La llei òmnibus per obrir la porta a la privada dins la pública

Fa uns dies parlàvem de la Llei “òmnibus” d’entrega de la sanitat al sector privat, i continuen les crítiques a la malhaurada llei que permetrà l’activitat privada a l’ICS i no només des de veus com la nostra defensores de la salut i la sanitat pública, sinò també la patronal de la sanitat privada també demana la retirada de la reforma de l’ICS per competència deslleial.

A Diario Médico podem llegir:

Mas revolucionará la sanidad por medio de una ‘ley ómnibus’

Una ley ómnibus permitirá a Artur Mas hacer actividad privada en el Instituto Catalán de la Salud, dejar a terceros la gestión de consorcios y empresas públicas del Servicio Catalán de la Salud y recuperar funciones de manos de los gobiernos territoriales de salud.

Carmen Fernández. Barcelona – Miércoles, 8 de Junio de 2011

El Gobierno catalán, que preside Artur Mas, ha elaborado un anteproyecto de Ley de simplificación, agilidad y reestructuración administrativa y de promoción económica, definido como ley ómnibus, que tiene por objetivo adelgazar la legislación autonómica vigente, facilitar la competitividad y productividad en el ámbito económico, la racionalización administrativa y, «finalmente, dar cabida a aquellas iniciativas legislativas que prevén limitadas modificaciones en su articulado y que, por tanto, comportarían un coste sobreañadido en el volumen de tramitación parlamentaria».

Con esa declaración de intenciones, en esa futura ley que se divide en cuatro títulos, 631 artículos, once disposiciones adicionales, 16 transitorias, dos derogatorias y seis finales, el Ejecutivo de la comunidad autónoma introduce tres importantes reformas en el sector sanitario. Se modifica, en concreto, el apartado 2 del artículo 15 de la actual ley de modernización del Instituto Catalán de la Salud (ICS) (Ley 8/2007), que pasa a tener la siguiente redacción: «Las instalaciones de los centros y servicios del ICS, por razón de interés público declarado por acuerdo del Consejo de Administración, se podrán utilizar para prestar asistencia sanitaria no financiada con cargo a fondos públicos«.

El texto vigente reza así: «Artículo 15. Prestación de servicios a cargo de un tercero obligado al pago: 1. El ICS debe reclamar el pago de la tasa o el precio público pertinente si, en virtud de las normas legales o reglamentarias, de las de seguros públicos o privados o de las de responsabilidad por lesión o enfermedad causadas a las personas asistidas por el ICS, hay un tercero obligado al pago. En el caso de convenios o conciertos con terceros obligados al pago, se les debe reclamar el importe de la asistencia prestada de acuerdo con los términos del convenio o concierto correspondiente. 2. Las instalaciones de los centros y servicios del ICS no se pueden utilizar para prestar asistencia sanitaria privada de ningún tipo, sino que deben dedicarse a las actividades de interés público propias del instituto, con un uso intensivo y eficiente«.

Actividad privada

La comparación de los dos textos permite comprobar que el Gobierno, tal y como adelantó este diario, asegura el terreno para realizar actividad privada en centros públicos (ver DM de 17-V-2011), aunque, a juzgar por lo recogido en la ley vigente (con contradicción), hoy en día nada impide que las aseguradoras privadas utilicen servicios del ICS.

El anteproyecto también reforma la Ley de Ordenación Sanitaria de Cataluña (LOSC), de 1990, en los artículos relativos a la composición del consejo de administración y el consejo de dirección, y otros del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), y modifica la letra D del apartado 1 del artículo 50, que pasa a tener este redactado: «Todos los bienes y los derechos de los consorcios, las sociedades, incluidas las mercantiles de capital mayoritariamente público, y las fundaciones públicas, que estén adscritas de acuerdo con los términos establecidos en la ley, sin perjuicio que su uso y gestión se encargue a un tercero».

Eso confirma su intención de separar el patrimonio y el gobierno de los centros dependientes del CatSalut de su gestión, que podrá quedar en manos de terceros, tal y como adelantó igualmente este diario (ver DM de 14-IV-2011).Por otro lado, la misma ley ómnibus servirá para reformar la Ley 18/2009 sobre salud pública en aspectos como que la red de laboratorios específicos incluya los de titularidad pública y privada y vuelvan a manos del CatSalut y la Agencia de Salud Pública de Cataluña funciones que en el 2006 se atribuyeron a los gobiernos territoriales de salud (en los que Generalitat y ayuntamientos comparten competencias).

Una ley ómnibus permitirá a Artur Mas hacer actividad privada en el Instituto Catalán de la Salud, dejar a terceros la gestión de consorcios y empresas públicas del Servicio Catalán de la Salud y recuperar funciones de manos de los gobiernos territoriales de salud.

y en El País:

La patronal de las grandes clínicas pide la retirada de la reforma del ICS

I. VALLESPÍN – Barcelona – 09/06/2011

La Asociación Catalana de Entidades de Salud (ACES) alertó de que la propuesta del Gobierno catalán de abrir los centros sanitarios públicos a que sean usados por la sanidad privada pone en peligro 25.000 puestos de trabajo del sector privado. La ACES -que agrupa, entre otros centros, las clínicas Quirón, Teknon, Delfos y Dexeus- expresó ayer su «absoluto rechazo» a la reforma de la ley del Instituto Catalán de la Salud (ICS), que permitirá alquilar a la privada camas y quirófanos que no utilicen, entre ellos los cerrados a causa de los recortes. La ACES considera que la medida supone «competencia desleal» y anunció que el viernes solicitará a la Generalitat que sea retirada.

La patronal alertó de que con la reforma, recogida en la ley ómnibus, se corre el riesgo de crear dos tipos de pacientes y de listas de espera, según el poder adquisitivo. «Se está poniendo precio a las listas de espera», denunció la ACES.

Según la entidad, la medida perjudicará a los pacientes con pocos recursos y a los profesionales y empresarios de la sanidad privada, y beneficiará «a un pequeño grupo de médicos de la pública que quieran tener su propio consultorio». La ACES recordó que la función de la pública «no es conseguir ingresos, sino cumplir el presupuesto».

El consejero de Salud, Boi Ruiz, garantizó que la reforma no afectará al derecho del paciente de escoger entre sanidad pública y privada. Salud reconoce que con la medida quiere aumentar sus ingresos.