondientes”.

El problema es que estos estatutos, en los que se contempla la objeción de conciencia a los farmacéuticos en el ejercicio de su labor profesional, fueron aprobados de por la Junta de Andalucía, gobernada por el Partido Socialista (PSOE), que no pusieron ninguna traba a un artículo que choca con otras leyes de superior rango.

La sentencia del Tribunal Constitucional también se apoya en el artículo 28 del Código de Ética Farmacéutica y Deontología de la Profesión Farmacéutica que recoge la siguiente valoración: “La responsabilidad y libertad personal del farmacéutico le facultan para ejercer su derecho a la objeción de conciencia respetando la libertad y el derecho a la vida y a la salud del paciente”.

El magistrado Ollero alude de esta forma a un código ético, que no es más que una declaración de principios sin capacidad normativa, para apoyar su fallo. Esta decisión es un agravante y quita legitimidad a una sentencia de clara orientación ultracatólica.

Por último, pese a que con esta sentencia el magistrado falla a favor del denunciante en lo relativo a la objeción de conciencia como argumento para no dispensar la PDD, no le da la razón en el caso de los preservativos.

De esta forma, mantiene la sanción que se corresponde con una infracción grave “por negarse a disponer de (y por ello a dispensar) preservativos en la oficina de farmacia de la que es cotitular”, de acuerdo con el artículo 75 de la Ley de Farmacia de Andalucía.

Consecuencias de esta sentencia

Aunque siempre se ha hablado de que la PDD es un medicamento anticonceptivo, en la sentencia se determina que se trata de un método abortivo. Esto puede afectar a la resolución pendiente de pronunciamiento por parte del Tribunal Constitucional de la impugnación que presentó el Partido Popular contra Ley del Aborto vigente en la actualidad, así como a futuras sentencias relacionadas con el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres recogido en la Constitución.

Es importante recordar la presencia de miembros del Opus Dei tanto en el Tribunal Constitucional, como es el caso del magistrado Ollero, como en el Tribunal Supremo, que han dejado en la hemeroteca un buen número de declaraciones contra el derecho al aborto.

Por otro lado, en relación a la objeción de conciencia, esta sentencia amplía al ámbito de la salud la restricción constitucional que la circunscribía únicamente al servicio militar y al periodismo.

A partir de este punto, cabría preguntarse si se deja entonces abierta la puerta a la objeción de conciencia en otros ámbitos, como por ejemplo en el ámbito fiscal.

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Atado y bien atado: la Inspección Sanitaria certifica que la actividad privada del Clinic es legal


Que el “modelo catalán” es diferente del resto del estado es una obviedad, aunque el origen de los consorcios sanitarios es más oscuro, pero lo que es innegable es que en Catalunya, desde el mismo momento de las transferencias sanitarias en 1981, hace ya casi 35 años, partidos politicos de todos los colores han gestionado la sanidad, incluidos los que ahora se intentan confundir en el paisaje de “Catalunya Sí que es Pot“, y todos ellos han aceptado el modelo privado preponderante, y ninguno de ellos ha defendido  ni siquiera la estatalización de los centros privados (todos ellos mantenidos con fondos públicos). Durante décadas, todos los partidos politicos sin distinción, han ocupado de buen gusto los sillones de los consejos de administración, mientras el modelo se privatizaba cada vez mas y se permitía al sector médico que tuviera interés, trabajar tambien en el sector privado puro. En este sentido, las denuncias, en algunos casos de carácter viral, de los ultimos años sobre una supuesta privatización de CiU, olvidan a propósito las causas profundas del proceso secular de privatización del modelo catalan, y mucho nos tememos, persiguen simplemente intereses personales politicos puros y duros.

LA NOTICIA :

 El Parlament pidió en febrero garantías de que no había desvío de pacientes. El debate sobre si los centros públicos deben o no hacer de privados se discutirá a partir de septiembre

La inspección sanitaria a la que se encargó analizar posibles irregularidades en la utilización de recursos públicos en la parte privada del Clínic, Barnaclínic, ha presentado en el Parlament su informe favorable a la entidad. La cámara, a petición de todos los partidos excepto CiU instó al Catsalut a que se inspeccionara la actividad de esta planta privada del Clínic para dirimir si se estaba utilizando recursos públicos en beneficio privado, si se había inducido a algún paciente del hospital a pasar a la parte privada y acerca del sistema retributivo de los profesionales que trabajaban en ambas actividades. La sombra de la duda cayó sobre los profesionales sanitarios y en los gestores del Clínic y su Barnaclínic que llevaba funcionando diez años sin que nadie indagara nada. El malestar empujó a los médicos a pedir amparo al Parlament frente a las acusaciones de algunos grupos parlamentarios.

Según el informe que el departamento de Salut presentó ayer en el Parlament, después de seis visitas de inspección concluye que las instalaciones del hospital no han tenido ninguna restricción en su actividad pública por el uso privado y tampoco se ha encontrado ninguna reclamación por una derivación indebida de la sanidad pública a la privada. En el análisis de todos los pacientes atendidos entre octubre del 2014 y febrero del 2015, 171 personas, 18 de ellos (11%) habían sido atendidos alguna vez en el Clínic público pero, según comprobaron, todos ellos habían firmado un consentimiento libre voluntario e informado de atención sanitaria privada. Y entre los motivos para acudir a Barnaclínic, ninguno alegó que lo hicieran inducidos por un médico.

En cuanto al uso de las instalaciones, dos de las 438 intervenciones realizadas por la privada a lo largo del 2014 se realizaron en horario de mañana sin que la urgencia lo justificara y, según la inspección, en ambos casos comprobaron que el quirófano quedó libre a esa hora. En sus recomendaciones, la inspección cree que el hospital debería atenerse a las recomendaciones generales de la asociación de centros sanitarios CSC (que agrupa a la mayoría de hospitales públicos y sin ánimo de lucro) de que la privada se haga sólo por la tarde, para que quede claramente diferenciada de la actividad principal que contrata el Catsalut. Sobre quién paga al personal que atiende a los pacientes privados, la inspección ha descubierto que nadie del hospital había pedido a la administración que les permitieran esta compatibilidad, algo que prácticamente no ha hecho ningún profesional en Catalunya.

El trámite ya se ha puesto en marcha. También explica con detalle cómo se factura a los pacientes de Barnaclínic todo lo que se usa del resto del hospital, incluido el trabajo de urgencias, de la UCI o de pruebas diagnósticas. El informe de la inspección no entra en el fondo del debate de si es correcto que los hospitales del sistema público tengan actividad privada. Esa cuestión se discutirá en el grupo de trabajo ya creado por petición del Parlament, y que se reunirá en septiembre, en el que participan sociedades científicas, proveedores sanitarios, grupos parlamentarios y el servei Català de la Salut.

Fuente: La Vaguardia  Lea la versión en catalán

Visto en CAS Madrid

 

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Bioética y privacidad de los datos sanitarios


El Observatorio de Bioética y Derecho de la UB alerta sobre los riesgos del uso y la comercialización de datos personales de salud en el contexto de las tecnologías de datos masivos.

El nuevo documento está coordinado por la Dra. María Casado, directora del OBD; la Dra. Maria Rosa Llàcer, catedrática del Departamento de Derecho Civil de la UB, y la Dra. Lídia Buisan, médica anestesista y miembro del OBD.

Bioètica i big data en salut: l’explotació i comercialització de les dades sanitàries dels usuaris de la sanitat pública es el título del documento elaborado por el Grupo de Opinión del Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona (OBD) con la colaboración del Grupo de Investigación en Derecho Privado, Consumo y Nuevas Tecnologías de la UB (GREDINT), que alerta sobre los riesgos del uso y la comercialización de datos personales de salud en el contexto de las tecnologías de datos masivos (big data).

El nuevo documento está coordinado por la Dra. María Casado, directora del OBD; la Dra. Maria Rosa Llàcer, catedrática del Departamento de Derecho Civil de la UB, y la Dra. Lídia Buisan, médica anestesista y miembro del OBD.

Datos masivos y cultura de la privacidad

En la actualidad, las tecnologías de datos masivos permiten gestionar y abordar el trabajo con un gran volumen de datos de gran complejidad. La necesidad de abrir un debate social informado y previo a ninguna decisión política para usar y comercializar estos datos en el ámbito sanitario, y la vulneración de su carácter anónimo con la aplicación de estas tecnologías, son los dos ejes principales que han impulsado la elaboración del nuevo documento. Este analiza diferentes modelos, como el VISC+ (Valorización de Información del Sistema Sanitario Catalán), proyecto de la Generalitat de Cataluña para poner la información sanitaria a disposición de los ciudadanos, las empresas y la investigación.

El documento Bioètica i big data en salut: l’explotació i comercialització de les dades sanitàries dels usuaris de la sanitat pública describe los peligros de la potencial y real vulneración de la intimidad y la confidencialidad de datos personales en los usos no deseados de información almacenada en bases de datos sanitarios. Atendiendo a que la comercialización se excusa o justifica por el hecho de volver anónimos los datos, el documento pone en evidencia que las tecnologías de datos masivos permiten acceder a un gran volumen de información restringida.

Así, el objetivo de los autores es crear una «cultura de la privacidad» en un contexto en que los datos personales se han convertido en un elemento estratégico de la sociedad de la información, y proponer medidas que permitan proteger con eficacia los derechos de los afectados. Las recomendaciones del grupo se orientan a promover, respetar y garantizar el derecho a la intimidad, en especial por parte de la Administración, e incluyen principios como la transparencia y la rendición de cuentas, necesarios para valorar los riesgos y beneficios en juego.

Por qué es necesario proteger la información sanitaria

El documento analiza, desde una perspectiva bioética, los problemas de la reutilización de los datos sanitarios, una información estratégica y sensible que exige una protección especial en el marco de un modelo creciente de negocio en torno a la información personal.

La nueva publicación describe los peligros de la vulneración de la intimidad y la confidencialidad de datos personales en los usos no deseados de información almacenada en bases de datos sanitarios. Según el documento, la ciudadanía queda carente de una cultura de la privacidad que le permita comprender los efectos de acumular y rentabilizar la información personal con ánimo de lucro, una información que puede convertirse en una herramienta para, por ejemplo, «denegar un servicio en función del perfil personal». Por consiguiente, debería abrirse al público un debate en torno al uso y comercialización de datos sanitarios personales.

Con el referente del principio de autonomía de las personas, el documento revela que la implementación de las tecnologías de datos masivos en el ámbito sanitario, asociada a una comercialización de los datos, afecta directamente al sistema sanitario e investigador y a la esfera privada de los ciudadanos. La apuesta por la innovación no puede dejar de lado los aspectos éticos y los derechos fundamentales de las personas, por lo que sería preciso garantizar la protección de los ciudadanos en el contexto de los nuevos avances en tecnología. Así pues, es necesario tomar medidas respecto a la aplicación de las tecnologías de datos masivos en salud, a fin de garantizar el ejercicio de los derechos y las decisiones libres e informadas de todas las personas implicadas en el cambio de paradigma que suponen las nuevas tecnologías de la información.

El Observatorio de Bioética y Derecho de la UB

La labor del Observatorio de Bioética y Derecho de la UB (OBD) se basa en una concepción flexible y pluridisciplinaria de la bioética, enmarcada en el respeto a los derechos humanos reconocidos, que tiene por objetivo suministrar argumentos para fomentar la autonomía de los ciudadanos en la toma de decisiones y contribuir a la construcción de una sociedad más transparente y democrática.

En este contexto, una de las líneas de trabajo del OBD es analizar las implicaciones éticas, sociales y jurídicas de las nuevas tecnologías y los problemas biotecnológicos y biomédicos, e incidir en el diálogo entre la universidad y la sociedad para generar un debate social plural y contrastado. El Grupo de Opinión surgido en 1996 en el seno del OBD es autor de un total de veintidós documentos que identifican problemas, contrastan argumentos y proponen recomendaciones de consenso sobre temas de actualidad de gran interés social.

Es posible consultar el documento Bioètica i big data en salut: l’explotació i comercialització de les dades sanitàries dels usuaris de la sanitat pública en el siguiente enlace: www.bioeticayderecho.ub.edu/documentos

Fuente: Universitat de Barcelona

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Desconstruint el conseller Boi Ruiz


Laia Altarriba i Piguillem a CRÍTIC posa la lupa sobre Boi Ruiz, un dels consellers del Govern de CiU a la Generalitat de Catalunya que han desfermat més crítiques dins el seu sector al llarg dels dos mandats consecutius que ha estat al capdavant de la conselleria de Salut. L’antic màxim dirigent de la patronal dels hospitals privats ha dirigit el sistema sanitari català en la seva pitjor època de retallades, d’enfrontaments laborals i de conflictes socials. Tanmateix, en els cinc anys que ha pilotat el departament ha anat matisant la retòrica desacomplexada amb què s’hi va estrenar.

Desconstruint el conseller Boi Ruiz

Boi Ruiz, que venia de ser màxim dirigent de la patronal dels hospitals, va començar fort la seva etapa com a dirigent polític. No feia ni un mes que aquest cirurgià i gestor era al capdavant del Departament de Salut que ja va activar totes les alarmes en recomanar a la població, durant una entrevista a TV3, que contractés una mútua privada.

De fet, les alarmes ja estaven previngudes perquè Artur Mas havia decidit donar el comandament de la sanitat pública catalana al president de la principal patronal del sector, la Unió Catalana d’Hospitals.

Però al llarg dels cinc anys que ha pilotat el departament ha anat matisant la retòrica desacomplexada amb què es va estrenar, mentre que alhora s’ha adonat que per aplicar les polítiques que volia impulsar no li seria possible fer-ho a través d’un canvi legislatiu profund. Ho va demostrar el passat 17 de juny, al ple monogràfic de Salut amb què haurà culminat el seu segon mandat. I hem escollit precisament algunes de les frases que va pronunciar durant aquest darrer discurs per repassar la seva trajectòria al capdavant d’una conselleria que ha vist caure un 13,86% el pressupost de què disposava.

1. “Reformes profundes per millorar la gestió del sistema”

Cal fer “reformes profundes”. El conseller de Salut, Boi Ruiz, va posar sobre la taula per enèsima vegada la necessitat d’un canvi a fons del sistema sanitari al ple monogràfic sobre salut celebrat el passat 17 de juny. Però ja fa anys que Ruiz és conscient que el context actual impossibilita assolir l’àmplia majoria parlamentària que permetria elaborar un nou marc legal. Així que, tot i que no perd ocasió per reclamar la necessitat d’una reforma legislativa, des del capdavant del Departament de Salut ha accelerat la transformació del sistema sanitari a partir d’accions concretes en l’àmbit específic de cada centre o àrea sanitària; com, per exemple, segons va informar ‘El País’, la seva aposta per crear consorcis per desmembrar l’ICS.

Però per arribar on? Des que el 1994 aquest cirurgià va assumir la direcció general de la Unió Catalana d’Hospitals (la principal patronal sanitària catalana, coneguda per La Unió, que agrupa 400 centres i uns 60.000 treballadors), sempre ha defensat la implicació del sector privat en la gestió del sistema públic de salut i també el copagament pels serveis sanitaris. Quan el 2007 va ser escollit president de La Unió, va trobar bona sintonia amb l’aleshores consellera de Salut del tripartit, Marina Geli, que fins i tot el va “beneir” com el seu substitut quan va rellevar-la al capdavant del càrrec.

2. “Necessitat de modificar lleis com la que regula l’Institut Català de la Salut”

Així que des del capdavant del Departament de Salut, Boi Ruiz ha fet diversos intents de transformació global del sistema. La primera proposta que va posar sobre la taula va ser a l’octubre de 2011. Un document intern elaborat per la mateixa conselleria apostava per fragmentar l’Institut Català de Salut (ICS) en 20 empreses i permetre l’entrada al capital privat. L’objectiu era flexibilitzar la gestió, aconseguir que les noves empreses tinguessin beneficis i incentivar que els treballadors es convertissin en empresaris del sector. Però l’oposició frontal de la majoria de col·lectius professionals va fer que Ruiz aparqués el pla al calaix.

Amb el mateix objectiu, Ruiz va fer un segon intent de reforma a través de la consultoria PricewaterhouseCoopers (PwC, multinacional del sector financer que ha estat denunciada per fomentar l’evasió fiscal). En aquest cas, segons van revelar els mitjans de comunicació al gener de 2012, el Departament de Salut va encarregar un informe a PwC perquè l’assessorés en la “implementació d’un nou model de governança del sector públic vinculat a la xarxa sanitària”. Tampoc no va reeixir.

Ruiz defensa que no ha privatitzat el sistema; però, mentre augmentava les partides per a fundacions i hospitals privats, la despesa pública ha caigut el 13% en quatre anys.

Boi Ruiz, que venia de ser màxim dirigent de la patronal dels hospitals, va començar fort la seva etapa com a dirigent polític. No feia ni un mes que aquest cirurgià i gestor era al capdavant del Departament de Salut que ja va activar totes les alarmes en recomanar a la població, durant una entrevista a TV3, que contractés una mútua privada.

De fet, les alarmes ja estaven previngudes perquè Artur Mas havia decidit donar el comandament de la sanitat pública catalana al president de la principal patronal del sector, la Unió Catalana d’Hospitals.

Però al llarg dels cinc anys que ha pilotat el departament ha anat matisant la retòrica desacomplexada amb què es va estrenar, mentre que alhora s’ha adonat que per aplicar les polítiques que volia impulsar no li seria possible fer-ho a través d’un canvi legislatiu profund. Ho va demostrar el passat 17 de juny, al ple monogràfic de Salut amb què haurà culminat el seu segon mandat. I hem escollit precisament algunes de les frases que va pronunciar durant aquest darrer discurs per repassar la seva trajectòria al capdavant d’una conselleria que ha vist caure un 13,86% el pressupost de què disposava.

1. “Reformes profundes per millorar la gestió del sistema”

Cal fer “reformes profundes”. El conseller de Salut, Boi Ruiz, va posar sobre la taula per enèsima vegada la necessitat d’un canvi a fons del sistema sanitari al ple monogràfic sobre salut celebrat el passat 17 de juny. Però ja fa anys que Ruiz és conscient que el context actual impossibilita assolir l’àmplia majoria parlamentària que permetria elaborar un nou marc legal. Així que, tot i que no perd ocasió per reclamar la necessitat d’una reforma legislativa, des del capdavant del Departament de Salut ha accelerat la transformació del sistema sanitari a partir d’accions concretes en l’àmbit específic de cada centre o àrea sanitària; com, per exemple, segons va informar ‘El País’, la seva aposta per crear consorcis per desmembrar l’ICS.

Però per arribar on? Des que el 1994 aquest cirurgià va assumir la direcció general de la Unió Catalana d’Hospitals (la principal patronal sanitària catalana, coneguda per La Unió, que agrupa 400 centres i uns 60.000 treballadors), sempre ha defensat la implicació del sector privat en la gestió del sistema públic de salut i també el copagament pels serveis sanitaris. Quan el 2007 va ser escollit president de La Unió, va trobar bona sintonia amb l’aleshores consellera de Salut del tripartit, Marina Geli, que fins i tot el va “beneir” com el seu substitut quan va rellevar-la al capdavant del càrrec.

2. “Necessitat de modificar lleis com la que regula l’Institut Català de la Salut”

Així que des del capdavant del Departament de Salut, Boi Ruiz ha fet diversos intents de transformació global del sistema. La primera proposta que va posar sobre la taula va ser a l’octubre de 2011. Un document intern elaborat per la mateixa conselleria apostava per fragmentar l’Institut Català de Salut (ICS) en 20 empreses i permetre l’entrada al capital privat. L’objectiu era flexibilitzar la gestió, aconseguir que les noves empreses tinguessin beneficis i incentivar que els treballadors es convertissin en empresaris del sector. Però l’oposició frontal de la majoria de col·lectius professionals va fer que Ruiz aparqués el pla al calaix.

Amb el mateix objectiu, Ruiz va fer un segon intent de reforma a través de la consultoria PricewaterhouseCoopers (PwC, multinacional del sector financer que ha estat denunciada per fomentar l’evasió fiscal). En aquest cas, segons van revelar els mitjans de comunicació al gener de 2012, el Departament de Salut va encarregar un informe a PwC perquè l’assessorés en la “implementació d’un nou model de governança del sector públic vinculat a la xarxa sanitària”. Tampoc no va reeixir.

3. “A la gent li interessa molt poc com són els estatuts d’un hospital o d’un consorci”

Cartellet de protesta contra l’euro per recepta / JORDI BORRÀS

Davant de la impossibilitat de fer la reforma legislativa global, la principal eina de què s’ha valgut Boi Ruiz per augmentar la participació privada en la gestió del sistema públic són els consorcis sanitaris, una fórmula d’administració de tota una àrea territorial sanitària o d’un centre específic en què els operadors privats tenen un paper protagonista en la planificació de l’atenció pública. És a dir, no solament s’ocupen de gestionar un centre d’atenció primària o hospitalària, sinó que participen en els òrgans de decisió i d’organització d’un centre o fins i tot de tota una regió.

Precisament, la setmana passada el Govern d’Artur Mas va donar llum verd a la constitució del Consorci de l’Hospital Clínic. Tot i que Boi Ruiz va afirmar al ple del 17 de juny que “a la gent li interessa molt poc com són els estatuts d’un hospital o d’un consorci”, fins a 4.000 usuaris, plataformes i partits polítics han signat contra aquest consorci perquè denuncien que obre les portes a una major entrada d’empreses privades, com ja succeeix actualment amb BarnaClínic.

Al Camp de Tarragona, la CGT i la CUP fa mesos que estan mobilitzades en contra dels plans funcionals que està impulsant la Generalitat en aquesta regió sanitària perquè asseguren que en realitat es tracta d’un consorci sanitari “encobert” que té l’objectiu que “la gestió pública de la sanitat passi a mans privades”. Precisament, en aquest cas, la Fundació Santa Tecla s’està introduint en els organismes de planificació públics, tal com va explicar CRÍTIC. Aquesta xarxa ja atén el 44,8% dels usuaris públics del Tarragonès i del Baix Penedès.

A Lleida, en canvi, Boi Ruiz no ha pogut tirar endavant el consorci que volia impulsar a les comarques de Ponent per l’oposició de la Marea Blanca, que ha aglutinat tothom contrari a aquesta iniciativa. Finalment, després de les pressions socials i d’alguns partits polítics, CiU va accedir a aturar temporalment el projecte.

Ruiz defensa que no ha privatitzat el sistema; però, mentre augmentava les partides per a fundacions i hospitals privats, la despesa pública ha caigut el 13% en quatre anys.

Boi Ruiz, que venia de ser màxim dirigent de la patronal dels hospitals, va començar fort la seva etapa com a dirigent polític. No feia ni un mes que aquest cirurgià i gestor era al capdavant del Departament de Salut que ja va activar totes les alarmes en recomanar a la població, durant una entrevista a TV3, que contractés una mútua privada.

De fet, les alarmes ja estaven previngudes perquè Artur Mas havia decidit donar el comandament de la sanitat pública catalana al president de la principal patronal del sector, la Unió Catalana d’Hospitals.

Però al llarg dels cinc anys que ha pilotat el departament ha anat matisant la retòrica desacomplexada amb què es va estrenar, mentre que alhora s’ha adonat que per aplicar les polítiques que volia impulsar no li seria possible fer-ho a través d’un canvi legislatiu profund. Ho va demostrar el passat 17 de juny, al ple monogràfic de Salut amb què haurà culminat el seu segon mandat. I hem escollit precisament algunes de les frases que va pronunciar durant aquest darrer discurs per repassar la seva trajectòria al capdavant d’una conselleria que ha vist caure un 13,86% el pressupost de què disposava.

1. “Reformes profundes per millorar la gestió del sistema”

Cal fer “reformes profundes”. El conseller de Salut, Boi Ruiz, va posar sobre la taula per enèsima vegada la necessitat d’un canvi a fons del sistema sanitari al ple monogràfic sobre salut celebrat el passat 17 de juny. Però ja fa anys que Ruiz és conscient que el context actual impossibilita assolir l’àmplia majoria parlamentària que permetria elaborar un nou marc legal. Així que, tot i que no perd ocasió per reclamar la necessitat d’una reforma legislativa, des del capdavant del Departament de Salut ha accelerat la transformació del sistema sanitari a partir d’accions concretes en l’àmbit específic de cada centre o àrea sanitària; com, per exemple, segons va informar ‘El País’, la seva aposta per crear consorcis per desmembrar l’ICS.

Però per arribar on? Des que el 1994 aquest cirurgià va assumir la direcció general de la Unió Catalana d’Hospitals (la principal patronal sanitària catalana, coneguda per La Unió, que agrupa 400 centres i uns 60.000 treballadors), sempre ha defensat la implicació del sector privat en la gestió del sistema públic de salut i també el copagament pels serveis sanitaris. Quan el 2007 va ser escollit president de La Unió, va trobar bona sintonia amb l’aleshores consellera de Salut del tripartit, Marina Geli, que fins i tot el va “beneir” com el seu substitut quan va rellevar-la al capdavant del càrrec.

2. “Necessitat de modificar lleis com la que regula l’Institut Català de la Salut”

Així que des del capdavant del Departament de Salut, Boi Ruiz ha fet diversos intents de transformació global del sistema. La primera proposta que va posar sobre la taula va ser a l’octubre de 2011. Un document intern elaborat per la mateixa conselleria apostava per fragmentar l’Institut Català de Salut (ICS) en 20 empreses i permetre l’entrada al capital privat. L’objectiu era flexibilitzar la gestió, aconseguir que les noves empreses tinguessin beneficis i incentivar que els treballadors es convertissin en empresaris del sector. Però l’oposició frontal de la majoria de col·lectius professionals va fer que Ruiz aparqués el pla al calaix.

Amb el mateix objectiu, Ruiz va fer un segon intent de reforma a través de la consultoria PricewaterhouseCoopers (PwC, multinacional del sector financer que ha estat denunciada per fomentar l’evasió fiscal). En aquest cas, segons van revelar els mitjans de comunicació al gener de 2012, el Departament de Salut va encarregar un informe a PwC perquè l’assessorés en la “implementació d’un nou model de governança del sector públic vinculat a la xarxa sanitària”. Tampoc no va reeixir.

3. “A la gent li interessa molt poc com són els estatuts d’un hospital o d’un consorci”

Cartellet de protesta contra l’euro per recepta / JORDI BORRÀS

Davant de la impossibilitat de fer la reforma legislativa global, la principal eina de què s’ha valgut Boi Ruiz per augmentar la participació privada en la gestió del sistema públic són els consorcis sanitaris, una fórmula d’administració de tota una àrea territorial sanitària o d’un centre específic en què els operadors privats tenen un paper protagonista en la planificació de l’atenció pública. És a dir, no solament s’ocupen de gestionar un centre d’atenció primària o hospitalària, sinó que participen en els òrgans de decisió i d’organització d’un centre o fins i tot de tota una regió.

Precisament, la setmana passada el Govern d’Artur Mas va donar llum verd a la constitució del Consorci de l’Hospital Clínic. Tot i que Boi Ruiz va afirmar al ple del 17 de juny que “a la gent li interessa molt poc com són els estatuts d’un hospital o d’un consorci”, fins a 4.000 usuaris, plataformes i partits polítics han signat contra aquest consorci perquè denuncien que obre les portes a una major entrada d’empreses privades, com ja succeeix actualment amb BarnaClínic.

Al Camp de Tarragona, la CGT i la CUP fa mesos que estan mobilitzades en contra dels plans funcionals que està impulsant la Generalitat en aquesta regió sanitària perquè asseguren que en realitat es tracta d’un consorci sanitari “encobert” que té l’objectiu que “la gestió pública de la sanitat passi a mans privades”. Precisament, en aquest cas, la Fundació Santa Tecla s’està introduint en els organismes de planificació públics, tal com va explicar CRÍTIC. Aquesta xarxa ja atén el 44,8% dels usuaris públics del Tarragonès i del Baix Penedès.

A Lleida, en canvi, Boi Ruiz no ha pogut tirar endavant el consorci que volia impulsar a les comarques de Ponent per l’oposició de la Marea Blanca, que ha aglutinat tothom contrari a aquesta iniciativa. Finalment, després de les pressions socials i d’alguns partits polítics, CiU va accedir a aturar temporalment el projecte.

D’altra banda, també ha volgut avançar cap a un nou sistema de finançament de la sanitat en què els usuaris paguin un suplement per l’atenció que rebin, el que es coneix per copagament. “Haurem d’escollir algun mètode de copagament”, va arribar a dir en una entrevista a ‘El Periódico’ a l’agost de 2011. La principal mesura que va emprendre en aquest sentit va ser la implantació de l’euro per recepta, però el Tribunal Constitucional la hi va tombar al gener de 2013. I, finalment, a Boi Ruiz li ha acabat quedant pendent la gran reforma de model que volia emprendre.

4. “Diguin-me una sola entitat privada que s’hagi introduït al sistema sanitari”

“Diguin-me una sola privatització, una entitat privada que s’hagi introduït al sistema sanitari aquests anys que no hi fos quan vostès governaven”. No li faltava part de raó a Boi Ruiz quan va interpel·lar els grups de l’oposició que han estat al Govern de Catalunya durant el ple monogràfic del mes de juny passat. I és que, ja des dels seus inicis a principis dels anys vuitanta, el model sanitari català va néixer com a sistema mixt amb participació d’entitats mutualistes i de fundacions privades en la gestió pública. Els consecutius governs de Jordi Pujol van consolidar aquest model, i els tripartits no van pas fer revertir la situació. La principal aportació de Boi Ruiz, a banda de gestionar uns pressupostos cada vegada més retallats, ha estat augmentar de manera accelerada la imbricació entre el sector privat i el públic.

CRÍTIC ha revelat el darrer any en dos reportatges d’investigació l’augment de les aportacions del Departament de Salut a entitats privades per serveis prestats al sistema públic. En un cas, el hòlding sanitari IDCsalud, controlat per un fons de capital de risc, ha augmentat les partides que reben els seus tres hospitals concertats per part del Servei Català de la Salut. En concret, aquesta corporació va rebre 64 milions el 2010 i en tres anys la mateixa partida va créixer fins als 79 milions el 2013

En un altre cas, la Generalitat cada vegada ha destinat més diners per contractar els serveis d’atenció hospitalària i especialitzada de la Xarxa Sanitària Sant Pau i Santa Tecla, a través de l’Hospital de Santa Tecla i del Vendrell. En concret, ha passat de 64 milions d’euros el 2007 a 74 milions el 2012, és a dir, que ha augmentat la partida que hi destina en el 15,62%.

Mentrestant, la despesa total del Departament de Salut ha seguit una tendència inversa a la baixa: dels 9.684,4 milions d’euros pressupostats el 2010 ha passat als 8.342,1  milions d’euros per a aquest 2015. És a dir, una davallada del 13,86% del pressupost.

5. “Que un informe digui que hi ha irregularitats no vol dir que hi hagi corrupció”

Sala d’espera d’un hospital català amb pancartes contra les retallades en sanitat / JORDI BORRÀS

Boi Ruiz ha arribat al final de la legislatura sense que l’hagin encausat en cap procés judicial per corrupció. Però no poden dir el mateix, per exemple, els fins a 50 imputats pel ‘cas Innova’, el major procés judicial en marxa relacionat amb el Govern d’Artur Mas i que ha costat el cap de dos estrets col·laboradors de Boi Ruiz, els directors del CatSalut Josep Prat i Carles Manté.

Però el conseller ha intentat exculpar-se públicament de responsabilitats a través d’un doble discurs. D’una banda, ha al·legat ignorància sobre les causes judicials obertes. I, amb relació al ple monogràfic celebrat al Parlament sobre polítiques de Salut, al mes de maig passat, Ruiz va assegurar que “desconeixia el que succeïa a Innova perquè no era un projecte sanitari; estem parlant d’unes irregularitats en tot un procés de construcció de l’hospital Sant Joan de Reus, no té relació amb la feina sanitària que s’hi feia”.

I, d’una altra banda, ha intentat minoritzar la gravetat de les imputacions. Durant el discurs del 17 de juny va insistir en aquesta línia argumental quan va expressar que “dir que les irregularitats manifestades en un informe del síndic és corrupció fa mal al país, perquè és mentida”, i hi va afegir: “Que un informe digui que hi ha irregularitats no vol dir que hi hagi corrupció, sinó que es tracta de correccions, la majoria ja esmenades; no són perseguibles des del punt de vista legal”.

 

6. De “la salut depèn del codi genètic” a “els condicionants socioeconòmics influeixen”

Al llarg dels seus quatre anys llargs de conseller, Boi Ruiz ha fet alguns canvis discursius rellevants, conscient que les paraules poden ser un mal aliat per implantar les seves propostes. Així, en una entrevista que li va fer a l’octubre de 2011 l’Agència Efe, Ruiz va assegurar que “la salut és un bé privat que depèn d’un mateix, i no de l’Estat”. I hi va afegir: “No hi ha un dret a la salut, perquè aquesta depèn del codi genètic que tingui la persona, dels seus antecedents familiars i dels seus hàbits, que és el que seria l’ecosistema de la persona”, i que “l’usuari ha de tenir la responsabilitat moral que, quan no tracta bé la seva salut, l’hem de pagar entre tots”. Les crítiques li van ploure per diverses bandes. Fins i tot d’Amnistia Internacional. Boi Ruiz en devia prendre nota, perquè al discurs que va fer en seu parlamentària el passat 17 de juny va assenyalar la importància d’abordar “els condicionants socioeconòmics que influeixen notablement en la salut de la gent —l’atur, les addiccions, el sobrepès o el tabaquisme—”.

També hem vist com el conseller ha intentat tirar endavant iniciatives com els consorcis introduint-hi canvis terminològics que generessin menys oposició. En el cas del nou Consorci de l’Hospital Clínic, davant de les crítiques per la privatització que permeten els estatus aprovats, el Govern ha reculat i ha esborrat del text definitiu que “el sector privat” podrà participar en l’ampliació del consorci. Però la diputada de la CUP Isabel Vallet alertava que “és una mínima operació de maquillatge”, ja que altres punts del document poc específics obren la porta a aquesta possibilitat.

7. Canvi de discurs sobre les mútues

Boi Ruiz i la líder del PP a Catalunya, Alícia Sánchez-Camacho, al Parlament / JORDI BORRÀS

Boi Ruiz va inaugurar el seu mandat com a conseller recomanant a la població que es fes d’una mútua. Ho va fer en una entrevista al gener de 2011 al programa ‘Àgora’, de TV3, quan va assegurar que “una mútua privada és una solució al sistema de salut pública” i que “sort en tenim nosaltres del fet que el 26% dels catalans tinguin assegurança mèdica privada”.

Tot i que aquelles primeres afirmacions van generar rebuig en bona part dels col·lectius professionals del sector sanitari i en els usuaris, a finals de 2011 hi va tornar, quan va defensar, davant d’un auditori integrat per directius de companyies sanitàries, que calia establir l’obligatorietat que els ciutadans d’una determinada renda mitjana o alta subscriguin una pòlissa asseguradora, a través de la qual rebrien assistència per als seus problemes mèdics de poca entitat.

Però al seu discurs del 17 de juny les mútues havien desaparegut. Tot i això, i sense que evidentment es pugui constatar la causa-efecte d’aquest augment amb relació a les declaracions del conseller, el negoci de les mútues privades a Catalunya no ha parat de créixer. Això és el que revelava cada any la memòria de les entitats d’assegurança sanitària lliure que publicava cada any la Generalitat. Però des del 2013 que no se n’ha fet públic cap més informe. L’any 2014, segons va explicar el diari ‘Ara’, va acabar sense que el Departament de Salut publiqués la memòria de les assegurances mèdiques privades de l’any anterior, el 2013.

Boi Ruiz va cloure el seu discurs del 17 de juny expressant confiança que el debat parlamentari servís per “recuperar la confiança dels professionals en l’actuació política vers la salut”. Però la jornada participativa convocada per ICV-EUiA on van participar grups de l’oposició i entitatsdel sector mostra que la persona que assumeixi la conselleria de Salut a partir del pròxim 28 de setembre haurà de reconstruir molts ponts per guanyar-se aquesta confiança, sigui el mateix Boi Ruiz o sigui algú altre que li prengui el relleu.

Font: CRÍTIC (http://www.elcritic.cat/investigacio/desconstruint-el-conseller-boi-ruiz-4926)

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Cantidad de camas de hospital: el Estado español presenta una de las peores cifras de la UE


Número de camas de hospital en los 28 estados miembro de la UE. Fuente: Eurostat.

Con un total de 309 camas por cada 100.000 habitantes, España se sitúa prácticamente al final de la lista presentada por Eurostat que recoge el número de camas hospitalarias abiertas en los 28 estados miembro de la Unión Europea. Es que en el año 2002, el Estado español anotaba un total de 354 camas, con lo cual presenta una caída del 12,71 por ciento en nueve años.

Esta es la noticia:

España mira a Europa desde abajo en número de camas de hospital

por Lorena Martínez desde Madrid

En concreto, nuestro país se sitúa cuarto por la cola; solo Suecia (271), Reino Unido (290) e Irlanda (295) anotan cifras más bajas relativas al año 2011.

Alemania (822) es la reina indiscutible de este ránking, seguida más de lejos por Austria (765), Lituania (744), Hungría (719) o República Checa (684). Mientras, Eurostat señala un promedio global de 535 camas.

La estadística enseña por otra parte una comparación con respecto al 2002, ejercicio en el que España anotaba un total de 354 camas y protagoniza de este modo una caída del 12,71 por ciento en nueve años.

El descenso es, no en vano, general. La reducción del número de camas entre 2001 y 2011 en el conjunto de los 28 países analizados queda cifrada en 92. Solo Grecia (+14),  Croacia (+12) y Holanda (+9) logran escapar de esta tendencia. Malta, por su parte, es la peor parada en este sentido; y es que la isla del Mediterráneo ha perdido 303 camas durante el periodo estimado.

Eurostat presenta asimismo datos de otros países que no pertenecen a la UE. Es el caso de Liechstein, última de la lista con un total de 215 camas por 100.000 habitantes, Turquía (253), Islandia y Noruega (igualadas con una cifra 332), Macedonia (451) y Suiza (487).

Las restricciones económicas, el aumento de la eficiencia a través del uso de recursos técnicos como equipos de imagen, un cambio en el modelo de atención al paciente en pro de la asistencia ambulatoria y, en general, mayor brevedad en los periodos de ingreso tras haber pasado por quirófano, son algunos de los argumentos que Eurostat presenta para justificar la caída general.

http://www.estusanidad.com/secciones/actualidad/espana-mira-a-europa-desde-abajo-en-numero-de-camas-de-hospital-9663

Por Kaos. Tijeretazos y recortes sociales

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