5.000 millones de euros de recorte en dependencia, el brutal impacto de la austeridad


5.000 millones de euros menos en los tres últimos años, es el incontestable dato que muestra el brutal impacto de los recortes acumulados que han afectado a los servicios sociales en la legislatura que ahora culmina, cuando más necesarios son para ocho millones y medio de personas en estos años de crisis. De ellos, más de 2.000 millones corresponden a la Administración General del Estado.

Esta es la realidad a la que tendrá que enfrentarse el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en la última reunión del Consejo Territorial en la actual legislatura, que se celebrará mañana, 7 de octubre, con las Comunidades Autónomas, que han sido especialmente perjudicadas por los recortes en la financiación estatal y por las políticas de ajustes y austeridad que les han sido impuestas.

Entre recortes más lesivos a lo largo de la legislatura, por parte del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, cabe destacar:

  • Reducción del 67% del crédito para el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, que financia los servicios sociales más básicos de las entidades locales, como centros de servicios sociales, ayuda a domicilio, ayudas de urgente necesidad, programas de inserción social, albergues para personas sin hogar o casas de acogida.
  • Supresión del nivel acordado de financiación de la ley de dependencia, y reducción en un 13% del nivel mínimo, lo que ha supuesto un grave perjuicio para las Comunidades Autónomas, que son quienes gestionan este Sistema
  • Eliminación de la partida para teleasistencia domiciliaria
  • Reforma Local que genera un escenario de inseguridad para los servicios sociales de las Entidades locales, al declarar impropios muchos de ellos

Buen ejemplo del sufrimiento que estos recortes producen en las personas y familias más vulnerables, son los datos del Sistema de Atención a la Dependencia, que ha finalizado su implantación en 2015 con la incorporación de los Dependientes Moderados, sin capacidad para atender a 421.335 personas, el 36% de quienes tienen reconocido el derecho. Frente a ello, el Ministerio alardea de haber reducido la lista de espera -Limbo-, lo que constituye una burla a los dependientes y a sus familias, ya que a fecha de hoy hay más de 100.000 personas en lista de espera que al inicio de la legislatura, y más de 115.000 dependientes fallecieron sin haber recibido la prestación o servicio que tenían reconocido.

En la última reunión del Consejo Territorial en esta legislatura, el Ministerio no podrá aprobar varios documentos con los que quería desvirtuar esta cruda realidad: ni el Informe sobre el grado de cumplimiento de las previsiones iniciales de la memoria económica de la ley de dependencia respecto de la situación actual, ni la propuesta para la atención sociosanitaria, ni siquiera la evaluación anual de 2014 del sistema de atención a la dependencia, ya todo ello ha sido retirado del Orden del Día por la oposición de las Comunidades Autónomas y del Consejo Consultivo.

José Manuel Ramírez Navarro
Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales

Fuente: el seis doble

Acerca de Dempeus per la salut pública

Col·lectiu de persones en defensa de la salut pública
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