Si no hi ha llits es col·lapsen les urgències


Els company@s de la SAP Muntanya i tants d’altres que un diumentge d’estiu per la tarda, convocats en unes hores, han fet un acte reivindicatiu al Hospital Vall Hebron per que ens han avisat que les urgències tornen a estar col-lapsades i aconsegueixen, reunits amb el Gerent (Sr. Navas, que demostra tenir més cintura que el de Bellvitge) el compromis de obrir 20 llits tancats per ubicar les urgències.
No pararem de defensar el nostre sistema sanitari públic ! gracies pel seu exemple.

Aquest cap de setmana s’han col·lapsat, un cop més, les urgències a la Vall d’Hebron. En teoria i tal com expliquen els responsables sanitaris d’aquest país aquestes coses no haurien de passar. I és aquest argument, “les hospitalitzacions baixen” el que justifica que es tanquin llits “que després es tornaran a obrir quan passi l’estiu”, diuen. La realitat però és superior a les teories. I atenció, en els propers articles parlarem de Bellvitge.

Aquest diumenge Sap Muntanya, membre de la PDS, feia una crida urgent perquè les urgències a la Vall d’Hebron es tornaven a col·lapsar. Malgrat ser diumenge, estiu, i en plena tarda, prop d’un centenar de persones es presentaven al vestibul de l’hospital. Els acompanyava el dipuat d’ICV-EUiA, Josep Vendrell. Un grup dels assistents va fer una primera inspecció pels passadissos d’urgències i van detectar una primera pacient que hi estava des del divendres. En mig de tot això assistència de premsa i TV. Primera reunió amb el gerent i davant la seva incredulitat nova inspecció d’una delegació de Sap Muntanya, Gerent i diputat Vendrell. En la segona ronda ja no és un pacient sinó tres els que portan més de 48 hores.

Cal obrir llits i solventar aquests casos. Carlos de Sap Muntanya afirma: “És molt greu que la gerència no sàpiga quants pacients estan en  aquesta situació”. La filla d’una de les afectades explica com la situacio per la seva mare ha provocat un atac d’ansietat al seu pare i volen demanar l’alta voluntària per aixi poder posar una denùncia.

Empoderament popular

Després de la segona ronda nova reunió amb gerència (que demostra tenir una cintura que el gerent de Bellvitge no té) i acord amb posar a disposició 25 llits per desbloquejar les urgències.

Feu clic i vegeu aquí com ho explicava BTV

Les veïnes i veïns no comparteixen les opinions del Gerent Dr. Navas i aquest dijous tindran una nova reunió amb ell per parlar.

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España-Portugal: aborto de ida y vuelta


[Artículo publicado en el número 18 de la revista La Marea ]

Manifestación del Tren de la Libertad contra la reforma de la Ley del Aborto. de Gallardón

Un estudio de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), realizado entre 6.045 mujeres, desvela que una de cada tres se iría a un país extranjero en caso de que un cambio legislativo en España les prohibiese ejercer el derecho a abortar. Las restantes se dividen entre las que optarían por seguir con su embarazo y las que lo interrumpirían en España de forma clandestina. En 2012, último año del que se tienen datos oficiales, abortaron en España 112.390 mujeres. Si se extrapolasen los datos de ACAI, más de 35.000 españolas se irían cada año a otro país a abortar, y la mayoría optaría por Portugal, apunta la asociación.

España y el país vecino no tienen establecidos protocolos de actuación para asistir a esas mujeres. El secretario de Estado adjunto del Ministerio de Salud portugués, Fernando Leal da Costa, contesta escuetamente cuando se le pregunta sobre la posibilidad de una oleada de mujeres hacia el país vecino: “El Ministerio de Salud de Portugal no se pronuncia sobre el proceso legislativo español, no obstante en el campo de la cooperación técnica hay numerosos contactos entre los dos países”.

Actualmente, el aborto es libre en Portugal hasta las primeras diez semanas de embarazo; tras ese periodo, se establece una ley de supuestos. Esta legislación está vigente desde 2007. Hasta entonces, miles de mujeres lusas venían a España a abortar. Por ello, algunas clínicas españolas se desplazaron a enclaves cercanos a la frontera, como Salamanca, Pontevedra o Badajoz. El camino ahora es el inverso.

La activista y directora de la clínica Isidora de Madrid, Empar Pineda, teme que las españolas vuelvan a verse en la misma tesitura que vivieron las portuguesas cuando las leyes españolas eran más progresistas que las de su país. “Portugal nos ha adelantado”, se lamenta, a la vez que advierte que “la nueva Ley va a obligar a muchas mujeres a tener que irse fuera. La situación será dramática porque las que no tengan recursos deberán recurrir a la clandestinidad, con lo que ello supone para la salud de las mujeres”.

El diagnóstico de Pineda coincide con el que hacen la mayoría de directores de clínicas. “Esto se va a convertir en una gincana para las mujeres, tendremos que estar preparados para buscar la forma en que puedan ejercer sus derechos”, explican desde el centro Guadiana, situado en Badajoz. ¿Y si no es posible hacerlo en España? “Pues tendrán que irse fuera”, concluye.

De momento, las clínicas españolas consultadas por La Marea aseguran que no están pensando trasladarse al país vecino. Dicen que no les sale a cuenta invertir en abrir una nueva sede para tan sólo unos meses. Como argumenta Francisca García, presidenta de ACAI, están convencidas de que la ley promovida por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, “no tiene ningún sentido y, además, si finalmente se aprueba, va a tener muy pocos meses de vida”.

En esta línea, los responsables de Multimédica Centro, en Salamanca, confían en que no se aprobará “esta ley socialmente discriminatoria”. Sin embargo, anuncian que, “si no fuera posible realizar en España una interrupción de embarazo con las garantías sanitarias precisas, se adoptarían las medidas necesarias para atender esa situación donde fuese, dentro de un marco de legalidad”. La clínica admite que “existe una relación asistencial entre los centros españoles y portugueses” y que, “si fuese necesario, en el tema de la interrupción de embarazo, y de acuerdo a los imperativos legales y a las necesidades, se establecerían los protocolos oportunos”, concluyen.

Acreditaciones

El centro español tiene parte de su información en Internet en portugués, herencia de su inauguración hace 20 años, cuando atendía “con regularidad” a mujeres del país vecino que querían abortar. En la actualidad, Multimédica Centro cuenta ya con una hermana al otro lado de la frontera. Multimédica Lusa espera obtener en las próximas semanas la acreditación para practicar abortos en Vilar Formoso (Portugal). Apenas 120 kilómetros separan a ambas clínicas.

La empresa lusa no quiere hacer declaraciones. Incluso tiene su web bloqueada a la espera de la decisión que tome el gobierno de Mariano Rajoy y, según su home, por las “presiones que estamos sufriendo por parte de los medios de comunicación”. A este mensaje añade un lacónico “estamos procediendo a la actualización de alguno de los contenidos que aparecen en nuestra web”.

En la actualidad hay muy pocos centros privados autorizados por el Gobierno portugués para practicar abortos. Los Arcos, en Lisboa, es uno de ellos. Su matriz es la Clínica Guadiana, de Badajoz, que decidió abrir sede en Portugal justo en 2007, cuando se produjo la reforma legislativa en este país. Sus responsables aseguran que, si finalmente entra en vigor la ley de Gallardón, tendrían que ver “qué hacer y cómo poder seguir ofreciendo a las mujeres la posibilidad de interrumpir su embarazo”.

Menos optimistas se muestran en las asociaciones de mujeres portuguesas. Desde Umar (Unión de Mujeres Alternativa y Respuesta) creen que a una española no le será posible abortar a través del sistema público de su país, “a no ser que sea en una situación de urgencia”. Las demás deberán acudir a la sanidad privada y hacer frente al pago de la operación. Una interrupción voluntaria del embarazo con anestesia local en Los Arcos cuesta 400 euros hasta las 10 semanas, y 500 euros, pasado este periodo. A ese precio hay que añadir el coste del viaje y la estancia.

De la humillación a la normalidad F. S. es portuguesa y ha abortado dos veces. Una antes de 2007 y otra el año pasado. Su testimonio transmite la indignación que siente ante la reforma planteada por el gobierno del Partido Popular y da buena cuenta de cómo ha evolucionado su país en ese aspecto “y el retroceso al que se enfrenta España”. “La primera vez”, relata, “no tenía dinero, así que pensé cómo podría hacerlo a escondidas. Una médica me dejó caer el nombre de una pastilla que se mete por la vagina. Lo hice pero se me inflamó, se pudrió dentro y terminé en el hospital, vomitando por todos lados y llena de dolores”. Tras el aborto, denuncia que las enfermeras la trataron con extrema frialdad, con observaciones como “al hacerlo no te dolió, ¿verdad?”. En aquel momento era ilegal y tras la operación la dejaron “en una habitación llena de felices embarazadas que esperaban a sus niños, después de rasparme el útero en frío porque vomitaba todos los analgésicos. Fue humillante”, concluye.

Todo cambió con la aprobación de la nueva ley de 2007. La segunda vez, cuenta F.S., “el proceso fue total mente distinto, mucho más profesional. Ahora te hacen análisis de sangre para ver si aguantas el sangrado, te dejan dos días para la reflexión”. También ha sido distinto el trato con los profesionales sanitarios: “El médico fue cariñoso y respetuoso con mi intimidad y mis decisiones. Incluso vino donde estaba yo y me acarició, asegurándome que vendrían tiempos mejores donde, sanamente y con amor, podré engendrar todas las vidas que quiera”.

Donde los tiempos parece que no irán a mejor, denuncian las asociaciones de mujeres, es en España. Si se produce el cambio normativo, el país retrocederá en la lista de estados europeos con legislaciones más avanzadas en materia de salud sexual y reproductiva. La gran mayoría de países europeos tiene un sistema de plazos para abortar que va desde los 90 días de Italia a las 24 semanas de los Países Bajos, según un estudio de Julia Nogueira para la Fundación Alternativas.

Desde UMAR creen que no le va a ser posible a una española abortar a través del sistema público portugués Empar Pineda teme que las españolas se queden en la misma situación que las portuguesas antes del 2007 Finlandia, Luxemburgo e Inglaterra, por ejemplo, tienen leyes de supuestos muy flexibles: riesgo para la salud de la madre, cuestiones económicas, malformación del feto, violación, incesto o mujer menor de 17 años (excepto en Inglaterra).

Por el contrario, las legislaciones de Chipre, Polonia e Irlanda son más restrictivas. España “ingresará” en este grupo, sólo superado por Malta, donde está prohibido en cualquier circunstancia.

En el caso de Irlanda, destaca el elevado número de mujeres que cruzan hasta Inglaterra para interrumpir su embarazo: un total de 4.149 lo hicieron en 2011. En los Países Bajos, uno de los que tienen una legislación más permisiva, el 12% de los abortos practicados correspondió a mujeres que residían en el extranjero.

“No todas las mujeres ni familias se pueden enfrentar al gasto que suponen estos viajes, [...] un cambio nores, [...] un cambio normativo hacia una mayor flexibilidad implica una reducción drástica del número de muertes provocadas por abortos clandestinos e inseguros”, sentencia el informe de Nogueira. La socióloga critica duramente la reforma propuesta por Gallardón ya que “criminaliza y victimiza al mismo tiempo a las mujeres, cuando la función real del Estado es la de legislar para proteger los derechos y el acceso a recursos que mejoren la calidad de vida de las personas”.

F.S., la mujer que abortó dos veces en Portugal, se siente ahora “libre” y asegura que cuenta su experiencia “porque soy persona”. Ante la situación que se avecina en España se siente “indignada, insultada y avergonzada” y añade que es increíble que “en este punto de la historia de la humanidad pueda haber mentalidades tan medievales”.

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Una propuesta de mínimos por la soberanía sanitaria


Una propuesta de mínimos por la soberanía sanitaria

Angels Martínez Castells y Sergi Raventós Panyella
Fundadores de Dempeus per la Salut Pública

Quatre Dempeus: Àngels, Toni, Elena i Sergi,

Diversos activistas, universitarios y profesionales relacionados con la salud y la sanidad han elaborado un Manifiesto que es, en cierto sentido, una respuesta al documento presentado por la sectorial de salud de la Asamblea Nacional de Catalunya (ANC). Aunque no es la primera crítica que suscita dicho documento, en el Manifiesto “Por el derecho a decidir también nuestra salud y el sistema sanitario de Catalunya” —que se encuentra en la actualidad en proceso de difusión y recogida de firmas— sí se ofrece un programa alternativo de soberanía sanitaria.

Las personas que han elaborado y firman el Manifiesto consideran fundamental que no se confunda la soberanía con el interés particular del mundo empresarial privado de la sanidad, como demuestra el hecho de que el documento de la ANC fue presentado por Helena Ris, actual directora general de la Unio?n Catalana de Hospitales y sucesora de Boi Ruiz al frente de la patronal de los hospitales privados de Catalunya.

La valoración que en el Manifiesto se hace de la realidad que atraviesa la sanidad  pública en Catalunya no puede ser más crítica, ya que las políticas  austericidas aplicadas por la Conselleria de Salut han conducido al sistema a un punto crítico que puede hacer imposible su recuperación.  En opinión de los autores, la situación se agrava día a día porque, al igual que en la fábula, son los lobos los que están a cargo del gallinero: las puertas giratorias funcionan en los dos sentidos, y son ahora los anteriores dirigentes de la patronal los que están dirigiendo la sanidad pública. Así, cada día nos despertamos con una nueva amenaza que afecta la integridad de nuestro sistema de salud y precariza al personal del sector.  Y mientras se elaboran soflamas vacuas y pretendidamente “neutrales” y “apolíticas” como las que encontramos en “Salut per la Independència” se intentan proteger los nichos de corrupción que corroen el sistema.  Quienes ponen nuestra sanidad pública en peligro de extinción tampoco dudan en recorrer todo el abanico de la represión: desde demandas judiciales a quienes exigen transparencia, hasta  represalias laborales a quien se atreve a contar la verdad sobre las urgencias colapsadas.

Una muestra de lo que decimos, por ejemplo: en el Institut Català de la Salut (ICS) han perdido su trabajo más de 2.400 personas desde el año 2010 (un 7%), y mientras que el presupuesto para sanidad pública en Catalunya ha disminuido en un 16%, el de la sanidad privada lo ha aumentado en un 52% en los últimos 10 años.

Después de las movilizaciones por el cierre de urgencias en determinados municipios al inicio del austericidio, ahora son los hospitales públicos más importantes como el de Vall d’Hebron, o el Hospital de Bellvitge (que ha pasado de 322,6 millones de euros de presupuesto en el 2010 a 288,9 el 2012) los que sufren de forma aguda los colapsos de urgencias, el cierre de servicios, de quirófanos y camas, mientras la ciudadanía se organiza para hacer frente a unas listas de espera abusivas (sobre las que a diario miente la propia Conselleria de Salud). La situación ha llegado a tal gravedad que en el Hospital de Bellvitge una decena de pacientes se han declarado insumisos contra el cierre de plantas y camas y se han atrincherado, con sus familiares, evitando su traslado. Son conscientes de que los recortes que la Conselleria de Boi Ruiz propone son suicidas y tienen sesgo de clase y de género: mientras las mujeres en su mayor parte deben suplir la “austeridad” de los cuidados de la sanidad, el personal sanitario, más reducido, sufre una precarización en salarios y condiciones de trabajo que difícilmente se pueden compensar sin una vocación profesional extrema, de la que los saqueadores se aprovechan sin remilgos.

El documento de la sectorial de salud de la ANC olvida que para conquistar la soberanía también en salud y sanidad debe actuarse también sobre los verdaderos determinantes de la salud y lamentablemente la mayoría de personas en Catalunya no disfrutan de una situación vital, económica o laboral compatible con la definición de salud del Congreso de Médicos  y Biólogos celebrado en Perpinyà en 1976 y que el documento de la ANC dice compartir. De hacerlo, debería denunciar que cuando los determinantes de salud se desmoronan, no se puede tomar la determinación de reducir el sistema de apoyo social ni el sector sanitario que podrían, al menos, paliar sus efectos más devastadores. Y tampoco puede negarse la malnutrición de los niños, ni ponerse de espaldas a los desahucios continuados ni escamotear los problemas de salud mental derivados de quedarse en paro y sin prestación e incluso esconder el incremento de suicidios en Catalunya.

Por ello vale la pena que se discutan de forma amplia en distintos sectores de la ciudadanía de Catalunya los puntos básicos que el Manifiesto recoge:

1. Garantizar el Derecho a la protección de la salud y a un modelo de asistencia sanitaria pública, de cobertura universal y sin exclusiones, equitativo y financiado suficientemente por impuestos progresivos.

2. Plan de Nacionalización de los servicios públicos de salud. Convertir el Servicio Catalán de la Salud (SCS) en el Servicio Nacional de Salud de Catalunya (SNSC), con funciones de planificación, financiación, gestión y evaluación de los servicios de salud públicos.

3. Con el criterio de que todo lo que se paga con dinero público debe ser público, es necesaria la definición y declaración por parte del SNSC de los proveedores públicos como medio propio del SNSC: progresivamente la totalidad de las entidades SISCAT, con hospitales de la XHUP y/o con equipos de atención primaria deberían pasar a ser entidades que sean medio propio de la Generalitat. Este punto implica también la eliminación de las puertas giratorias en la sanidad pública y que las personas incriminadas por corrupción sean juzgadas.

4. Sobre política de los medicamentos, se propugna un sistema de salud sin la omnipresencia de la industria farmacéutica, y en el que se regulen y se vigilen los conflictos de intereses de políticos, gestores y prescriptores, y se seleccionen los que de verdad son necesarios, de manera que se deje de comprar humo a precio de oro en el mercado internacional de las tecnologías.

5. Refuerzo de la Atención Primaria y Comunitaria como instrumento básico para la resolución e integración de los circuitos e intervenciones que se realizan sobre la ciudadanía del territorio con una dirección general única para todos los equipos de atención primaria del territorio.

6. Restauración de la Agencia Catalana de Salud Pública con las funciones de la Ley General de Salud Pública de Catalunya, reforzando los programas de prevención, promoción y protección de la salud (como por ejemplo: alimentos, medio ambiente, salud laboral, salud mental), promoviendo el enfoque de salud en todas las políticas, a fin de orientar las prioridades no sólo a los principales problemas de salud, sino los determinantes sociales de la salud.

7. Derogación de coREpagos sanitarios y farmacéuticos y compromiso de no imposición de nuevas tasas como el euro por medicamento que, como se ha demostrado, significa barreras de acceso al tratamiento.

8. Derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en el sistema público, como mínimo en los plazos actualmente en vigor, y sin penalización en el Código Penal, que empodere a las mujeres como personas autónomas y con derecho a decidir, y que vaya acompañada de acciones de educación sexual y afectiva para toda la población (hombres y mujeres).

9. Una visión mucho más integral de la sanidad y la salud que incorpore los aspectos biológico, psicológico y social. Poner el acento en el papel del trabajador/a social, que junto con el personal sanitario médico y de enfermería de atención primaria constituye una figura local muy cercana a los sectores más vulnerables y que requieren más solidaridad social.

En el Manifiesto se insiste, por último, en que es necesario fomentar la participación ciudadana empoderada en sanidad y salud para favorecer la democracia real, mejorar la sanidad, y democratizar la Salud Pública a partir del análisis y seguimiento de los Determinantes Sociales y reducir las desigualdades.  Los párrafos finales del Manifiesto se dedican a ratificar la idea de que la participación es clave para la soberanía en sanidad y salud de los pueblos, alertando de los nuevos intentos de reducción en la financiación presupuestaria a los servicios públicos y  del secretismo de la negociación del TTIP entre EEUU y la UE, que, de seguir adelante, nada bueno prometen para la sanidad pública del siglo XXI.

Agradecemos a Público este artículo que ayuda a difundir el MANIFEST Pel dret a decidir també la nostra salut i el Sistema Sanitari de Catalunya. Si aún no lo has firmado estás a tiempo, sólo tienes que mandarnos un correo con tus datos. En nuestro bloc encontrarás el texto del Manifiesto en catalán y en castellano y la relación de firmantes hasta ahora.
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Es tiempo de respuestas más duras y más comprometidas


Originalmente publicado en Punts de Vista:

imageEn otro de sus reportajes imprescindibles, Jessica Mouzo Quintans recoge las declaraciones de la Coordinadora de entidades del SAP Muntanya, integrada en la PDS y formada por 12 asociaciones vecinales y sindicatos sobre derivaciones de enfermos de la pública a la sanidad privada. Según la propia dirección del hospital, desde principios de año ya suman 575 las intervenciones con tiempo límite de espera que se “traspasaron” al Hospital del Sagrat Cor, de titularidad privada, lo que significa un 12% de la lista de espera en artroscopias (20 pacientes), otro 20% de las intervenciones de rodilla (unas 90), más un 10,5% de las de juanetes (15 operaciones) y finalmente un total de 450 cataratas (que corresponden al 21% de la lista de espera de esta patología). Ya ven ustedes, intervenciones no especialmente complicadas, de las que la sanidad privada agradece. Por ello, el médico Josep Martí, ex director asistencial del…

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ERC salva de la reprobación a Boi Ruiz en el Parlament


Artículo de Jessica Mouzo Quintans en la edición de Catalunya de El Pais. También comentan este hecho Punts de Vista y cafeambllet.
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Esquerra Republicana de Catalunya dio ayer –otra vez– todo su apoyo para que CiU siga su plan de privatización sanitaria. Un plan hecho a medida de las mutuas y los hospitales privados que Boi Ruiz representaba antes de ser consejero de sanidad. Todos los partidos votaron a favor de reprobar el consejero Boi Ruiz. Excepto CiU y ERC que también rechazan garantizar que no se harán más recortes de personal sanitario en los próximos dos años.

ERC dio ayer de nuevo una mano a CiU en el Parlament y salvó de la reprobación al consejero de Salud, Boi Ruiz. Los republicanos rechazaron, junto a CiU, una moción presentada por ICV-EUiA en la que se censuraba la actuación Ruiz por haber provocado “una reducción de la calidad asistencial, la degradación de los servicios sanitarios de titularidad pública, el aumento de los tiempos de espera y la precarización” de las condiciones laborales de los sanitarios.

Con el sector de la salud en pie de guerra desde varios flancos —atrincheramientos de pacientes en las plantas del hospital de Bellvitge para evitar el cierre de camas o encierros en el Arnau de Vilanova de Lleida contra la unificación de los centros sanitarios de la provincia—, ERC y CiU también rechazaron otros puntos de la moción, como “no hacer más recortes en personal sanitario” en los próximos dos años o “garantizar la continuidad del Instituto Catalán de la Salud (ICS) como entidad integramente pública”.

ICV-EUiA también propuso “dejar en suspenso” los proyectos iniciados para crear nuevos entes —como lo que se plantea en Lleida— hasta que un grupo de trabajo específico valore estos proyectos. Pero CiU y ERC también votaron en contra. “No se puede servir a dos señores: apoyar a su compañero de gobierno y defensar la sanidad pública”, criticó a ERC la diputada de C’s, Carme Pérez. El Parlament sí aprobó, en cambio, otra parte la moción en la que se garantiza que “el 100% del presupuesto de los hospitales en 2014 se destinará a la prestación de servicios”.

Foto de Núria de Gispert en la contraportada del diario El País (http://elpais.com/diario/2011/04/24/ultima/1303596002_850215.html)

El momento más tenso de la jornada se vivió durante la intervención de la diputada de CiU, Meritxell Borrás, que incluso llegó a negar que se había reducido las camas disponibles en los hospitales en los últimos años — según la memoria del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), en 2010 había 14.072 camas y en 2012, 13.357—. Algunos representantes de la Junta de Personal de Bellvitge y vecinos de L’Hospitalet, que seguían el pleno desde la bancada de invitados, interrumpieron el discurso y tuvieron que abandonar el hemiciclo. Mientras se recobraba la calma en la sala, un micrófono abierto captó un comentario de la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, dirigido a los invitados: “Es vergonzoso invitar a esta gente, eh”, se escuchó.

Fuente: El País
 
 
No podemos dejar de reproducir aquí el magnífico video de Albano Dante a Artur Mas: Artur Mas: sereu jutjat
Podeu segui la sessió del Parlament de la moció de reprobació a Boi Ruiz aquí:

 

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Cataluña quiere implantar el cobro de 25 euros por urgencia hospitalaria


Dempeus per la salut pública, se ha manifestado siempre en contra de los REPAGOS en la sanidad. Esta medida es si cabe mucho más injusta que las anteriores. ¿Cuántas personas van a morir a las puertas de urgencias por no disponer de 25 €? ¿Quién se va a responsabilizar de estas muertes?

Hoy en La Sexta nos entrevistan en las noticias del mediodía.
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La Generalitat de Cataluña ha iniciado una ronda de contactos entre las comunidades autónomas españolas para lograr apoyos a su propuesta de implantar el pago en las urgencias hospitalarias. Según fuentes solventes, la administración catalana tiene muy avanzado un proyecto que contempla el pago de entre 15 y 25 euros a todos los usuarios que acudan a las urgencia hospitalarias.

Igual que ocurría con el euro por receta, el objetivo de la Generalitat con esta propuesta es doble. Por un lado, tiene una vertiente claramente recaudatoria, pero por el otro trata de desincentivar que las personas acudan a las urgencias de los hospitales y sean asistidas en los centros de atención primaria de la red pública. La Administración considera que en determinados momentos (por ejemplo, los episodios de gripe) se produce un abuso de las urgencias hospitalarias que además quedan colapsadas.Aunque la Consellería de Salud no ha querido hacer ningún comentario sobre el asunto, remitiendo al Consejo de Política Fiscal y Financiera del día 31, elEconomista ha podido saber que el objetivo de este sistema de copago sería que este tipo de pacientes acudan a la atención ambulatoria donde, además, tiene un coste mucho menor. Según los últimos datos disponibles, una urgencia hospitalaria tendría un coste medio de 140 euros frente a 80 en los centros de atención primaria.

Todas las urgencias

Uno de los aspectos más problemáticos de la propuesta es discernir qué pacientes acuden a una urgencia hospitalaria de forma justificada y quién lo hace de forma abusiva. Por el momento, el modelo contempla aplicar el pago a todas las urgencias en hospitales, para ser lo más objetivo posible y evitar que sea un médico quien tenga que hacer una selección.

La medida es una propuesta diseñada por la Generalitat, pero la administración sanitaria catalana ya ha mantenido conversaciones con algunas comunidades autónomas dirigidas por el PP y con la Junta de Andalucía, en manos del PSOE. El objetivo de estos contactos es consensuarla y que no ocurra lo que sucedió con el euro por receta que fue aplicado primero en Cataluña y luego en la Comunidad de Madrid, pero el Gobierno lo recurrió ante el Tribunal Constitucional y suspendió su aplicación.

Ésta es una de las propuestas más polémicas que presumiblemente se debatirán en el próximo pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera previsto para el próximo día 31 de julio. En esa reunión está previsto discutir sobre un documento de trabajo con 255 medidas para reducir el gasto público en 2015.

Según el Ministerio de Hacienda, el texto es un listado de propuestas remitidas por las propias comunidades autónomas y que ha sido unificado por el Gobierno. De hecho, ha sido el ministerio quien ha remitido el documento final a las autonomías para que tengan oportunidad de analizarlo antes de la próxima semana.

Entre ellas, se encuentran el cobro por asistencia médica y urgencias; establecer tasas hoteleras en los hospitales; cobrar por faltar a citas programadas o no retirar las pruebas diagnósticas realizadas, e incluso recuperar el polémico euro por receta con el cobro de una cuantía mínima por la expedición de recetas a los pacientes.

Ajuste por vía de los ingresos

El cobro de 25 euros por urgencia hospitalaria se encuentra dentro de los nuevos ajustes que estudia la Generalitat de Cataluña para incluirlos en los presupuestos de 2015. El conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, ya anunció que no piensa realizar más recortes en los servicios públicos y que los ajustes vendrán por la vía de los ingresos, es decir, nuevas tasas que deberán pagar los ciudadanos.

La medida también figura dentro del programa de actuaciones del departamento de Salud que dirige el conseller Boi Ruiz. Uno de los objetivos fijado en el Plan de Salud de Cataluña 2011-2015 es la reducción de las urgencias hospitalarias en un 10 por ciento en el ejercicio 2015.

Este plan se fija como meta “transformar el modelo de atención en urgencias para dar respuestas más adecuadas a las demandas de atención inmediata, con el objetivo de reducir el 10% de la frecuentación de urgencias hospitalarias dirigiendo las demandas de atención a niveles más adecuados y reduciendo la variabilidad en la utilización”.

De igual modo el departamento aspira a recortar costes y situarse en niveles de servicio del resto de España: “A pesar de la disminución, si se analiza el conjunto de urgencias hospitalarias tanto a cargo del sistema público como privado, Cataluña está por encima de la media del Estado con 635 visitas por cada 1.000 habitantes en comparación con las 586 visitas por cada 1.000 habitantes por término medio en el conjunto de España”.

Fuente: El Ecom
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Ramon Montoya, president de la Junta de Personal de l’Hospital de Bellvitge explica la rebelió a Bellvitge


Ramon Montoya ens explica

En el PeriodicDelta Sergi Olivera pregunta a Ramon Montoya (1973), veí del Prat i infermer del servei d’urgències de l’Hospital de Bellvitge i delegat del SATSE (el sindicat d’infermeria) sobre la #RebelióBellvitge. Des de fa 3 anys en Ramon Montoya és president de la Junta de Personal del centre, equivalent al comitè d’empresa en la funció pública. Durant tot aquest temps ha participat de moltes protestes que, conjuntament amb plataformes d’ usuaris, denuncien que les retallades aplicades pel govern català en sanitat pública serveixen per beneficiar un model privat o concertat. En aquesta entrevista ens explica la seva visió del conflicte des de dins.

Aquesta teoria de retallar la sanitat pública per beneficiar el negoci de les privades és constantment desmentida pels responsables del govern català. Me la pot argumentar? És cert que ells sempre posen com a excusa que Madrid no està aportant els diners necessaris. Nosaltres sabem que sí que hi ha diners però no s’estan destinant a la sanitat 100% pública. No es prioritzen els recursos cap al model de l’ICS (Institut Català de la Salut), sinó que es deriven cap a hospitals privats i un model de consorcis que es gestionen fora de l’ICS. No oblidem que això ve decretat pel conseller Boi Ruiz, que venia de la patronal dels hospitals privats, un autèntic contrasentit.

Posi’m un exemple d’aquests consorcis. Els consorcis es van crear quan governava Jordi Pujol per cobrir zones de territori on no hi havia hospitals de referència. La idea era bona però amb el temps s’ha degradat. Em refereixo per exemple a consorcis on s’han destapat escàndols de corrupció gràcies a la revista Cafèambllet (CSMS, Corporació de Salut del Maresme i La Selva). Es tracta d’un altre model diferent del de l’ICS, que sí que és 100% públic i on els pressupostos estan controlats des del Parlament. En el cas dels consorcis, es nodreixen de diners públics però la gestió que se’n fa és opaca. Si vols fer un seguiment d’on van a parar aquests recursos arribes a un punt on els perds la pista.

Ramon Montoya en acció

Vol dir que algú s’embutxaca aquests diners públics? El que està clar és que amb aquest model que volen imposar és tot més obscur. Potser és casualitat que membres dels consells d’administració d’alguns hospitals privats a on estan derivant pacients de l’ICS, i per tant diners públics, siguin de certs partits polítics i que alguns d’aquests directius estiguin cobrant més que els mateixos Boi Ruiz o Artur Mas. Nosaltres veiem que es vol eliminar el model públic per fer negoci i contra això estem lluitant i conscienciant la gent.

L’entrevista sencera, a la versió en paper del Periodic del Delta del Llobregat, i tot el seguit d’accions dels pacients, des del bon començament de la insubmisió del Dani fins avui, en els magnífics articles de Jessica Mouzo Quintans a l’edició de Catalunya de El Pais.

Font: PeriodicDelta Vist a: Punts de Vista
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