Problema de Salud en la sanidad pública


Por SARA PÉREZ / REVISTA ESPINETA AMB CARAGOLINGS (*)

De un [Img #40038]tiempo a esta parte constatamos el deterioro de la atención a la salud tanto en los hospitales públicos como concertados o privados.  Con este calor que sufrimos, la planta tercera del hospital concertado Santa Tecla no dispone de aire acondicionado. Y hará un mes el techo de la sala de enfermería se desplomó, afortunadamente sin causar heridos, en el hospital público Joan XXIII.  Ambos son consecuencia del ataque que sufren nuestros hospitales. Mediante una fundación privada que se lucra gracias a la combinación de financiación pública y atención privada como ocurre con la Fundación Sta.  Tecla o mediante la aplicación de recortes como sucede en el sector público-estatal.

En esta situación parece haber una contraposición clara.  Bueno y malo, público y privado.  Y sin embargo las cosas no son tan sencillas.  Si los hospitales privados o concertados quieren hacer negocio con una necesidad básica de la mayoría para enriquecer a una minoría de manera obvia los hospitales públicos no son (no sólo, no exclusivamente) el lugar donde nos atienden de buena fe cuando dejamos de estar sanos.  La garantía estatal de una serie de “derechos” para los trabajadores, por lo menos de manera temporal y circunscrita a un determinado territorio, como lo ha sido Europa occidental durante los últimos 70 años no es casual ni gratuita. Los servicios públicos de salud han sido la bandera de los defensores del “capitalismo de rostro humano”, que defiende que el enriquecimiento privado es compatible con el interés general, ganando afectos a la causa capitalista.  Sin embargo desde un principio incorporaban, en su mismo núcleo, el objetivo de profundizar la acumulación capitalista.   Así es en la construcción de las instalaciones, realizadas por empresas privadas financiadas por el estado para favorecer el trasvase de capital acumulado vía impuestos para la especulación sobre el suelo.  Así es en la concepción de la asistencia sanitaria, medicalizada para favorecer a la industria farmacéutica, priorizando atención de urgencia frente a prevención y en general dirigida por criterios de “racionalización del gasto”.  Y así es en el desarrollo de la actividad sanitaria, basada en la explotación creciente de los trabajadores, que ven como aumentan sus horas, se reducen sus salarios y crece la presión.  Todo el proceso quiere convertir al trabajador en una máquina de producir beneficios y al enfermo en un número, que pasa de paciente a cliente y de cliente a mera mercancía.  Si este es el caso de los hospitales públicos, su privatización no es proceso distinto sino simplemente un paso más en la misma dirección.  Para dar este paso ha sido necesario revertir la percepción antes creada (y falsa) de que la sanidad era un derecho garantizado por el estado.  Así hemos presenciado un ataque de larga duración a la Seguridad Social, a la que se tachaba de ineficiente, cara y deficitaria.

Años antes del comienzo oficial de la crisis era habitual escuchar que no había dinero para gastos sociales.  Se afirmaba que las urgencias estaban colapsadas, que las contribuciones no daban para pagar la cuenta, que se derrochaban recursos. Mientras se recortaban presupuestos y derechos laborales se vilipendiaba a los trabajadores, tachándolos de privilegiados y vagos y fomentando la división en la clase obrera.  Poco a poco se instalaba la idea de que los servicios sociales no eran derechos, sino lujos que un día no podríamos permitirnos.  Y como tales no eran para todos, sino para quien se lo pudiera pagar.

  Junto con los trabajadores del sector, hay otro colectivo que ha servido de chivo expiatorio de todos los males que padece la sanidad estatal. Se trata de los inmigrantes en situación administrativa irregular y otras personas en situación de exclusión. Los trabajadores de países más pobres, siempre observados con desconfianza a pesar de ser recibidos años atrás como agua de mayo en sectores como el agrícola y el de cuidados, dispuestos a trabajar en condiciones que no aceptaba ningún autóctono, se han convertido en el enemigo a abatir.  Culpables de ser los más débiles de la clase obrera, se les ha cargado con el crimen de abusar de los mismos servicios que se habían financiado y mantenido gracias a su trabajo y que habían servido para desviar una parte de la riqueza que habían producido a manos privadas. Instalada la idea de que la sanidad no es un derecho, sino una mercancía y hundida la reputación de los servicios sociales estatales, se abre el camino a la gran masa de la población hacia opciones privadas.  La generalización del uso de mutuas, llevada a cabo con el aval de los sindicatos mayoritarios, es un gran avance en este sentido. Por una parte supone la inyección del dinero de nuestro salario a manos privadas.  Por otra justifica el paulatino socavamiento del servicio sanitario, convertido en último recurso para muertos de hambre.  Finalmente, confirma la idea de la sanidad como mercancía, cuyo acceso depende de la capacidad de compra de cada individuo en un momento dado.  En otras palabras, se justifica la extensión de los derechos de propiedad privada individualizada a sectores donde, por lo menos durante los últimos treinta años en Europa, era inconcebible.  La progresiva ampliación del régimen de propiedad privada vital para el capitalismo y condición imprescindible para su mantenimiento ya que sin ella ni el dinero ni el valor de cambio (y por tanto el proceso de desposesión y acumulación capitalista) actuarían como lo hacen hoy.

Si tenemos en cuenta lo anterior, es fácil comprender por qué es contraproducente reducir la herramienta de desposesión que son tanto el sistema privado-concertado como el público a una cuestión de corrupción.  Este discurso permite mostrar la desintegración de las instituciones que nos piden respetar y el cinismo de quienes se erigen como nuestro modelo.  Sin embargo también puede dar a entender erróneamente que basta con levantar esta bandera para ganar la lucha.  De que todo el problema se reduce al afán de enriquecerse de cuatro.  Y que la solución es cambiar personas corruptas por personas honestas.  Como decimos, el problema es más complejo. El capitalismo, como el Estado en el que se sostiene, no puede existir sin vulnerar su propia legalidad.  El capital utiliza actividades legales e ilegales en su objetivo de apropiarse y acumular privadamente la riqueza común y el trabajo social encarnado en ella.  No existe capitalismo ni estado capitalista sin corrupción.  Ni existe legalidad capitalista cuyo fin último no sea la sistemática acumulación por desposesión, en perjucio de una clase y en beneficio de otra.

El discurso ha de ser más amplio.  Y ha de ser preciso. Al defender la sanidad muchas veces utilizamos la tríada: pública, universal, de calidad.  Estos términos son ambiguos aunque no lo parezca.  Público no puede querer decir estatal, sino nuestro, de todos.  Mientras la sanidad sea estatal, ningún hospital será público y todo servicio estará puesto al servicio de la clase dominante.  Universal quiere decir sin excluidos pero también sin explotados.  Por su parte, plantearse cómo es la sanidad de calidad es un desafío.  Según la definición de Pedro Grande, salud es potencialidad no sólo biológica o psicológica, sino social.  Si es así, no puede haber personas sanas en este sistema desquiciado.  Si el acoso laboral lleva al suicidio y la precariedad a los accidentes laborales.  Si no tenemos ningún control sobre el producto de nuestro trabajo ni sobre su organización.  Si soportamos en silencio los agravios.  Si nuestra sexualidad está reprimida o condenada.  Si perdemos los ojos y hasta la vida por exigir la verdad.

Más allá de las buenas intenciones no habrá sanidad verdaderamente pública, universal y de calidad sin un cambio fundamental del sistema de relaciones sociales que padecemos. Y ese cambio no lo traerá ningún parlamento ni ningún partido político.  Sólo la inclusión de esta lucha en un marco más amplio, desde una perspectiva verdaderamente anticapitalista y de clase puede darnos las claves de hacia dónde empezar a caminar.

Sara Pérez

Título original: “Problema de Salud”.

Publicado en el Número 16 de Espineta Amb Caragolings.

Más allá de las buenas intenciones, no habrá sanidad verdaderamente pública, universal y de calidad sin un cambio fundamental del sistema de relaciones sociales que padecemos.

El capitalismo, como el Estado en el que se sostiene, no puede existir sin vulnerar su propia legalidad.  El capital utiliza actividades legales e ilegales en su objetivo de apropiarse y acumular privadamente la riqueza común y el trabajo social encarnado en ella

Los trabajadores de países más pobres, siempre observados con desconfianza a pesar de ser recibidos años atrás como agua de mayo en sectores como el agrícola y el de cuidados, dispuestos a trabajar en condiciones que no aceptaba ningún autóctono, se han convertido en el enemigo a abatir.

Visto en canarias semanal. CAPITALISMO Y SANIDAD PÚBLICA: DOS REALIDADES EXCLUYENTES.

Acerca de Dempeus per la salut pública

Col·lectiu de persones en defensa de la salut pública
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