La universalidad de la asistencia sanitaria avanza en el mundo, mientras retrocede en España


Documento de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública ante el Informe Mundial de la Salud de 2013 de la OMS.
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La directora de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Margaret Chan, presentó recientemente en Pekín el Informe Mundial de la Salud de 2013, en el que sé insta a todos los países del mundo a continuar con los esfuerzos para lograr una Cobertura Universal de la población por los Sistemas Sanitarios Públicos

En el documento se afirma que el acceso de los ciudadanos a la atención de salud, en condiciones de equidad, es el instrumento más poderoso para conseguir la igualdad y representa la mayor expresión de justicia social. Por todo ello la atención de salud no debería depender de la capacidad económica de cada persona y debería ser provista por los estados.

Otra importante conclusión contenida en el Informe es que los esfuerzos para alcanzar la cobertura sanitaria universal son fundamentales, tanto para garantizar la salud de la población como para mejorar la economía de los países. La OMS presenta pruebas irrefutables de que una suficiente inversión en salud y la garantía de acceso a la asistencia a toda la población es imprescindible para que los países puedan alcanzar su nivel máximo de desarrollo.

En el Informe se especifica que la OMS tiene la obligación de facilitar que todos los países compartan aquellas experiencias que más éxito hayan alcanzado en materia sanitaria, aunque la financiación y el compromiso para desarrollar los sistemas de salud y la cobertura universal de la atención, dependen de la voluntad de cada gobierno. Por último la directora general de este organismo de Naciones Unidas, afirma que la cobertura universal es el concepto más poderoso que la salud pública puede ofrecer y supone la herramienta fundamental para consolidar los avances sanitarios alcanzados en los últimos años.

Contradicciones y paradojas en la evolución de los sistemas sanitarios en el Mundo

Mientras las economías de los países emergentes como Brasil, India y China – las potencias económicas de los próximos años – han incrementado sus inversiones en sanidad en torno a un 5% anual a los largo de la última década – lo que supone un 50% en su conjunto- como una de las bases para asegurar su desarrollo económico y social, en España y otros países de la Europa desarrollada se están poniendo en práctica una política destinada a recortar, desmantelar y privatizar sus sistemas sanitarios, pese a que estos han garantizado el bienestar social de sus poblaciones y han garantizado la paz social europea durante los últimos 70 años, acabando con las guerras que periódicamente asolaban el continente.

Las políticas neoliberales promovidas de los organismos que rigen la Unión Europea están obligando a los países que la integran a adoptar medidas de austeridad y de recortes en los servicios públicos que están ahogando sus economías y que las han conducido a una recesión crónica sin visos de salida. La mayoría de las medidas están orientadas a reducir el gasto y el endeudamiento público, mediante el desmantelamiento de los pilares del Estado del Bienestar como son la educación, la seguridad social y la sanidad pública (universal, accesible y equitativa).

El desmantelamiento de la Sanidad Pública en España

Hasta ahora el Sistema Nacional de Salud ha garantizado en nuestro país el acceso universal a los servicios de salud de toda la población, con un nivel de calidad más que razonable y un gasto plenamente asumible (en torno al 6% del PIB) uno de los más bajos de los países desarrollados (muy por debajo del 16% del PIB de los Estados Unidos, que a pesar de ello deja sin el derecho a la atención de salud a una parte importante de su población).

Sin embargo la política sanitaria del actual gobierno está dirigida a recortar el gasto sanitario público (más de 7.000 millones de euros en el último año), introducir el copago, reducir la oferta de prestaciones (Cartera de Servicios) y a desmantelar y privatizar los servicios sanitarios.

El Real Decreto Ley 16/2012 de medidas para garantizar la sostenibilidad del sistema junto a la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, están siendo los principales instrumentos para poner en marcha esta estrategia. El núcleo duro de las medidas está dirigido a introducir los copagos, reducir la cartera de servicios y prestaciones del sistema (pendiente de desarrollo normativo aunque algunas medidas como el pago de ambulancias o prótesis ya están siendo puestas en marcha), eliminar el derecho universal a la asistencia sanitaria y reducir el gasto sanitario.

Este Decreto vulnera de manera flagrante la Constitución Española y la Ley General de Sanidad, al vincular el derecho a la asistencia a la cotización laboral en lugar de a la residencia en el país. Esto ha supuesto la pérdida de este derecho a importantes colectivos sociales como los jóvenes mayores de 26 años que nunca han trabajado, las amas de casa divorciadas y a los inmigrantes que trabajan en la economía sumergida (aunque de manera transitoria y con la finalidad de prevenir un estallido se mantiene la posibilidad de acceder a la tarjeta sanitaria a los jóvenes y amas de casa por debajo de determinados ingresos y en algunas CCAA se ha proporcionado documentos provisionales a los inmigrantes que trabajan en la economía sumergida), aunque se ha eliminado de manera definitiva el derecho a la asistencia sanitaria, al menos por ahora.

Consecuencias y resultados de la aplicación de estas medidas

Como advertía la OMS en su Informe del 2013, en muchos países millones de personas pasan apuros porque no tienen acceso a la asistencia sanitaria que necesitan o porque tienen que pagar los servicios de salud. Esta situación contribuye a que en estos países las tasas de mortalidad evitable sean muy elevadas y a que la esperanza de vida esté muy por debajo de las de los países desarrollados, favoreciendo el aumento de la pobreza.

En España la política de recorte sanitario y de supresión de la universalidad de acceso asistencia sanitaria está teniendo consecuencias para la salud de la población:

  • En una reciente estudio de la FADSP se ha objetivado que el 16,8% de los pensionistas y el 27,3% de las personas de menores ingresos, no retiran todos los medicamentos que les prescriben los facultativos en los centros públicos
  • Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2012 la mortalidad aumentó en el Estado español un 4,6%, lo que es el primer indicio de la repercusión de la crisis y los recortes en sanidad sobre la salud de las personas. Los análisis de las series de datos de los últimos años muestran un incremento de la mortalidad para 2012 de un 2% más de la esperada sin los recortes.
  • La esperanza de vida se ha reducido, por primera vez, en dos décimas en el total de la población (de 82,3 a 82,1 años), siendo esta reducción sobre todo a costa de la disminución en el grupo de las mujeres.

Al mismo tiempo los recortes en asistencia sanitaria y sociosanitaria están reduciendo las oportunidades de trabajo, calculándose en más de 200.000 los empleos para personal cualificado en este tipo de atención que se han dejado de crear por los recortes y que habrían contribuido a reducir el enorme paro juvenil y a acabar con la desatención de muchos personas con enfermedades crónicas y discapacidades.

Este retroceso en el derecho a la atención sanitaria, que va en sentido contrario a las recomendaciones de la OMS de universalizar la asistencia, es además de injusto e irracional desde el punto de vista sanitario, un suicidio para la economía del país.

El gasto sanitario a pagar directamente por la ciudadanía española supera ya el 30% del total, una de las más altas de la Unión Europea, con un crecimiento exponencial consecuencia de la aplicación de la generalización de los copagos por el uso de los servicios, la supresión de prestaciones y los recortes de la sanidad pública.

La única explicación a tanto despropósito es que el actual gobierno se ha comprometido a satisfacer las demandas de la Unión Europea de reducir gasto público; favorecer los intereses de empresas constructoras, laboratorios farmacéuticos, industria de la electromedecina, multinacionales sanitarias y fondos de inversión que pretenden apoderarse de los servicios sanitarios públicos; y sobre atender las demandas de las aseguradoras sanitarias de suprimir el aseguramiento público y la universalidad de las prestaciones, para forzar a los ciudadanos a contratar seguros privados complementarios con los que cubrir los riesgos y los servicios que el sistema sanitario público dejara de ofertar a toda la población.

Solo una gran alianza social y profesional en torno a una movilización social universal podría hacer frente a la terrible situación que se avecina para la sanidad pública en España.

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Publica
Agosto de 2013
 
Fuente: FADSP

Acerca de Dempeus per la salut pública

Col·lectiu de persones en defensa de la salut pública
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