La Plataforma de Afectados por la hepatitis C presentará una querella contra Mato y Rajoy


La asociación de enfermos se concentró ayer en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid para exigir que se trate a todos los diagnosticados. Cada día mueren once personas en España a causa de esta enfermedad a pesar de que tiene cura

La Plataforma de Afectados por la hepatitis C se manifiesta frente al Hospital Ramon y Cajal- DMS

La Plataforma de Afectados por la hepatitis C está ultimando los trámites para presentar una querella criminal contra Ana Mato, Ministra de Sanidad, y Mariano Rajoy, Presidente del Gobierno. La asociación apunta directamente a estos dos miembros del Gobierno como los máximos responsables de que se les niegue el tratamiento contra una patología que causa 11 muertos cada día en España. Fuentes de la plataforma de afectados apuntan que la querella no será presentada hasta que la asociación no esté formalmente instituida. Por tanto, no harán público el contenido de la misma hasta enconces para no “destapar” su estrategia legal.

La agrupación ciudadana fundada por los enfermos de hepatitis C se ha concentrado hoy en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid para exigir que todos los afectados tengan su tratamiento. Sanidad pretende atender solo al 1% de los 300.000 diagnosticados.

Este centro sanitario es de momento el único de la Comunidad de Madrid en dar el sofosbuvir, comercializado bajo el nombre de Sovaldi, que tiene una tasa de curación cercana al 90%. Saturnino Cobo recibió el tratamiento después de que su mujer hiciera una huelga de hambre frente al hospital durante cuatro días. “Han dado uno, faltan 300.000″ exclamaron los cerca de cincuenta de manifestantes de la asociación ciudadana. Varios empleados del centro médico se sumaron a la protesta.

A ojos de Mario Cortés, portavoz de la plataforma, el caso de Saturnino demuestra lo frágiles que son los gobernantes. “La lucha de una familia ha doblegado al Consejero de Sanidad y al Presidente de la Comunidad de Madrid, ahora nos toca a los demás”, declaró en rueda de prensa.

Los manifestantes gritaron proclamas como “no son muertes, son asesinatos”, “Mato, asesina”, “menos armamento y más medicamento” o “no al genocidio de la hepatitis C”. También pidieron la dimisión de la Ministra de Sanidad y del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Gonzalez. Varias personalidades del mundo del cine y la política se personaron en el acto para adherirse a la protesta.

Shangay Lily, escritor, actor y artivista, destacó que el problema de fondo del caso de los pacientes de hepatitis C, el desmantelamiento de la sanidad, afecta a toda la sociedad en su conjunto. “Se quedan el dinero de nuestros impuestos, privatizan la Sanidad, dan 1.350 millones de euros a Florentino Pérez y luego dicen que no hay para medicamento”.

El actor Carlos Bardem también asistió al acto para mostrar su apoyo a los enfermos de hepatitis C. Asegura que su caso “es la demostración de que los recortes matan” y califica de “asesinato y canallada” la acción del Gobierno, por eso, continuó, “hay que echar a esta gente en las próximas elecciones y recuperar el país para la gente trabajadora”.

Rubén Bejarano, diputado en la Asamblea de Madrid por Izquierda Unida aprovechó la ocasión para denunciar que “no hay sanidad universal en España” y que el sistema sanitario está más para ayudar a la privatización que para ayudar a los ciudadanos. Rafa Mayoral, exabogado de la PAH que actualmente milita en Podemos, se manifestó en favor de plataforma y denunció la “flagrante violación de derechos humanos” que se está cometiendo con los enfermos de hepatitis C.

El Partido Popular rechaza asegurar el acceso a los fármacos en el congreso

La Comisión de Sanidad del Congreso ha rechazado con los votos del PP una iniciativa del grupo mixto para instar al Gobierno a asegurar el acceso a la nueva generación de fármacos a todas las personas afectadas por hepatitis C que tengan indicados estos tratamientos. En defensa de la proposición no de ley, que se ha sometido a votación con un texto consensuado por el grupo mixto, la Izquierda Plural y el PSOE, la diputada del BNG Rosana Pérez ha recordado que la hepatitis C afecta a entre el 2 y el 3% de la población española.

Actualmente, alrededor de 900.000 personas pueden ser portadoras de hepatitis C y en torno a 600.000 ni siquiera son conocedoras de que tienen el virus, lo que las convierte en transmisoras potenciales de la enfermedad y las pone en riesgo de desarrollar cirrosis o cáncer de hígado.

La parlamentaria del grupo mixto ha resaltado que las infecciones por el virus de la hepatitis C se pueden prevenir y curar, ya que hoy existen tratamientos eficaces que podrían reducir el número de potenciales afectados.

Sin embargo, ha subrayado que el problema es la gran restricción del acceso a los tratamientos, al tiempo que ha admitido el coste importante de estos medicamentos, en los que, a su juicio, no se puede escatimar por tratarse de casos graves y de vidas humanas que están en juego.

Fuente: Público
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Una sanidad, un convenio


Interesante artículo sobre la situación de la salud en Catalunya y su funcionamiento harto complejo. Los autores Edu Lucas, Sergi Raventós, Ramon Serna y Damià Vernet son delegados sindicales del sindicato CATAC-CTS de la Intersindical Alternativa de Catalunya. No tiene desperdicio y aclara algunas situaciones que dan luz sobre la situación actual del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

En el 2011, los trabajadores del ICS ocuparon su sede central en Barcelona. La fotografía de El Pais mostraba, en la planta baja del edificio, una pancarta que resumía la situación de la sanidad en Cataluña: El paciente es el culpable.

 Es sabido que la sanidad catalana está padeciendo en los últimos años graves recortes. Sin ir más lejos este mismo verano las listas de espera han aumentado hasta un 60% y en estos últimos cuatro años de recortes presupuestarios también han suprimido cientos de camas, han dejado de funcionar las urgencias de 24 horas en casi 60 centros de atención primaria, el transporte urgente ha reducido sus unidades en más del 12%, se han perdido miles de puestos de trabajo, etc. Y así podríamos seguir enumerando recortes y medidas de austeridad que no dejan de ser procesos de mercantilización o de privatización de la sanidad catalana. Todo ello se hace a cargo del Conseller Boi Ruiz que justo antes de dirigir la Consellería de salud de la Generalitat fue durante años uno de los máximos representantes de las Patronales hospitalarias catalanas.

Es menos conocido seguramente que estos días se negocia el convenio de los centros sanitarios concertados donde la patronal sanitaria quiere dar una vuelta de tuerca a la maltrecha sanidad pública y acabar de atornillar las condiciones de trabajo de los trabajadores de la sanidad concertada que en los últimos años ya han sufrido una serie de pérdidas de poder adquisitivo, aumentos de jornada, aumento de la carga de trabajo, retroceso en derechos, etc.

Quizá alguien, sin duda desconocedor del sistema catalán de salud, se puede preguntar: ¿Patronal de la sanidad? ¿Pero, acaso no es pública la sanidad catalana? Vayamos por partes. El actual sistema catalán de salud se gesta en el año 1981 con las transferencias autonómicas a Catalunya por parte del Estado español. En aquellos años sólo un 27% de camas eran propiedad del Insalud, mientras que el resto era concertado, justo la proporción inversa de la del Reino de España. En el año 1985 nace la Red hospitalaria de utilización pública (XHUP), compuesta por hospitales del Instituto Catalán de Salud (ICS), el Consorcio Hospitalario de Catalunya y el resto de hospitales semipúblicos o privados que proveen el sistema. Todo este conglomerado va configurando un sistema de atención pública integrado por diferentes propiedades, titularidades y formas de gestión, públicas y privadas, que por su diversidad se dota de una compleja y a menudo opaca estructura. Aunque el órgano de gobierno es el Departamento de Salud, el contratante y comprador de los servicios de salud es el Servei  Català de la Salut (Catsalut). Con la creación del CatSalut hay que recordar que se instauró la separación de las funciones de planificación, compra y provisión de servicios que dictaba la Nueva Gestión Pública (NGP), herramienta de gestión del neoliberalismo dominante.

A su vez, los proveedores de servicios de salud participan del actual Sistema Sanitario Integral de Utilización Pública de Catalunya (SISCAT), el cual tiene diferentes titularidades y formas de gestión, sujetas a derecho privado y donde se permite el ánimo de lucro. Esta red incluye al mencionado ICS, de naturaleza, titularidad y gestión pública y sujeto al derecho público que gestiona el 77% de la atención primaria, mientras que gran parte de los servicios de atención especializada y hospitalaria (un 75%) están concertados con proveedores no-ICS. La atención socio sanitaria y la salud mental corren a cargo mayoritariamente de proveedores y su financiación proviene en más de un 50% del CatSalut.

La mayoría de estos proveedores del SISCAT son consorcios, empresas y sociedades mercantiles públicas, algunas entidades privadas sin ánimo de lucro (fundaciones o centros eclesiásticos) y entidades privadas con ánimo de lucro. Una gran parte se encuentran organizados en tres patronales: la ACES, CAPSS y la UCH, ésta última donde Boi Ruiz ejerció como máximo representante durante muchos años, en un ejemplo evidente de la llamada “puerta giratoria” o trasvase  de cargos del sector público al privado y viceversa.

Este peculiar sistema sanitario catalán junto al déficit presupuestario del Estado español y catalán son los responsables en buena parte del recorte de nuestra sanidad pública. Cabe destacar que del 2011 al 2013 se ha reducido más de un 16% el presupuesto de salud. Pero estos recortes no han sido repartidos de la misma manera. Mientras que en los servicios de atención primaria y hospitales públicos y concertados sin afán de lucro se les ha recortado este 16% de media, a los concertados y a las empresas privadas con ánimo de lucro como los tres hospitales propiedad de la multinacional de sanitaria IDC Salud (antes Capio): Sagrat Cor, General de Catalunya y hospital de Sabadell se les ha aumentado el concierto un 78%. ¿Extraño? No, si tenemos en cuenta que uno de los objetivos de la Consellería de salud a día de hoy es favorecer y promover que los centros públicos se “abran” a la sanidad privada como es el caso de varios centros sanitarios públicos donde se suprimen camas y se reduce la actividad quirúrgica y de radiodiagnóstico para derivar toda esta actividad a los centros privados.

Los promotores de todo ello son fundamentalmente cargos públicos que con sus decisiones políticas  benefician a empresas en las que han participado o con las que han colaborado como asesores, consejeros o directores, como es el caso de Josep Maria Padrosa que ha compaginado su cargo público y numero dos del departamento de salud del gobierno de Catalunya con el de asesor de diferentes empresas de fisioterapia proveedoras del mismísimo Catsalut. Otro ejemplo sonado es el de Josep Prat que cobró 280.000 euros anuales de INNOVA, la superempresa municipal del Ayuntamiento de Reus para dejarla altamente endeudada, mientras era presidente del ICS, a la vez que adjunto a la Presidencia de la empresa SAGESSA, miembro del Consejo asesor para la sostenibilidad y el progreso del sistema sanitario, dirigía USP Hospitales y ostentaba hasta 21 cargos en empresas sanitarias privadas…

La lucha de la ciudadanía por la sanidad pública

En los últimos años, a este proceso de desmantelamiento de la sanidad pública y progresiva privatización, hemos asistido a diferentes luchas de resistencia de la ciudadanía y a movilizaciones y protestas de trabajadores de la sanidad que han tenido más o menos cierta repercusión mediática.

Es de destacar también que recientemente se ha podido llegar a una confluencia en defensa de la sanidad pública por parte de casi 40 entidades, sindicatos y partidos de izquierda que se ha materializado en un programa de más de 10 puntos en el que se hace hincapié en la necesidad de poder decidir nuestra salud y que esta responda a las necesidades de la población y no sirva (como se está haciendo) para alimentar los intereses lucrativos de las corporaciones sanitarias

Un fragmento del manifiesto más arriba mencionado dice así: “Convertir el Servicio Catalán de la Salud (SCS) en el Servicio Nacional de Salud de Catalunya (SNSC) con funciones de planificación, financiación, gestión y evaluación de los servicios de salud públicos, integrales e integrados de Catalunya. La sanidad pública tiene un valor social indudable porque contiene, cohesiona y crea sinergias en la investigación, formación, docencia, prevención, atención, rehabilitación y cuidados y es la única que permite trabajar para mejorar los determinantes de la salud y la enfermedad. Entendemos que la sanidad privada se ha de financiar privadamente y que la colaboración pública-privada existente debe ir limitando su ámbito, donde exista, hasta su total separación y definitiva eliminación, ateniéndose mientras tanto a los intereses de la sanidad pública.”

La lucha de los trabajadores de la sanidad

Con el criterio que todo lo que se pague con dinero público debe ser público, en nuestro sindicato creemos que quienes defendemos la sanidad pública en la calle junto a la ciudadanía también lo tenemos que hacer en las mesas de negociación como es ahora el caso de este convenio. Dicho de otra manera: creemos que la lucha por la sanidad pública hay que darla dentro y fuera de los centros sanitarios.

Desde sus inicios allá por los años 80 del siglo pasado en nuestro sindicato hemos exigido un convenio único, con el lema: “una sanidad, un convenio”, con un principio básico: a igual trabajo, igual salario. Y hemos luchado para que no existieran diferencias de condiciones laborales y retributivas entre trabajadores/as del mismo estamento, más allá de la titularidad que cada centro sanitario tuviera.

Esta lucha, enmarcada en el ámbito económico y laboral, contenía a su vez una lucha mayor, con un componente social importantísimo: si los trabajadores/as de los centros públicos, concertados y privados, mantenían los mismos derechos y los mismos ratios usuario-trabajador, los beneficios económicos de los centros privados se reducían hasta el extremo de ser inexistentes y por tanto carecían de incentivos lucrativos para proseguir su actividad, siendo ésta y sus infraestructuras absorbidas por la Generalitat, consiguiendo así que la totalidad de la sanidad catalana fuese pública.

La respuesta de la Generalitat fue en su momento muy diferente y fraccionó el ámbito de negociación y potenció las desigualdades económicas y de condiciones laborales de los trabajadores para proporcionar un mayor margen de beneficio a las patronales. Asimismo rescató de la quiebra a entidades privadas y posteriormente concertadas para seguir aplicando estas desigualdades, sufragó con dinero público costosísimas y sobredimensionadas infraestructuras hospitalarias para substituir a las obsoletas infraestructuras privadas y concertadas.

Hoy, los trabajadores/as de la sanidad cuando defendemos nuestros derechos laborales no sólo es por un salario digno, defendemos también el derecho a una sanidad pública, universal y de calidad. Este objetivo solo lo podremos alcanzar si evitamos el recorte de personal, el incremento de jornada anual, la precariedad laboral, la estabilización de plantillas con unos ratios usuario-trabajador/a acordes a la actividad que se realiza y manteniendo la constante formación continuada de los profesionales sanitarios si queremos tener la calidad asistencial que el pueblo catalán necesita y se merece. Y a la vez, evitar la desinversión en recursos materiales, el cierre de camas hospitalarias y la reducción de actividad quirúrgica que provocan el aumento de las listas de espera y permiten justificar la exclusión sanitaria.

Hoy los trabajadores/as de la sanidad luchamos codo con codo con usuarios y vecinas contra el modelo sanitario impuesto por la Generalitat, porque luchamos por la sanidad del futuro, la sanidad que se merecen nuestras familias. No hacerlo sería condenarnos a tener únicamente la sanidad que pudiésemos costearnos económicamente y no la que necesitamos para vivir dignamente.

Fuente: Público
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¿De qué sirve la vacunación masiva contra la gripe?


Margaret McCartney. BMJ 2014 Oct – 2014-11-17 (BMJ 2014;349:g6182)

La temporada de vacunación contra la gripe está aquí de nuevo. Las personas mayores de 65 años y las de edad comprendida entre seis meses a 65 años que tienen un factor de riesgo clínico (por ejemplo, enfermedad cardíaca, asma con uso regular de esteroides inhalados, o enfermedad renal crónica) son candidatos para la vacuna, junto con las personas que viven en residencias sociosanitarias, las mujeres embarazadas y los cuidadores. Los trabajadores de asistencia sanitaria y social que están en contacto directo con los pacientes también son alentados a vacunarse. Pero, ¿funciona? (1-4).

Por cada adulto sano, una revisión Cochrane encontró que la vacunación ahorraba un promedio de sólo 0,04 días de baja laboral y concluyó que no hay evidencia que la apoye como medida rutinaria de salud pública (5). Y entre mayores de 65 años, las revisiones Cochrane encontraron sólo datos de baja calidad y fueron incapaces de extraer conclusiones de algún beneficio, recomendando por tanto más ensayos (6). En cuanto a los niños, Cochrane de nuevo encontró que los estudios disponibles eran de baja calidad: el número necesario a vacunar para prevenir un caso osciló de siete (vacuna atenuada) a 28 (vacuna inactivada) (7), y la efectividad varió en gran medida dependiendo de la temporada (8).

La evidencia es incierta entre las personas con asma (9); sin embargo, la vacuna contra la gripe no parece reducir de manera útil las exacerbaciones en las personas que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica (10). Y una revisión de los ensayos de vacunación contra la gripe en trabajadores sanitarios al cuidado de personas mayores institucionalizadas a largo plazo no encontró diferencia significativa en el número de casos de gripe confirmados en laboratorio, en las hospitalizaciones o en las muertes por infecciones de las vías respiratorias en los residentes (11).

Así que, ¿por qué estamos vacunando a tanta gente de la que no tenemos ninguna prueba de que funciona? Sin duda deberíamos estar haciendo, al menos, ensayos aleatorios controlados de la vacuna en mayores de 65 años sanos y en trabajadores sanitarios.

El NHS tiene una campaña “Combate gripe” para fomentar la aceptación y ofrece incentivos para que el personal desnude sus bíceps. A cambio de la vacunación, los hospitales han ofrecido a su personal la participación en sorteos de premios en metálico, así como chocolates, golosinas, pasteles, galletas, pegatinas que decían “Soy un combatiente de la gripe”, e incluso un día extra en las vacaciones anuales, ha mostrado cierta libertad de las solicitudes de información. ¿Pero se compensan esos días de descanso por la media de 0,04 días ahorrados mediante la vacunación?

Tratar a los niños es una cosa; tratar adultos igual que a niños es otra muy distinta. El Departamento de Salud confía en lograr una captación del 75% del personal en la vacunación contra la gripe, cuando sería mejor asegurar que los recursos se utilizan donde pueden hacer algo bueno. Querría la vacunación si un ensayo de alta calidad demostrara que valdría la pena para mí o para mis pacientes. Pero la vacunación de la gripe se ofrece millones de veces cada año con un gran coste de oportunidad; dada tanta incertidumbre, esta política es imposible de justificar.

REFERENCIAS

1.Department of Health, Public Health England, NHS England. The national flu immunisation programme. 28 April 2014. www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/316007/FluImmunisationLetter2014_accessible.pdf.

2.Scottish Government. Seasonal influenza vaccination programme 2013-14. 20 July 2013.www.sehd.scot.nhs.uk/cmo/CMO(2013)13.pdf.

3.Welsh Government. Seasonal flu vaccination programme 2014-15. 3 July 2014. http://wales.gov.uk/docs/phhs/publications/140714cmoletterfluen.pdf.

4.Department of Health, Social Services and Public Safety (Northern Ireland). Seasonal influenza programme 2013-14. 2 August 2013. www.dhsspsni.gov.uk/gdm_seasonal_flu_programme_for_2013_14.pdf.

5.Demicheli V, Jefferson T, Al-Ansary LA, Ferroni E, Rivetti A, Di Pietrantonj C. Vaccines  for preventing influenza in healthy adults (review). Cochrane Database Syst Rev 2014;3:CD001269. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD001269.pub5/pdf.

6.Jefferson T, Pietrantonj C, Al-Ansary L, Ferroni E, Thorning S, Thomas RE. Vaccines for preventing influenza in the elderly. Cochrane Database Syst Rev 2010;2:CD004876. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD004876.pub3/abstract.

7.Jefferson T, Rivetti A, Di Pietrantonj C, Demicheli V, Ferroni E. Vaccines for preventing influenza in healthy children (review). Cochrane Database Syst Rev 2012;2:CD004879.http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD004879.pub4/pdf.

8.Osterholm MT, Kelley NS, Sommer A, Belonga EA. Efficacy and effectiveness of influenza vaccines: a systematic review and meta-analysis. Lancet Infectious Diseases 2012;12:36-44. www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(11)70295-X/abstract.

9.Cates CJ, Rowe BH. Vaccines for preventing influenza in people with asthma. Cochrane Database Syst Rev 2013;2:CD000364. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD000364.pub4/pdf.

10.Poole P, Chacko EE, Wood-Baker R, Cates CJ. Influenza vaccine for patients with chronic obstructive pulmonary disease. Cochrane Database Syst Rev 2006;1:CD002733. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD002733.pub2/pdf.

11.Thomas RE, Jefferson T, Lasserson TJ. Influenza vaccination for healthcare workers who care for people aged 60 or older living in long term care institutions (review.) CochraneDatabase Syst Rev 2013;7:CD005187. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD005187.pub4/pdf.

Fuente de la traducción: Cas Madrid
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Fent SALUT i LLUITA amb #rebelionBellvitge i Arcadi Oliveres, @AdaColau i @ToniBarbara en un dia molt @dempeus


Més de 1000 persones en dues marxes han confluït des de l’Hospitalet i el Prat de Llobregat i altres ciutats del Baix, caminant per la salut i la sanitat publiques fins una vibrant concentració a la porta del SEU hospital.

Explica Toni Barbarà, amic, metge i Secretari de Dempeus per la Salut Pública que hi ha dies en els que les activitats s’apleguen i esdevenen jornades especialment intenses i gratificants, al servei de les lluites de sempre. El divendres 14 de novembre va ser un d’aquests dies. Jornada doble, com als cinemes d’abans, i sense obviar les tasques quotidianes. Matí i tarda DEMPEUS.

Divendres 14 de novembre del 14. Al migdia a l’acte de celebració del 20è aniversari de l’EAP (equip d’atenció primària) del barri del CLOT de Barcelona. Organitzat pels mateixos treballadors i treballadores del CAP.

Es va celebrar primer l’acte de celebració del 20è aniversari de l’EAP (equip d’atenció primària) del barri del CLOT de Barcelona. Organitzat pels mateixos treballadors i treballadores del CAP amb intervencions d’ Arcadi Oliveres, Ada Colau, Toni Barbarà, Jesús Martin, (treballador social)i Ferran López (pediatra) I a la tarda va tenir lloc la Xerrada-Col·loqui sobre sanitat pública al local del CÈNTRIC Espai Cultural del Prat de Llobregat. Organitzat per l’A.V. Sant Cosme i Sant Damià I altres col·laboracions, amb intervencions de Ana Martínez, Marta Carreras, Roger Bernat (ADSP), Ramón Montoya (Hosp. Bellvitge), Miguel Mansergas i Fèlix Redondo (veïns de RebeliónBellvitge), i Toni Barbarà com a representant de Dempeus. La moderació va fer-la Xavier Martínez, periodista de la revista Delta del Prat.

L’entranyable mestre Arcadi Oliveres, sempre solidari, sempre pedagògic, sempre brillant, denunciant com sempre les injustícies, les desigualtats, es crims contra la humanitat… també en forma de des/atenció a la salut pública, però també els silencis i desinformacions mediàtics i còmplices del sistema. I la perversa voluntat política de primar els interessos econòmics del gran capital que amaga els noms i cognoms del malfactors.

Oliveres va parlar de la davallada en protecció i atencions socials, i com front les retallades i les austeritats letals els malbarataments són culpables: Rescats a la gran banca, des de 2006: 4 bilions, 600.000 milions d’euros. Despesa militar a Espanya (perfectament evitable i inútil) 52 milions d’euros cada dia. I cal afegir el Frau fiscal crònic i especialment identificat per la inspecció d’Hisenda: Grans Bancs (amb BBVA i Santander liderant), Grans empreses (i les farmacèutiques en lloc preeminent), i les Grans Fortunes (amb tot el llistat de megarics de Forbes  i d’altres fortunes de la corrupció, molt més opaques)

Ada Colau va parlar amb energia, coherència, joventut i futur, amb tota l’experiència d’una dona lluitadora social. Va parlar de la necessitat de canviar les coses, i que ja es fa en la necessitat d’habitatge des de febrer 2009, quan neix la PAH. Ada constata els canvis en curs i les victòries estimulants. No sols pels miler de desnonaments aturats, ni per la notorietat i el creixement del moviment social de les samarretes verdes, sinó també pel canvi de percepció i actitud de les persones i famílies afectades. Han passat de la vergonya, la por la indefensió resignada, la pròpia inculpació, al sentiment de col·lectiu en lluita pels seus drets i en defensa justa i legítima de les persones front l’agressivitat dels bancs i les immobiliàries.

Ada Colau fa evident la necessitat urgent de trencar els compartiments sectorials en que ens volen dividir, i fa pedagogia de lluitar plegades i plegats. No són empoderaments ciutadans aliens i separats la mobilització per l’habitatge, la educació, l’alimentació, o la salut, que era avui el fil conductor, i en reivindica la seva unitat.

Toni Barbarà va començar amb una definició de Salut més enllà de la Sanitat. És obligat dedicar alguns minuts dedicats a explicat el caràcter i la petita crònica de Dempeus, en defensa del Sistema Públic de Salut, també des de febrer de 2009, com la Pah…

Barbarà explica la tasca feta per Dempeus per rescatar les paraules i re-crear el nou llenguatge que descontamini i expliqui la substància dels conceptes front a tants perversos i sofisticats eufemismes que el sistema genera per amagar la seva agressió: RE-pagament que no copagaments, Ja pagat que no gratis, “parasitasió” que no “col·laboració públic-privat”. Destralades que no retallades, ciutadanes/ns que no clients, privatitzacions que no externalitzacions, excuses per derivacions que no gestió de llistes d’espera, conxorxes opaques que no consorcis eficients i Llei Mato 16/12 d’exclusió i repagaments que no de “racionalització, sostenibilitat i qualitat del sistema sanitari” …

Barbarà va mencionar temes com els determinats socials de la salut (treball, educació, alimentació habitatge, medi ambient…), la corrupció insuportable, la necessitat de llegir Cafèambllet per estar ben informats en clau insubmisa i vèncer les patologies socials de la por, la resignació i la autoinculpació…. Va parlar de que la lluita és necessària i possible. Que no és cap “Il·lusió” (accepció “fum”/”fer-se il·lusions”) sinó una realitat tangible que defensem amb determinació, esperança i passió, amb nous èxits (gens publicats als medis de comunicació) i noves agressions (projectes com MACA, Visc+, etc) I que som capaços de construir una Nova Cultura de la Salut.

I podeu tenir més notícies de les saludables activitats de Bellvitge i DEMPEUS de la tarda anant a La Ratera!

A la tarda a la Xerrada-Col·loqui sobre sanitat pública al local del CÈNTRIC Espai Cultural del Prat de Llobregat. Organitzat per l’A.V. Sant Cosme i Sant Damià I altres col·laboracions.

Font: Punts de Vista
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Entitats socials denuncien que creixen els casos d’exclusió sanitària a Catalunya


Es crea l’Espai de l’Immigrant per reivindicar la sanitat pública

En un petit pis d’un carreró estret del barri del Raval de Barcelona, una desena de persones, entre metges, infermeres, pedagogs, educadors socials i advocats, s’obstinen a seguir al peu de la lletra el compromís del conseller de Salut, Boi Ruiz, el 2012, que va assegurar que garantiria l’assistència mèdica a tots els immigrants en situació irregular; és a dir, els que no tinguessin papers. El col·lectiu L’Espai de l’Immigrant fa dos anys que atén i assessora els invisibles del sistema sanitari, els que no tenen, segons un decret llei del Govern central que restringeix l’atenció sanitària als sense papers, ni dret al fet que se’ls obri una història clínica. La Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya (Pasucat), amb la qual col·labora L’Espai, ha registrat i denunciat 72 casos d’exclusió sanitària a Catalunya des que es va posar en marxa el decret ara fa dos anys.

Però els voluntaris a peu de carrer adverteixen que “això només és la punta de l’iceberg”. Tot i que, segons l’informe, Salut redueix l’exclusió a “casos excepcionals”, la Pasucat assegura que els invisibles ja són “centenars, potser milers”.

El decret de l’Administració central eliminava d’una tacada la universalitat de l’atenció sanitària i lligava el dret a l’assistència a les rendes de treball, és a dir, a estar assegurat a l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS). Les persones en situació administrativa irregular se’n quedaven fora, excepte en tres casos: urgències, dones embarassades i menors d’edat.

Per la seva banda, el Departament de Salut, contrari a les restriccions que plantejava el Govern central i que afectaven unes 180.000 persones a Catalunya, va publicar una instrucció en la qual acordava mantenir la targeta sanitària a les persones excloses del sistema sanitari que fes més de tres mesos que estiguessin empadronades a Catalunya. Però, malgrat ser més indulgent que el Govern central, la Generalitat seguia supeditant l’atenció sanitària a requisits com l’empadronament, per la qual cosa encara quedava un nínxol de persones sense dret a la targeta sanitària, la que dóna pas a la sanitat universal.

La plataforma denuncia que de les 220.000 persones amb targeta sanitària reconeguda pel Servei Català de la Salut (Catsalut), però no per l’Administració central (INSS), 12.000 són de nivell 1 (fa més de tres mesos que estan empadronades aquí i tenen dret a atenció primària); 71.000 són de nivell 2 (superen l’any d’empadronament i també poden accedir a l’especialista); i unes 90.000 estan registrades a la categoria d’altres, sense donar-ne detalls. La plataforma sospita que als integrants d’aquest apartat “se’ls ha retirat la targeta sanitària”.

Segons l’informe de l’entitat, el 39% dels casos d’exclusió tenien dret a l’assistència perquè eren embarassades i nens. Pel que fa al motiu d’incidències, el 36% corresponen a facturacions indegudes, mentre que a l’11% de les persones registrades se’ls va denegar directament l’atenció sanitària.

Iko, metge i portaveu de la Pasucat, explica que el registre es va fer amb el consentiment dels afectats, però que les xifres són molt més elevades que les que s’han recollit. “Alguns no volen aparèixer perquè tenen por i no volen posar reclamacions perquè estan en situació irregular”, assenyala.

Consulta de l’Espai de l’Immigrant, al passatge de Bernardí Martorell, al Raval. DANNY CAMINAL

A L’Espai de l’Immigrant de Ciutat Vella amb prou feines tenen una llitera blanca, una taula i un parell de cadires de vímet a la consulta. Un dia a la setmana, durant les seves hores lliures, els dos metges del col·lectiu reben persones que han estat excloses del sistema sanitari. Els facultatius fan una exploració bàsica per valorar la gravetat del pacient i el deriven, amb un grup de suport que l’acompanya, a un centre d’urgències. Amb la llei a la mà, els voluntaris que van amb el pacient intervenen amb els serveis d’admissions dels hospitals perquè els atenguin.

La plataforma Pasucat i els metges de L’Espai coincideixen que la primera gran trava amb què es troben els pacients exclosos és el personal del mostrador d’admissions. “L’administratiu et diu qui hi té dret i qui no, què és una urgència i què no. La culpa no és seva, perquè no els donen ordres clares, reben normes ambigües de dalt”, apunta Iko. I una de les doctores de L’Espai de l’Immigrant conclou: “Els administratius apliquen la norma de manera errònia i després de dos anys del decret, és una negligència seva que encara no n’estiguin informats”. La plataforma assegura que els metges “són com estruços, amb el cap ficat a la consulta i no s’assabenten del que passa fora”.

El Departament de Salut, per la seva banda, reconeix que està “analitzant els 72 casos de l’informe, però assegura que no tenen “constància de reclamacions explícites” i ho limita al fet que “de manera esporàdica, es detecta alguna queixa”. “Hi ha constància de determinades dificultats d’accés amb el col·lectiu de gitanos romanesos i estem proposant mesures que puguin solucionar-los les dificultats”, conclou.

L’Ajuntament de Barcelona, on es registren la majoria dels casos de l’informe de la Pasucat, reconeix que han detectat “uns 60 casos desatesos pel sistema sanitari”. La metgessa de L’Espai ho té clar: “Cada vegada que algú ve, els trenquem el discurs als que diuen que això no passa perquè visibilitzem el problema”. I un altre membre del col·lectiu conclou: “Nosaltres existim perquè la política d’uns altres ha fallat, i deixarem d’existir quan el decret que nega l’assistència universal desaparegui”.

Una factura que finalment no va arribar

Sara Sawson amb el seu fill. / GIANLUCA BATTISTA

La plataforma que ajuda els immigrants va aconseguir que Salut publiqués una circular interna per recordar als centres l’obligatorietat d’atendre menors, embarassades i urgències. L’entitat assegura que, precisament els dos primers col·lectius, són els més sensibles. És el cas de Sara Swanson, una sueca de 37 anys que fa una dècada que viu a Espanya. Quan va anar a urgències amb el seu fill de cinc mesos per un quadre de febre, l’hospital volia facturar-li la consulta perquè el nen no tenia targeta sanitària, tot i que per ser menor i una urgència, el seu cas estaria contemplat entre les excepcions.

“No la tenia perquè no havien arribat els papers de Suècia per al padró”, explica la Sara. “Em van dir això de facturar-me abans d’atendre el nen. Estava molt nerviosa, o sigui que pensava pagar el que fos. Al final, vaig protestar, perquè sentia que era un dret, i em van atendre”, afegeix. Tot i que mai van arribar a passar-li la factura, diu que també li van posar traves per donar-li cita per al pediatre. “Ara penso què hauria passat si fos una mica més complex, com una operació, i no tingués diners per pagar-la”.

Per a El País (en català) i ( en castellà)
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La Marea Blanca protesta contra “la corrupción y la privatización” de la Sanidad


La vigesimoquinta Marea blanca, organizada por los sindicatos y asociaciones de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública (Medsap), se ha manifestado hoy por las calles más céntricas de Madrid exigiendo el fin de la corrupción y las “puertas giratorias” que afectan al sector sanitario.

“Hay que acabar con el binomio corrupción-privatización, terminar con las puertas giratorias de las que tenemos claros ejemplos en ex altos cargos sanitarios de la Comunidad”, han criticado en un comunicado los convocantes de la “marea blanca”, que en esta ocasión ha transcurrido desde la Consejería de Sanidad (calle Aduana) hasta la Puerta del Sol.

Muchos médicos de los presentes hoy en la manifestación como Maribel Giraldez, médico del Centro de Salud de Fátima, han lamentado los “conciertos brutales de la Consejería de Sanidad con clínicas privadas”.

Al grito de “la salud es un derecho” y con pancartas en las que se podía leer “los recortes matan” o “no a los recortes y privatizaciones, sí a la sanidad y servicios públicos” se ha desarrollado una jornada reivindicativa que coincide con el segundo aniversario del “Plan de Sostenibilidad” puesto en marcha por el Ejecutivo de Ignacio González.

La marea blanca también ha exigido la dimisión de la ministra Ana Mato, y del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Rodríguez, ante su “irresponsable gestión” en la crisis del ébola.

“Es desagradable comprobar que personas que han hecho una gestión tan nefasta del ébola sigan en sus puestos, gente que incluso ha culpado a la trabajadora cuando todo tiene que ver con la gesitón del conflicto”, ha criticado Giraldez.

Del mismo modo, los sindicatos y asociaciones de la Medsap han instado a las autoridades a mantener el hospital Carlos III como centro de referencia en enfermedades infecciosas, a la vez que han reclamado al Ministerio que cumpla con los enfermos de Hepatitis C suministrándoles el fármaco Sovaldi, uno de los más efectivos.

Entre los manifestantes se encontraba hoy Belén Martín, una ciudadana que el pasado viernes inició una huelga de hambre para reivindicar el derecho de su marido a disfrutar de dicho fármaco.

“Ahora tenemos que luchar mucho más porque nos va la vida en ello, es muy triste que tengamos medicación para cuidar a enfermos de hepatitis C pero no se esté dando”, ha denunciado Elsa Tobeña, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C.

Fuente: kaosenlared
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Cómo las farmacéuticas ganan más que los bancos


Imagine una industria que genera el margen de utilidad más alto y a la que no es extraño que multen por malas prácticas.

La salud y el dinero, ¿son compatibles?

Agregue acusaciones de colusión y sobreprecios e inevitablemente pensará en la industria bancaria.

Pero la industria descrita es responsable del desarrollo de medicinas que salvan vidas y alivian el sufrimiento, no de la generación de ganancias.

Las compañías farmacéuticas han desarrollado una amplia gama de medicinas conocidas por toda la humanidad, pero han lucrado enormemente al hacerlo y no siempre bajo parámetros legítimos.

El año pasado, el gigante estadounidense Pfizer, la compañía de drogas farmacéuticas más grande del mundo según sus ingresos, alcanzó un 42% de ganancias.

Como dice un veterano de esta industria: “No sería capaz de justificar (ese nivel de márgenes)”.

Excluyendo los US$10.000 millones que genera por cuidado de la salud animal, queda un margen de 24%, espectacular para cualquier estándar.

En Reino Unido, por ejemplo, hubo un escándalo cuando el regulador de la industria predijo un aumento del margen de beneficio de las compañías de energía de 4% a 8% este año.

El año pasado, cinco farmacéuticas obtuvieron una ganancia de 20% o más: Pfizer, Hoffmann-La Roche, AbbVie, GlaxoSmithKline (GSK) y Eli Lilly.

Ganancias excesivas

Con algunos remedios a más de US$100.000 por tratamiento completo, y cuyo costo apenas alcanza una mínima fracción de ésto, no es difícil darse cuenta del porqué.

El año pasado, 100 destacados oncólogos de todo el mundo escribieron una carta abierta para disminuir el precio de los medicamentos contra el cáncer.

Brian Druker, director del Instituto Knight y uno de los firmantes, pregunta: “Si ganas US$3.000 millones al año con (la droga para el cáncer) Gleevec, ¿no podrías ganar US$2.000 millones? ¿Cuándo se cruza la línea a las ganancias excesivas?”

Y no pasa sólo con estas drogas. Entre abril y junio pasado, la firma Gilead vendió US$3.500 millones por Sovaldi, una nueva medicina contra la hepatitis C.

Las farmacéuticas justifican sus altos precios argumentando que sus costos en investigación y desarrollo (I&D) son altísimos.

En promedio, sólo tres de diez drogas lanzadas al mercado son rentables, una de ellas convertida en éxito de ventas con ingresos anuales de US$1.000 o más. Muchas otras ni siquiera salen al mercado.

Pero las farmacéuticas gastan mucho más en mercadeo de sus remedios -en algunos casos, incluso el doble- que en desarrollarlos. Además, el margen de utilidad ya toma en cuenta los costos de I&D.

La industria argumenta que el valor de las medicinas también debe ser considerado.

“Las drogas ahorran dinero al largo plazo”, dice Stephen Whitehead, director ejecutivo de la Asociación de Industrias Farmacéuticas Británicas (ABPI).

“Las drogas ahorran dinero a largo plazo”, dice Stephen Whitehead, director ejecutivo de la Asociación de Industrias Farmacéuticas Británicas.

“Ejemplo: la hepatitis C, un traumático virus que requiere trasplante de hígado”, explica. “Con un tratamiento a unos US$55.500 por 12 semanas, 90% de los pacientes están curados, nunca necesitaron cirugía y pueden seguir sosteniendo a sus familias. Es un ahorro gigantesco”.

Cierto, pero poder cobrar un precio alto no necesariamente significa deber hacerlo, especialmente cuando tiene que ver con la salud, dicen los críticos como Drucker.

A los accionistas a quienes responden las grandes farmacéuticas, no les preocupa demasiado ese argumento.

Sin lealtad

Las grandes farmacéuticas también dicen que cuentan con tiempo limitado para generar utilidades. Las patentes generalmente son otorgadas por 20 años, pero entre 10 y 12 de ellos se gastan en desarrollar la droga a costos de entre US$1.500 millones y US$2.500 millones.

Esto deja entre ocho y diez años para hacer dinero antes de que la fórmula pueda ser utilizada por compañías de medicinas genéricas, que las venden por una fracción del precio.

Claramente, un éxito de ventas puede recuperar en unos meses los costos de desarrollo.

Cuando se termina la exclusividad, las ventas caen un 90%. “A diferencia de otros sectores, la lealtad a una marca se esfuma cuando la patente expira”, explica Joshya Owide, director del área de salud de GlobalData.

El gobierno británico podría ahorrar más de US$1.500 millones anuales si sus doctores recetaran genéricos, según un estudio.

Por eso las firmas farmacéuticas hacen esfuerzos extraordinarios para extender la duración de sus patentes, con “pisos completos de abogados” dedicados a este propósito, cuenta un ejecutivo de la industria.

Para una medicina que provee US$3.000 millones trimestrales, incluso un mes extra vale la inversión.

Nuevas fórmulas que combinan dos drogas existentes para un uso más amplio y los enantiómeros -un reflejo del mismo compuesto- son algunas de las vías legales para extender patentes.

Pero algunas compañías, incluida la británica GSK, han sido acusadas de tácticas menos honestas, como pagar a los genéricos para que atrasen sus lanzamientos.

Como la pérdida en ventas de una farmacéutica es mucho mayor a las ganancias de los genéricos, puede ser un buen arreglo para ambas partes.

A la conquista de los médicos

Pero las farmacéuticas han sido acusadas de cosas mucho peores… y lo han admitido.

Hasta hace poco, pagar comisiones a los doctores por prescribir sus remedios era algo aceptado y común para las grandes farmacéuticas, pese a que la práctica no es bien vista e incluso es ilegal en muchos lugares.

GSK fue multada por soborno en US$490 millones en China en septiembre y ha sido acusada de prácticas similares en Polonia y Medio Oriente.

Las reglas respecto de regalos, becas educativas y auspicio de charlas, por ejemplo, son menos claras, pero representan prácticas comunes en EE.UU.

Grandes multas a farmacéuticas

Multas PharmaUn estudio reciente mostró que los doctores que recibían pagos de compañías farmacéuticas eran dos veces más proclives a recetar sus drogas.

Y esto puede ser una de las causas del gasto excesivo de los gobiernos en remedios. Un estudio reciente de Prescribing Analytics sugiere que el Servicio Nacional de Salud británico podría ahorrar hasta US$1.585 millones anuales si los doctores recetaran la versión genérica de ciertas medicinas.

Todo esto podría cambiar cuando nuevas normas en EE.UU. y Reino Unido obliguen a los médicos a revelar sus regalos y pagos realizados por la industria.

También se acusa a las farmacéuticas de complicidad con las farmacias para cobrar más por sus remedios y publicar datos que destacan más lo positivo que lo negativo.

Y se les ha encontrado culpables de etiquetar mal y promover erróneamente varios medicamentos, con multas millonarias como resultado.

Parece que las recompensas son tan grandes, que las farmacéuticas siguen empujando los límites de la legalidad.

“Influencia indebida”

No sorprende que la Organización Mundial de la Salud hable del “conflicto intrínseco” entre las metas empresariales legítimas de las farmacéuticas y las necesidades médicas y sociales del público.

El Consejo de Europa iniciará una investigación para “proteger a los pacientes y la salud pública contra la influencia indebida de la industria farmacéutica”.

Analizará “prácticas particulares como el patrocinio de profesionales de la salud… o recurrir a instituciones de la salud pública para el conocimiento de especialistas en las nóminas de la industria”.

No importa el resultado de tales investigaciones; la industria farmacéutica enfrenta cambios fundamentales, pues el modelo tradicional de desarrollo se ve amenazado por los altos costos y avances científicos.

Fuente: BBC
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