Cerca de 900.000 personas en España han perdido el derecho a la asistencia sanitaria


Dempeus per la salut pública se suma al manifiesto CONTRA LA EXCLUSIÓN SANITARIA, EN DEFENSA DE LA SANIDAD UNIVERSAL
 

La asistencia sanitaria ha dejado de ser un derecho para pasar a ser una prestación vinculada a la condición administrativa de asegurado
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Más sesenta organizaciones y plataformas de los ámbitos social, profesional y científico, entre las que se cuenta Amnistía Internacional o Médicos del Mundo, han lanzado un manifiesto para exigir al Gobierno cambios en la política sanitaria cuando se cumplen dos años de la entrada en vigor del Decreto de 2012 de ‘medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones’.

Bajo el título ‘Contra la exclusión social sanitaria, en defensa de la sanidad universal’, los firmantes del manifiesto denuncian los impactos que está produciendo la política sanitaria puesta en marcha por el Gobierno del PP y los “incumplimientos” de la legislación internacional en materia de derechos humanos. Con el Real Decreto, la asistencia sanitaria en España ha dejado de ser un derecho para pasar a ser una prestación vinculada a la condición administrativa de asegurado. Los promotores del manifiesto también recuerdan que se ha restringido ciertas prestaciones y se ha aumentado la carga económica directa para las personas.

Colectivos especialmente vulnerables

Por todo esto, afirman “el balance no puede ser más negativo”. Según datos aportados por el propio Gobierno, al menos 873.000 personas en España perdieron el derecho a la asistencia sanitaria en España en estos dos años de la entrada en vigor del Real Decreto Ley. Se trata de colectivos especialmente vulnerables que también contribuyen a la financiación del sistema público de sanidad a través de impuestos.

Y es que, aunque el decreto reconoce el derecho a la atención de embarazadas, menores, o atención en urgencias, se han originado numerosos casos de desatención agravados por la exigencia de firma de compromisos de pago o la facturación indebida. Los más dramáticos acabaron en muerte como fueron los casos de Alpha Pam en Mallorca, Soledad Torrico en Valencia y Janneth Beltrán en Toledo.

Las mujeres migrantes son uno de los colectivos a los que se les ha retirado la tarjeta sanitaria, lo que dificulta la detección de casos de violencia de género, así como la adecuada asistencia en casos de violencia sexual. En el caso de las víctimas de trata de seres humanos se limita el acceso a quienes se les otorga el periodo de restablecimiento y reflexión, mientras que a la mayoría no se les reconoce el derecho a la asistencia sanitaria.

Deterioro de la cohesión territorial

También se pone de manifiesto que la disparidad de criterios en la aplicación de la normativa por parte de las Comunidades Autónomas “ha deteriorado aún más la cohesión territorial en el Sistema Nacional de Salud, y ha convertido el acceso a la atención sanitaria en un auténtico laberinto administrativo”.

Asimismo la reforma sanitaria incumple o contraviene estándares internacionales de derechos humanos tal y como vienen denunciando organismos como Naciones Unidas o el Consejo de Europa, sin que el Gobierno haya hecho nada por cumplir estas recomendaciones. El propio Tribunal Constitucional afirma que no se puede restringir el derecho a la salud por motivos fiscales, un ahorro que, por otra parte, aún no ha cuantificado el Ejecutivo.

Las organizaciones exigen una Ley de Sanidad que nazca con consenso, que garantice la universalidad de la asistencia sanitaria como establece la OMS, para que “toda persona disfrute del más alto nivel posible de salud”.

Firmantes del Manifiesto

Fuente: Nueva Tribuna
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CUS: Retirada de la llei d’abortament


Els company@s de la CUS ens demanem la difusió del següent comunicat respecte la retirada de la llei d’abortament.
 
Els membres de Dempeus per la salut pública també celebrem la retirada d’aquest avant projecte de llei, abastament criticat des d’aquestes pàgines i en les nostres intervencions públiques.
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EspaiFàbrica: Perspectives – 2014


Els companys de EspaiFàbrica ens demanen la nostra col·laboració amb el Verkami per la segona edició de la revista Perspectives. Demanda que fem extensiva a tots vosaltres. Aconseguiu anticipadament els exemplars a un preu més assequible, i ajudem-los a fer-lo realitat. 
Us animem a difondre el projecte entre els vostres coneguts i a través de les xarxes socials!

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Perspectives és una publicació anual editada per EspaiFàbrica. Una eina per a l’anàlisi crític, la reflexió, i la identificació dels reptes als que els moviments socials i polítics caldrà que donin resposta.

L’octubre del 2013, i gràcies a l’esforç de cadascuna de les tres-centes persones que apostaren per a que PERSPECTIVES fos una eina útil per a generar debat a les assemblees i organitzacions es publicaren les reflexions de més de 15 autores i autores.

Per al Perspectives|2014 es planteja la vigència d’alguns àmbits de lluita tractats a l’edició anterior (sanitat, educació, feminisme, treball, alliberament nacional) però també se n’incorporen d’altres com l’endeutament, el paper de la cultura, l’auge de l’extremadreta, l’explotació del territori, el municipalisme o les xarxes de suport mutu.

Autors 2014

Autors 2014

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Hacienda constata que las donaciones al Sant Pau no se destinan al hospital


Fachada principal del nuevo Hospital de Sant Pau. / ESTEFANIA BEDMAR

Ha sido una de las quejas más recurrentes de los trabajadores del hospital de Sant Pau en los últimos años y, pese a haber sido negada por la dirección repetidamente, ahora la Agencia Tributaria les ha dado la razón. Un informe de la Agencias Tributaria —que ayer adelantó EL PAÍS y que revela la existencia de costes hinchados un 3,8% en las obras del nuevo hospital— constata que Sant Pau no destina a la actividad asistencial los ingresos obtenidos por el ingente patrimonio que atesora. Estos bienes incluyen el edificio del nuevo hospital, los pabellones del recinto histórico y un millar de propiedades —viviendas, edificios, garajes, naves industriales y fincas rústicas repartidas por todo Cataluña— recibidas por la institución a lo largo de sus cinco siglos de historia como donaciones. El objetivo de estos legados, que aportan cinco millones al año en rentas, ha sido precisamente financiar la labor asistencial del hospital.

Los inspectores han analizado, por encargo del Juzgado de Instrucción 22 de Barcelona, las cuentas de la Fundación Privada Sant Pau entre los años 2009 y 2012. En las conclusiones de su informe destacan que “se puede concluir que no se aprecia que entre los destinos de los cobros de los alquileres esté la Fundación Gestión Sanitaria”.

La Fundación de Gestión es una de las dos en las que fue dividido el histórico Sant Pau en 1991. Controlada por la Generalitat, que tiene mayoría en su patronato, su misión es prestar la asistencia médica que reciben los pacientes del hospital. Mientras, la Fundación Privada —controlada de facto por la Iglesia aunque en su patronato también están la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona— es la encargada de sacar rendimiento al patrimonio. Un año más tarde, en 1992, fue creada una tercera fundación dedicada a la investigación.

Carme Pérez, radióloga de Sant Pau, tras declarar ante el juez para ratificar su denuncia. / CARLES RIBAS

Los inspectores han constatado que, aunque las tres fundaciones sean vistas como un todo conocido como el Hospital de Sant Pau, en realidad funcionan como tres entidades con cuentas separadas que persiguen objetivos distintos. Esto es lo que denunciaban los trabajadores que llevaron a los tribunales la gestión del Sant Pau, al que acusaban de estar aplicando durísimos recortes en el hospital mientras que la Fundación Privada actuaba como una empresa inmobiliaria que acumulaba beneficios.

El hospital ha tenido que cerrar camas, alargar sus listas de espera y recortar las condiciones laborales de los trabajadores sin que los ingresos obtenidos por las donaciones se dediquen a los fines para los cuales fueron entregados a Sant Pau”, denunciaron hace dos años los trabajadores. En palabras de los inspectores, “existe una tendencia a que los fondos obtenidos de los alquileres se remansen en la Fundación Privada” lo que le permite tener “un resultado contable positivo”. La situación se hizo aún más acuciante en marzo de 2012, cuando la Fundación de Gestión tuvo que ser intervenida por su mala situación económica, agravada por los recortes aplicados por la Generalitat.

Los trabajadores denunciaron entonces que con ello “son los presupuestos públicos, todos los contribuyentes, los que financian el agujero del hospital mientras la Iglesia se queda con el patrimonio y sus beneficios”.

Las conclusiones de los inspectores tienen importantes consecuencias fiscales, ya que si la actividad de la Fundación Privada es meramente de gestión inmobiliaria, esta debería hacer frente al pago de mayores cuotas del Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Según recoge el informe, la Ley 49/2002 —de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos— están exentas del IAE las entidades “que persigan un interés general”, que este fin sea hecho “de forma directa por la propia entidad” y que a ellos destine “al menos el 70%” de sus ingresos.

Tras analizar las cuentas de la Fundación Privada, los inspectores concluyen que no cumple estas condiciones y calculan que —teniendo en cuenta donaciones sí hechas a la Fundación de Gestión, lo que le permite algunas desgravaciones— debería haber pagado a la hacienda pública 1,32 millones entre los años 2009 y 2012.

No es esta la única irregularidad fiscal encontrada por la Agencia Tributaria. La segunda tiene que ver con el IVA del alquiler del nuevo edificio del hospital. Según los convenios firmados entre Sant Pau y la Generalitat en la última década, el Departamento de Salud se comprometía a pagar las obras y dejar que la Fundación Privada se quedara el edificio del hospital en propiedad siempre que cediera su uso a la Fundación de Gestión sin coste.

La dirección de Sant Pau decidió organizar contablemente esta cesión de la siguiente manera: la Fundación de Gestión paga un alquiler anual a la Privada —2,96 millones en 2012— y esta le retorna el dinero como una donación. El problema surge al fijar el importe del alquiler, ya que sobre él debe aplicarse el IVA que ingresa la Agencia Tributaria. Los inspectores censuran que, tras la inauguración del nuevo hospital, la Fundación Privada cambiara el cálculo para fijar la renta anual y recuerdan que la ley establece que esta debe corresponder al menos a las amortizaciones anuales del edificio, mucho más elevadas —11,4 millones en 2012—.

Con el nuevo cálculo, Sant Pau debería haber pagado un IVA mucho más elevado. Los inspectores estiman que de esta forma Sant Pau ha defraudado a la Agencia Tributaria un total de 6,01 millones de euros entre 2008 y 2012, ya que consideran que pagar menos impuestos era precisamente el único objetivo del cambio contable adoptado: “Al alterar el cálculo del alquiler a partir de 2008, las partes no pueden ignorar que el único efecto práctico es que van a reducir las cuotas de IVA a ingresar a la Hacienda Pública”, sostiene el informe.

La Agencia Tributaria concluye así que Sant Pau habría pagado 7,33 millones de euros de menos entre 2008 y 2012 por el IVA y el IAE. El juez del caso ya ha remitido el informe a la Abogacía del Estado, primer paso para que esta pueda personarse como perjudicada ante los presuntos delitos de fraude fiscal.

 

Dos millones perdidos en un pelotazo

Oriol Grau

Al bucear entre las cuentas de la Fundación Privada Sant Pau, los inspectores de la Agencia Tributaria se han topado con el embrión de una extraña operación inmobiliaria que costó a la institución dos millones de euros y que benefició, tras varios giros, al Colegio de Médicos de Barcelona. En el centro del fallido pelotazo está Can Masdeu, una propiedad de 38 hectáreas situada en las faldas de Collserola con una masía habitada por okupas.

Imagen del nuevo hospital de Sant Pau. / estefanía bedmar

El caso se remonta a los inicios del proyecto del nuevo hospital, cuando Sant Pau adjudicó la primera fase de las obras a una UTE formada por Emte, OHL y Guinovart. La adjudicación incluía el derecho de la UTE a comprar Can Masdeu al Sant Pau por entre 6,9 y 8,1 millones de euros “con el fin de construir equipamientos sociosanitarios, geriátricos o residenciales”.

Las tres empresas de la UTE crearon una sociedad —Sant Llàtzer i Can Masdeu Promocions— para llevar a cabo el proyecto. En 2003, los tres socios vendieron la empresa al Colegio de Médicos y a Layetana Desarrollos Inmobiliarios con una peculiaridad: el Colegio pagó 126.987 euros por el 53,86% del capital, mientras Layetana pagó más del doble (263.670 euros) por el 46,17%.

Tres años más tarde, en plena burbuja inmobiliaria, los dueños de la sociedad exigen llevar adelante la compra, a lo que Sant Pau se resiste. El tema acaba en los tribunales, que fallan a favor de Sant Llàtzer. Es entonces cuando, en 2008 y en un nuevo quiebro, Layetana vende al Colegio de Médicos su parte por 569.000 euros. Finalmente, Sant Pau acaba por pagar en 2010 dos millones de euros al Colegio para que renuncie a los derechos de compra. Según el informe, “el pago de dos millones reporta al Colegio de Médicos una ganancia desproporcionadamente superior a los costes incurridos”.

Fuente: Oriol Grau en El País

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Boi Ruiz obliga a identificar a los enfermos crónicos con una cruz


Abc denuncia un protocolo de la consejería de “Salud” que exige a los médicos a contestar esta pregunta: «¿Le sorprendería que este paciente muriera en los próximos 12 meses?». Deben señalar con una «x» la historia de los pacientes crónicos si sospechan que les queda un año de vida. La decisión condiciona los tratamientos.
 

Enfermo terminal en un hospital de Catalunya

Los médicos de Familia catalanes llevan meses preocupados por la posible repercusión de un protocolo impulsado por la consejería de Salud de la Generalitat en el que se les obliga a señalar con una cruz, en un programa informático, a los pacientes crónicos más complejos que podrían fallecer en los próximos meses.

Las suspicacias las ha levantado una pregunta que las autoridades sanitarias catalanas han introducido en el Programa de Prevención y Atención a la Cronicidad (PPAC) para la atención a este tipo de pacientes. «¿Le sorprendería que este paciente muriera en los próximos 12 meses?», aparece en la pantalla del ordenador de los facultativos. Esta pregunta les obliga a marcar la casilla del «sí» o del «no».

La respuesta afirmativa puede condicionar «el tratamiento que recibirá el paciente a partir de aquel momento», según denuncian médicos de atención primaria en un documento colgado en el blog del sindicato Médicos de Cataluña. «No es solo una pregunta de mal gusto expresada en términos poco profesionales, sino que si se responde afirmativamente puede influir en cómo es tratado ese paciente en su próxima visitaal servicio de urgencias o en la petición de atención domiciliaria», aseguran los facultativos en ese documento.

Últimos días

María Jesús Martínez, médico de familia del Centro de Atención Primaria del barrio de Sants de Barcelona, una de las profesionales sanitarias que suscribe la denuncia, considera «inaceptable» la pregunta y también el hecho de que se incluya en un protocolo médico estandarizado. «Esa pregunta no debe ser un motivo para clasificar a nadie», dice Martínez en declaraciones a este diario. Como ella, el resto de médicos que apoyan el documento se oponen tajantemente a estigmatizar a este tipo de enfermos. Eso es, precisamente, lo que ocurre si los médicos marcan la casilla del «sí».

Si el facultativo responde que cree que el paciente fallecerá en los próximos 12 meses éste pasa a ser etiquetado como paciente MACA, (Enfermedad Crónica Avanzada, en el acrónimo catalán). Así pues, se le identifica en el programa como enfermo de «últimos días», lo que antes se conocía como enfermos en situación terminal.

La consigna general de la Generalitat para estos enfermos es que el mejor sitio en el que pueden ser tratados es en su propio domicilio. «La filosofía podría entenderse si respondiera a criterios estrictamente médicos o clínicos, aunque el propio departamento reconoce que las nuevas orientaciones para el tratamiento de estos pacientes responden a motivos meramente económicos», precisan los médicos.

Este diario ha podido constatar tal afirmación. En el documento «Recomendaciones prácticas para la identificación y mejora de la atención a personas con enfermedades crónicas avanzadas» (MACA), la Generalitat establece como objetivo final del programa la «reducción de acciones innecesarias».

De este modo, según subrayan los médicos, «Salud limita el gasto de recursos hospitalarios y establece un programa de atención domiciliaria para personas con este perfil que, si bien en algunos casos puede estar justificado, no puede representar un modelo sistemático de tratamiento por el simple hecho del ahorro en gastos».

«La eficiencia no puede anteponerse en ningún caso al deber de paliar el dolor y el sufrimiento causados por una enfermedad, sin que las circunstancias económicas condicionen la atención recibida por el paciente», apuntan los médicos de atención primaria en el blog.

Aunque no hay una directriz concreta de recetar menos medicamentos, no realizar determinadas pruebas o no ingresar a estos pacientes en unidades de agudos, María Jesús Martínez y David Arribas, otro de los profesionales que suscribe la denuncia, aseguran que sí se les insta a que «pongan la lupa» sobre ellos «para evitar acciones innecesarias». O lo que es lo mismo, que focalicen la atención sobre ellos con el objetivo del ahorro.

Carga moral

«Tendría lógica si la premisa fuera evitar el encarnizamiento terapéutico, teniendo en cuenta únicamente el criterio médico, pero no es el caso», dice Arribas, quien reconoce que Salud quiere reforzar el control sobre este colectivo de pacientes «de forma específica». «No te da una instrucción explícita de que ahorres en medicación pero sí te dice que les observes más de cerca para evitar la polimedicación innecesaria», añade.

La doctora Martínez suscribe tal afirmación y acusa también al departamento de Salud, que dirige Boi Ruíz, de lanzar el plan «sin contar con la opinión de los profesionales que vamos a tener que desarrollarlo». «Nos imponen unas directrices que para nosotros nos suponen una carga moral y ni siquiera nos consultan», dice Martínez. Recuerda también a la consejería que los médicos de cabecera llevan «toda la vida» aplicando cuidados paliativos sin necesidad de marcarlo en un protocolo ni hacer ninguna clasificación.

«No se puede obligar a los profesionales a realizar ningún diagnóstico para hacer una discriminación negativa. Se debe ver con el tiempo la evolución de cada enfermo», afirma la facultativa del CAP de Sants. Ella y el resto de médicos que suscriben la denuncia y con los que ha contactado este diario aseguran que ya han elevado a la Generalitat su preocupación y malestar pero la pregunta sigue en los protocolos. Las autoridades sanitarias desmienten que eso suponga un empeoramiento del trato asistencial y médico a estos pacientes. Aseguran que el objetivo es evitar el encarnizamiento terapéutico y racionalizar las acciones.

La Generalitat quería pagar más a los facultativos que más historias señalaran

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Jornades No al TTIP


Cliqueu per més informació

El Govern dels Estats Units i la Comissió Europea estan negociant un tractat comercial anomenat Tractar transatlaǹtic de comerç i inversions (TTIP per les sigles en anglès) que cas de ser apovat serà una victòria més de les empreses multinacionals i els grans bancs sobre els drets socials i ambientals, posant als governs democràtics i als pobles per sota dels beneficis d’aquestes corporacions.

Organitzacions de la societat civil d’Europa i EEUU, entre les que està ATTAC, estan portant una campanya contra l’aprovació d’aquest tractat (Campanya No al TTIP), i el proper dia 11 d’octubre han convocat un dia europeu d’acció. A Barcelona, cel.lebrarem unes jornades de difusió i debat els dies 10 i 11 d’octubre.

Adjuntem la informació sobre les jornades que ens ha enviat ATTAC:

TTIP-cartell català
TTIP programa català
TTIP programa castellà

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Un libro para armar de argumentos la lucha por la defensa de la sanidad pública


Investigadores, asociaciones de defensa de la sanidad pública y activistas explican en un libro el proceso de mercantilización de la atención sanitaria pública en Cataluña

El libro, titulado “Cómo comercian con tu salud?” ha sido financiado por una campaña de micromecenazgo y será ampliado por un informe a finales de año.

Protesta contra los recortes en el hospital Can Ruti de Badalona /CARMEN SECANELLA

La sanidad catalana ha sido muy sacudida en los últimos años: escándalos de corrupción y de conflictos de intereses, recortes y aumento de las listas de espera, derivaciones de pacientes a la privada, etc. Para analizar este proceso, investigadores del Grupo de Investigación en Desigualdades de la Salud (GREDS) y activistas acaban de publicar el libro ‘Cómo comercian con tu salud? “(Icaria Editorial) que ha sido financiado gracias a una campaña de micromecenazgo. El libro, que se presentó el miércoles pasado, defiende la tesis que todos estos hechos responden a una lógica de mercantilización del sistema sanitario público. “Hacía falta datos científicos para contraargumentar este discurso dominante, armarnos de argumentos para continuar luchando por la defensa de la sanidad pública“, apuntó Gemma Tarafa, directora científica del libro.

El concepto de mercantilización se define en el libro por la introducción de criterios mercantiles en las administraciones públicas con la idea de que el mercado es el más eficiente par la asignación de recursos. Sin embargo, los autores contestan esta afirmación y, tras analizar estudios internacionales, concluyen que “los pacientes atendidos en hospitales con ánimo de lucro presentan unos peores resultados y con unos costes superiores que los de los atendidos en hospitales públicos o privados sin ánimo de lucro“.

En opinión de los autores, esta tendencia, sin embargo, no es nueva sino que se produce desde hace muchos años en Cataluña. En concreto, el disparo de salida de la mercantilización fue la reforma de la ley de ordenación sanitaria de Cataluña que introdujo formalmente ‘el ánimo de lucro‘ en la sanidad catalana en 1995.

También apuntan que esta introducción del ánimo de lucro ha sido acompañada de una persistencia del carácter “hospitalocéntrico” del sistema sanitario.Este enfoque“, afirman, “genera beneficios considerables en ‘medicalizar’ personas sanas, sobre todo las mayores“. Por eso lamentan que el sistema no dé una mayor importancia a la atención primaria a pesar de que “una atención primaria débil se asocia a una mortalidad general y prematura más elevadas“.

Después de este repaso histórico, el libro se centra en las consecuencias de los recortes aplicados en los últimos años: 4 centros de atención primaria han sido cerrados, 31 han visto su horario restringido y 58 han dejado de funcionar las 24 horas. En cuanto a la atención especializada, se cerraron 1.132 camas entre 2010 y 2012 y desaparecieron diferentes servicios y actividades en algunos hospitales. A todo ello se añaden el aumento importante de las listas de espera para las intervenciones quirúrgicas o las reducciones de sueldo del personal sanitario.

Luchas y nuevas ideas

El libro no pretende sólo ser un análisis de la evolución de la sanidad catalana. Por eso también contiene un capítulo dedicado a las luchas que se han multiplicado en los últimos años: desde las ocupaciones contra los cierres de centros de atención primaria, contra los recortes en las condiciones laborales del personal sanitario o bien contra el llamado ‘apartheid sanitario ‘que limita el acceso de los migrantes a la sanidad pública. En el mismo sentido, la activista Clara Valverde dijo durante la presentación que “este libro ayudará a repolitizar, a explicar a la gente que lo que está pasando es fruto de decisiones políticas“.

En su intervención, Valverde subrayó la pertinencia de las nuevas luchas a favor de la sanidad pública. Cree más eficaz multiplicar las acciones aisladas como las ocupaciones de CAPs.Esto contagia, inspira otros grupos“, justificó.No hay que tener un plan conjunto como hacíamos antes cuando nos limitábamos a crear plataformas y firmar manifiestos“.

La última parte del libro propone ideas para un nuevo “Sistema Nacional de Salud en Cataluña“, que consideraría como entes públicos todos los centros de atención primaria y especializada que reciban financiación pública, lo que, en la práctica pondría fin al modelo actual de consorcios. Pero los autores van más allá y proponen un enfoque “bio-psico-social” de la salud de las personas, es decir menos medicalizado y con menos peso farmacéutico. Finalmente, proponen una democratización del sistema con una participación real de los usuarios y de los profesionales.

Reseña de la presentación del libro, hecha por Benoît Cros en diario.es.
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