Salud amplía los supuestos para acceder a la asistencia gratuita


Cataluña da cobertura sanitaria pública a 70.000 personas excluidas por la normativa estatal, pero aún quedan muchos emigrantes excluidos.

Inmigrantes en un centro de salud / Uly Martín

El Departamento de Salud ha flexibilizado los requisitos para que las personas en situación administrativa irregular puedan acceder al sistema sanitario de forma gratuita, un derecho otrora reconocido pero enterrado desde la entrada en vigor en 2012 del decreto estatal que eliminaba de una tacada la universalidad excluyendo a este colectivo de la red asistencial normalizada. La Generalitat, más indulgente que el gobierno central y contraria a la norma, prometió no dejar a nadie sin asistencia y sacó una instrucción inicial que acordaba mantener la tarjeta sanitaria a las personas expulsadas del Sistema Nacional de Salud (SNS) que llevasen más de tres meses empadronadas en Cataluña. Sin embargo, entidades sociales demostraron que con esa directiva autonómica mucha gente todavía quedaba fuera. La nueva instrucción amplía los supuestos para dar atención sanitaria gratuita y permite el acceso al SNS a cerca de 70.000 personas, excluidas según la orden estatal.

Mientras el decreto de la Administración central ligaba el derecho a la asistencia a las rentas de trabajo —esto es, a estar asegurado en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)—, la primera instrucción de Salud, ahora derogada, supeditaba esa misma universalidad al empadronamiento: Salud daba asistencia de nivel 1 (atención primaria) a las personas que llevaban entre tres y 12 meses empadronaba y otorgaba el nivel 2 de atención (la cartera básica, con acceso a la atención primaria y al especialista) a los usuarios que superasen el año censados en un ayuntamiento. Según la Plataforma por una Atención Sanitaria Universal en Cataluña (Pasucat), de las 220.000 personas con tarjeta sanitaria reconocida por el Servicio Catalán de la Salud (Catsalut), pero no por la Administración central (INSS), 90.000 están registradas en la categoría de otras, sin más detalles, por lo que sospechan que a este colectivo “se les ha retirado la tarjeta sanitaria”. Pese a que el decreto estatal mantiene la asistencia sanitaria a personas en situación irregular en tres supuesto —urgencias, mujeres embarazadas y menores de edad—, la plataforma ya ha registrado 150 casos de personas que han tenido dificultades para ser atendidos por la sanidad pública.

La Pasucat detecta 150 casos de exclusión sanitaria

Con la nueva instrucción, Salud reconoce implícitamente la existencia de casos de exclusión sanitaria durante el tiempo que estuvo en vigor su anterior normativa. “Si hay algún caso que no ha podido acceder al sistema es porque entre todos no hemos sabido incluirlo dentro o porque esa persona no es proactiva a la hora de arreglar y actualizar su situación administrativa. Si alguien no entra, tendremos que hacer un esfuerzo para que pueda acceder porque esa es la voluntad”, ha indicado el director del CatSalut, Josep Maria Padrosa, que ha asegurado haber colaborado con entidades como la Pasucat para poner fin a los casos de exclusión sanitaria.

Para empezar, en la nueva instrucción, el Departamento modifica la cartera de servicios disponible en los dos niveles de asistencia: desde el empadronamiento, el usuario ya puede acceder al nivel I, que ahora supone tener acceso a los servicios y prestaciones de los llamados programas de interés sanitario (atención a drogodependencias, prevención y atención al VIH y al embarazo y, además, urgencias en los hospitales). Una vez que la persona supere los tres meses de empadronamiento, accederá directamente al nivel II de asistencia, que incluye la cartera básica de servicios (atención primaria y especializada). Las personas que hasta ahora tenían reconocido el nivel I, accederán automáticamente al segundo nivel.

La nueva instrucción reconoce que el acceso a la atención urgente en cualquier caso

Además, una disposición adicional dentro de la nueva instrucción reconoce que el acceso a la atención urgente ha de ser garantizado en cualquier caso y correrá a cargo del CatSalut si la persona no dispone de recursos financieros suficientes o no tiene ningún asegurador. Las personas que todavía no hayan conseguido su tarjeta sanitaria y necesiten ir a urgencias podrán firmar una declaración responsable que evitará la emisión de una factura y el pago de la visita.

La Pasucat ha valorado positivamente la nueva instrucción, aunque ha exigido que la norma “no debería estar vinculada al padrón”. “Es un avance, pero falta ver cómo lo aplican. Seguiremos vigilando y denunciando cuando sea necesario”, ha indicado un portavoz. Las entidades sociales han pedido a Salud que se asegure de que todos los ayuntamientos faciliten el empadronamiento de manera sencilla y ágil a todos los usuarios. Por su parte, el Parlament está tramitando una ley para impedir la exclusión sanitaria.

Fuente: El País

Acerca de Dempeus per la salut pública

Col·lectiu de persones en defensa de la salut pública
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