El instrumental clínico del Hospital de Mataró está caducado


El edificio del Hospital de Mataró junto a instrumental clínico y diagnóstico. / FOTOMONTAJE CG

El 80% de los aparatos del centro, al que Comín debe más de 80 millones, están fuera de su vida útil.

Las deudas y los recortes ahoganal al Hospital de Mataró. Sobrecarga de trabajo, listas de espera cada vez más largas, ocupación diaria de casi el 100% de las unidades de hospitalización, unas infraestructuras gastadas y un utillaje obsoleto. Éstas son algunas de las consecuencias que los profesionales sanitarios atribuyen a la infrafinanciación del centro público.

El 80% del instrumental clínico y diagnóstico del hospital está caducado, es decir, fuera de su vida útil. Un tercio incluso está descatalogado, se quejan los trabajadores, que aseguran que nunca se ha hecho un presupuesto para renovarlo. Pero no solo el material médico está caducado. El 75% de las camas tiene 15 años, casi tantos como el mismo centro, que se inauguró después de una renovación en 1999.

La Consejería de Salud, dirigida por Toni Comín, debe más de 80 millones de euros al centro sanitario, según denuncia el sindicato mayoritario del Consorcio Sanitario del Maresme (CSdM), el CATAC-CTS. La organización apunta que el departamento debe 34,6 millones en gastos que el Consorcio ha tenido que asumir cuando “tendría que ser la Generalitat la que se hiciera cargo de ellos”.

Sobrecarga de trabajo

Otra de las consecuencias de esta situación, que describen como “a punto del colapso” es la sobrecarga de trabajo a la que se enfrentan todos los días los empleados. Y es que, a parte del aumento de la actividad, las bajas y las vacaciones no se cubren. Es por esto que en julio enviaron una carta a la Gerencia en la que le “trasladaban la responsabilidad” de su seguridad “y la de los usuarios”.

Un miembro del Comité de Trabajadores asegura que las “listas de espera para quirófano son tan largas que hace tiempo que se derivan pacientes al Sagrat Cor y al Hospital General de Catalunya”. El CATAC-CTS añade que los 1.200 profesionales a tiempo completo con los que cuenta el Hospital de Mataró cedieron parte de su sueldo en 2011, 2012 y 2013 para tratar de evitar el déficit presupuestario.

Intervención de la Generalitat

Pero la deuda fue inevitable y Salud, en aquel momento bajo el mando del consejero Boi Ruiz, decidió en septiembre de 2015 intervenir el Consorcio por un déficit de 2,1 millones de euros, el 2% del presupuesto. El centro perdió autonomía, la capacidad de contratar.

La última reunión entre trabajadores y la Gerencia fue esta semana. Una fuente sindical asegura que el mensaje que trasladaron los directivos fue que “hasta que se aprueben nuevos presupuestos, la situación continuará igual”.

Fuente: Crónica Global

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Los laboratorios farmaceúticos compran a los médicos…..por una simple comida de 16 $.


Un importante estudio publicado recientemente en Estados Unidos muestra que, con aceptar de un laboratorio farmaceútico una comida barata, los médicos tienden a recetar muchos más productos de esa empresa.

Tan condenatorio descubrimiento demuestra el valor de las nuevas leyes de transparencia de EEUU y nos recuerda a los australianos lo mucho que desconocemos sobre lo que maquinan nuestros médicos a puerta cerrada.

El estudio, que acaba de publicarse en la destacada revista Internal Medicine de la American Medical Association (JAMA), bien merece un vistazo de los interesados en las influencias ocultas que pesan a la hora de recetar de los médicos.

Junto con otros numerosos trabajos recientes, el estudio amplía la creciente multitud de pruebas que sugieren que los médicos que se prestan a las estrategias de marketing – desde recibir a representantes atractivas hasta asistir a “formación” patrocinada – hacen a los pacientes y al público en general un gran desfavor.

Necesidad de transparencia

El estudio aprovecha una nueva base de datos, divulgada públicamente, que saca a la luz todas las gratificaciones de los laboratorios farmaceúticos a los médicos. Los investigadores indagaron la frecuencia con la que los médicos recetaban cuatro fármacos de marca muy usados, relacionando la regularidad de las invitaciones a comer con la frecuencia de las prescripciones.

Se comprobó que recibir solo una de tales comidas suponía un aumento del 20% a la hora de recetar Crestor, una estatina para reducir el colesterol del laboratorio Astra Zeneca, en comparación con otros fármacos de la misma clase.

En otros dos medicamentos para el corazón, el aumento era del orden del 50%. Para el antidepresivo Pristiq, de Pfizer, aceptar una comida gratis coincidía con un aumento del 100%, o con el doble del porcentaje de las prescripciones. El coste medio de las comidas que los laboratorios daban a los médicos estaba entre 12 y 18 dólares estadounidenses, es decir, entre 16 y 24 dólares australianos.

Y cuando las comidas tenían lugar en más de cuatro ocasiones, las recetas de fármacos de esas marcas aumentaban de manera espectacular. Quizá no sea de extrañar que los médicos beneficiados con comidas más caras sean más propensos a recetar con mayor intensidad.

Se trata de una asociación, no de una relación de causa y efecto

Seguramente la salvedad más importante que recalcan los autores del estudio es que “los hallazgos representan una asociación, no una relación de causa y efecto”. Sin embargo. los resultados reafirman conclusiones similares en estudios recientes que también utilizan los nuevos datos de transparencia de Estados Unidos.

En marzo, algunos periodistas de investigación constataron en ProPublica que los médicos que recibían de empresas farmaceúticas aportaciones o regalos – en su mayor parte invitaciones a comidas – emitían recetas para medicamentos de marca en proporciones muy superiores a las de los médicos que no recibían dinero del sector.

En mayo, una investigación aparecida en la revista PLOS One señalaba que casi la mitad de los 700.000 médicos de Estados Unidos habían recibido obsequios de las compañías farmaceúticas. Las especialidades destinatarias de los más elevados presentaban los mayores costes de las recetas por paciente.

Y también en mayo, la revista Internal Medicine de JAMA publicó un pequeño estudio del estado de Massachusetts que revelaba igualmente que los donativos del sector estaban relacionados con ligeros aumentos en la prescripción de estatinas de marca (medicación reductora del colesterol).

¿Y qué importancia tiene todo esto?

El principal motivo de inquietud que señalan todos los estudios norteamericanos es el coste innecesario que representa para los pacientes y el sistema sanitario recetar fármacos de marca en lugar de alternativas genéricas más baratas.

Pero quizá la preocupación más grave es el peligro de que los médicos receten influidos por la política comercial de las enpresas farmaceúticas, que siempre favorece al medicamento nuevo y no al que realmente interesa al paciente.

Como ya se ha tratado recientemente en The Conversation, los medicamentos nuevos y promocionados de manera agresiva pueden tener ventajas muy limitadas frente a los antiguos y a veces producen graves efectos secundarios, en particular entre los ancianos.

Está probado que muchos australianos de edad corren el riesgo de verse perjudicados por tomar demasiadas medicinas inadecuadas; de hecho ya se está produciendo una ofensiva cada vez mayor para “des-recetar”, que no es sino sacar a la gente de medicamentos que no necesita.

Australia sigue a oscuras

Si se compara con el nuevo régimen de transparencia de los EEUU, Australia va muy a la zaga. Según la nueva normativa, algunas aportaciones a algunos médicos en concreto deberán desvelarse a partir de agosto aunque hay demasiadas escapatorias.

Como consecuencia del tira y afloja sobre las nuevas normas -entre los médicos, los laboratorios farmaceúticos y las autoridades públicas- la financiación de comidas de menos de 120 dólares australianos no habrá de ser revelada. Y si los médicos que han recibido obsequios no quieren que se desvelen sus nombres, no se desvelarán.

Igualmente, todos los eventos, alrededor de 25.000, incluidos desayunos, almuerzos y cenas a los que asisten anualmente médicos y otros profesionales sanitarios con regularidad, se mantendrán de ahora en adelante totalmente en secreto …. hasta que haya una reforma que lo regule.

Los grupos de consumidores están indignados de que se mantenga a los ciudadanos en la ignorancia y muchos médicos están horrorizados ante tanta francachela entre sus colegas: algunos se desligan de ello negándose a recibir a representantes atractivas o buscando “formación” en otra parte.

Divulgar en sí no es la panacea

Como otros ya han señalado, la revelación por sí sola no es el remedio: es legítimo preguntarse, para empezar, por qué razón han de recibir obsequios o invitaciones los médicos.

Ya ha habido un intento legislativo para imponer una mayor independencia entre los médicos y las empresas farmaceúticas en Australia y es probable que surjan más en el futuro. Hasta entonces, sería sensato informarse de si su médico sigue aceptando comidas gratis… y quizá buscar asistencia en otro sitio si la respuesta es sí.

Traducido para CAS por Margarita Alonso.

Enlace original.

Enlace web CAS Madrid.

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La crueldad de la sentencia del Constitucional a favor del RDL 16/2012


El Alto Tribunal ha respaldado la reforma sanitaria que deja sin acceso a la población migrante en situación irregular, saltándose el derecho a la vida recogido en la Constitución Española y los acuerdos internacionales sobre derechos humanos firmados por España.

, médico de la Sanidad Pública, miembro del Movimiento Asambleario de Trabajador@s de Sanidad, de Yo Sí Sanidad Universal y de Marea Blanca Madrid.

En 2011, PSOE y Partido Popular cambian el artículo 135 de la Constitución Española con el fin de pagar las “deudas” antes de cubrir las necesidades derivadas de los derechos sociales. A finales del año se produce cambio de gobierno y el PP consigue mayoría parlamentaria. Aprovechando la situación de la llamada “crisis económica”, tanto a nivel nacional como internacional, secundarias a las políticas neoliberales de la UE, se aplican medidas rigurosas dentro de los Planes de Estabilidad financiera que conllevan brutales recortes presupuestarios.

Cientos de personas protestaron el 1 de septiembre de 2012 frente al hospital Gregorio Marañón de Madrid por la entrada en vigor el Real Decreto Ley 16/2012 / OLMO CALVO

Una de ellas fue el Real Decreto-Ley (RDL) 16/2012 de abril de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario y la mejora de su eficiencia. Instrumento que resultó clave para el cambio en el modelo sanitario y dio lugar a la perdida en la accesibilidad universal del derecho a la asistencia sanitaria en el sistema sanitario público con la exclusión de un sector vulnerable y al replanteamiento de las prestaciones sanitarias. Con el RDL quedaron directamente excluidos del sistema las personas inmigrantes en situación irregular, los españoles mayores de 26 años en paro y, según cierto límite de ingresos, los que estuvieran fuera de España más de tres meses, las personas comunitarias no registradas y los ascendientes reagrupados por ciudadanos españoles o extranjeros. El Gobierno legisló con crueldad, jugando con un derecho, a nuestro juicio, fundamental como es el de la salud, y a su vez provocó que dicha situación fuera percibida por la opinión pública como resultado de la atención a los extranjeros y al mal uso de los servicios sanitarios.

“El Gobierno legisló con crueldad, jugando con un derecho, a nuestro juicio, fundamental como es el de la salud”

Durante 2012, algunas comunidades autónomas, como Andalucía, Cataluña, País Vasco y Navarra, presentaron impugnaciones al RDL. Los partidos políticos con representación parlamentaria mostraron rechazo, pero sin recurrir al Tribunal Constitucional. La oficina del Defensor de Pueblo dio por bueno el RDL y, tras ello, varias organizaciones y movimientos sociales y profesionales, como Yo Sí Sanidad Universal, Amnistía Internacional, Médicos del Mundo yMarea Blanca iniciaron una batalla valiente, constante y desobediente contra el mencionado RDL. Según movimientos sociales y sectores profesionales, en estos cuatro años se ha provocado graves daños en la salud de las personas afectadas, e incluso se han pedido vidas.

Con la lectura de la sentencia del Tribunal Constitucional, he descubierto la valiosa y bien razonada impugnación del RDL 16/2012 presentada por el Parlamento Foral de Navarra (PFN). Esta administración consideraba que se estaba utilizando indebidamente un RDL para normar los derechos humanos, afectar al derecho a la protección de la salud del conjunto de la población contemplado en el artículo 43 de la Constitución, cambiar del modelo de universalidad al de aseguramiento para acceder a las prestaciones sanitarias públicas, la introducción de diferencias en igualdad ante la ley, pago de un convenio, modificar la cartera de servicios, vulnerar la Ley 33/2011 de 4 octubre General de Salud Pública, modificar la situación de los inmigrantes en situación irregular para el acceso al sistema público cambiando la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros, vulnerar la Ley de protección de datos personales al facilitar intercambio entre Hacienda y Seguridad Social (art 4.14), inmiscuirse en competencias de las comunidades autónomascon respecto a la cartera de servicios y temas tributarios (art 12.5) y violar acuerdos internacionales de los derechos humanos.

Este 21 julio del 2016, el Tribunal Constitucional (TC) dictó sentencia contra la impugnación presentada por el PFN contra el RDL 16/2012, tanto en su conjunto como en varias de sus disposiciones. En primer lugar es muy criticable que el TC haya tardadocuatro años en dictar sentencia sobre temas que abordan derechos humanos de nuestra Constitución y que no haya tenido en cuenta las consecuencias que dicho RDL ha tenido.

La sentencia es denegatoria de la casi totalidad de las impugnaciones del PFN con excepción del punto del límite de ingresos para inclusión en el derecho a la asistencia sanitaria en sistema público. El fallo, que sigue los dictados del Abogado del Estado, avala casi por completo el RDL, es adoptado por mayoría de ocho votos con tres votos particulares discrepantes, contiene argumentos más que discutibles tanto entre los miembros del propio tribunal como para muchos sectores sociales defensores de los derechos humanos.

El TC avala la política económica de un gobierno que prefiere restringir derechos económicos y sociales de la población para cumplir con los dictados y mandatos de los grupos de poder económico de a UE
El TC, que debiera salvaguardar los derechos humanos de las personas que residen en España, avala la política económica de un gobierno que prefiere restringir derechos económicos y sociales de la población para cumplir con los dictados y mandatos de los grupos de poder económico y social de la UE, sin ningún respeto ni al consenso existente ni a la voluntad mayoritaria de la población.

Quisiera incidir en los puntos clave que crean doctrina:

En primer lugar, el TC aborda si el instrumento legislativo utilizado, el RDL, es apropiado para normar sobre temas que tienen que ver con derechos fundamentales como el de la protección a la salud. Es decir, si cumplía lo que está establecido en la Constitución Española (CE) en su artículo 86.1. en la que se posibilita por razones de “extraordinaria y urgente necesidad” pero en el que se recogen determinados límites que tienen que ver con los derechos humanos contemplados en la CE. Para ello tiene que existir un presupuesto habilitante y la demostración de la necesaria conexión entre la situación de urgencia definida y las medidas adoptadas para subvenirla, y que éstos estén explicita y suficientemente razonados y exista conexión con las medidas adoptadas en el RDL. La argumentación del TC es que el Gobierno justifica la “extraordinaria y urgente necesidad” en una serie de motivos, presupuesto habilitante, y que el TC lo considera suficiente y bien argumentado.

Recordemos de forma breve los motivos esgrimidos por el Gobierno para justificar la urgencia del RDL y ser aceptados como suficientes por el TC. Enfatizaba la existencia de una crisis económica sin precedentes que exigía de fuertes ajustes presupuestarios, la consolidación del déficit público comprometido por España con la Unión Europea, y que ha afectado a la sanidad pública; la importancia del gasto sanitario en las medidas de control de déficit público y la propia situación económica y estructural del Sistema Nacional de Salud (SNS), que precisaba de una reforma para abordar el déficit de las cuentas; la ausencia de normas comunes y claras respecto a la universalización; falta de adaptación de la legislación española a la normativa europea; el crecimiento desigual de las prestaciones; la falta de eficiencia; la morosidad; el abuso del turismo sanitario y los retos actuales de la asistencia sanitaria. También se apoya en los informes del Tribunal de Cuentas y en el señalamiento del incumplimiento de directivas del 2004 y de dictámenes de la UE del 2009.

Tales medidas “tienen como objetivo fundamental afrontar una reforma estructural del Sistema Nacional de Salud dotándolo de solvencia, viabilidad y reforzando las medidas de cohesión para hacerlo sostenible en el tiempo, lo que hace necesario que éstas sean aplicadas con la mayor urgencia posible”, afirma la justificación del Gobierno. Señala, además, que estas medidas permitirán reforzar la sostenibilidad, mejorar la eficiencia en la gestión, promover el ahorro y las economías de escala, ganar en cohesión territorial, coordinar los servicios sanitarios y garantizar la igualdad de trato en todo el territorio nacional con una cartera de servicios comunes.

Existen argumentos contundentes, así como evidencias claras, tras cuatro años de aplicación de la norma para poner en cuestión las motivaciones del gobierno. Numerosas organizaciones sociales han señalado su preocupación por la ausencia de un análisis más detallado y ponderado en la sentencia, que avale y documente de manera pormenorizada la “grave dificultad económica sin precedentes desde la creación del Sistema Nacional de Salud” que respalda el recorte en el derecho a la salud con impactos tan graves en la población afectada.

Los argumentos coyunturales que utiliza sobre la “extraordinaria urgencia y necesidad” responden de forma manifiesta a los compromisos políticos del Gobierno en aplicar medidas para cumplir el Plan de Estabilidad Económica Europea y hacer frente al “insostenible déficit en las cuentas públicas sanitarias”. Lo cierto es que las políticas de austeridad y la de los déficits sectoriales son aplicación de políticas internacionales fraudulentas, procedentes del modelo socioeconómico imperante que responde a la infrafinanciación de los servicios públicos por las políticas fiscales, económicas y de gestión dirigidas a beneficiar a los más ricos y poderosos. No era porque se gastara mucho y mal en sanidad. El gasto sanitario público en España estaba cercano al adecuado para nuestro nivel de desarrollo.

La sentencia del TC, con tres votos discrepantes, acuerda que el gobierno tiene que poder para hacerlo y que sólo en un supuesto no hay nada que objetarle. Los votos discrepantes sin embargo argumentan contundentemente su rechazo a la sentencia, y creo y espero que puedan ayudar a plantear recursos a instancias europeas.

En lo que tiene ver con la nueva definición de la condición de asegurados y beneficiarios del Sistema Nacional de Salud y la consiguiente exclusión de los colectivos señalados, la opinión mayoritaria del TC considera que esta nueva definición de la asistencia sanitaria prestada con cargo a fondos públicos es una medida adecuada y con conexión de sentido para hacer frente a la situación de urgencia y necesidad en la que el Gobierno justifica el RDL, al apreciar que esta regulación tiene como finalidad “concretar, en aras al ahorro de costes y a la mejora de la eficacia del sistema, los sujetos que tienen la condición de asegurados del SNS”. Toda una nueva “crueldad”. El voto discordante va en ese sentido.

Otro tema clave es el del derecho a la protección de la salud reconocido en el Título I CE, artículo 43. La organización y tutela del derecho a la salud se encomienda a los poderes públicos a través de medidas preventivas y de prestaciones de los servicios necesarios, atribuyéndose al legislador el establecimiento de los derechos y deberes de todos al respecto (art.43.2). El precepto constitucional se ubica entre los principios rectores de la política social y económica, los cuales, formalmente, disfrutan de las garantías previstas en el artículo 53.3 CE, lo que para juicio actual del TC carece de contenido constitucionalmente esencial para que no pueda ser tratado por la legislación de urgencia, algo que impide el artículo 86.1 de la Constitución.

Es una interpretación claramente regresiva, que cambia la doctrina anterior del propio TC, como bien señalan los votos particulares, y que permite al legislador regular las condiciones de acceso y titulares de este derecho sin tener en cuenta los acuerdos internacionales de derechos humanos ni la relación del derecho a la protección a la salud con el derecho a la vida y la integridad y dignidad de la persona humana. Se olvida de aplicar el criterio que tenía sobre la indivisibilidad del conjunto de los derechos y del valor del carácter instrumental del derecho a la protección de la salud.

En este punto, el TC vuelve a resbalar al no aceptar que restringir y retirar el derecho universal a la asistencia sanitaria está dañando de forma directa el derecho a la vida, que es un derecho fundamental reconocido en nuestra Carta Magna. Aberración manifiesta, ya que existe una evidente conexión entre salud, vida, dignidad e integridad física. Considera que la exclusión sanitaria no es contraria al necesario respeto de la dignidad humana, pues la considera garantizada con el acceso a los servicios de urgencia, a los menores y mujeres embarazadas. Sin embargo, para el sector sanitario y la población en su conjunto, la falta de una atención integral de cualquier problema de salud tiene como consecuencia un importante impacto en la vida de estas personas. Desprecia la conexión entre el derecho a la salud y el derecho a la vida y a la integridad física, concluyendo que la exclusión sanitaria es “coherente y congruente con los problemas que se quieren solucionar, y la situación económica que se pretende controlar”.Por otro lado, en diversas instancias se sostiene que apartar a las personas del seguimiento sanitario y de la prevención deriva en un aumento de los costes para las arcas públicas, al llegar con enfermedades más avanzadas y su cuidado es más costoso tanto para la salud individual como para la salud colectiva.

Con esta resolución, el Alto Tribunal modifica el rumbo respecto a algunos autos previos sobre los recursos del Gobierno central contra las leyes autonómicas de sanidad que garantizaban la cobertura pública a los inmigrantes sin papeles. Entre ellas destacar, la ley navarra, la vasca y la valenciana.

Algo chocante es el apoyo a la desobediencia de los acuerdos y normas internacionales de protección de derechos. El TC no los considera instrumento de interpretación, como debería, de acuerdo a la propia Constitución”. Según el artículo 10.2 de la Carta Magna, los derechos fundamentales y libertades deben interpretarse “de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales” de los que España forma parte.

“Más de una docena de mecanismos de Naciones Unidas y del Consejo de Europa han calificado la reforma sanitaria española de contraria al principio de no discriminación”

Recordamos que más de una docena de mecanismos de Naciones Unidas y del Consejo de Europa han calificado la reforma sanitaria española contraria al principio de no discriminación y han recordado al Gobierno español que tiene obligación jurídicamente vinculante con respecto a migrantes en situación irregular. En el último informe sobre España, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dependiente de la ONU, advirtió a España de que no podía tomar medidas regresivas en derechos sin justificar que no sean discriminatorias, desproporcionadas o que el estado ha utilizado el máximo de recursos disponibles para garantizar ese derecho”.

La sentencia da carta blanca a que se modelen los derechos fundamentales en función de criterios económicos generales. Ignora abiertamente los criterios que, según el derecho internacional, tienen que respetar las políticas de austeridad para cumplir con las obligaciones derivadas de los tratados internacionales de los que España es parte integrante: cualquier medida regresiva ha de ser temporal, estrictamente necesaria y proporcionada; no puede ser discriminatoria, debe tener en cuenta todas las alternativas posibles y se debe identificar y proteger el contenido mínimo esencial del derecho a la salud. Los contextos de crisis económica no pueden rebajar ni eliminar las obligaciones de derechos humanos.

Otro tema importante es el referido al modelo de sistema sanitario, en especial en cuanto a la universalidad y las prestaciones y su relación con la normativa de la Seguridad Social o propia de la LGS de 1986, de la LO 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros, de la Ley de Cohesión y Calidad del SNS del 2003, y de la Ley 33/2011, de 4 octubre, General de Salud Pública, que aparecen en los argumentos de las distintas partes intervinientes.

La norma cuestionada es un modelo que se sustenta principalmente en la conexión entre la cotización al sistema de la Seguridad Social y el derecho a recibir las correspondientes prestaciones sanitarias en condiciones de gratuidad o de bonificación. Es una nueva regulación de la condición de asegurado del SNS que supone una modificación en la política de progresiva extensión de la asistencia sanitaria gratuita o bonificada, que se aprecia a partir de la creación del SNS y de la gradual incorporación como titulares de las prestaciones de colectivos a los que no alcanzaba la condición de asegurado de la Seguridad Social. Se señala que la universalización del acceso a las prestaciones sanitarias sufragadas con fondos públicos ha sido, desde la Ley General de Sanidad (LGS) de 1986, un objetivo a perseguir en el que no se ha llegado ni a la desvinculación absoluta con respecto a la Seguridad Social, ni a un acceso incondicionado y gratuito para todos los residentes en territorio español.

En términos constitucionales, la falta de identidad entre el derecho al acceso universal al sistema de salud pública de ese “todos” del artículo 43 CE con que ese acceso a la sanidad pública incluya beneficiarse de un concreto régimen de prestaciones sanitarias gratuitas o bonificadas con cargo a fondos públicos. Llama la atención la utilización que hace del término de ‘prestaciones sanitarias gratuitas’ o ‘bonificadas’ con totaldesconsideración de la financiación del sistema público por los PGE a la que contribuimos toda la población que residimos en el territorio español. El TC parece desconocer que no existe “gratuidad” en las prestaciones sanitarias cuando afirma que “la universalidad no puede confundirse con un derecho a la gratuidad de todas las prestaciones sanitarias.” Las personas excluidas de la sanidad están pagandoun sistema sanitario del que se les dice que no pueden disfrutar.

Quede claro que en el marco legislativo y constitucional que tenemos no se garantiza el derecho universal a la asistencia sanitaria en el sistema público y que sería necesario completarlo legislativamente.

La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el RDL 16/2012 es muy controvertida, injusta, poco ética, legal pero ilegítima, y nos indigna por avalar el cambio de modelo sanitario y una exclusión sanitaria que daña a toda la población. Urge dar a conocer la sentencia para generar argumentaciones alternativas.
Animamos a todas personas y movimientos sociales y políticos a luchar por conseguir la derogación del RDL 16/2012 y un cambio en la Constitución Española que garantice el respecto a todos los derechos humanos de todas las personas.

Fuente: Diagonal

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ANTIMANIFEST en temps de confusió i frustracions diverses


Toni Barbarà ens proposa “una reflexió estival que és més que un exercici d’auto-resignació submisa però tampoc vol ni pretén ser un (altre) Manifest. Dedicat a moltes persones que conec i moltes més encara d’anònimes però que hi son i estan… Salut !!”

ANTIMANIFEST en temps de confusió i frustracions diverses Una pàgina, només-  (català i/y castellano)

pont republicà

Anem d’ il·lusió en desil·lusió fins l’esgotament de l’espectacle de prestidigitació pseudopolítc. Del barret de copa ja no hi ragen més conills blancs. En tot cas algun rosegador de claveguera.

Les canícules d’estiu i l’avorriment disfressat de vacances ens aboca a un estat letàrgic i paralitzant. Queda algú per aquí ? Es pot pensar, des de la ràbia i la dignitat en un darrer alè ? O claudiquem i ens instal·lem, cadascú/na, a la seva escapatòria individual.

Front a la dilució i la dispersió, toca reagrupar i concentrar-nos. Front el mercadeig, la dehiscència i l’ oportunisme, la coherència, la decència i la fidelitat als principis i als VALORS

Renuncio premeditadament introduir una anàlisi. Cadascú faci el seu (si encara no l’havia fet)

La pregunta és en veu alta: És encara possible redreçar el rumb? Sabem que és molt difícil i sobretot complicat. Però al mateix temps que és imprescindible i absolutament irrenunciable.

Sobre quins valors, encara, cridar a un re-encontre, retrobada, reflexió, rebel·lia, revolta, re-apropiació, rectificació d’errors, reorganització ?? Aquí van alguns que no tots…

Solidaritat amb les persones, els pobles i les causes justes del món. Internacionalisme. PAU.

Recuperació memòria històrica. Antifeixisme d’abans i d’avui

Drets humans, socials, democràtics, econòmics i universals

Actualització de la Lluita de classes. Front el capitalisme en totes les seves versions

Empoderament en les lluites. Autonomia dels moviments. Retrobament social plural i fraternal. Perspectiva de regeneració política sense “experiments” de màrqueting

Construcció alternativa al sistema, pas a pas, però sense pausa. No errar la brúixola. Cap a la III República federal/confederal i plurinacional espanyola. Decidint arreu i per suposat a/ des de Catalunya i des de totes els pobles i nacions.

Pel feminisme contra el patriarcat, pel laïcisme contra l’integrisme religiós, per la sostenibilitat del planeta contra les suïcides contaminacions mediambientals. Contra la alienació per la cultura universal i les ciències al servei del poble, contra l’individualisme i el consumisme per la fraternitat i les idees que posen les persones pel davant i pel damunt. Crítica/autocrítica, prioritat per allò “col·lectiu i públic” versus els híper-lideratges i les privatitzacions…

Podria ser més llarg, i més precís però llavors seria massa semblat a un Manifest i tampoc no es tracta de facilitar una primera bronca per qüestions menors. Són tan sols algunes idees que brollen del més fons de les neurones i les vísceres. Ni tan sols un primer un pas. Un anhel.

Acabar doncs amb unes preguntes elementals, als vents: Pleguem veles ? ens resignem ? ens instal·lem tot esperant la propera desil·lusió ?. O apleguem tantes engrunes de tantes derrotes dignes i les ajuntem a l’enorme potencial de la necessitat del que és just i alliberador ? Ens posem dempeus ? Fem un cafè ? Un dia …no massa tard.

Segona quinzena d’agost 2016                      Toni Barbarà Molina                          

 

ANTIMANIFESTO en tiempos de confusión y de frustraciones diversas – Una página, sólo- Castellano

puños y claveles

Puños y claveles

Vamos de ilusión en desilusión hasta el agotamiento del espectáculo de prestidigitación pseudopolítco. Del sombrero de copa ya no emergen más conejos blancos. En todo caso algún roedor de cloaca.

Las canículas de verano y el aburrimiento disfrazado de vacaciones nos abocan en un estado letárgico y paralizante. ¿Queda alguien por aquí? ¿Se puede pensar, desde la rabia y la dignidad en un último aliento? ¿O claudicamos y nos instalamos, cada cual en su escapatoria individual? Frente a la dilución y la dispersión, toca reagruparse y concentrarnos.

Frente el mercadeo, la dehiscencia y el oportunismo; la coherencia, la decencia y la fidelidad a los principios y a los VALORES Renuncio premeditadamente a introducir un análisis. Cada cual haga el suyo (si todavía no lo había hecho)

La pregunta es en voz alta: ¿Es todavía posible enderezar el rumbo? Sabemos que es muy difícil y sobre todo complicado. Pero al mismo tiempo que es imprescindible y absolutamente irrenunciable.

¿Sobre qué valores, todavía, llamar a un re-encuentro, reunión, reflexión, rebeldía, revuelta, re-apropiación, rectificación de errores, reorganización? Aquí van algunos que no todos…

  • Solidaridad con las personas, los pueblos y las causas justas del mundo. Internacionalismo. PAZ.
  • Recuperación memoria histórica. Antifascismo de ayer y de hoy
  • Derechos humanos, sociales, democráticos, económicos y universales
  • Actualización de la Lucha de clases. Frente el capitalismo en todas sus versiones
  • Empoderamiento en las luchas. Autonomía de los movimientos. Reencuentro social plural y fraternal. Perspectiva de regeneración política sin “experimentos” de marketing
  • Construcción alternativa al sistema, a paso, pero sin pausa. No errar la brújula. Hacia la III República federal/confederal y plurinacional española. Decidiendo en todas partes y por supuesto en y desde Cataluña y desde todas los pueblos y naciones.
  • Por el feminismo contra el patriarcado, por el laicismo contra el integrismo religioso, por la sostenibilidad del planeta contra las suicidas contaminaciones medioambientales. Contra la alienación por la cultura universal y las ciencias al servicio del pueblo, contra el individualismo y el consumismo por la fraternidad y las ideas que ponen las personas por delante y por el encima. Crítica/autocrítica, prioridad por aquello “colectivo y público” versus los híper-liderazgos y las privatizaciones

Podría ser más largo, y más preciso pero entonces sería demasiado parecido a un Manifiesto y tampoco se trata de facilitar una primera bronca por cuestiones menores. Son tan sólo algunas ideas que brotan del más fondo de las neuronas y las vísceras. Ni siquiera un primero un paso. Un anhelo.

Acabar pues con unas preguntas elementales, a los vientos: ¿Arriamos velas?, ¿nos resignamos?, ¿nos instalamos a la espera de la próxima desilusión? ¿O reunimos tantas migajas de tantas derrotas dignas y las unimos al enorme potencial de la necesidad de lo que es justo y liberador? ¿Nos ponemos de pie? ¿Tomamos un café? Un día…no demasiado tarde.

Segunda quincena de agosto 2016                                          Toni Barbarà Molina

Puño en alto

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El modelo de exclusión sanitaria continúa vigente en el estado español


Jo Sí Sanitat Universal-València denuncia los cambios en el modelo universal a los cuatro años del Decreto 16/2012.

Con la austeridad como coartada, el gobierno de Rajoy aprobó hace cuatro años el Real Decreto Ley 16/2012, una andanada contra el acceso universal a la atención sanitaria. Otro decreto de agosto de 2012 sobre “aseguramiento” y las instrucciones internas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) respecto a la asistencia, completaron la embestida contra el modelo vigente. Se calcula que 873.000 personas perdieron la tarjeta sanitaria en el estado español. La ley establecía como excepción la atención de urgencias a personas adultas sin tarjeta de residencia hasta el alta médica, menores “en las mismas condiciones que los españoles” y mujeres embarazadas. Casi todas las autonomías -14 de 17- han aprobado medidas que en mayor o menor medida atenúan los efectos del decreto. En el País Valenciano, el gobierno de coalición surgido de las últimas elecciones autonómicas (PSPV-PSOE y Compromís con el apoyo parlamentario de Podemos) emitió un decreto en julio de 2015 para garantizar el acceso universal a la atención sanitaria, que el Gobierno Central recurrió ante el Tribunal Constitucional. En marzo de 2016 el alto tribunal levantó la suspensión cautelar que pesaba sobre el decreto del ejecutivo valenciano, que de nuevo cobraba vigencia.

En muchos casos ni siquiera se cumplieron las excepciones estipuladas por el Decreto 16/2012. Además de las personas que dejaron de asistir a los centros de salud por no disponer de tarjeta sanitaria, Jo sí Sanitat Universal-València constata los casos de inmigrantes a los que en los servicios de urgencias de los hospitales se les facilitaba una hoja para que acreditaran que tenían derecho a la tarjeta. Si no podían hacerlo, se les podía notificar una factura por la atención recibida. El grupo de apoyo informa de facturas de 7.000 euros por un infarto o la misma cantidad –en varios pagos- por un derrame cerebral. En caso de que posteriormente se les diera cita a los enfermos con el médico especialista (circunstancia que no cubre el decreto estatal), el monto global aumentaba. J. V., de nacionalidad italo-argentina y empadronada en Alicante desde hace más de una década, padecía un problema cardíaco agudo. Pasó por dos hospitales de esta ciudad, donde finalmente recibió atención de urgencias.

Como no pudo mostrar la tarjeta sanitaria ni la documentación que requiere el INSS, le llegó una factura de 187 euros (sólo por la atención urgente). Además, podría llegarle otro reclamo de pago por el ingreso hospitalario y las pruebas derivadas. Fuentes de Jo Sí Sanitat Universal-València señalan la próxima presentación de un recurso de alzada ante el gobierno autonómico contra la facturación, ya que la atención gratuita de urgencias viene recogida en el decreto 16/2012. C. M., de 57 años, desempleada y tres años sin cotizar a la seguridad social, declaró ingresos superiores a 100.000 euros en el IRPF de 2014. Había vendido su casa y se disponía a comprar otra vivienda. EL INSS le comunicó, en diciembre de 2015, que quedaba excluida de la cobertura sanitaria pública, al igual que su hijo de 11 años. C. M. superaba el límite de ingresos establecido en el decreto de 2012.

“Es una tragedia que no exista la sanidad universal, se trata de una necesidad básica e irrenunciable que a mucha gente se le niega”, afirma Asun Navarro, de Jo sí Sanitat Universal. Otro caso es el de las personas no empadronadas, sin hogar ni medios económicos o que comparten vivienda sin contrato de alquiler, quienes padecen la falta de información, la deficiencia de los programas informáticos y las hojas de compromiso de pago. El decreto del Gobierno Valenciano abrió la puerta a que las personas empadronadas durante más de tres meses pudieran acceder a la tarjeta sanitaria; para quienes no cumplan el trimestre de empadronamiento, otra vía establecida en el decreto es el informe favorable de la trabajadora social, actor que se convierte “una pieza clave” del procedimiento, sostiene Abril Millán, miembro del grupo de apoyo a los excluidos de la sanidad. El Observatorio para el Derecho Universal a la Salud de la Comunidad Valenciana (ODUSALUD), que agrupa a 85 entidades de la sociedad civil, reconoce que con la aplicación del decreto del Consell “ha disminuido notablemente el registro de incidencias”, lo que no implica “descartar situaciones de inasistencia y desigualdad” en los centros de salud y hospitales.

Al año del decreto y aun reconociendo los esfuerzos del tripartito, “la cartelería que anuncia que todas las personas tienen acceso a la atención sanitaria no se halla todavía en los centros de salud”, recuerda Fani Darás, trabajadora social de Valencia Acoge. “En un año no ha habido campañas de información”. ODUSALUD incluye en el último informe (marzo de 2016) fotografías de mensajes disuasorios y coercitivos tomados de carteles en ambulatorios y hospitales; por ejemplo, “Imprescindible la presentación de tarjeta sanitaria (SIP) y DNI o pasaporte” o listados de “conceptos facturables y tarifas”. Pero a finales de julio se han producido cambios. La Conselleria de Sanitat ha lanzado la campaña para informar de la cobertura sanitaria con carácter universal en el País Valenciano, al tiempo que ha dado cuenta de que 10.000 inmigrantes se han beneficiado en un año del marco regulatorio establecido en el decreto. Otro punto valorado por las organizaciones sociales es la constitución de una Comisión Mixta, formada por la Conselleria de Sanitat, ODUSALUD, Amnistía Internacional y Cruz Roja, para evaluar el Decreto Ley 3/2015 del Consell.

En ocasiones el problema empieza casi en la puerta del ambulatorio, con el personal de admisión. “Se detecta una desinformación importante y falta de criterios claros”, apunta el informe de ODUSALUD. Se dan casos de personas que carecen de tarjeta sanitaria a los que se deriva a urgencias hospitalarias (donde posiblemente se les facture), en lugar de redirigirlos a la trabajadora social para que pueda tramitarles la tarjeta sanitaria. Tampoco se aporta información clara sobre los mecanismos para acceder a la tarjeta. “Hay veces que el proceso depende de la voluntad, formación e información del personal de atención”, destaca Abril Millán. Sobre la cuestión pesa un mensaje propalado durante los últimos años: “Quien no tenga tarjeta sanitaria, se queda sin atención en los centros de salud”. El laberinto jurídico y burocrático alcanza asimismo a las personas, mayoritariamente de edad avanzada, con permiso de residencia por llegar a España mediante el mecanismo de reagrupación familiar (tener hijos residentes en el estado español). Antes del decreto de 2012 se les facilitaba atención sanitaria en los centros de salud, en las mismas condiciones que a los españoles. Tras el decreto, el INSS les niega la tarjeta sanitaria salvo en el caso de que coticen a la seguridad social.

Una “barrera” no menor es el denominado “certificado de no exportación del derecho a la asistencia sanitaria”, documento al que se accede con grandes dificultades. Se requiere a las personas nacionales de la UE –afecta singularmente a ciudadanos rumanos y búlgaros-, así como a otras de países que han suscrito convenios bilaterales con España (Andorra, Brasil, Chile, Marruecos, Perú y Túnez). Fuentes de Jo sí Sanitat Universal-València ponen el ejemplo de una mujer joven, chino-italiana, empadronada desde 2012 en Elche y que acudió embarazada al centro de salud. Se le tramitó una tarjeta provisional para personas encinta, pero encontró la gran traba a la hora de conseguir en Italia el documento de “no exportación”. Acudió al médico sin tarjeta sanitaria, y no le ha llegado ninguna factura.

¿Qué subyace a estos casos, que pueden agruparse en una tipología vastísima? Según Abril Millán, “la legislación que han aprobado autonomías como la valenciana implica una vía de atención ‘paralela’ al Sistema Nacional de Salud, porque el modelo de exclusión continúa vigente; se ha ido cambiando en los últimos años el concepto de sanidad universal por uno de aseguramiento, que ha consolidado un mensaje xenófobo: no todo el mundo tiene acceso a la sanidad pública”. Fani Darás rebate uno de los argumentos de los defensores del decreto de 2012, “que continúa ahí y lo marca todo”. Fuentes oficiales sostienen que amortigua el “turismo” sanitario; sin embargo, “éste corresponde mayoritariamente a europeos con alto poder adquisitivo, se está utilizando a los inmigrantes extracomunitarios como chivo expiatorio”, remata la trabajadora social.

Fuente: Rebelión

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LA CAPTURA DE LOS EXPERTOS: ENSEÑANZAS DEL EXPERIMENTO TUSKEGEE


El pasado 25 de julio se cumplieron 44 años de la publicación del artículo de Jean Heller en el NYT que daba a conocer al mundo los experimentos realizados en Tuskegee.

 

Con este motivo hemos reeditado parcialmente una entrada en la que analizábamos qué pasó con este caso y cuál fue el papel de los expertos.

experimento-tuskegee-1-638Este experimento fue un estudio clínico llevado a cabo entre 1932 y 1972 en Tuskegee, Alabama (Estados Unidos), por los servicios públicos de salud americanos. Entonces 400 aparceros afroamericanos, en su mayoría analfabetos, fueron estudiados para observar la progresión natural de la sífilis si no era tratada, llegando hasta la muerte.

En 1932, cuando empezó el estudio, los tratamientos para la sífilis eran muy tóxicos, peligrosos y de efectividad cuestionable. Parte del estudio era determinar, precisamente, si los beneficios del tratamiento compensaban su toxicidad y reconocer las diferentes etapas de la enfermedad para desarrollar tratamientos adecuados en cada una de ellas. Los doctores responsable del estudio reclutaron a 399 hombres negros, supuestamente infectados con sífilis, para estudiar el progreso de la enfermedad durante los 40 años siguientes.

En 1947, tras quince años del inicio del experimento, la penicilina se convirtió en el tratamiento de elección para la sífilis. Antes de este descubrimiento, la sífilis frecuentemente conducía a una enfermedad crónica, dolorosa y con fallo multiorgánico. En vez de tratar a los sujetos del estudio con penicilina y concluirlo, o establecer un grupo control para estudiar el fármaco, los científicos del experimento Tuskegee decidieron ocultar la información sobre la existencia de una terapia altamente efectiva a los sujetos participantes en el experimento para así poder continuar estudiando el curso natural de la enfermedad sin tratamiento. El estudio continuó hasta 1972 cuando se publicó el artículo de Jean Heller.

Es decir, un grupo de investigadores, seguramente altamente competentes, justificaron mantener a personas deliberadamente enfermas y des-informadas durante 25 años -por supuesto, negras, ignorantes y pobres- en nombre del bien común, el avance de la ciencia y el (posible) bien que el conocimiento adquirido pudiera procurar a la mayoría de la población. Se justificó el mal de unos pocos, y mantener su ignorancia acerca de la posibilidad de curación y las consecuencias del experimento, por el potencial bien de muchos (cada vez más “potencial” ya que la penicilina hacía prácticamente irrelevante este conocimiento).

Cuando salió a la luz pública el asunto, de los 399 participantes, 28 habían muerto de sífilis y otros 100 de complicaciones médicas relacionadas. Además, 40 mujeres resultaron infectadas por sus parejas y 19 niños contrajeron la enfermedad al nacer.

El equipo que llevó a cabo el estudio formaba parte de la sección de enfermedades venéreas de los Servicios Públicos de Salud de Estados Unidos (Public Health Service; en adelante PHS). Los estándares de investigación eran adecuados al inicio del estudio, cuando no existía un tratamiento efectivo para la sífilis, pero una vez desarrollada la penicilina, la justificación ética de continuar con el experimento fue cada vez más dependiente de las opiniones de los expertos. Estos funcionarios creían, como la abundante documentación histórica existente acredita, que pocas personas fuera de la comunidad científica podían comprender las complejidades de la investigación y la naturaleza y objetivos del experimento.

El estudio que se estaba realizando en Tuskegee no era secreto sino bien conocido por la comunidad científica y las personas vinculadas a los servicios de salud pública norteamericanos. Desde que en 1934 se publicaron los primeros datos clínicos y en 1936 el primer informe de envergadura, hasta 13 artículos fueron publicados a lo largo de todo el programa.

En 1951, cuando el estudio fue revisado, el Dr. Keller, director del programa, reconoció que los sujetos en investigación podrían ver sus vidas acortadas pero siguió defendiendo su “deber científico de continuar con el estudio”:

“Llevamos ya más de 20 años de dedicación de la División, fondos y personal dedicado… así como una responsabilidad con los cuidados de los supervivientes y demostrarles que su entrega como sujetos de investigación, aun a costa de acortar sus vidas, ha merecido la pena. Finalmente, una responsabilidad en conocer, hasta donde podamos, la historia natural de la sífilis” (Fletcher, 2000)

Los razonamientos del Dr. Keller incluían, como vemos, llamamientos al avance de la ciencia, mezclados con razones pragmáticas relacionadas con su propia dedicación profesional y el esfuerzo institucional. No le hizo ascos, el Dr. Keller, a una hipócrita argumentación emocional que todo el mundo en esos años pareció aceptar.

Ciertamente, era evidente que cuantos más años pasaban más difícil era reconocer para los profesionales directamente implicados en el experimento que su trabajo no podía seguir considerándose beneficente; para la propia institución del PHS era muy duro aceptar que habían dedicado un ingente esfuerzo organizativo, económico y profesional a un programa de investigación injustificable moralmente.

La primera voz que explícita y públicamente criticó el estudio lo hizo en 1965 (33 años después de iniciado el experimento), en una carta que el Dr. Irwin Schatz remitió a los autores de uno de los artículos:

Estoy completamente atónito sobre el hecho de que haya médicos que permitan que haya pacientes con enfermedades potencialmente fatales que permanezcan sin tratamiento cuando existen terapias eficaces y accesibles. Asumo que ustedes piensan que la información que puedan obtener del estudio del grupo de pacientes no tratados merece su sacrificio. Si ese es el caso, entonces sugiero que los Servicios de Salud Pública de los Estados Unidos y de los médicos que trabajan para ellos, re-evalúen sus juicios morales sobre el asunto”. (Fletcher, 2000)

El Dr. Anne Yobs, coautor del artículo científico, recibió la carta y en un comentario a los editores, rechazo contestarla con un desparpajo supino:

Esta es la primera carta de este tipo que hemos recibido. No pienso contestarla” (Fletcher, 2000)

En 1966, Peter Buxtun, un investigador de enfermedades venéreas del PHS de San Francisco, envió una carta al jefe de la sección de venéreas de la institución pública, expresando su preocupación por la moralidad del estudio Tuskegee. Esta preocupación fue considerada y el Centers for Disease Control and Prevention (CDC), organización de la que dependía el PHS se reafirmó en la necesidad de completar el estudio “hasta que todos los pacientes hubieran muerto”, y realizar sus autopsias.

Para apoyar esta posición, el CDC buscó y encontró apoyo profesional tanto en las delegaciones locales de la Asociación Médica Nacional que representaba a los médicos afroamericanos como en la Asociación Médica Americana. (Fletcher, 2000)

En 1968, William ‘Bill’ Carter Jenkins, estadístico afroamericano del PHS, que trabajaba en el Departamento de Salud, Educación y Asistencia Social, fundó y editó Drum, una revista dedicada a acabar con la discriminación en su departamento. En Drum, Jenkins pidió repetidas veces el fin del experimento Tuskegee, pero no tuvo éxito. (Wikipedia)

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Peter Buxtun, cuatro años después de su primera queja, finalmente, acudió a la prensa. La noticia apareció por primera vez en el Washington Star el 25 de julio de 1972, y al día siguiente en la portada del New York Times.

Entonces todo fue “rasgarse las vestiduras”. El senador Edward Kennedy organizó una vista en el Congreso donde Buxtun testificó. A consecuencia de la enérgica protesta pública que se organizó, en 1972 un grupo consultor creado ad hoc determinó que el estudio no tenía justificación médica y ordenó su fin. La presión social consiguió parar el experimento.

Los investigadores, técnicos y funcionarios del Public Health Service -evidentemente gente honrada, bienintencionada, defensores de la ciencia y de la salud pública- lo habían justificado durante 40 años, con la connivencia de todos los profesionales conocedores del experimento. Tan solo unos pocos se atrevieron, durante los largos 40 años que duró el experimento, a levantar la voz contra esta infamia perfectamente institucionalizada.

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El 16 de mayo de 1997, con cinco de los ocho supervivientes presentes en la Casa Blanca, el presidente Bill Clinton pidió disculpas formalmente a los participantes en el experimento Tuskegee.

El impacto del conocimiento por parte de la sociedad de este experimento propició el establecimiento de la Comisión Nacional para la Protección de los Sujetos Humanos en Investigación Biomédica y Conductual y la creación del Acta Nacional de Investigación de la que derivó la obligación de que los experimentos contaran con una revisión ética independiente por parte de los Institutional Review Boards (IRBs) -que en España hemos llamado Comités de Ética de la Investigación Clínica- y, posteriormente, al desarrollo de toda la teoría del consentimiento informado. Casi nada.

Es la “resiliencia del técnico” o “la captura del experto”: fenómeno que impele al experto a defender su trabajo; cuantos más años y más esfuerzo le haya dedicado, más difícil será que lo llegue a criticar en sus fundamentos, es decir, más se resistirá ante las evidencias que aparezcan y que impugnen su labor.

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Este texto lo publicábamos a propósito de un debate sobre las mamografías de cribado entre una funcionaria experta, médico de salud pública,  y un médico crítico que acusó a los técnicos que se resistían a hacer cambios sensibles en los programas de cribado de cáncer de mama (por ejemplo, mejorar la información sobre los riesgos) de ser incapaces de criticar su actividad sencillamente porque vivían de ella y le habían dedicado mucho esfuerzo y convicción.
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Dubet (2006) afirmaba que los expertos tienden a considerar sus prácticas institucionalizadas como una especie de santuario a salvo de los desórdenes del mundo e interpretar la exigencia social de rendir cuentas como una abdicación de la razón y la ciencia. Así lo pensaban todos los expertos y funcionarios que durante 40 años defendieron el experimento Tuskegee.

Por tanto, ¿Podemos esperar que los expertos y políticos directamente implicados en un programas tan institucionalizado como el de cribado de cáncer de mama sean capaces de criticarlo? No. Los expertos y políticos implicados tienen conflictos de interés profesional, personal y emocional demasiado importantes.

Los cambios en medicina requerirán, como pasó con el experimento Tuskegee, no solo evidencias -que serán inmediatamente contestadas por los expertos- sino sobre todo de un contexto social y cultural determinado capaz de colocar a los expertos en su sitio. 

Como dijo Feyerabend:

Los expertos están pagados por los ciudadanos; son sus sirvientes, no sus amos y han de ser supervisados por ellos como el fontanero que repara una gotera ha de ser supervisado por la persona que lo contrata; de otra manera, ésta tendrá que hacerse cargo de una abultada factura e incluso de una gotera aun mayor.” (Feyerabend, 1984)

BIBLIOGRAFÍA

Dubet F (2006) El declive de la institución: profesionales, sujetos e individuos en la modernidad Gedisa: Madrid

Feyerabend P (1984) Adiós a la razón Tecnos: Madrid, 1984

Fletcher J (2000) A case study in historical relativism. The Tuskegee (Public Health Service) Syphilis Study Accesible enhttp://www.columbia.edu/itc/hs/pubhealth/p9740/readings/fletcher.pdf

El experimento Tuskegee. Accesible enhttp://es.wikipedia.org/wiki/Experimento_Tuskegee

Fuente: nogracias

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Los recortes que sufrió la Sanidad Pública entre 2010 y 2014 beneficiaron al sector privado


Un estudio del Ministerio de Sanidad demuestra que la Sanidad Privada esquivó la crisis. Su gasto creció un 16%, en detrimento de la Sanidad Pública, que cayó un 11%.

La crisis no castigó a todos los sectores por igual, un ejemplo lo tenemos en la sanidad. Cuanto más se redujo el gasto público en sanidad, más creció el gasto sanitario privado, que ha llegado a experimentar su gasto más alto desde 2003, según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad, correspondientes al gasto sanitario entre los años 2010 y 2014. En ese quinquenio, las tijeras se cebaron con la Sanidad Pública, pero el filo de las cuchillas ni se acercó a la Sanidad Privada, aparentemente inmune al temporal de recortes que ha sufrido el sector público en los últimos años.

 

Fuente: Ministerio de Sanidad

Fuente: Ministerio de Sanidad / Elaboración: Javier Bañuelos

 La evolución de los dos sectores ha sido diametralmente opuesta. Entre 2010 y 2014, el gasto Sanitario Público sufrió un recorte de 8.161 millones de euros, según el informe ‘Sistema de Cuentas de Salud 2014’ – elaborado por el Ministerio de Sanidad-, mientras que gasto sanitario privado creció en 3.983 millones, en ese mismo periodo. La gráfica es indiscutible. El gasto privado en Sanidad creció todos los años desde 2010, lo hizo una media anual de un 3’8%, a diferencia de la Sanidad Pública, que sufrió una caída anual de un 2’8%.

El sector privado se ha beneficiado de los recortes públicos, según los expertos, porque el deterioro de la sanidad pública ha empujado a los pacientes a dar el salto a la privada, “en buena parte para salvar los cuellos de botella, por ejemplo, de las listas de espera quirúrgicas, sin olvidarnos de las listas de espera diagnósticas y de acceso al especialistas”. Esa es la explicación de “por qué el gasto en seguros médicos privados ha aumentado en tiempos de crisis”, según explica el profesor de Economía de la Universidad de Castilla La Mancha, Juan Oliva. Este experto en Economía de la Salud tiene calro que “a corto plazo” la sanida privada se ha beneficiado de “un escenario de fuertes recortes de recursos públicos”.

Pero esa no es la lectura que hace el sector privado. Desde laFundación IDIS – el principal loby de la sanidad privada-, no ocultan que el deterioro de la sanidad pública ha podido empujar a los pacientes a dar el salto de la pública a la privada. Sin embargo, el director general de esta Fundación, Manuel Vilches niega que los recortes de la sanidad pública les beneficie, “al revés, en este caso lo único que hemos hecho ha sido recibir menos, en estos últimos años se ha reducido continuamente el gasto en conciertos y en colaboración público-privada”. Sin embargo, otro informe del Ministerio de Sanidad revela que solo entre 2009 y 2013, España se gastó 37.118 millones en “en compras al sector privado a través de conciertos”.

Una de las explicaciones que da el Ministerio de Sanidad en este estudio, para entender esa subida del gasto sanitario privado está, principalmente, en lo que se conoce como ‘gasto de bolsillo’, es decir, lo que nos hemos gastado en copagos, productos médicos no financiados, o en seguros privados. Para que nos hagamos una idea, en 2014, de los casi 29.000 millones de gasto privado en sanidad, el 81% salió de los hogares, según el Ministerio de Sanidad las familias fueron “las que soportaron el mayor peso de la financiación sanitaria privada”.

Otra lectura de este incremento del gasto privado es que esa subida avala la buena salud de la que goza la sanidad privada, es un buen síntoma, según la Fundación IDIS, que cada vez más españoles apuesten por seguros privados como una alternativa para desahogar el sistema público, “a nadie se le ha forzado a venirse [a la sanidad privada], se lo están pagando de su bolsillo, lo que deberíamos hacer es agradecérselo, para que aquellos que no tienen la posibilidad desgraciadamente de asumirlo, tengan una opción de ser atendidos lo antes posible [en la sanidad pública]”, según explica Manuel Vilches.

Pero hay quienes critican duramente ese giro hacia la sanida privada. “En estos últimos años, los diferentes gobiernos del Partido Popular, tanto a nivel central, como autonómico, ha estado deteriorando el servicio público”, un empeoramiento “el nivel de prestaciones” que explica que “este auge del gato privado”, según el presidente de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, Marciano Sánchez Baile.

El auge de la Sanidad Privada se refleja también en el terreno que ha ido arañando al sector público. En 2010, el gasto privado solo representaba el 24% del gasto total en Sanidad, pero año tras año ha ido subiendo, hasta situarse en el 30% del gasto en 2014. En el otro extremo, nos encontramos con la imparable caída que ha sufrido la Sanidad Pública. En el quinquenio 2010-2014, el peso del gasto público en sanidad cayó 5’2 puntos porcentuales, es decir, pasó del 75% del gasto total del 2010 al 69% en 2014.

Fuente: Ministerio de Sanidad

Fuente: Ministerio de Sanidad

El porcentaje de gasto Sanitario Privado sobre el PIB también ha crecido año tras año, pasó del 2’3% de 2010 al 2’8% en 2014. Esa tendencia también es inversamente proporcional a la que ha sufrido el sector público, que cayó del 6’9% de 2010 al 6’4% en 2014.

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Fuente: Cadena Ser

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