Una empresa pagó sobornos a 30 cirujanos para que usaran sus prótesis


Agentes de la Guardia Civil custodian el hospital Sant Joan de Reus durante la operación por las irregularidades de Traiber. / Josep lluís sellart

Una treintena de cirujanos de la sanidad pública y privada han cobrado comisiones de hasta el 30% del precio de las prótesis vertebrales, de cadera y rodilla implantadas a sus pacientes. Así lo revelan documentos de la empresa Traiber a los que ha tenido acceso EL PAÍS, corroborados por exempleados de la compañía. Un juzgado de Reus (Tarragona) y la Guardia Civil, que ya investigaban a Traiber por la venta de prótesis caducadas, han puesto ahora el foco en estos pagos.

Los documentos muestran cómo algunos neurocirujanos y cirujanos ortopédicos exigen y aceptan sobornos —a los que denominan “royalties”—y la dura competencia entre las empresas por ganarse a los facultativos. “Es un sector que mueve mucho dinero y la decisión de compra está en muy pocas manos”, describe un extrabajador de Traiber. “Esto crea el escenario ideal para estas prácticas. Es duro decirlo así, pero lo cierto es que hay hospitales en los que es imposible vender sin pagar a los médicos”, añade este empleado, que ha accedido a hablar a cambio de preservar su anonimato.

Las fichas comerciales corroboran esta versión e ilustran cómo trabajaban algunos comerciales de Traiber. En ellas anotan el día a día de sus relaciones con decenas de médicos y, entre detalles de una actividad comercial convencional, pueden verse frases muy relevantes. Uno de ellos resume así lo dicho por el jefe de servicio de un gran hospital público catalán en una reunión celebrada en 2012: “Como con vosotros no hay el suficiente ‘entendimiento y colaboración’ [entrecomillado en el original], pues compramos a otra empresa”. La ficha recoge otra frase del facultativo: “Pronto […]una sola persona decidirá las compras de varios hospitales, atendiendo a la mejor oferta de precio y también en ‘regalos”.

Traiber pagaba mayores comisiones por los pacientes de la sanidad privada

En otra ficha se detalla el acuerdo alcanzado por Traiber con médicos de un hospital privado para poder vender sus prótesis. “Se establece el pago de royalties para traumas que implanten vía mutuas en 400 euros (14% sobre valor promedio facturado)”. Si el paciente no tiene seguro y paga la operación de su bolsillo, las comisiones son más altas: “Royalties para traumas que implanten vía privado: facturación entre 4.000 y 4.999 euros, 22%; entre 5.000 y 5.599 euros, 24%; superior a 5.600 euros, 25%”. Traiber ofrece a los facultativos la posibilidad de declarar a Hacienda los pagos camuflados como trabajos de asesoría, con lo que “los royalties quedarán en un 15%”.

El extrabajador de la empresa explica que las dos formas más utilizadas para abonar las comisiones eran “los abonos en metálico y los acuerdos de asesoría, que eran ficticios, aunque también se pagaban viajes y hacían regalos”. En las fichas pueden observarse decenas de anotaciones con la palabra “liquido”, que corresponden a los pagos en los despachos. Otro documento muestra los “pagos en 2010” a 11 facultativos del mismo hospital público. Pese a que la cantidad es la misma para todos —1.500 euros para cada médico—, tres de ellos optan por cobrarlos mediante “viajes” y ocho por “asesorías”, con la retención del 15% correspondiente.

Los comerciales hacían contraofertas para  superar a las empresas competidoras

Fuentes de la investigación en marcha destacan que la Guardia Civil no encontró en su registro a la sede de Traiber, el pasado mes de abril, rastro de los supuestos trabajos de asesoría. “Solo salen como asesores en documentos comerciales y de contabilidad, para dar apariencia legal a los pagos. Pero no hay trabajos en la parte científica o de investigación que los justifiquen”, añade esta fuente. El Juzgado de Instrucción 3 de Reus llamará en las próximas semanas a declarar a los facultativos citados en los documentos, según estas mismas fuentes.

Las fichas comerciales de Traiber también revelan la dura competencia en el sector para ganarse el favor de los médicos. Una ficha resume así la visita a un facultativo de una clínica privada: “Tiene acuerdo con [otra empresa], a partir de 2.500 euros para él, paciente privado”. Y en otra ficha: “Definir oferta presentada en diciembre. Contraoferta de [otra empresa]: cobro de 2.500 euros por prótesis privado. Igualo oferta y no se decide”. Los comerciales destacan en sus fichas los cirujanos ortopédicos con mayor potencial para adquirir prótesis, los más codiciados para el sector: “Hacer superoferta de colaboración: pone unas 80 prótesis al año”.

Correos electrónicos de Traiber muestran incluso cómo algunos médicos exigen el pago de las comisiones por intervenciones ya realizadas. El siguiente es el mandado por el jefe de una clínica privada a Lluís Márquez, dueño de Traiber: “Le remito este mail por la prótesis de cadera que realizamos el 10/12/2012 a la paciente […]. Podemos realizar factura para comisionar algo, ya que al médico a final de mes he de pagarle algo”.

El descubrimiento de los pagos a médicos da un nuevo giro a las investigaciones sobre Traiber, que ya motivaron la detención de la primera teniente de alcalde de Reus, Teresa Gomis (CiU) tras una alerta sanitaria que ha obligado a poner bajo vigilancia a 6.000 pacientes en toda España.

Investigacion@elpais.es

Traiber “tapó” problemas de calidad regalando viajes

La empresa de prótesis ortopédicas Traiber, que fue puntera en su sector, empezó a perder facturación hace una década. La firma, con sede en Reus, vendía sus productos en Cataluña directamente a los hospitales. En el resto de España y al extranjero, lo hacía a través de distribuidores. En septiembre de 2008, la compañía convocó una reunión con ellos para tratar, entre otros asuntos, “el descenso de las ventas”, según consta en las notas del encuentro. Uno de los asistentes lo atribuyó en parte a “problemas muy graves con los cotilos [pieza de las prótesis de cadera], con la columna y con el instrumental de la rodilla; hay rumores sobre la calidad de los productos. Los problemas que han tenido con la columna han afectado mucho su credibilidad”.

En la reunión también se atribuye a “la competencia cada vez más agresiva” la pérdida de ventas. Lluís Márquez, dueño de Traiber, se queja de que se les trata con mayor dureza: “Otras marcas tienen a médicos bloqueados, que siempre usan sus productos y a esas marcas se les perdona todo”. Márquez pregunta a los distribuidores sobre el margen que aplican: La respuesta generalizada es que “todo depende de lo que cobre el intermediario, que muchas veces tienen que ir a menos del 40% y que ese margen lo usan para pagar a los médicos”.

Otro documento destacado sobre los problemas de calidad de Traiber es la factura de un viaje pagado en 2008 a dos facultativos y sus parejas. En ella hay una nota manuscrita en la que puede leerse: “Regalía a los doctores para tapar la boca por fallo del cotilo”.

La compañía usaba los viajes para agraciar a los facultativos. Cada año organizaba un “congreso” en un destino turístico, como la República Dominicana o Sharm el Sheik, en Egipto, entre otros. “Estos congresos trataban de aparentar un contenido científico, pero eran presentaciones comerciales. La verdad es que eran unas vacaciones pagadas”, admite el exempleado de Traiber.

El Juzgado de Instrucción 3 de Reus investiga a la empresa —hoy en concurso de acreedores— tras la denuncia de una exempleada que puso de manifiesto la venta de prótesis caducadas, con los certificados falsificados y sin los permisos legales necesarios. El dueño de Traiber niega, por su parte, que las prótesis “tengan el mínimo problema de calidad” y acusa a la exempleada de no haber hecho su trabajo. “Hemos vendido miles de prótesis sin que hayan registrado problemas. Si nos faltaban permisos era precisamente porque esta trabajadora no hizo su trabajo. No era mi función llevar esa área”, asegura Márquez, imputado por media docena de delitos. Sobre el pago a los médicos, el dueño de la empresa asegura desconocer su existencia.

Fuente: El País

Acerca de Dempeus per la salut pública

Col·lectiu de persones en defensa de la salut pública
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