El modelo de exclusión sanitaria continúa vigente en el estado español


Jo Sí Sanitat Universal-València denuncia los cambios en el modelo universal a los cuatro años del Decreto 16/2012.

Con la austeridad como coartada, el gobierno de Rajoy aprobó hace cuatro años el Real Decreto Ley 16/2012, una andanada contra el acceso universal a la atención sanitaria. Otro decreto de agosto de 2012 sobre “aseguramiento” y las instrucciones internas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) respecto a la asistencia, completaron la embestida contra el modelo vigente. Se calcula que 873.000 personas perdieron la tarjeta sanitaria en el estado español. La ley establecía como excepción la atención de urgencias a personas adultas sin tarjeta de residencia hasta el alta médica, menores “en las mismas condiciones que los españoles” y mujeres embarazadas. Casi todas las autonomías -14 de 17- han aprobado medidas que en mayor o menor medida atenúan los efectos del decreto. En el País Valenciano, el gobierno de coalición surgido de las últimas elecciones autonómicas (PSPV-PSOE y Compromís con el apoyo parlamentario de Podemos) emitió un decreto en julio de 2015 para garantizar el acceso universal a la atención sanitaria, que el Gobierno Central recurrió ante el Tribunal Constitucional. En marzo de 2016 el alto tribunal levantó la suspensión cautelar que pesaba sobre el decreto del ejecutivo valenciano, que de nuevo cobraba vigencia.

En muchos casos ni siquiera se cumplieron las excepciones estipuladas por el Decreto 16/2012. Además de las personas que dejaron de asistir a los centros de salud por no disponer de tarjeta sanitaria, Jo sí Sanitat Universal-València constata los casos de inmigrantes a los que en los servicios de urgencias de los hospitales se les facilitaba una hoja para que acreditaran que tenían derecho a la tarjeta. Si no podían hacerlo, se les podía notificar una factura por la atención recibida. El grupo de apoyo informa de facturas de 7.000 euros por un infarto o la misma cantidad –en varios pagos- por un derrame cerebral. En caso de que posteriormente se les diera cita a los enfermos con el médico especialista (circunstancia que no cubre el decreto estatal), el monto global aumentaba. J. V., de nacionalidad italo-argentina y empadronada en Alicante desde hace más de una década, padecía un problema cardíaco agudo. Pasó por dos hospitales de esta ciudad, donde finalmente recibió atención de urgencias.

Como no pudo mostrar la tarjeta sanitaria ni la documentación que requiere el INSS, le llegó una factura de 187 euros (sólo por la atención urgente). Además, podría llegarle otro reclamo de pago por el ingreso hospitalario y las pruebas derivadas. Fuentes de Jo Sí Sanitat Universal-València señalan la próxima presentación de un recurso de alzada ante el gobierno autonómico contra la facturación, ya que la atención gratuita de urgencias viene recogida en el decreto 16/2012. C. M., de 57 años, desempleada y tres años sin cotizar a la seguridad social, declaró ingresos superiores a 100.000 euros en el IRPF de 2014. Había vendido su casa y se disponía a comprar otra vivienda. EL INSS le comunicó, en diciembre de 2015, que quedaba excluida de la cobertura sanitaria pública, al igual que su hijo de 11 años. C. M. superaba el límite de ingresos establecido en el decreto de 2012.

“Es una tragedia que no exista la sanidad universal, se trata de una necesidad básica e irrenunciable que a mucha gente se le niega”, afirma Asun Navarro, de Jo sí Sanitat Universal. Otro caso es el de las personas no empadronadas, sin hogar ni medios económicos o que comparten vivienda sin contrato de alquiler, quienes padecen la falta de información, la deficiencia de los programas informáticos y las hojas de compromiso de pago. El decreto del Gobierno Valenciano abrió la puerta a que las personas empadronadas durante más de tres meses pudieran acceder a la tarjeta sanitaria; para quienes no cumplan el trimestre de empadronamiento, otra vía establecida en el decreto es el informe favorable de la trabajadora social, actor que se convierte “una pieza clave” del procedimiento, sostiene Abril Millán, miembro del grupo de apoyo a los excluidos de la sanidad. El Observatorio para el Derecho Universal a la Salud de la Comunidad Valenciana (ODUSALUD), que agrupa a 85 entidades de la sociedad civil, reconoce que con la aplicación del decreto del Consell “ha disminuido notablemente el registro de incidencias”, lo que no implica “descartar situaciones de inasistencia y desigualdad” en los centros de salud y hospitales.

Al año del decreto y aun reconociendo los esfuerzos del tripartito, “la cartelería que anuncia que todas las personas tienen acceso a la atención sanitaria no se halla todavía en los centros de salud”, recuerda Fani Darás, trabajadora social de Valencia Acoge. “En un año no ha habido campañas de información”. ODUSALUD incluye en el último informe (marzo de 2016) fotografías de mensajes disuasorios y coercitivos tomados de carteles en ambulatorios y hospitales; por ejemplo, “Imprescindible la presentación de tarjeta sanitaria (SIP) y DNI o pasaporte” o listados de “conceptos facturables y tarifas”. Pero a finales de julio se han producido cambios. La Conselleria de Sanitat ha lanzado la campaña para informar de la cobertura sanitaria con carácter universal en el País Valenciano, al tiempo que ha dado cuenta de que 10.000 inmigrantes se han beneficiado en un año del marco regulatorio establecido en el decreto. Otro punto valorado por las organizaciones sociales es la constitución de una Comisión Mixta, formada por la Conselleria de Sanitat, ODUSALUD, Amnistía Internacional y Cruz Roja, para evaluar el Decreto Ley 3/2015 del Consell.

En ocasiones el problema empieza casi en la puerta del ambulatorio, con el personal de admisión. “Se detecta una desinformación importante y falta de criterios claros”, apunta el informe de ODUSALUD. Se dan casos de personas que carecen de tarjeta sanitaria a los que se deriva a urgencias hospitalarias (donde posiblemente se les facture), en lugar de redirigirlos a la trabajadora social para que pueda tramitarles la tarjeta sanitaria. Tampoco se aporta información clara sobre los mecanismos para acceder a la tarjeta. “Hay veces que el proceso depende de la voluntad, formación e información del personal de atención”, destaca Abril Millán. Sobre la cuestión pesa un mensaje propalado durante los últimos años: “Quien no tenga tarjeta sanitaria, se queda sin atención en los centros de salud”. El laberinto jurídico y burocrático alcanza asimismo a las personas, mayoritariamente de edad avanzada, con permiso de residencia por llegar a España mediante el mecanismo de reagrupación familiar (tener hijos residentes en el estado español). Antes del decreto de 2012 se les facilitaba atención sanitaria en los centros de salud, en las mismas condiciones que a los españoles. Tras el decreto, el INSS les niega la tarjeta sanitaria salvo en el caso de que coticen a la seguridad social.

Una “barrera” no menor es el denominado “certificado de no exportación del derecho a la asistencia sanitaria”, documento al que se accede con grandes dificultades. Se requiere a las personas nacionales de la UE –afecta singularmente a ciudadanos rumanos y búlgaros-, así como a otras de países que han suscrito convenios bilaterales con España (Andorra, Brasil, Chile, Marruecos, Perú y Túnez). Fuentes de Jo sí Sanitat Universal-València ponen el ejemplo de una mujer joven, chino-italiana, empadronada desde 2012 en Elche y que acudió embarazada al centro de salud. Se le tramitó una tarjeta provisional para personas encinta, pero encontró la gran traba a la hora de conseguir en Italia el documento de “no exportación”. Acudió al médico sin tarjeta sanitaria, y no le ha llegado ninguna factura.

¿Qué subyace a estos casos, que pueden agruparse en una tipología vastísima? Según Abril Millán, “la legislación que han aprobado autonomías como la valenciana implica una vía de atención ‘paralela’ al Sistema Nacional de Salud, porque el modelo de exclusión continúa vigente; se ha ido cambiando en los últimos años el concepto de sanidad universal por uno de aseguramiento, que ha consolidado un mensaje xenófobo: no todo el mundo tiene acceso a la sanidad pública”. Fani Darás rebate uno de los argumentos de los defensores del decreto de 2012, “que continúa ahí y lo marca todo”. Fuentes oficiales sostienen que amortigua el “turismo” sanitario; sin embargo, “éste corresponde mayoritariamente a europeos con alto poder adquisitivo, se está utilizando a los inmigrantes extracomunitarios como chivo expiatorio”, remata la trabajadora social.

Fuente: Rebelión

Acerca de Dempeus per la salut pública

Col·lectiu de persones en defensa de la salut pública
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