Amianto: un genocidio impune


“Las Mutuas substraen al registro los casos de enfermedades profesionales, dándolas como comunes, para eludir el pago de indemnizaciones”

Entrevista a Francisco Báez Baquet sobre Amianto: un genocidio impune (XIX) por Salvador López Arnal en Rebelión.

Francisco Báez Baquet (Sevilla 1937) es el autor de un libro de divulgación sobre el amianto.

Francisco Báez, ex trabajador de Uralita en Sevilla, inició en los años 70 del pasado siglo la lucha contra este industria de la muerte desde las filas del sindicato de CCOO. Ha dedicado más de 40 años a la investigación sobre el amianto. Paco Puche, otro luchador imprescindible, reseñó su obra (escrito editado en las páginas de Rebelión.org).

***

Decía usted que España es líder por doble motivo, ¿por qué dos motivos?

Lo de España es difícilmente superable, aunque obviamente hay naciones tercermundistas en las que ni siquiera existen estadísticas de salud, de ningún tipo.

Aquí, al menos, lo aparentamos. Me remito al contenido de dos párrafos ya escritos por mí:

“En el trabajo de Rodríguez Suárez, Hevia Fernández y Tato Budiño, relativo al cáncer ocupacional en nuestro país, y citado en nuestra bibliografía, se indica lo siguiente: «Si comparamos nuestros resultados con las cifras de Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, se constata que declaramos menos del 0,1% de lo que estimamos tener. Lo que sitúa al cáncer laboral en el puesto de mayor déficit de declaración de las enfermedades profesionales en España».”.

“Si asumimos que la “conspiración de silencio” está siempre detrás del subregistro (puesto que incluso cuando median deficiencias inherentes al atraso cultural en determinados países, si ahondamos en el análisis, nos toparemos con las transferencias transnacionales de los riesgos laborales y medioambientales, etc., por lo que, al final, también allí nos encontraremos presente la “conspiración de silencio”), de todo ello podemos concluir que España es “líder”, tanto de lo uno, como de lo otro.”

Con esto último, lo que hemos querido significar, es que, detrás del subregistro evidenciado en determinadas naciones, hay que situar, como uno de los factores causantes, la acción de lobby de la industria del amianto de nuestro país, que en ellos vino a asentar a sus filiales transnacionales. Obviamente, eso también es aplicable al rol de otras naciones en este asunto, pero en ello no vamos a la zaga de nadie.

Los autores, García Gómez et al., le cito de nuevo, ponen el dedo en la llaga al señalar “la deriva de los costes de hospitalización hacia el sistema sanitario general, en detrimento de las responsabilidades económicas y de toda índole que debían atribuirse a las Mutuas Patronales.” ¿Y qué tienen ver los subregistros con lo que usted señala?

Ya lo he explicado en una de mis anteriores respuestas:

Perdone de nuevo. ¡Hoy no es mi día!

Las Mutuas substraen al registro los casos de enfermedades profesionales, dándolas como comunes, para eludir el pago de las indemnizaciones, pero diré algo más: basta que existan discrepancias entre el INSS –reconociendo el carácter laboral de la enfermedad-, y las Mutuas, negándolo, para que éste opte por no introducir la comunicación en la Aplicación CEPROSS, en la que se suelen registrar tales casos de padecimientos por causa ocupacional.

Tomando pie en González y Agudo, un artículo suyo de 1999, habla usted de que un 25% de los trabajadores en España están expuestos a carcinógenos. ¿No exagera usted? ¿Uno de cada cuatro? ¡No puede ser!

No soy yo el que lo afirma; yo me limito a repetirlo. Se trata de lo que figura en artículos que publican renombrados epidemiólogos españoles, en revistas de indudable prestigio. Sus contribuciones siempre son muy relevantes y aceptadas por todo el conjunto de la comunidad científica, a nivel mundial.

Para situarnos un poco más. En España, actualmente, ¿cuántos muertes quedan registradas por enfermedades profesionales? ¿Son realmente muchas más en su opinión? ¿Qué porcentaje de ellas se puede atribuir al amianto?

Citando de memoria, y sin precisar año, porque da igual unos que otros, tome buena nota de estas cifras: cero, uno, dos casos… como si se tratara de la cifra de astronautas españoles. Es una completa desfachatez. A nuestra memoria acude la frase del malagueño Antonio Cánovas del Castillo: “Son españoles, los que no pueden ser otra cosa”.

¡Usted citando a Cánovas, no me lo puedo creer!

Pues créaselo; en mis escritos, también tengo incluidas otras citas, pertenecientes, por ejemplo, a Antonis Samaras, o a Benedicto XVI…

¡Vivir para leer y sorprenderse! Denuncia usted que algunas sentencias judiciales en lugar de tomar base en los conocimientos científicos existentes sobre el desarrollo de los hechos que han estado en el origen de la contaminación, “se remiten, por el contrario, al muy tardío reconocimiento oficial de los efectos nocivos derivados de la omisión de las oportunas medidas de seguridad, frente a la acción del asbesto”. ¿Y por qué obran de ese modo? ¿Nadie las ha criticado o denunciado? ¿No conocen el tema?

La crítica ya va implícita, incluso en declaraciones de otros jueces, como cuando el magistrado Rafael López Parada manifiesta: “En el contexto español hay un problema social de base. Los intereses económicos priman, hasta que la situación es insostenible”. Se trata, sin duda, de una buena base explicativa, que viene a dar en el clavo del meollo la cuestión.

No obstante, y en determinados casos, cabría interpretar, benévolamente, que es una insuficiente familiarización con tan complejo tema, junto con, quizás, una vulnerabilidad, por ello precisamente, frente al “embarrado del campo”, practicado por la literatura pseudo-científica, mercenaria al servicio del lobby del asbesto, la que vendría a ser la clave que permitiría explicarlo.

Habla usted de las divergencias de resultados debidas a la aplicación de “uno u otro criterio para la atribución etiológica al asbesto en los casos de cánceres de pulmón”. ¿Diversidad de criterios? ¿Qué criterios son esos?

Me refiero al hecho, mencionado por los autores que cito, de que en España hayan llegado a ser clasificados como “leves”, casos de cánceres pulmonares originados por exposición al amianto.

Una vez fui testigo, en una tertulia literaria, de ver cómo, a algunos “pintorcetes” allí presentes, les deseaban que tuviesen a sus hijos, tal y como los pintasen. Aquí, mutatis mutandi, cabría, quizás, desearle también algo por el estilo, a quienes llevaron a cabo esa clasificación del cáncer pulmonar, como enfermedad leve.

¿El factor del tabaquismo influye en los registros sobre patologías debidas al amianto? ¿Por qué es así?

Es innegable que el tabaquismo, en conjunción con la exposición al amianto, representa una extraordinaria sinergia en relación con el riesgo de contraer el cáncer pulmonar (aunque no para el mesotelioma). Asimismo es cierto que condiciona un agravamiento de la asbestosis, no directamente, sino por su incidencia sobre los valores de normalidad de la función pulmonar; también puede representar un cierto embrollo en el diagnóstico y en la asignación de la etiología. Pero no es menos cierto también, que el tabaquismo viene a representar, en los litigios, un burladero al que las empresas tratarán siempre de acogerse, para soslayar o minimizar sus responsabilidades pecuniarias por el daño causado. Esa erosión culmina, cuando un diagnóstico de asbestosis es sustituido, total o parcialmente, por el de una EPOC, cambiando lo que sería (“en estado puro”), un patrón restrictivo, por otro obstructivo o mixto.

¿La microscopia óptica dificulta o tergiversa parcialmente el registro de casos de asbestosis? ¿Por qué?

Ocurre cuando se la utiliza para identificar sólo a los cuerpos asbestósicos (estructura reactiva que recubre a una minoría de entre todas las fibras presentes), basando en ellos el recuento, y sacando conclusiones como si se tratara del total de las fibras presentes. Sólo una ínfima minoría, por comparación con las halladas mediante microscopía electrónica, resultan visibles al microscopio óptico, y sólo una minoría de entre éstas, a su vez, y como ya se ha indicado, llegan a formar cuerpos asbestósicos. El peor escenario se da, cuando al juez se le hurtan todos estos tecnicismos, y lo que se le presenta, o bien se limita a las conclusiones (pero sin detallar su fundamento fáctico), o bien sí se habla de ello, pero sólo a medias, es decir, sin especificar si lo recontado han sido fibras visibles al microscopio óptico, o meramente cuerpos asbestósicos.

¿Por qué Canadá, es una afirmación suya, es un país clave en el pasado, presente y futuro del amianto?

En el pasado, por haber sido uno de los mayores exportadores de amianto, y, con su gobierno a la cabeza, el más beligerante defensor de la continuidad en su uso. En el presente y en el futuro, porque está por ver su actitud en lo sucesivo, sin que quepa descartar como posible, una reversión a la situación anterior, al socaire y al albur de algún eventual trueque en la situación política del gobierno regional de Quebec, o en la del propio gobierno central canadiense.

Casi la última por ahora, no abuso más, ¿hay en España un registro fiable de ex trabajadores del amianto que permita realizar un seguimiento en condiciones?

Yo respondería a esta pregunta suya con un desafío, a quien quisiera recoger el guante: en España, en la década de los cincuenta del pasado siglo, contamos con una modesta minería del amianto; las tareas extractivas y de selección del mineral, se pagaban a destajo, a trabajadores sin vínculo contractual expreso y permanente. ¿Me puede alguien demostrar que esos trabajadores expuestos, hasta el fin de sus días, han estado censados, controlados y revisados periódicamente en su salud? Me parece que esa interrogante, que aquí dejo reflejada, responde implícitamente a su pregunta. A buen entendedor…

Le añado un segundo ejemplo: el de nuestros emigrantes retornados, cuando han trabajado, fuera de España, en industrias en las que estuvieron expuestos al amianto. Es el caso, entre otros, de aquellos españoles que trabajaron en la factoría de Eternit, en Niederurnen (Suiza); serán, estos en concreto, aproximadamente, unas doscientas personas, que a su regreso a España, cada cual habitualmente retornó a su población de origen, dispersas por las respectivas Comunidades Autónomas, cada una de las cuales gestiona, con una amplia discrecionalidad, su respectivo plan de seguimiento de expuestos post-ocupacionales. ¿Están todos debidamente censados y atendidos en el seguimiento de su estado de salud?… Es más: ¿es que hay alguno en esa situación de amparo? Ojalá y alguien lo rebatiese, demostrándome estar equivocado en mis reticencias.

Es magnífica esta última observación. Yo mismo, por ejemplo, con familiares muy próximos que tuvieron que emigrar fuera del país en los años sesenta y setenta, nunca había pensado en lo que usted acaba de señalar.

La última por ahora, no abuso más, y pasamos al siguiente apartado, al 1.5. Me ha pasado usted también esta referencia (¡es una afable mina inagotable!): https://www.dropbox.com/s/2kxfr3su1nrxnc9/DURALITA2.docx?dl=0). Actualmente, desde 2011 y con toda probabilidad, ahora mismo, de nuevo le cito, “el gobierno español brinda una de sus webs oficiales, para que una empresa, fabricante de productos de amianto-cemento, pueda difundir sus mentiras sobre el pretendido “uso seguro y controlado” de la variedad de asbesto conocida como crisotilo o amianto blanco”. Por tanto, infiere usted, “dobles estándares: de fronteras para adentro se lo prohíbe, y de fronteras para afuera, se lo promociona”. ¿Eso hace el gobierno español? ¿Nadie lo ha denunciado públicamente?

Aquí, en esto, yo meramente hago el papel de porquero de Agamenón. Su interrogante sobre el proceder del gobierno español, encuentra respuesta, simplemente accediendo a la web de la Cámara de Comercio de España en El Salvador.

De nuevo le tomo como fuente. Hasta el presente, escribe usted, “sobre esta cuestión no hay nada publicado, que yo sepa, porque no he logrado interesar en ello a nadie. Recientemente, hace pocos días, el famoso activista anti-amianto, el ingeniero medioambientalista Barry Castleman, me ha escrito un correo, interesándose por saber si DURALITA tendría algún vínculo con la española URALITA, que en su día fue mi empresa. Yo le he puesto en antecedentes de todo lo que sé al respecto, permitiéndole el acceso al mismo fichero.” ¿Nos da una explicación sucinta de Duralita? ¿Quién es Barry Castleman? ¿Es amigo suyo?

Comenzando por lo último. A Barry Castleman, en mi bibliografía sobre amianto le registro un total de 69 trabajos; un censo que no podemos considerar exhaustivo. A ello habría que sumar, sus numerosas intervenciones como experto ante los tribunales norteamericanos, en defensa de las víctimas, su frecuente participación en eventos internacionales sobre amianto, etc… De él podemos obtener inspiración, incluso cuando discrepemos ligeramente, como nos ocurrió, con ocasión de su visita a Sevilla, en lo que supuso la génesis de nuestro artículo: Francisco Báez, Paco Puche y Ángel Cárcoba, “Amianto: ¿quién mueve ficha?” http://www.rebelion.org/noticia.php?id=161012, 19 de diciembre de 2012.

Le conocí personalmente hace ya varias décadas, con ocasión de mi asistencia –por deferencia del doctor Vicenç Navarro-, a un encuentro internacional sobre Salud Pública, celebrado en Barcelona. Habitualmente mantenemos contacto epistolar, informándonos en relación con novedades surgidas sobre la lucha contra el uso del amianto y sobre las nefastas consecuencias del mismo.

DURALITA es una empresa salvadoreña, dedicada a la fabricación de productos de amianto-cemento. El uso del amianto blanco o crisotilo, está permitido en El Salvador. Como todas las compañías que se dedican a fabricaciones que incluyen al crisotilo como uno de sus componentes, tergiversando las evidencias científicas, aboga por un supuesto “uso seguro y controlado” del mismo.

 Fuente: Rebelión

Acerca de Dempeus per la salut pública

Col·lectiu de persones en defensa de la salut pública
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