La privatización en la sanidad catalana, “tacita a tacita”


Un año atrás Antía Castedo escribía que los servicios privados estaban aumentando en los hospitales públicos catalanes: desde el pago por un sillón por acompañar a un familiar enfermo, hasta cobrar por dar habitación individual. Aunque pasa el tiempo y seguimos sin datos oficiales, se ha ensanchado la doble puerta de entrada a la sanidad pública, mientras se mantienen o incrementan el número de plantas y quirófanos cerrados a pesar de las dolorosas listas de espera del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut). Y como se ha demostrado más de una vez, los recursos “infrautilizados” se venden al que lo paga de su bolsillo.

imageEn los últimos meses las noticias que redundan en la destrucción de la sanidad pública, desde la maltrecha y casi olvidada prevención hasta la investigación, se multiplican: por ejemplo, las amenazas de despidos en el Instituto de Investigación del Hospital de Sant Pau (Barcelona) para enjuagar parte del déficit de la entidad. O el proceso de transformación iniciado en Lleida en el sistema sanitario público que puede significar la privatización de todos aquellos servicios susceptibles de representar una buena fuente de negocio. En este sentido, se anunció que se quería “unificar bajo la titularidad de un único ente todos los dispositivos asistenciales de la región sanitaria de Lleida”, pero no coló: Unas 1000 personas se manifestaron en Lleida en defensa del sistema sanitario público y contra la fragmentación del ICS.

Tacita a tacita, los directivos del Hospital Clínic se siguen negando a explicar el funcionamiento de la doble vía de atención, y en otros, como la Mutua de Terrassa o el Hospital del Vendrell, simplemente si caes en manos de los médicos más desaprensivos, tienes que pasar por caja si no soportas los dolores o el temor de formar parte de unas listas de espera desesperantes.

Todos estos procedimientos afectan la equidad y nuestros derechos. Lo denunciaba Carme Borrell, doctora en Salud Pública y miembro del Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública (Ciberesp): “El conflicto de intereses es claro si los mismos médicos que atienden en la pública también cobran de la privada”. Pionero de estas prácticas de doble entrada fue el Hospital de Sant Pau, que atendió a pacientes por la privada, operando de varices a personas que se han saltado, previo pago, los 8,4 meses de espera media para esta dolencia que marcan los datos del CatSalut. Los portavoces del hospital argumentaron en su momento que, en tiempos de recortes, es necesario buscar “nuevas vías de financiación”.

Y la cosa irá a peor porque la noticia (tristísima) que nos llega vía Presupuestos y publicó Roger Tugas en ARA, es que ya pagamos más por atender la Deuda Pública que por Salud:

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Necesidades de financiación para satisfacer la deuda (leer el saqueo) de las instituciones financieras que dejan sin atender las necesidades básicas de la población. Se cierran camas para luego contratar servicios con los privados, camas a las que los pacientes pueden llegar previo pago (eso ya no es REPAGO, es ROBO descarado) y utilización fraudulenta de los recursos públicos.

¿Cómo puede ser que haya listas de espera y al mismo tiempo recursos infrautilizados? Pues porque se trata de que entre puertas giratorias, listas de espera inhumanas y cierres inesperados de centros, quirófanos y camas, nos rindamos, dejemos de defender nuestra sanidad, y aportemos nuestros últimos recursos, si los tenemos, a pagarnos mútuas o médicos desaprensivos para así pueda financiar Mas-Colell, más holgadamente, la Deuda inmoral. Y con estrecheces, recortes y mayores desigualdades, miel sobre hojuelas para Boi Ruiz, el enemigo número uno de la sanidad pública en Catalunya.

Debemos someter a auditoría esta Deuda ilegítima que no para de crecer y engulle los servicios públicos más imprescindibles, y negarnos a pagar todas las partidas impropias o un servicio de la Deuda draconiano. Sólo así podremos recuperar nuestra sanidad y nuestros derechos. Y con ello, nuestra SALUD y nuestra DIGNIDAD DE CIUDADANÍA.

Por Àngels Martínez Castells en Punts de Vista
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Los seguros privados de salud no notan la crisis


Mientras Hacienda investiga a Sanitas por un supuesto fraude de 28 millones, los seguros privados de salud no notan la crisis: las pólizas médicas experimentan un crecimiento en primas del 8% desde 2010. Las compañías cuentan con 130.299 abonados más que en 2008
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Edificio de Sanitas en Madrid. / LUIS MAGÁN

A pesar de la crisis y las consecuencias que el paro y las subidas de impuestos tienen sobre la economía doméstica, las aseguradoras todavía ven crecer sus ingresos por las pólizas de salud. Los seguros sanitarios han experimentado un crecimiento en primas del 8% desde 2010, según datos de ICEA (Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras), la principal fuente del sector. Además en España hay ya 10.452.865 personas que cuentan con alguna de estas pólizas, 130.299 más que en el inicio de la crisis, en 2008.

No parece una mera coincidencia que el médico haya sido el único ramo del sector de los seguros que ha crecido durante todos los años de la crisis. Aunque, cierto es, no al nivel que lo hacía antes de la recesión. En esta tendencia, señalan distintas fuentes ligadas al sector consultadas por infoLibre, ha influido la situación de asfixia en la que se encuentra el sector público, con presupuestos cada vez más mermados y, en consecuencia, atascos en las listas de espera, cierre de plantas y quirófanos y recortes de personal. Y también el empuje de las pólizas de colectivas ante el aumento de las empresas que decidían ofrecer una cobertura privada a sus trabajadores, libres de cotización hasta el próximo 31 de mayo.

“Aunque estamos en tiempos de crisis, la sanidad es una de las cosas más valoradas por las personas, por lo que la realidad existente hace que muchas opten por tener un seguro privado que les resuelva los problemas sanitarios con mayor rapidez, por lo que indirectamente cualquier déficit del sistema público, bien debido a problemas presupuestarios o de gestión favorece el aumento de primas de asegurados”, señala el doctor Manuel Carmona Calderón, representante de la Sección de Medicina Privada por Cuenta Propia Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos. A su juicio, el seguro el seguro privado se ha extendido mucho entre la población y ha dejado de ser un producto para elites. “La competencia entre compañías aseguradoras ha bajado las primas de forma muy significativa, haciéndolo un producto asequible”, añade.

El doctor Manuel Martín, presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) cree que en el mantenimiento del negocio de las pólizas privadas han tenido mucho que ver los recortes y los mensajes que, a su juicio, se mandan desde la Administración y el sector privado con la idea de que la sanidad pública está “de retirada”. “El fantasma de los copagos en la asistencia, el descenso en las prestaciones y las listas de espera se unen a una campaña constante de apoyo a las aseguradoras, de donde proceden algunos de los cargos intermedios del actual Ministerio de Educación”, asegura.

Existen tres modalidades de seguros de salud: el de asistencia sanitaria, en el que la compañía aporta un cuadro médico entre los que el asegurado puede elegir; el de reembolso de gastos, por el que el cliente decide libremente el médico al que desea acudir y pasa después la factura a la compañía de seguros, que llega a cubrir entre el 80% y el 100% de los costes; y el de subsidios e indemnizaciones, que procura una asignación diaria en el caso de que una enfermedad obligue al asegurado a estar de baja laboral. En algunas autonomías estas pólizas tienen beneficios fiscales. Es el caso de Cantabria, Baleares y Aragón.

“Alto nivel de reconocimiento”

En la órbita privada Manuel Vilches, director general de IDIS, organismo integrado por las principales empresas de la sanidad privada, cree que la buena salud de la que gozan los seguros médicos a pesar del tiempo de crisis está relacionada con el “alto nivel de reconocimiento” de sus usuarios. “Cuando una persona pasa apuros económicos tiende a quitarse lo más superfluo y la prueba es que las pólizas se han mantenido, aunque es cierto que no han crecido al mismo tiempo”, señala. No obstante, Vilches admite que la realidad del sector público ha contribuido a que no se pierdan beneficiarios “por la situación de las listas de espera o la falta de renovación tecnológica”.

“En el sector existen opiniones encontradas en cuanto a la influencia que tiene el desgaste de la sanidad pública en el negocio de las aseguradoras. No es fácil analizarlo. Hay quien piensa que ayuda a mejorar los ingresos por primas porque, el que se la puede pagar mantiene su póliza como sea o intenta contratar una aprovechando además la renovación de la oferta comercial con precios cada vez más ajustados. Sin embargo, existe también otra visión. La de los que creen que el declive de la sanidad pública genera que hagan uso de la pública asegurados con doble cobertura, en muchos casos con pólizas colectivas, que antes no usaban nuestros servicios a pesar de que ellos o sus empresas estaban pagando por ellos. Eso reduce los márgenes de beneficio”, señala un directivo de una de las aseguradoras líderes.

Desde el lobby del sector privado, Manuel Vilches cree que todavía no hay datos suficientes como para constatar esta evidencia. “Nuestras encuestas nos siguen diciendo que el aumento en la frecuentación de la sanidad privada está ligado con la calidad. El 84% de los funcionarios, que además están obligados a elegir entre un sistema u otro, optan por la privada porque, por lo general, están muy satisfechos con el servicio”.

Desde Sanitas, que mantiene una posición de liderazgo por detrás de SegurCaixa Adeslas su directora ejecutiva de canales y producto, Ine Snater, señala que aunque el seguro de salud ha resistido bien a la crisis y sigue siendo uno de los pocos negocios del sector asegurador que “continúa creciendo”, sí ha experimentado una desaceleración causada por la caída del consumo y crece a un ritmo inferior: los ingresos por primas de seguro de salud aumentaron un 1,63% en 2013 frente a 3,1% en 2012, según datos de ICEA. En los próximos años, dicen fuentes del sector, la previsión es de crecimiento. “Sin duda, hay que estar alerta a la evolución en los próximos meses, pero prevemos que la incipiente recuperación económica que vive el país afecte positivamente a este ramo”, aseveran desde Sanitas.

A esta tendencia, sin duda, contribuirá el ajuste de los productos al escenario de crisis y la renovación de la oferta comercial de las compañías. “La crisis afecta a todos por igual y las aseguradoras también se han apretado el cinturón. En muchos casos no han subido las pólizas en la proporción necesaria para mantener los márgenes. Cada vez se apuesta más por la especialización y por ofrecer sólo lo que realmente se necesita para bajar precios”, señala el director general de IDIS. “Cada cliente, ya sean particulares o empresas, es diferente y sus demandas también y quieren pagar por aquellos servicios que realmente van a utilizar”, amplían en Sanitas.

En este punto los médicos aseguran que ellos son los grandes perjudicados. “Para mantener el margen de beneficio las aseguradoras han bajado de forma importante los baremos que pagan a los médicos que asisten a sus pacientes, por lo que el verdadero pagador de la crisis es el profesional médico que ve como tras más de 10 años con los baremos congelados algunas compañías ahora les aplican una importante bajada que les lleva a veces trabajar por debajo de costes. Si la sanidad tiene un coste, no se puede asegurar la asistencia por debajo del mismo si se quiere dar al paciente una asistencia de calidad”, señala José María Nieto Cortijo, representante de la Sección de Medicina Privada por Cuenta Ajena del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos. “Es muy probable que en estas compañías la calidad de la atención se resienta a corto-medio plazo, con las lógicas consecuencias”, alerta.

El doctor Martín, de la FADSP, cree estas ofertas han provocado también que muchas personas se hayan lanzado “de forma precipitada y poco informada a los seguros”. “Son costosos para las coberturas tan limitadas que proporcionan, pues excluyen patologías graves como los tratamientos contra el cáncer, la diálisis o cirugías de mayor complejidad”, añade.

El tirón de la empresa

A pesar de que la mayoría de las pólizas siguen siendo individuales (67,1%), las empresas son las que han mantenido el dinamismo del sector gracias a los seguros colectivos, que copaban en septiembre de 2013 –últimos datos disponibles– el 28,6% de las primas imputadas, un 7% más que en el mismo mes de 2011, según datos de la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC). “La colectivización puede ayudar a que muchas personas que a nivel individual no tengan accesos a seguros, puedan acceder a ellos”, señala desde Sanitas Ine Snater.

Esta situación, sin embargo, podría revertirse tras la decisión del Gobierno de obligar a las empresas a cotizar por los pagos en especie, entre los que se encuentra el seguro médico siempre que se sobrepase los 500 euros por beneficiario. La cadena de tiendas Fnac ya ha anunciado, por ejemplo, que quiere eliminar el seguro médico del que hasta ahora disfrutan sus 2.000 empleados en España. Alega que esta retribución en especie le supone un coste laboral extra que no puede permitirse, según ha argumentado ante los sindicatos.

“Es una medida recaudatoria. Estamos seguros de que lo que va a ingresar el Estado no va a compensar el gasto extra que va a tener la sanidad pública porque muchas empresas, al no tener ningún tipo de beneficio, van a dejar de incluir estos servicios que, por otro lado, son uno de los más apreciados por los trabajadores”, señala Manuel Vilches.

Fuente: Infolibre
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ELS DRETS SOCIALS PER LA III REPÚBLICA


Dempeus hi participem com a moviment social republicà…   que la República va ser bona per la salut… i tornara a ser-ho !

Us fem a mans el manifest i la convocatòria per l’acte de demà a les 18:30 a la Plaça de Sant Jaume:

ELS DRETS SOCIALS PER LA III REPÚBLICA

cartell 14A14jpgUna majoria cada dia més àmplia és conscient que estem vivint la fi del Règim de 1978 i de la necessitat d’anar construint una alternativa democràtica, en defensa dels interessos de la immensa majoria.

Aquest procés es produeix emmarcat en un ambient de crisi, econòmica, institucional i territorial. Això, unit a l’augment de la corrupció que afecta la Casa Reial, el conjunt d’institucions, els partits majoritaris, amplis sectors de l’economia i de forma determinant, el sector financer.

Hi ha 6 milions de treballadors i treballadores en atur, molts dels quals ni tan sols cobren cap prestació.
Tot això sumat a la pèrdua de drets socials, la destrucció de la sanitat i de l’ensenyament públic. Ens trobem en una situació de creixent misèria, de borses de fam, de famílies desallotjades de les seves llars, de joves sense futur, i malgrat tot això l’escletxa entre rics i pobres augmenta.

La consciència d’aquest procés de confrontació fa que la casta dominant, aquesta vegada en mans del PP, estigui produint una involució democràtica que ens porta a una pseudodictadura, amb projectes com la “Llei Mordassa”, la llei sobre l’avortament o els atacs constants a la Constitució que van perfilant un model d’estat centralista i autoritari, amb un gran paral·lelisme amb el règim anterior. I què dir del segrest dels mitjans d’informació (premsa, TV, etc…) o sobre la pujada indiscriminada d’impostos directes o
indirectes i de les factures de gas, llum i aigua?.

Davant aquesta situació, s’està produint una resposta cada vegada més àmplia i intensa dels ciutadans a través de diferents organitzacions socials i polítiques, especialment dels amplis MM.SS., que estan lluitant amb èxit contra les polítiques de desnonaments, de privatitzacions del sector sanitari o de l’ensenyament públic i en contra de les diferents administracions en el seu procés de privatitzar en benefici d’uns pocs, “dels de sempre”. Lluites com la PAH, Gamonal, contra la pujada de les tarifes del transport públic a Barcelona, les marees de pensionistes, fronts de ciutadans, marxes com la dels aturats
del Baix Llobregat o la del 22 de Març a Madrid, posen de manifest la força d’un procés històric que està lluitant per recuperar el seu protagonisme, en defensa dels nostres drets i per un nou model democràtic i social.

Per tot això és necessari, en aquest procés final de canvi, conjuminar la voluntat del conjunt de marees, de moviments socials, sindicals i polítics per la voluntat de recuperar l’apoderament ciutadà i la democràcia social, a través d’un nou procés constituent, des de baix, cap a la consecució de la III República, una República de lliure adhesió, Popular i Laica.

Però aquesta República, la de la majoria, no vindrà per la simple caiguda de la monarquia o per canvis que mantinguin els privilegis i el poder de les famílies de sempre, que controlen a l’Estat. Serà resultat de l’esforç del conjunt de la societat, des de baix. La suma de milions de voluntats de ciutadans, de diferents idees democràtiques, d’organitzacions socials i polítiques confluint davant un nou model d’estat. Un estat de lliure adhesió, que garanteixi el dret d’autodeterminació, i on es construeixi una nova Constitució a favor dels drets socials, econòmics i democràtics de la majoria dels ciutadans. Un estat sobirà, independent dels dictàmens de la UE i de la Troika.

És el moment de dir prou, de no reconèixer la legalitat d’aquest Règim i de la seva Constitució. Buscar els mecanismes de mobilització democràtica que ens portin a la consecució de la III República del segle XXI, capaç d’aconseguir un autogovern real, contra les ingerències dels poders econòmics i del model actual de la construcció europea. El futur ja ha començat.

COORDINADORA 14 D’ABRIL

(Ass. Fil Roig per la recuperació de la Memòria Històrica
Ass. Terrassa per la III República
Brigada III República
Ciutadans per la República
Partit Republicà d’Esquerra (PRE)
Republicans (TRS)
Unitat Cívica per la República
Xarxa Socialista Unificada de Catalunya – Socialisme 21)

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Médicos del Mundo constata más de mil vulneraciones del derecho a la salud tras la reforma sanitaria


Médicos del Mundo ha constatado más de 1.000 casos documentados de personas que han sufrido algún tipo de vulneración al derecho a la salud desde que entrara en vigor la reforma sanitaria del Gobierno hace dos años.

Inmigrantes sin tarjeta sanitaria en la consulta de atención e información en Palma de Mallorca / Médicos del Mundo

La mayoría corresponde a inmigrantes en situación irregular o ‘sin papeles’, motivado en parte por el “menú diverso” de regulaciones de la cobertura sanitaria que han puesto en marcha las comunidades.

Así se desprende del informe ‘Dos años de reforma sanitaria: más vidas humanas en riesgo’ presentado este lunes con motivo del Día Internacional de la Salud, en el que lamentan que el desarrollo del Real Decreto-Ley 16/2012 por parte de los gobiernos autonómicos haya sido “muy heterogéneo y descoordinado”, lo que ha contribuido a “hacer más profundas las desigualdades en salud”.

La mayoría de estas vulneraciones son en personas en situación administrativa irregular a quienes se les ha negado la tarjeta sanitaria o el acceso a alguno de los programas complementarios creados por las comunidades.

LAS COMUNIDADES SORTEAN

En concreto, la ONG informa de que un total de diez comunidades (Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Extremadura, Galicia, País Vasco y Comunidad Valenciana) han dispuesto medidas para proporcionar atención sanitaria a las personas inmigrantes en situación irregular.

Del resto, hay algunas que han definido algunos supuestos o excepciones no contemplados en la reforma, como la atención a enfermos crónicos (Madrid y Murcia), en casos de riesgo para la salud pública (Castilla y León, Madrid, Baleares y La Rioja) o de enfermedades mentales (Madrid, Baleares y La Rioja).

Sin embargo, sólo dos comunidades (Asturias y Andalucía) reconocen el derecho a la atención sanitaria de igual manera que al resto de población residente, mientras que en el resto se crearon programas “complementarios” para personas no aseguradas ni beneficiarias sin recursos.

Pese a todo, Médicos del Mundo considera que “sólo son parches que no llegan a resolver la quiebra del principio de universalidad del derecho humano a la salud”.

De hecho, según detallan en su informe, en Galicia sólo 1.470 personas han logrado “cruzar con éxito la travesía burocrática” necesaria para beneficiarse del programa puesto en marcha en esta comunidad; apenas 500 en Aragón y sólo 147 en Canarias, una cifra que consideran “ridícula” si se tiene en cuenta que 48.000 personas perdieron su tarjeta sanitaria en esta comunidad.

En la prestación farmacéutica también se está regulando “de manera desigual entre las comunidades, según denuncian, ya que se limitan por lo general a “cubrir únicamente algunos supuestos”.

PROBLEMAS INCLUSO CON PAPELES

Pero junto a la población inmigrante ‘sin papeles’, la ONG denuncia que entre las vulneraciones constatadas también hay casos de personas que sí están en situación regular y personas nacionalizadas españolas a quienes no se ha proporcionado la información adecuada para solicitar o renovar la tarjeta.

Asimismo, llaman la atención sobre la “recurrente” negativa de la Seguridad Social a reconocer como personas aseguradas o beneficiarias las nuevas categorías de usuarios del Sistema Nacional de Salud (SNS) a quienes han visto regularizada su situación administrativa después del 24 de abril de 2012, “en una interpretación de la legislación que podría ser una extralimitación de sus competencias”, según Médicos del Mundo.

Igualmente, critican que se siguen registrando casos de mujeres embarazadas y menores de edad a quienes se les niega el acceso a la atención sanitaria, se ofrece información errónea sobre el derecho que la legislación les reconoce o se les factura la atención prestada.

PAGAR POR SER ATENDIDOS

Y, según alerta Médicos del Mundo, también siguen dándose casos de personas a quienes “se obliga a firmar un compromiso de pago antes de ser atendidas en los servicios de urgencias o que reciben una factura posterioridad y se ven obligados a reclamar su anulación”.

Por todo ello, piden al Gobierno que restituyan el modelo sanitario acorde con el principio de universalidad sanitaria y a las comunidades que acaben de manera inmediata con prácticas de facturación por atención de urgencias a las personas inmigrantes sin tarjeta sanitaria y que garanticen la atención en las situaciones que establece la ley.

LAS RECOMENDACIONES DE LA ORGANIZACIÓNEn el documento, Médicos del Mundo urge a “restituir de manera prioritaria” un “modelo sanitario acorde con el principio de universalidad de la asistencia sanitaria”.

Hasta que se consiga eso, la organización recomienda a Sanidad realizar un análisis del impacto a corto y largo plazo “de las medidas que excluyen del acceso a los servicios sanitarios no de urgencias a amplios colectivos de población residente en el estado español”.

Además, animan al conjunto de la ciudadanía a apoyar “movilizaciones y acciones de rebeldía” frente a la reforma sanitaria que impulsan “gran número de organizaciones sociales”.

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Fuente: El Huffinghton Post
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Una nueva amenaza para la salud: Los Nuevos Contadores de la Luz


Aunque los efectos nocivos sobre la salud no están demostrados, el riesgo existe, y dado que no nos aportan nada y en cambio nos invaden la intimidad, deberían paralizar su implantación y quitar los que ya han colocado.

El Gobierno impone un cambio de contadores de la luz que sólo beneficia a las eléctricas

Contadores ‘inteligentes’, usos cuestionables

Algunos los llaman smart meters. Pero tienen muy poco de smart. Al menos los que se están instalando en España. Los contadores digitales de la luz que están sustituyendo a los tradicionales les cuestan más caros a los consumidores y su única ventaja es que facilita el trabajo a las eléctricas porque terminan con las lecturas aproximadas.

Un portavoz de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) reconoce: “Los beneficios son para las empresas, ya que cuando estén instalados y conectados se ahorrarán los costes de lectura [que hasta ahora hacen operarios], de adecuación de las potencias contratadas, del cambio de tarifa plana a tarifas de dos o tres periodos. Si no cambian la legislación, a los consumidores les seguirán cobrando por esas cuestiones”.

Podrían informar del consumo hora a hora; señalar de cuánto está introduciendo en la red un usuario con placa foltovoltaica; ayudar a que las facturas se ajustaran mucho más al consumo de cada cual; ser accesibles a través de una web o una aplicación de teléfono o tableta… En definitiva, podrían ser casi inteligentes y contribuir a un consumo energético más racional –menor–. Pero no es el caso, a pesar de que la propia orden ministerial de febrero de 2012, inspirada en las directivas europeas, afirme que los “nuevos equipos” deben permitir “la discriminación horaria y la telegestión”.

El sector calcula que se ha sustituido un 10% –los que tienen una potencia contratada de hasta 15kW–; para finales de 2014 se debería llegar al 35%; a finales de 2016, al 70%, y a finales de 2018 debería haberse cumplido el 100%. Es ese 10% el único que podrá beneficiarse de la facturación por horas que implantará el Gobierno a partir del 1 de abril para aquellos usuarios que tengan contadores horarios.

“El principal problema es que no hay ninguna ventaja para el consumidor”, explica Jorge Morales, director de GeoAtlanter y miembro de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético: “Podría facilitar mucha información al usuario, pero no lo hace. Sí que permite que te corten a distancia el suministro, por ejemplo, pero no te informa de si ha habido interrupciones. Se podría parametrizar el contador y adaptar a un mejor consumo. Por eso pedimos que se paralice el plan de implantación hasta que el usuario final pueda tener información del contador”.

Según la CNMC, “las sustituciones de contadores derivadas del plan no tienen coste para el consumidor”. El precio del alquiler, por otra parte, es provisional. El de los contadores eléctricos monofásicos es de 0,81 euros/mes –casi el doble que los monofásicos tradicionales, que son 0,47 euros–; y el de los trifásicos, 1,36 –los trifásicos viejos cuestan 1,53–.

No obstante, los precios están pendientes de actualización desde junio de 2013, cuando el Supremo anuló los precios de alquiler por “estar mal calculados”. Desde entonces, se espera un dictamen de la CNMC que, según la orden ministerial de agosto de 2013, tenía que haberse entregado, como muy tarde, el 15 de diciembre.

Controlar la factura

Morales explica que “cuando tienes información, cuando sabes lo que gastas y cuándo lo gastas, si conoces tu producción y consumo, maximizas. Si no lo ves, es más difícil controlar el gasto. Incluso se podría empezar a hablar de balance neto [cuando la compañía eléctrica descuenta de la factura la energía que aporta a la red un usuario con placas foltovoltaicas, por ejemplo]. Es que podrías saber al instante cuánto te sube el consumo cuando enchufas la lavadora y elegir el momento en que ponerla: por ejemplo, cuando más energía está produciendo tu placa”.

En la misma línea se manifiesta Cote Romero, de Ecooo, que sostiene: “Nos los están imponiendo. No ofrecen datos de consumo, no permiten la discriminación horaria, ni controlar la potencia. Su implantación no supone ningún beneficio para el ciudadano; sólo para las grandes corporaciones”.

Lo que tampoco permite la legislación es que uno pueda instalar en su hogar un contador muy evolucionado con más prestaciones, como estar conectado a una tableta o un teléfono: “Ni se plantea. Yo me compraría uno con estas prestaciones, estaría dispuesto a pagar más por su alquiler, si me ayuda a conocer y administrar mejor mi consumo. Pero no me dejan”, argumenta Morales.

A consecuencia de todo esto, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético ha enviado una carta al secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, en la que reclama una reunión para abordar la implantación de los contadores y también se están poniendo en contacto con las asociaciones de consumidores con el fin de coordinar acciones.

Para impulsar la implantación de los contadores, aprobada a finales de 2007, Miguel Sebastián puso en marcha lo que entonces se bautizó como Plan Contador, en junio de 2009. Un informe de la extinta Comisión Nacional de la Energía de aquella época ya alertaba de lo que está ocurriendo ahora: “Para que el consumidor pueda llegar a modificar sus hábitos de consumo es necesario que cuente, al menos, con la información de su curva de carga [...]. Adicionalmente, entiende esta Comisión que para que el consumidor llegue a modificar sus hábitos de consumo, no es suficiente que el consumidor conozca su curva de carga, sino que reciba las señales económicas que sus decisiones conllevan. Por ello [...], lo que procedería es abordar una profunda reforma de la actual estructura tarifaria”.

Han pasado cinco años, y nada de aquello se ha logrado.

Fuente: El diario
 
Y aunque, insistimos, los efectos nocivos sobre la salud no están demostrados, esta información altamente alarmante circula por la red:
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Prohibidos en todo el mundo  a  causa de pandemias de cáncer, desajustes hormonales, psicoemocionales,e incluso suicidios, y en España nos los están instalando masivamente.

Industria ha retirado la facturación de la luz por horas para los consumidores con contadores digitales

Las emisiones nocivas de cada contador digital, (que emiten ondas microondas), generan severos inconvenientes electromagnéticos en el organismo. Y hay que multiplicar esta cifra por todos los contadores de tu edificio, de tu calle, de tu barrio o de tu ciudad… Los efectos sobre nuestra salud son impredecibles.

Detrás hay un afán económico, miles de trabajadores que leían los contadores perderán sus empleos y a través del nuevo invento digital, el robo en la factura será un “robo institucionalizado”. Podrán facturarnos tanto, como y cuando quieran sin que podamos cotejar sus datos. Y un afán de control: mediante estos contadores podrán saber cuando encendemos el ordenador, cuando estamos en casa, cuantas personas viven en la casa, en que momento estamos consumiendo electroidad y cuanta consumimos, … el gran hermano dentro de casa.

En EEUU, Alemania y Francia el movimiento social detuvo su implantación.
En España estamos tomando consciencia ahora. De momento Industria ha retirado la facturación de la luz por horas para los consumidores con contadores digitales

Atención, consumidores: los contadores eléctricos inteligentes desvelan datos reservados de los usuarios

Puedes negarte a que te lo instalen, en incluso puedes quitarlo si ya te lo han puesto, hay una asociación sin ánimo de lucro que puede ayudarte con la gestión, y facilitarte más información a este respecto.

 

 

Ver también: La estafa en los contadores de la luz y accede a la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético y un modelo de carta para Endesa en Oposicion al Cambio de Contadores
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Levantan un ‘hospital de campaña’ en Zaragoza contra las listas de espera


Aprendamos de nuestros vecinos.


Diversos colectivos y plataformas en defensa de la sanidad pública han levantado este jueves en la Plaza de España de Zaragoza un ‘hospital de campaña’ para escenificar la “desastrosa situación” en que se encuentran los servicios sanitarios de la comunidad. En un detallado informe, los profesionales han dado los datos de las listas de espera que el Gobierno aragonés se niega a facilitar desde hace casi un año.


Al menos 30.000 personas están en listas de espera en la Sanidad pública en Aragón, según un detallado informe presentado este jueves por la Coordinadora Aragonesa Sanitaria que agrupa a sindicatos de profesionales y plataformas en defensa de la sanidad pública como Marea Blanca.

El estudio, que lo han realizado ante la negativa de la Consejería de Sanidad a facilitar los datos desde hace casi un año, señala “el gran fracaso de la Sanidad pública por parte del Gobierno aragonés”, que no ha logrado aliviar las listas de espera.

La coordinadora denuncia, además, la existencia de miles de pacientes anotados en lo que denominan ‘el buzón’ que no se contabilizan en las listas de espera, y recuerda el recorte de 400 millones de euros en los presupuestos y la disminución de unas 3.000 plazas de profesionales.

El informe resalta también “el fracaso de los programas quirúrgicos de ‘choque’ para aliviar las listas de espera, a pesar de haber derivado a clínicas privadas casi 3.000 intervenciones con un coste de 2,4 millones de euros.

La coordinadora defiende “la necesidad de dar un giro importante a la gestión sanitaria poniendo a funcionar al 100% los recursos humanos y materiales de que dispone la sanidad pública aragonesa”.

Fuente: el ventano
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Tornen els temps franquistes a la sanitat: al Parc Taulí i a Móstoles


Ens ho envia un company de Dempeus per la Salut Pública. Alerta que un pacient a Taulí hagi d’esperar al hall de l’Hospital carregat de maletes i tovalloles (ja no en donen). A ell li ha fet a mans un company del sindicat CATAC- CTS- IAC, juntament amb la fotocòpia (de la vergonya) de l’ordenament, gairebé militar, que difícilment pot ajudar a guarir, però que segur NO ajuda a que les persones malaltes es sentin tractades amb el respecte i la dignitat que es mereixen.

A vostè li agradaria ser tractat així?

Fotocòpia de la carta al pacient

Cas Madrid denuncia que tornen els temps franquistes:

El hospital de Móstoles anuncia que “está prohibida la tenencia” de folletos, explicando la posibilidad de renunciar a ser tratado en la privada .

Ahora le toca el turno al hospital público de Móstoles, herido de muerte desde la apertura en la misma localidad del hospital privado Rey Juan Carlos, que le parasita al hacerse cargo de los procesos rentables, mientras le deriva los complicados, costosos y/o complejos.

Recientemente -es de suponer que siguiendo órdenes superiores-, un cargo intermedio del hospital público, ha enviado un correo electrónico al personal (ver imagen en la parte inferior), indicando que está circulando un folleto “animando a los usuarios a poner reclamaciones en contra de la oferta de derivaciones”y, por tanto, “les recuerda que la tenencia o reparto a los pacientes está prohibida por Dirección”.

correo electrónico

Parece que los nervios están haciendo mella en la calle Aduana.

Las campañas puestas en marcha por CAS y otros grupos, están logrando que desde 2013 se incremente ininterrumpidamente el número de pacientes que rechaza ser atendido en los centros privados, a los que el call center (gestionado por INDRA S.A.) trata de derivarles, para alegría de los accionistas de estos centros.

Desde los 25.088 pacientes que se negaron a ser derivados a centros privados en diciembre de 2012, se ha pasado a los 36.196 del último recuento en diciembre de 2013; es decir, 11.000 pacientes más que se niegan a ser intervenidos en centros con ánimo de lucro.

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