El Gobierno del PP amenaza con multas de la UE a las comunidades decididas a brindar atención sanitaria a ‘sin papeles’


Recordamos que el Consejo de Europa emitió en enero del 2014 un documento en el cual había detectado importantes retrocesos desde el inicio de la crisis, particularmente en España. Este organismo, encargado de velar por los derechos humanos en 47 países del continente, juzga ilegal la decisión de excluir a los extranjeros sin papeles de la sanidad española. “La crisis no puede servir como pretexto para negar el acceso a la sanidad”, concluía un informe sobre derechos sociales divulgado en ese momento.

Aragón, Valencia, Baleares y Cantabria devuelven la sanidad a los inmigrantes

El Ministerio de Sanidad advirtió ayer a las comunidades que devolvieron la atención sanitaria a todos los inmigrantes en situación irregular, durante su comparecencia en el congreso para detallar los Presupuestos Generales del Estado para 2016, que las normas impulsadas para ello podrían conllevar multas millonarias a diario por parte de la Unión Europea y la paralización de todo.
Tras las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo, los nuevos gobiernos de Aragón,Comunidad Valenciana, Baleares y Cantabria anunciaron diferentes regulaciones para devolver a este colectivo el derecho a la tarjeta sanitaria que habían perdido en 2012, tras la reforma impulsada por la entonces ministra del ramo Ana Mato.

La periodista Elsa García de Blas informó desde El País que “Los Gobiernos autónomos sostienen, sin embargo, que de ninguna forma las órdenes que han aprobado dan cabida a que ciudadanos europeos se acojan a esa asistencia sanitaria prevista para los sin papeles. El Ejecutivo de Cantabria recuerda que su norma establece expresamente la exclusión de los pacientes que tengan acceso o puedan acceder a cobertura sanitaria en su país de origen o procedencia. La tarjeta equivalente que se les otoga solo es válida en el territorio de la comunidad.

En Aragón y en la Comunidad Valenciana requieren acreditar que no se tiene cobertura o seguro sanitario en el país de origen. Al mismo tiempo, señalan fuentes del Ejecutivo valenciano, los servicios sociales estudian caso por caso.

“El Gobierno se tiene que dejar de amenazas. Entrar en cuestiones burocráticas o de competencias cuando está en juego la salvaguarda de la vida de las personas me parece una inmoralidad”, aseguró a EL PAÍS Carmen Montón, consejera de Sanidad valenciana. “Son además amenazas falsas, porque el Consejo de Europa juzgó ilegal excluir a los sin papeles de la asistencia sanitaria en enero de 2014”, añadió. El Ejecutivo valenciano seguirá adelante con la medida. “Vamos a seguir defendiendo la universalidad sanitaria. La exclusión tiene los días contados, los que le quedan al PP en el Gobierno”, defendió la consejera.”

Según información de agencias, el portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso, José Martínez Olmos, considera una “amenaza inadmisible” que el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, haya advertido este miércoles de la posibilidad de multas millonarias a las comunidades autónomas que han devuelto la asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles.

“Las comunidades autónomas lo hacen en el marco de sus competencias y el que debe rectificar su posición equivocada es el Gobierno –ha precisado Olmos en declaraciones a Europa Press–. Si hay amenazas de multas deberían ser al Gobierno”, ha insistido.

A su juicio, en el Ejecutivo “están nerviosos porque la iniciativa de las comunidades autónomas les ha desmontado su estrategia electoralista”, tras el anuncio del ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, de que iba a dar asistencia a los inmigrantes.

Ante esta situación, según ha avanzado Martínez Olmos, el Grupo Parlamentario Socialista va a pedir la comparecencia del ministro de Sanidad para que ofrezca explicaciones.

Tras las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo, los nuevos gobiernos de Aragón, Comunidad Valenciana, Baleares y Cantabria han anunciado diferentes regulaciones para devolver a este colectivo el derecho a la tarjeta sanitaria que habían perdido en 2012 tras la reforma impulsada por la entonces ministra del ramo, Ana Mato.

Fuente: kaosenlared

Acerca de Dempeus per la salut pública

Col·lectiu de persones en defensa de la salut pública
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