Un libro para armar de argumentos la lucha por la defensa de la sanidad pública


Investigadores, asociaciones de defensa de la sanidad pública y activistas explican en un libro el proceso de mercantilización de la atención sanitaria pública en Cataluña

El libro, titulado “Cómo comercian con tu salud?” ha sido financiado por una campaña de micromecenazgo y será ampliado por un informe a finales de año.

Protesta contra los recortes en el hospital Can Ruti de Badalona /CARMEN SECANELLA

La sanidad catalana ha sido muy sacudida en los últimos años: escándalos de corrupción y de conflictos de intereses, recortes y aumento de las listas de espera, derivaciones de pacientes a la privada, etc. Para analizar este proceso, investigadores del Grupo de Investigación en Desigualdades de la Salud (GREDS) y activistas acaban de publicar el libro ‘Cómo comercian con tu salud? “(Icaria Editorial) que ha sido financiado gracias a una campaña de micromecenazgo. El libro, que se presentó el miércoles pasado, defiende la tesis que todos estos hechos responden a una lógica de mercantilización del sistema sanitario público. “Hacía falta datos científicos para contraargumentar este discurso dominante, armarnos de argumentos para continuar luchando por la defensa de la sanidad pública“, apuntó Gemma Tarafa, directora científica del libro.

El concepto de mercantilización se define en el libro por la introducción de criterios mercantiles en las administraciones públicas con la idea de que el mercado es el más eficiente par la asignación de recursos. Sin embargo, los autores contestan esta afirmación y, tras analizar estudios internacionales, concluyen que “los pacientes atendidos en hospitales con ánimo de lucro presentan unos peores resultados y con unos costes superiores que los de los atendidos en hospitales públicos o privados sin ánimo de lucro“.

En opinión de los autores, esta tendencia, sin embargo, no es nueva sino que se produce desde hace muchos años en Cataluña. En concreto, el disparo de salida de la mercantilización fue la reforma de la ley de ordenación sanitaria de Cataluña que introdujo formalmente ‘el ánimo de lucro‘ en la sanidad catalana en 1995.

También apuntan que esta introducción del ánimo de lucro ha sido acompañada de una persistencia del carácter “hospitalocéntrico” del sistema sanitario.Este enfoque“, afirman, “genera beneficios considerables en ‘medicalizar’ personas sanas, sobre todo las mayores“. Por eso lamentan que el sistema no dé una mayor importancia a la atención primaria a pesar de que “una atención primaria débil se asocia a una mortalidad general y prematura más elevadas“.

Después de este repaso histórico, el libro se centra en las consecuencias de los recortes aplicados en los últimos años: 4 centros de atención primaria han sido cerrados, 31 han visto su horario restringido y 58 han dejado de funcionar las 24 horas. En cuanto a la atención especializada, se cerraron 1.132 camas entre 2010 y 2012 y desaparecieron diferentes servicios y actividades en algunos hospitales. A todo ello se añaden el aumento importante de las listas de espera para las intervenciones quirúrgicas o las reducciones de sueldo del personal sanitario.

Luchas y nuevas ideas

El libro no pretende sólo ser un análisis de la evolución de la sanidad catalana. Por eso también contiene un capítulo dedicado a las luchas que se han multiplicado en los últimos años: desde las ocupaciones contra los cierres de centros de atención primaria, contra los recortes en las condiciones laborales del personal sanitario o bien contra el llamado ‘apartheid sanitario ‘que limita el acceso de los migrantes a la sanidad pública. En el mismo sentido, la activista Clara Valverde dijo durante la presentación que “este libro ayudará a repolitizar, a explicar a la gente que lo que está pasando es fruto de decisiones políticas“.

En su intervención, Valverde subrayó la pertinencia de las nuevas luchas a favor de la sanidad pública. Cree más eficaz multiplicar las acciones aisladas como las ocupaciones de CAPs.Esto contagia, inspira otros grupos“, justificó.No hay que tener un plan conjunto como hacíamos antes cuando nos limitábamos a crear plataformas y firmar manifiestos“.

La última parte del libro propone ideas para un nuevo “Sistema Nacional de Salud en Cataluña“, que consideraría como entes públicos todos los centros de atención primaria y especializada que reciban financiación pública, lo que, en la práctica pondría fin al modelo actual de consorcios. Pero los autores van más allá y proponen un enfoque “bio-psico-social” de la salud de las personas, es decir menos medicalizado y con menos peso farmacéutico. Finalmente, proponen una democratización del sistema con una participación real de los usuarios y de los profesionales.

Reseña de la presentación del libro, hecha por Benoît Cros en diario.es.
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Desahucios: problema de salud pública


Un estudio alerta del deterioro físico y psicológico de aquellos que pierden sus viviendas

Miembros de la plataforma Stop Desahucios consiguen paralizar un desalojo.

Los expertos lo tienen claro: los desahucios se han convertido en un problema de “salud pública”. La exposición a una situación de este tipo, que es larga y tiene distintas fases, puede producir diferentes efectos tanto físicos como psicológicos, según demuestra un estudio de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) elaborado en colaboración con la Universidad de Granada y la plataforma Stop Desahucios. Para empezar, el 92% de los afectados sufre niveles graves de ansiedad y depresión.

Durante un año, un equipo especializado ha entrevistado a 205 personas afectadas por un desahucio, que al menos asistieran en una ocasión a las asambleas de Stop Desahucios. El estudio se ha llevado a cabo en Granada y su área metropolitana. “Esperábamos encontrar a la gente tocada, pero nos ha sorprendido la intensidad y extensión del problema”, subraya la profesora de Psicología Humbelina Robles. “Tener la amenaza constante de perder la vivienda es un estrés añadido”, explica la experta. A esto se suma que si los afectados ven que hagan lo que hagan no consiguen una solución, la situación podría desembocar en la “indefensión aprendida” —comportarse de forma pasiva con la sensación de no poder hacer nada—. “Llegar a esa situación es terrible”, alerta Robles.

El estudio compara la muestra con el resto de la población andaluza y obtiene unos resultados “alarmantes” en varios puntos. En cuanto a la salud autopercibida, el 66% de las personas en proceso de desahucio dice tener una salud deficiente frente al 19% del resto de andaluces. Sobre el trastorno del estrés postraumático, el 68% de los encuestados dice sufrirlo. “Son resultados preocupantes y si estas personas no reciben ayuda se vuelve crónico y llegará a extremos devastadores a largo plazo”, dice la profesora. “Te encierras en ti mismo, no ves más allá. Te sientes muy culpable”, dice José López, uno de los encuestados y cuyo caso está en los juzgados.

El riesgo de suicidio es otro de los temas planteados. Según el estudio, un tercio de los encuestados presenta un nivel alto o moderado. Precisamente, la Consejería de Igualdad y Salud anunció el pasado día 10 la creación de un protocolo conjunto de prevención de suicidios para proteger a la población más vulnerable. El profesor de la EASP Antonio Daponte va más allá y sugiere “apoyos específicos” y programas de vigilancia para que cuando estas personas acudan a servicios sociales se les identifique y se les garantice un seguimiento adecuado. El deterioro en la salud física también es crucial. Afecta a los hábitos de salud, a la dieta, a la actividad física, a un mayor consumo de medicamentos y uso de los servicios sanitarios. También al sueño.

Según la encuesta, los afectados resaltan el apoyo obtenido por familiares y amigos. Por su parte, las instituciones son las peor valoradas, mientras que en el lado opuesto está Stop Desahucios. “El proceso es muy largo y las personas muy vulnerables por el desgaste”, apunta Daponte. “No sabemos cuánta gente hay viviendo esto de forma aislada, ni la situación de la población infantil, que estará afectada por la precariedad de las familias cuyos padres pierden el empleo primero y la vivienda después”, agrega.

Fuente: El País
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Los servicios sociales se han recortado en 2.200 millones de euros desde 2011 a 2013


Valencia es la comunidad que menos gasta en este sector. País Vasco encabeza la lista de las que más presupuesto destina. Ninguna comunidad destaca en la inversión idónea según los expertos.

Ha sido en el tercer informe DEC, que estudia el gasto público en servicios sociales, cuando por primera vez, los expertos han podido acceder a la información del presupuesto destinado por las tres administraciones -general, autonómica y local-. El estudio ha sacado en claro que el dinero destinado a ayudas a domicilio, a la dependencia, a víctimas de violencia de género, comedores o teleasistencia, se han recortado “a cifras millonarias, en un momento de crisis que ha abandonado a miles de beneficiarios en riesgo de exclusión social“, según los autores del informe.

‘Marea naranja’ en favor de las ayudas a la dependencia. Protesta ante las puertas del Ministerio de Sanidad- (JORGE SOLANO)

2.212 millones de euros menos en servicios sociales, una bajada de un 13%. En términos de PIB, en 2011, estas ayudas contaban con el 1,6% del PIB, mientras que en 2013, esta cifra cayó al 1,4%. Las siglas DEC son de: Derechos y decisión política; relevancia Económica; y Cobertura de los propios servicios. Según el informe, ninguna de las comunidades autónomas cumple a la perfección los tres indicadores. Euskadi lidera los servicios, mientras que Valencia se sitúa en “el peor ejemplo de España y de Europa” en la legislación, gasto y cobertura de estos servicios a las personas más necesitadas.

El informe indica que, en los últimos tres años, el gasto anual por habitante en estos servicios ha pasado de 354 euros a 307 euros. A excepción de La Rioja, todas las comunidades autónomas han reducido en términos absolutos este gasto en Servicios Sociales entre los años 2011 a 2013. Algunas sí que lo han incrementado con respecto al año anterior.

Las comunidades autónomas son las que manejan en un 63% las competencias de gasto en servicios sociales, un 25% a las administraciones locales, y el 12% corresponde al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. El recorte se ha acentuado en municipios, mancomunidades o diputaciones, con un 20,8 %, más del doble de lo que se ahorraron los gobiernos autonómicos (10,5%). Recortes que no solo han acabado con estos servicios, sino también con cerca de 20.000 empleos.

Estas medidas de austeridad son, para los expertos y autores del informe, un “acto criminal” en lo que se refiere a dejar sin ayudas a los más desfavorecidos, en un momento en de crisis, con una tasa de pobreza y de exclusión social en auge y con una valoración calificada de “vergonzosa” por la Unión Europea en comparación con el resto de países comunitarios.

Además, los autores explican que ha sido difícil la realización de este informe porque “la Administración General no aporta toda la información pública, y la que facilita lo hace con retrasos”. Son los casos de Castilla-La Mancha, Aragón, Baleares y Valencia, comunidades que no han aportado ninguna información y que “coinciden con sus pésimos resultados en el informe”. Las que sí apoyaron el estudio, en ocasiones contradijeron los propios datos de la Administración General”. Una información, aseguran, “que la tienen todas las administraciones, según Wikileaks“.

Fuente: Cadena Ser
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Programa per un Servei Nacional de Salut a Catalunya


Aquest és el document després d’integrar totes les aportacions durant la Jornada de Debat del 6 de setembre. No canvia els valors i principis generals del document mare ni el discutit en la Jornada de Debat. Totes les entitats signants en fem difusió i podeu continuar enviant adhesions per mail a dempeusperlasalut@gmail.com, o a qualsevol de les entitats signants.

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Pel dret a decidir sobre la nostra salut i el Sistema Sanitari de Catalunya  

Volem sotmetre a ampli debat uns punts bàsics que considerem rellevants per donar  alternativa a la privatització-mercantilització i biomedicalització de la salut i la sanitat, apartant- la de la influència del complex industrial mèdic-farmacèutic i tecnològic. Volem bastir una proposta de programa per a la Salut i la Sanitat Pública a Catalunya que pugui ser, si s’escau,  un punt de trobada i confluència per a la majoria d’organitzacions que defensen la salut i una  sanitat pública per a totes i tots, de qualitat i accés garantit, al servei de la població de  Catalunya.

Programa per un Servei Nacional de Salut a Catalunya

  1. Per conquerir la sobirania en salut i sanitat cal actuar sobre els veritables  determinants de la salut. La salut no és només una qüestió individual, exclusiva de cada  persona. La salut col·lectiva, de tots i totes, depèn sobretot de condicions socials,  econòmiques, culturals, ambientals, polítiques i de gènere. Les decisions crucials relacionades  amb valors sobre el que és bo o dolent per a la societat i per a la salut es prenen en el terreny  de la política. Per això els governs, a tots els nivells, han de ser responsables de posar «salut  en totes les polítiques» (1) i donar una especial rellevància als treballs socials. Per això caldrà  també la restauració de l’Agència Catalana de Salut Pública amb les funcions de la Llei General  de Salut Pública de Catalunya, reforçant els programes de prevenció, promoció i protecció de la  salut (aliments, medi ambient, salut laboral, salut mental, etc.) .
  2. Caldrà iniciar un procés de reversió de l’actual tendència medicalitzadora  motivada per una visió biologista de la salut i per la cultura del consum, la intolerància al  malestar o a les expectatives sobredimensionades de la capacitat del sistema sanitari.  Aquesta medicalització està originant costos que no es tradueixen en resultats en la salut dels  ciutadans; al contrari, està produint efectes adversos. Impuls del debat social i professional i un  canvi en el discurs polític, ajustant-lo a les possibilitats reals que ofereix actualment el  coneixement científic i els recursos disponibles.
  3. Cal garantir el Dret a la salut i a un model d’atenció sanitària públic, de  cobertura universal i sense exclusions, equitatiu i finançat per impostos progressius  suficients per cobrir les necessitats de la població. Derogació de les lleis, decrets i altres  instruments jurídics que s’oposin a aquests principis generals expressats. I caldrà desenvolupar  una legislació catalana que asseguri aquests principis per un Sistema Nacional de Salut gratuït  en el moment de l’ús.
  4. Es posarà en marxa un Pla de Nacionalització dels serveis públics de salut.  Convertir el Servei Català de la Salut (SCS) en el Servei Nacional de Salut de Catalunya  (SNSC), amb funcions de planificació, finançament, gestió i avaluació dels serveis de  salut públics, integrals i integrats de Catalunya. La col·laboració público-privada existent ha  d’anar limitant el seu àmbit fins a la seva total separació i definitiva eliminació, atenint-se  mentrestant a les directrius i codi ètic de la Sanitat Pública. Amb el criteri que tots els serveis  assistencials que es paguen amb diners públics ha de ser públics, caldrà la definició i  declaració, per part del SNSC dels proveïdors públics com a medi propi del SNSC:  Progressivament, les entitats del SISCAT, amb hospitals i/o amb equips d’atenció primària  hauran de passar a ser entitats que siguin mitjà propi de la Generalitat (2).
  5. Assegurar la transparència, equitat, universalitat, eficiència, autonomia de  gestió i avaluació independent. Amb un codi ètic comú de tots els serveis, amb més  autonomia dels governs sanitaris territorials, centres i treballadors de la sanitat. I amb una avaluació independent i amb control democràtic (3) amb transparència absoluta de resultats en  salut i despeses. Aquest punt implica també l’eliminació de les “portes giratòries” en la sanitat  pública i que els responsables del Sistema de Salut col·laborin totalment perquè les persones  incriminades per corrupció compareguin davant de la Justícia.
  6. Fomentar la participació ciutadana apoderada en sanitat i salut en el sentir  d’afavorir la democràcia real per millorar la sanitat a Catalunya. Participació real del  personal de la sanitat, ciutadans i ciutadanes en els òrgans de govern del Sistema, territorials i  de centres sanitaris, regulant aquesta participació per tal que sigui efectiva.
  7. Fomentar l’ús adequat dels medicaments, de les tecnologies i eines  terapèutiques. Volem un sistema de salut sense l’omnipresència de la indústria farmacèutica, i  en el qual es regulin i es vigilin els conflictes d’interessos de polítics, gestors i prescriptors, i s’hi  seleccionin els que de veritat són necessaris, de manera que es deixi de comprar fum a preu  d’or en el mercat internacional de les tecnologies. Caldrà establir un sistema rigorós, àgil i  independent d’avaluació de noves tecnologies i prestacions abans de oferir-les en el sistema  públic i elaborar un catàleg de prestacions basat en la seva efectivitat i eficiència. La indústria  farmacèutica no pot ser determinant en la formació mèdica disfressada de màrqueting. El  sistema de salut haurà d’invertir en investigació mèdica i terapèutica en els centres públics i  recuperar les competències en recerca i els recursos perduts per les retallades.
  8. Millora del sistema assistencial potenciant una Atenció Primària forta i fer un pla  de reforma de l’atenció hospitalària adequant-la a les necessitats de salut actuals. Fer de  l’Atenció Primària i Comunitària, l’instrument bàsic per a una atenció global i integrada, propera  a les persones i comunitats, que sigui la porta principal d’entrada al sistema, amb dotació  pressupostària pròpia i suficient (4).
  9. Derogació de coREpagaments sanitaris i farmacèutics i compromís de no  imposició de noves taxes com l’euro per medicament que, com s’ha demostrat, signifiquen  barreres d’accés al tractament. Són impostos a la malaltia, especialment injustos i regressius, i  afecten especialment a la gent gran a les persones amb malalties cròniques.
  10. Garantir els drets de les persones. Dret a respectar l’autonomia i llibertat individual  en les decisions sanitàries. Dret a la interrupció voluntària de l’embaràs en el sistema públic,  com a mínim en els terminis actualment en vigor, i sense penalització en el Codi Penal, que  apoderi a les dones com a persones autònomes i amb dret a decidir, i que vagi acompanyada  d’accions d’educació sexual i afectiva per a tota la població (homes i dones). Implicació del  Sistema de Salut amb els recursos necessaris en la lluita contra la violència masclista. Dret a  l’atenció al patiment i tractament del dolor, al no aferrissament terapèutic i a una mort digna.  Dret a la preservació de les dades personals i no cessió a entitats privades. Dret a l’eliminació  de les desigualtats de gènere en salut.

Les entitats signants d’aquest programa es comprometen, a partir de la seva  adhesió a difondre’l, incloure’l en les seves estratègies d’acció i treballar per fer-lo  possible en un futur proper a Catalunya.

Notes:

  1. Veure Borrell, C i Benach, J ., “Els determinants socials de la salut” a:  http://espaifabrica.cat/index.php/el-preu-de-la-salut/item/794-els-determinants-socials-de-la-salut
  2. En aquest sentit, s’hauran de prendre les següents mesures:
  • - Que consti en els estatuts de l’entitat que es medi propi del SNSC.
  • - Que sigui acreditat pel Sistema amb les garanties de qualitat i sostenibilitat.
  • - Que el proveïdor accepti majoria de representats del SNSC en el seu consell d’administració.
  • - Que signi el codi ètic i accepti explícitament els valors del proveïdor públic (servei públic, no  ànim de lucre, no pràctica privada en centres públics, incompatibilitats, no portes giratòries). – Seguir la directriu europea de la SEC-95 d’integrar les EPIC en el sector públic.
  • - Pel que fa al règim laboral del personal del Sistema ha de tenir unes condicions laborals  unificades i negociades directament amb el SNSC des del primer moment.
  1. Agència de Qualitat i Avaluació Sanitària (AQAS) Professional i independent.
  2. Hi ha suficients estudis que demostren que els millors resultats de salut d’una població amb  els menors costos possibles s’aconsegueix quan hi ha una xarxa d’Atenció Primària potent,  suficient i resolutiva. El percentatge del pressupost sanitari per a l’APS dels països amb un  sistema de salut centrat en l’atenció primària està al voltant del 25% del pressupost total. En el  nostre sistema sanitari s’ha produït una reforma en profunditat de l’atenció primària, però no ha  estat així amb els hospitals. Molts dels paradigmes que defineixen els nostres hospitals són  anacrònics i cal un fort impuls polític per generar una reforma en profunditat del model  hospitalari que doni millor resposta a les necessitats dels ciutadans i que els faci més eficients.

Entitats adherides al document en data 15 de setembre de 2014.

  • Associació Catalana en Defensa de la sanitat Pública (ACDSP)
  • Café amb Llet
  • Centre d’Anàlisi i Programes sanitaris (CAPS)
  • CATAC-CTS/IAC
  • Comissions Obreres de Catalunya (CCOO)
  • Confederació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Catalunya (CONFAVC)
  • Dempeus per la salut
  • Esquerra Unida i Alternativa (EUiA)
  • Federació d’Associacions de veïns i veïnes de Barcelona (FAVB)
  • Fòrum Català d’Atenció Primària (FOCAP)
  • Iniciativa per Catalunya Verds (ICV)
  • Plataforma pel Dret a la Salut (PDS)
  • Podemos Sanitat Catalunya
  • 15M BCN Salut
  • Solidaritat i Comunicació (SICOM)
  • Unió General de Treballadors (UGT)
  • Xarxa de Dones per la Salut
Hi ha també una llarga llista d’adhesions al manifest inicial
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Los hospitales privados ya superan a los públicos: suponen el 55% del total


Los hospitales privados ya superan a los públicos en España y representan ya el 55% del total. Sin embargo, la factura la sigue pagando el dinero público. Según los datos de la OCDE, el 40% de esos hospitales se financian con cargo a los presupuestos públicos.

El Hospital Infanta Leonor de la Comunidad de Madrid. Foto:EFE

La sanidad pública ha dejado de ser mayoritaria en España. Así lo constata el informe de la OCDE sobre “Variaciones geográficas en la atención sanitaria” en el que asegura que en España el 55% de los hospitales son ya privados y sólo el 45% de titularidad pública. Según las cifras de la OCDE, a fecha de 2013 el 39% de los hospitales son ya privados y otro 16% más son concertados. Pese a ello, el 96% de los gastos siguen corriendo a cargo del erario público, subraya el organismo internacional, que asegura que esos pagos se fijan “por adelantado”.

Según el informe del organismo internacional, gasto sanitario en España es de 2.372 por cabeza queda ligeramente por debajo del que emplea la media de la OCDE que gasta unos 2.548 euros per cápita. Sin embargo, la prestación de servicios es muy inferior a la de otros países. Así, frente a las 5,0 camas por cada 1.000 habitantes con que cuenta la media de la OCDE, España sólo ofrece 3,2 por cada 1.000 habitantes. La OCDE apunta a una reducción en el número de camas durante la crisis y señala que esas camas se han privatizado en la mayoría de autonomías hasta alcanzar el 40% en autonomías como Navarra, Murcia o Canarias.

Los recortes no sólo han disminuido el número de camas sino también los tiempos de estancia hospitalaria. Según los datos de la OCDE, sólo un procedimiento médico ha aumentado: las operaciones quirúrgicos ambulatorias, es decir, sin ingreso hospitalario.

La privatización sanitaria dispara el número de cesáreas, especialmente en centros no públicos

Igualmente, la privatización de la sanidad deja datos llamativos como el recurso a las cesáreas, hasta 2 veces más frecuentes en los hospitales privados que en los públicos. Las cesáreas son procedimientos que se siguen en el 25% de los casos como media pero a los que se recurre con una distribución de 60:40 a favor de los hospitales privados. “La variación en los porcentajes de cesáreas no pueden ser atribuidos a diferencias en las necesidades” concluye la OCDE que recomienda desarrollar un sistema de seguimiento de los datos.

Un recorte de más del 1% del PIB

El recorte sanitario se ha acentuado en los cuatro últimos años, asegura la OCDE. Hasta la llegada de la crisis, España gastaba un 9,3% de su PIB al capítulo sanitario y había registrado un aumento del capítulo sanitario del 4,1% anual entre los años 2000 y 2009. Sin embargo, los dos últimos años de gobiernos de PSOE y PP han recortado más del 1% esa partida. Según la organización internacional, en los dos últimos años de Zapatero, el recorte del gasto público en Sanidad cayó un 0,5% entre 2009 y 2011. Con la llegada del PP al poder ese recorte se ha acelerado. La organización internacional no especifica en cuánto queda ahora el porcentaje pero el propio Ejecutivo ha admitido un recorte de 7.267 millones de euros en sus dos primeros años de legislatura, lo que implica que con el PP, el gasto en Sanidad ha caído entre un 0,5 y un 0,7% del PIB hasta 2014. En total, la caída acumulada en Sanidad ronda el 1,2%, unos 12.000 millones de euros.

La OCDE cifra en un 13% de la población española tiene ya seguros médicos privados y aunque no cuantifica el aumento de los copagos introducidos por el Gobierno Rajoy sí aclara que ese recurso ya estaba en vigor en España y que los usuarios de la sanidad ya corrían con buena parte de ese coste. Según la OCDE, antes de la introducción de los nuevos copagos, el consumidor ya aportaba mediante ese sistema el 21% del total del gasto sanitario en España.

Fuente: vozpopuli
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Com comercien amb la teva salut…


Dempeus per la Salut Pública ha impulsat i col.laborat, amb moltes altres organitzacions, en aquesta iniciativa de GREDS-EMCONET que dóna com a primer fruit el llibre “Com comercien amb la teva salut: privarització i mercantilització de la sanitat a Catalunya”, un text que considerem molt esclaridor per entendre com des dels governs de la Generalitat es venen els nostres drets a la salut i el benestar, i com ens afecta com a ciutadania.

Avui, dimecres, 17 de setembre, a les 19 hores, al Carrer Sant Pere Mes Baix 55 (metro Urquinaona) de Barcelona, ens trobem celebrar la seva presentació. T’hi esperem!

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Cafèambllet: El Govern vendrà les dades dels pacients de la sanitat pública a empreses privades


[La informació continguda en aquest reportatge ha estat recopilada i analitzada entre els dies 8 i 15 de setembre de 2014. Per accedir al llistat de fonts utilitzades, fer click aquí]

[Si vols col·laborar per fer possible la impressió i distribució de 145.000 exemplars amb aquesta informació, fes click aquí]

[La notícia en castellano, aquí]

El Projecte VISC+ respon a les demandes de la indústria farmacèutica i tecnològica d’alliberar dades per potenciar el negoci a nivell internacional

Imatge d’un document de presentació del Projecte Visc+

Per Albano Dante Fachin Pozzi

La primera notícia que vaig tenir sobre el Projecte Visc+ em va arribar per Twitter, on algú va escriure: “Llegiu aquest article de la diputada de la CUP, Isabel Vallet. IM-PRES-CIN-DI-BLE”. L’article en qüestió es titulava “El nostre historial mèdic: en venda!”.

Un titular que –si no hagués estat obra d’una de les diputades que millor coneix el sistema sanitari català– m’hauria semblat fins a cert punt exagerat. Però, lamentablement, el titular de l’article no exagera ni una mica la magnitud dels plans del Govern per a les nostres dades mèdiques.

Partint de l’article d’Isabel Vallet, a la revista cafèambllet vam decidir investigar la gènesi, les característiques i els impulsors del Projecte Visc+, l’eina que permetrà al Govern de la Generalitat de Catalunya posar en mans de la indústria sanitària internacional les dades mèdiques dels 7 milions d’usuaris del sistema sanitari català.

El Projecte VISC+

El 4 de juny de 2013 el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar el Projecte VISC+. Segons la nota de premsa publicada al seu web, l’objectiu del VISC+ és “posar la informació sanitària a disposició dels ciutadans, les empreses i la recerca” per “millorar els serveis de salut”, “millorar la recerca” i “posar en valor el coneixement”.

Per fer possible tot això, el Projecte VISC+ es proposa “relacionar i estructurar” tota la informació obtinguda a centres d’atenció primària, hospitals, urgències i, fins i tot, a les receptes electròniques. Tota aquesta informació es centraria en un punt que recolliria també els 60 milions de documents continguts a les històries clíniques dels ciutadans que utilitzen el sistema públic de salut. Aquesta centralització és el primer pas per posar les dades “a disposició dels ciutadans, les empreses i la recerca”.

Negoci amb les dades de tots?

A Catalunya fa temps que funcionen diversos sistemes per compartir i analitzar les dades del sistema sanitari públic. Dos exemples són la Història Clínica Compartida –que permet que els historials mèdics estiguin accessibles a qualsevol punt servei sanitari– o les dades recopilades per la Central de Resultats, que permeten estudiar i millorar la gestió del sistema sanitari públic.

Pel que fa a dades per a la investigació científica la Generalitat disposa de diverses fonts d’informació disponible per als investigadors, entre elles el SIDIAP, que ofereix dades als investigadors de l’Institut Sanitari Vall d’Hebron, la Universitat Politècnica o a l’Institut Municipal d’Investigacions Mèdiques.

Però el Projecte VISC+ aporta una novetat molt important que cap dels sistemes anteriors podia oferir: mentre que organismes com el SIDIAP estableixen clarament que “no cedeix dades a entitats amb ànim de lucre”, el Projecte Visc+ té a la empresa privada com a destinatari principal de les dades. Josep Mª Argimón, un dels màxims responsables del projecte ho explica amb claredat:

“El projecte VISC+ proporcionarà valor aportant major capacitat per a que las indústries sanitàries, les farmacèutiques i les biotecnològiques desenvolupin la seva activitat” beneficiant al “teixit econòmic i industrial”. Segons Argimón l’aposta per fer participar al sector privat en el projecte VISC+ té com a objectiu “la promoció i comercialització dels serveis que ofereix el projecte”.

Més clar no es pot dir.

D’on surt això?

Per valorar el pes que el sector privat té en el Projecte VISC+ és útil veure com es va gestar el seu naixement i qui són les persones i empreses implicades.

Les primeres mencions a les oportunitats de negoci que ofereix la venda de la informació mèdica dels ciutadans les trobem a diversos documents publicats per la Fundació TicSalut, un ens creat l’any 2006 per la Generalitat a instàncies de la consellera Marina Geli (PSC). Al gener de 2008 Geli va donar entrada a la Fundació TicSalut (finançada amb recursos públics) al sector empresarial, creant el “Consell d’Empreses de la Fundació TicSalut”. Entre les empreses membres trobem farmacèutiques (Baxter, Esteve, Roche), consultores (Applus, PWC, Deloitte), tecnològiques (Telefónica, IBM, Indra) i proveïdors varis (El Corte Inglés, Agfa, Linde Healthcare).

A l’acte de presentació del “Consell d’Empreses” la consellera Marina Geli va ser clara i va dir als empresaris: “Nosaltres els necessitem a vostès”. Carles Fradera –adjunt de direcció del Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial de la Generalitat (CIDEM)– va ser encara més clar que Geli: “Us asseguro que us sortirà a compte”.

Des de llavors, la importància del conglomerat industrial ha près una enorme rellevància a la Fundació TicSalut i és qui marca les línies d’actuació, tal i com reconeix l’actual director de la fundació, Francesc Cuyàs:

“volem que les empreses ens proposin introduir innovació tecnològica al mercat”. Gràcies a les propostes del sector privat, Cuyàs explica que la fundació “ha identificat 5 tendències a nivell internacional” i una d’elles és “la revolució del big data”.

I aquí és on entren en joc les dades mèdiques dels 7 milions d’usuaris dels serveis del CatSalut.

El big data

El big data és la capacitat de manipular informàticament grans volums de dades amb l’objectiu d’obtenir informació útil i rellevant. En aquest sentit el projecte VISC+ té dos objectius fonamentals: centralitzar tota la informació mèdica del sistema de salut pública i –com hem vist– posar-la a disposició de la indústria sanitària internacional, que porta anys pressionant els governs per a que alliberin les dades dels serveis públics de salut. Una pressió que a Catalunya fa anys que lidera la consultora PWC, una de les quatre grans consultores del món. Al seu informe “10 temes candents de la sanitat 2013” PWC dedica especial atenció a aquest tema:

“L’alliberament d’aquestes dades i la seva reutilització permetrà generar grans beneficis” com “identificar quins són els grups de risc poblacionals amb major precisió” la qual cosa pot ser “una eina útil per al sector assegurador, ja que podrà ajustar les seves primes al risc dels seus clients i això implica disposar de bases de dades poblacionals amb informació sobre les característiques personals, comportaments, patrons de consum i malalties dels individus”.

Però PWC és conscient de que aquestes dades són molt delicades: “les dades generades a l’entorn de la sanitat solen ser dades amb informació personal i privada, la qual cosa dificulta el seu alliberament ja que les dades de salut requereixen generalment el consentiment del subjecte”. Per tot això, l’informe explica que “queda molt per fer ja que la confidencialitat i la protecció de la privacitat semblen posar barreres al moviment d’allliberament de dades de salut”. I conclou:

“Però el repte més difícil serà convèncer a tots els que actualment es creuen “propietaris de les dades”, en clara referència a les administracions que custodien la informació dels ciutadans.

Un dels empresaris col·laboradors del TicSalut, Vicens Yeves ho estableix amb claredat: “Tota la informació relativa als pacients ja està totalment digitalitzada, només falta la voluntat política per compartir aquesta informació”. El projecte VISC+ és l’expressió d’aquesta voluntat política.

La porta giratòria

El projecte VISC+ sembla fet a mida de les recomanacions de PWC i fa realitat les demandes d’alliberar al sector privat les dades més privades dels ciutadans.

El projecte VISC+ el desenvolupa l’Agència d’Avaluació i Qualitat Sanitàries (AQuAS). Aquest organisme de la Generalitat va encarregar a PWC l’assessorament per portar a terme el projecte. Es dóna la circumstància de que l’actual director de la divisió sanitària de PWC (la que va elaborar l’informe recomanant l’alliberament de dades) és Joan Guanyabens, qui va arribar al càrrec directament de l’AQUAS, del que era màxim responsable. Així Guanyabens passa de “propietari de les dades” a treballar per “convéncer a qui es creu propietari de les dades”

Operació en marxa

L’informe de PWC demanant la publicació de dades es va fer públic l’abril de 2013. Dos mesos després el Govern aprovava el projecte VISC+. L’aprovació arribava després de que l’AQUAS fes un “contrast de la idea inicial amb els clients potencials”. Un cop aquests “clients potencials” van haver dit la seva, l’AQUAS va “explicar el projecte als agents claus del Govern”. Aquesta successió de fets ens indica que més que d’una demanda del Govern al sector privat, estem davant un pla del sector privat –clarament descrit per PWC– que després es comunica al Govern. Aquest procés queda totalment en evidència quan mirem el procés de creació del projecte.

Diàleg competitiu?

Normalment, quan una administració pública ha de satisfer una necessitat el primer que fa es establir quina és la necessitat per després convocar a les empreses del sector privat que poden oferir el producte o servei que necessita l’administració a través d’un concurs públic on les empreses fan les seves ofertes. Però el cas del VISC+ és diferent. Segons el director de l’AQUAS, Josep Mª Argimon:

“Les inversions [per portar a terme el projecte VISC+] són difícils de quantificar” i per això es convoca a un `diàleg competitiu’ entre empreses del sector per decidir com s’ha de portar a terme el projecte”.

El “diàleg competitiu” és una eina de contractació utilitzada quan l’administració té una necessitat concreta però no pot establir per si mateix de quina manera ha de satisfer-la. Quina és la necessitat concreta en aquest cas? Els promotors del VISC+ presenten dues necessitats: el tractament de dades per gestionar millor el sistema públic i la “generació de productes i serveis” per a les empreses.

Amb aquests dos objectius l’AQUAS convoca a nou empreses a un “diàleg competitiu” per dissenyar i posar en marxa el VISC+. Qui va recomanar a l’AQUAS fer servir els ‘diàlegs competitius’ per fer la contractació va ser PWC. Quina és llavors la “necessitat” del Govern per impulsar el projecte VISC+, més enllà de les vaguetats de “millora del servei” i “sostenibilitat del sistema”?

La indústria al front del vaixell

En el plec de condicions fet per l’AQUAS a instàncies de PWC s’explica que l’objectiu és centralitzar les dades mèdiques del sistema públic per “millorar la qualitat, la seguretat i la sostenibilitat del sistema sanitari”. Però adverteix: “No tenim diners” i per això “necessitem al sector privat” per fer front als 25 milions d’euros que es calcula que pot costar l’operació. Com és comprensible, una inversió d’aquesta envergadura no es fa si no hi ha una perspectiva de benefici clara. Per això l’AQUAS estableix que el VISC+ ha de contemplar “la creació d’un catàleg de serveis”. Uns serveis que el VISC+ vol posar a la venda al sector privat internacional, com explica Argimón:

“Els reptes del projecte VISC+ són disposar d’un catàleg de serveis orientat a les necessitats del mercat, tenir la capacitat de promoure la demanda i atreure clients i trobar un partner solvent amb capacitat de comercialització a nivell internacional amb un pla de negoci creïble”.

És a dir: algú capaç de construir un negoci basat en les dades dels ciutadans.

Les empreses

Si mirem les 9 empreses seleccionades per participar en el que anomenen “diàlegs competitius” és fàcil imaginar el tipus de “serveis” que poden suministrar. Destaca l’empresa IMS Health especialitzada en “captar dades de pacients provinents de proveïdors de serveis sanitaris que posseeixen històries clíniques i documentació sanitària”. El negoci d’IMS Health és “transformar les dades en informació útil per mesurar el mercat, descobrir els comportaments dels pacients i els metges, ajudar a identificar el pacient correcte per fer la correcta promoció de productes”. Per fer-ho “IMS Health treballa amb informació de registres de pacients de proveïdors sanitaris, companyies farmacèutiques i governs”. IMS Health –implicada en diversos escàndols arreu del món pel seu ús de dades sanitàries (veure requadre)– té entre els seus clients a gairebé totes les companyies farmacèutiques del món. Segons una investigació d’Open Secrets IMS Health va dedicar, només als EEUU, prop de 3 milions de dòlars per fer lobby als membres del Senat i a entitats reguladores de privacitat de dades.

La resta de les empreses que dissenyen el Projecte VISC+ són les consultores PWC, Deloite (amb gran presència d’ex alts càrrecs públics, com David Madí o Jordi Sevilla, màxims homes de confiança d’Artur Mas i Zapatero respectivament), Atos, Everis i McKinsey. Trobem també a les tecnològiques Accenture, T-Systems, HP i ECISA, filial de El Corte Inglés.

Què faran amb les nostres dades?

Un cop hem vist la gènesi del Projecte VISC+ i els interessos que hi intervenen, caldrà seguir amb molta atenció què passarà amb les nostres dades mèdiques.

Per això fem un repàs a diverses qüestions tècniques que intervenen en aquest procés. També fem una mirada a la forta polèmica que va provocar un projecte similar al VISC+ que es va intentar imposar al Regne Unit. Per últim, fem una mirada a la trajectòria de les empreses implicades en el projecte, per tal de veure l’ecosistema en el que es mouran les nostres dades més íntimes si aquest projecte segueix endavant.

La idea és donar claus per obrir un debat que a Catalunya està passant desapercebut, entre d’altres coses, per la poca informació amb que es desenvolupa aquest projecte a casa nostra. L’article d’Isabel Vallet hauria de ser el primer esglaó d’un debat molt obert i molt profund. El tema ho mereix. El Govern està a punt de posar a la venda les dades mèdiques de 7 milions de persones a Catalunya.

Qui veurà les meves dades i què podrà fer?

Un dels objectius del Projecte VISC+ és generar negoci a partir de les dades dels usuaris del servei públic de salut. Això obre interrogants enormes sobre l’ús que es donarà a aquestes dades. A Anglaterra aquest tema ha generat una forta polèmica. A Catalunya el silenci i l’opacitat és enorme. 

La inversió que hauran de fer les empreses que col·laboren amb el Govern per desenvolupar el Projecte VISC+ està al voltant dels 25 milions d’euros. Això vol dir que les expectatives de negoci han de ser molt elevades per justificar una inversió d’aquesta magnitud.

Donat que tot el negoci es basa en les dades mèdiques dels ciutadans, la primera pregunta que cal respondre és a qui pertanyen aquestes dades. El debat en aquest sentit és ampli, amb 3 postures diferents: 1) Són propietat del pacient. 2) Són propietat del metge. 3) Són propietat del centre. Per això el psiquiatra Juan Antomás, de l’Hospital de Navarra creu que cal parlar del “dret a l’accés a les dades”. En aquest sentit, la llei reconeix el dret a “la confidencialitat de tota informació relacionada amb la seva estància a institucions sanitàries públiques”.

Davant d’aquest fet, el impulsors del Projecte VISC+ asseguren que la intimitat dels pacients “està protegida” ja que les dades estaran “anonimitzades”. L’anonimització és la capacitat de fer servir les dades dels individus sense que aquests puguin ser identificats. Així, les dades utilitzades pels investigadors contenen les dades mèdiques de moltes persones però no tenen ni els noms, ni els números d’identificació, ni les adreces. A més, els impulsors del Projecte VISC+ perlen –encara que de manera molt imprecisa– d’un “codi ètic” que hauria de regular la cessió de dades a empreses i indústries.

Però el tema és més complex. A principis d’aquest any el govern de David Cameron va haver d’afrontar una enorme polèmica quan el servei nacional de salut anglès (NHS) va intentar posar en marxa un projecte similar a VISC+. Fruit d’aquell debat, van quedar clares algunes coses a tenir en compte. En primer lloc, efectivament existeixen processos d’anonimització de les dades, però existeix també la des-anonimització, un procés que, mitjançant diverses tècniques informàtiques pot creuar informació fins poder re-identificar les persones i relacionar-les amb la seva informació mèdica personal. Una possibilitat real que fins i tot va acabar sent reconeguda pel directiu de l’NHS, Mark Davies, qui va admetre que, efectivament hi ha un “petit risc” de que els pacients siguin identificats ja que les companyies d’assegurances, els hospitals privats i les companyies farmacèutiques podien creuar les dades del NHS amb les seves pròpies:

“Es pot re-identificar a la gent si tens moltes dades. Això dependrà de com utilitzin les dades un cop les tinguin”

En aquest sentit el sistema anglès té des del principi un observatori de privacitat on participen diverses associacions independents que vigilen qui té accés a les dades i en quines condicions. Malgrat això, les crítiques han estat enormes. La periodista Asher Wolf, especialista en tecnologia, advertia a un article publicat a la revista Wired:

“El punt central del problema és que no tenim capacitat de saber amb exactitud qui té les nostres dades i per a què les fa servir i encara que l’NHS faci signar contractes a les empreses que compren dades no hi ha una manera real de que l’NHS pugui saber si un comprador aplica tècniques de des-anonimització. Com podria saber-ho?”.

Phil Booth, membre de l’associació de pacients MedConfidential posa el dit a la nafra i sembla descriure el projecte VISC+ sense conèixer-lo:

“Els responsables volen que creguem que l’objectiu és millorar el sistema i la recerca, però els usos purament comercials no paren de créixer”.

En aquest sentit, l’expert en bioètica i fundador de EthicsandGenetics, Edward Hockings, afirma que

“Quan la comercialització és la força motora ens trobem en un terreny sense referències”

Hockings és una de les cares visibles de la intensa campanya per advertir als ciutadans del perill de no excercir el dret d’esborrar-se del pla.

La revista científica Nature va publicar un dur editorial criticant com el govern anglès “falla a l’hora d’informar sobre l’amenaça real i les possibles conseqüències del programa” i assenyala que el problema és que el govern no va facilitar als ciutadans l’opció de no participar en el programa.

En el cas del projecte VISC+ cap dels documents publicats pel govern o pels impulsors del projecte recull cap mena de menció sobre la possibilitat dels ciutadans de no donar consentiment a que les seves dades siguin venudes. El que si trobem, al plec de condicions dels “diàlegs competitius”, és la demanda a les empreses adjudicatàries de “disposar d’una gran capacitat de promoció per a donar a conèixer les bondats d’aquesta iniciativa”. I aquí entren els mitjans de comunicació, els tertulians i tot l’entramat mediàtic per aconseguir l’acceptació de la ciutadania: “Es valorarà l’ús de mitjans de comunicació” i la capacitat “per involucrar personalitats rellevants per als objectius del projecte”. El document, però, no fa cap referència a la necessitat d’explicar els riscos a la població. I els riscos no són només teòrics o residuals.

La investigadora Latanya Sweeney de la Universitat de Harvard va aconseguir re-identificar un 90,5% dels participants en un projecte d’investigació genòmica. En base a aquesta experiència Sweeney va desenvolupar un sistema que permet identificar al 87% de la població dels Estats Units només sabent la seva dada de naixement, el seu gènere i el seu codi postal.

Els estudis de Sweeney han deixat clar que l’anonimització que es pot aconseguir amb mitjans tècnics mai és totalment segura i insisteix en què tota publicació de dades ha d’estar acompanyada de mesures complementàries, com l’elaboració d’entorns contractuals, el seguiment per part dels amos de la informació i “lleis i polítiques molt clares”.

En aquest sentit, el Projecte VISC+ presenta una total manca de concreció a l’hora d’explicar quines polítiques i lleis regiran un canvi tan enorme en el tractament de les dades més sensibles dels ciutadans. Tot i que el projecte ja està pràcticament enllestit, no es coneixen modificacions legals, no hi ha hagut debat públic i les oportunitat de participació social han estat nul·les. Així, mentre les empreses han participat des del principi, modelant i dissenyant el projecte, els ciutadans i els professionals de la sanitat han estat totalment ignorats en tot el procés. Per tot això, amb la informació disponible, es difícil saber qui veurà les dades, per a què es faran servir i, sobretot, quin control tindrem els ciutadans sobre el seu ús.

Durant l’elaboració d’aquesta informació hem intentat posar-nos en contacte amb els responsables del projecte VISC+ i dels CatSalut però ha estat impossible parlar amb cap d’ells.

Les empreses implicades al VISC+

El procediment del “diàleg competitiu” triat pel Govern per portar a terme el Projecte VISC+ fa que les empreses juguin un paper fonamental no només com a proveïdors sinó com desenvolupadors del sistema que permetrà vendre les dades mèdiques.

PriceWaterHouseCoopers (PWC) i Deloitte

PWC i Deloitte participen al projecte VISC+ i són dos de les quatre consultores més grans del món. Els seus informes i “recomanacions” tenen una enorme influència en molts governs a l’hora de prendre decisions i es caracteritzen per una postura política i econòmica totalment favorable als interessos de la banca i les multinacionals. Una influència que mantenen malgrat els enormes riscos que han protagonitzat:. PWC auditava les empreses de Diaz Ferran i no va saber veure el que finalment va ser un forat de 552M€. Deloitte va participar en la sortida a borsa de Bankia que va acabar amb milions d’euros perduts i la ruïna de milers de persones atrapades per les preferents. Les investigacions posteriors han detectat “infraccions molt greus” als treballs de Deloitte. Són només 2 exemples entre molts. Com molts són els casos de portes giratòries entre els càrrecs públics i PWC i Deloitte: Jaume Matas (PP), Joaquim Triadú i David Madí, Ramon Bonastre (CiU), Jordi Sevilla (PSOE). Com hem vist, a PWC trobem a Joan Guanyabens, que va passar de l’AQUAS al PWC que assessora a l’AQUAS.

IMS Health

Aquesta empresa és una de les 5 més importants al seu sector a nivell mundial i fonamenta el seu negoci en la venda de dades mèdiques a la indústria farmacèutica. Disposa de les dades de 400 milions de pacients la qual cosa li permet “tenir accés als pacients correctes”. IMS Health s’ha vist implicada en diversos escàndols en relació a la seguretat de les dades en venda. Al 2013 a Alemanya el setmanari Der Spiegel va informar de l’extracció de dades de les receptes electròniques.

Un fet que va ser qualificat per Thilo Weichert –del Centre Independent per a la Protecció de la Privacitat– com “un dels més greus escàndols des de la postguerra”.

El ministre de sanitat alemany Daniel Bahr va demanar una investigació a la vegada que l’escàndol es traslladava a la veïna Àustria on es va descobrir que IMS Health comprava informació a una xarxa de 350 metges. Una de les majors preocupacions de la companyia –explica el seu fulletó de sortida a borsa– són les lleis de protecció de dades dels estats.

Per això, amb la intenció de pressionar el marc regulador, IMS Health ha invertit als últims 10 anys prop de 3 milions de dòlars per finançar grups de pressió als Estats Units. A Europa IMS Health és molt actiu a l’àmbit de la legislació de privacitat i manté equips que monitoritzen els moviments legislatius i emeten informes i peticions al Parlament.

T-Systems

Aquesta empresa és una de les principals proveïdores de tecnologia de la Generalitat de Catalunya, sobretot després del procés de privatització dels serveis informàtics. En concret, T-System i Telefònica van guanyar al 2012 contractes per valor de 1.062M€ inclosos els serveis de gestió informàtica de gran part del sistema sanitari català.

Everis

Aquesta empresa consultora té entre els seus principals clients a les més importants empreses farmacèutiques. A l’igual que les altres consultores, Everis aposta per la política de portes giratòries: Eduardo Serra (ex-ministre de defensa del PP) , Eugenio Galdón (ex-jefe de gabinet de Felipe Gonzalez i director del Grupo Prisa i Cadena COPE) o l’ex-ministra del PSOE Cristina Garmendia han aportat els seus coneixements a Everis.

Wellpoint

Wellpoint és una companyia asseguradora nord-americana que tant als documents de la Fundació TicSalut com l’informe sobre sanitat de PWC es posa com a referent pel que fa al negoci de les dades sanitàries. El problema és que l’historial de Wellpoint en aquest àmbit està lluny de ser exemplar. L’any 2013 Wellpoint va haver de pagar al Departament de Salut dels Estats Units una multa de 1,7 milions de dòlars per haver permès l’exposició de les històries clíniques de més de 600.000 persones. No era la primera vegada. Al 2011 Wellpoint va ser multat amb 100.000 dòlars per haver deixat exposada la informació mèdica de 32.000 pacients.

Font: cafèambllet
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