La salut ha sortit reforçada de las eleccions


Ara cal veure com es concreta en polítiques sanitàries l’avenç de l’esquerra en les eleccions del 24M.

Recuperem un artícle de Gladys Martínez López, publicat abans de les eleccions a Diagonal, on repasa les propostes de canvi de diverses candidatures,com la reversió de la privatització sanitària, el retorn a la universalitat de la sanitat o l’eliminació del copagament.

Un cordón sanitario a favor de la pública

Cartel de homenaje a Jeanneth, víctima del Real Decreto de exclusión sanitaria. / Adolfo Luján / Diso Press

El cambio en sanidad también es posible. ¿Pero existe voluntad de cambio de cara a las elecciones autonómicas del 24 de mayo? Al menos en la teoría y sobre el papel, sí. La reversión de la privatización sanitaria, la vuelta a la universalidad de la sanidad, la eliminación del copago, una gestión más eficiente o la reducción de las listas de espera son propuestas que se encuentran, al menos, en los programas electorales de varias candidaturas que se presentan a las elecciones autonómicas del 24 de mayo.

La Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión de la Sanidad, que salió adelante en 1997 con los votos de PP, PSOE, PNV, Coalición Canaria y Convergencia i Unió, fue el primer paso para la privatización de la sanidad pública. Desde entonces, muchas son las comunidades que han priorizado el sistema PFI de gestión mixta de hospitales públicos o la gestión privada total de estos centros (sistema PPP), empezando por la Comunidad de Madrid y el País Valenciano, pero que se ha ido extendiendo a muchas comunidades autónomas en los últimos años. Aunque esta ley sólo podría ser derogada por un nuevo gobierno estatal, las comunidades tienen margen de acción a la hora de revocar las concesiones que permiten la gestión privada de la sanidad pública.

Según Antonio Gómez, del Comité Antiprivatización de la Sanidad de Madrid (CAS), dos opciones serían posibles. La primera, la “legalista”, el rescate de los hospitales, que se llevaría a cabo mediante el pago del lucro cesante a la empresa concesionaria. “Este tipo de rescates los han hecho franceses o británicos, y dicen que aunque conlleve un coste, se ahorran 400 o 500 millones de euros sobre lo que iban a pagar en 30 años a la empresa”, explica.

“Un cambio fundamental es la eliminación de los conciertos sanitarios con los hospitales puramente privados en los planos quirúrgico y diagnóstico”

Existe otra opción al rescate de hospitales con dinero público. La cancelación de los contratos si se considera que en su firma existió fraude, falseamiento de los datos o ausencia de necesidad. “Si no hay informes que demuestren que los hospitales eran necesarios, la utilización que tienen es muy baja y no tienen las prestaciones que habían prometido, como se puede comprobar después de siete años de este modelo en Madrid, ¿por qué tenemos que estar pagando 30 años una concesión que es un chorreo de dinero público?”, pregunta Gómez.

Diversos programas electorales plantean la posibilidad de revertir la privatización hospitalaria, como el de Bildu para Navarra, que declara una “oposición frontal” a las privatizaciones en el sector sanitario, Compromís para el País Valenciano, que promete auditar las concesiones administrativas y estudiar las vías que permitan la reversión completa “sin coste añadido a la hacienda pública”, o Guanyem en las Islas Baleares, que promete “recuperar” los servicios privatizados. Podemos mantiene en su programa que “procederemos a la revisión de los procesos privatizadores del sistema público de salud emprendidos a nivel autonómico para revertir dichos procesos”, aunque, especifica, “en la medida de lo posible”. Concretamente, promete poner en marcha un “Plan de Reversión al Sistema Público de Salud de los centros y servicios privatizados” y “un control exhaustivo del cumplimiento de los contratos, las penalizaciones y los beneficios de las concesionarias”. Además de “la recuperación inmediata de los servicios externalizados, como la lavandería central, el mantenimiento, las donaciones de sangre, etcétera”. Por su parte, Izquierda Unida defiende “mantener el sector sanitario en la esfera de lo público recuperando para este sector público los servicios privatizados”.

Además de la reversión de la gestión mixta, un cambio fundamental, explica Gómez, es la eliminación de los conciertos sanitarios con los hospitales puramente privados en los planos quirúrgico y diagnóstico. Los conciertos suponen en Madrid el 10% del presupuestos sanitario, pero en comunidades como Andalucía, donde en los últimos años el PSOE ha gobernado junto con IU, los conciertos con la privada y el presupuesto dedicado a ellos ha ido aumentando y son 17 los centros hospitalarios con los que existen estos acuerdos. Una vía para eliminar estos conciertos sería, explica este miembro de CAS, crear un turno de tarde en los hospitales que permitiría “dar trabajo a todos esos médicos que se están marchando a trabajar fuera de España, eliminar las horas extra y poner a funcionar al 100% la alta tecnología de los hospitales”. Aunque muchos de los programas no hacen una referencia directa a los conciertos, incluyéndolos dentro de la reversión de los procesos privatizadores, programas como el de Compromís o el de Bildu afirman que “revisarán” o “limitarán a lo imprescindible” estas fórmulas, y este último promete “rentabilizar las infraestructuras sanitarias públicas, creando los turnos necesarios”.

Universalidad

Otro de los puntos a los que hacen referencia los programas es la universalidad de la sanidad, que fue eliminada por el Gobierno central del Partido Popular a través del Real Decreto Ley 16/2012, una normativa que ha dejado fuera del sistema sanitario a más de 800.000 migrantes indocumentados, así como a muchos españoles que han emigrado al extranjero. Aunque la competencia para derogar el real decreto ley es del Gobierno central, la emisión de la tarjeta sanitaria es función de las comunidades autónomas, lo que permitiría buscar recovecos a hipotéticos gobiernos autonómicos con voluntad para devolver este derecho a los migrantes, como ya han hecho comunidades como País Vasco o Andalucía.

La universalidad de la sanidad es defendida por prácticamente todos los programas electorales de partidos de oposición. Paradójicamente, también Ciudadanos habla de “universalidad”, aunque la letra pequeña del programa del partido de Albert Rivera muestra que esa universalidad se refiere únicamente “a todos los españoles”.

Otras medidas

Un punto básico, también presente en varios programas electorales, hace referencia a las mejoras en farmacia y gasto farmacéutico. Según Antonio Gómez, una medida esencial que permitiría ahorrar millones de euros y que se podría tomar sin necesidad de cambios legislativos es la centralización de las compras hospitalarias, sea a nivel estatal o autonómico. Actualmente las licitaciones se realizan hospital por hospital, en bloques separados, lo que encarece considerablemente la compra. En este ámbito, Podemos promete la creación de una comisión de farmacia que se encargue, entre otras cosas, de unificar criterios y proceder a la compra centralizada, además de “impulsar la fabricación de medicamentos genéricos”. Izquierda Unida hace referencia la creación de una industria farmacéutica pública, al igual que Bildu, que defiende dar pasos para “acabar con la supeditación a las multinacionales farmacéuticas”, así como centralizar las compras.

A estas medidas habría que incorporar, añaden desde CAS, el reparto de los medicamentos en los propios centros de salud, algo permitido por la Ley General de Sanidad y que permitiría ahorrar, de entrada, un 30% del gasto del medicamento, que es lo que se lleva el establecimiento farmacéutico.

Otras medidas por las que apuestan varios programas electorales son el aumento de recursos para la atención psicosocial, planes de cuidados paliativos o muerte digna o la introducción de un “enfoque de género”.

Fuente: diagonal periódico

 

 

Acerca de Dempeus per la salut pública

Col·lectiu de persones en defensa de la salut pública
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