Una empresa excluida de concursos públicos atiende a 250.000 pacientes


Oriol Güel “destapa” en El País una forma de saltarse la ley de contratos de empresas públicas que ha posibilitado, entre otras anomalías, que los hospitales Sagrat Cor y Sant Rafael hayan subcontratado a dedo 15 millones de Salud.
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Josep Maria Padrosa, director del CatSalut. / albert garcia

Las denominadas “alianzas estratégicas” se han convertido en una vía para que empresas de la sanidad catalana obtengan contratos de la Generalitat sin pasar por los concursos públicos que establece la normativa. El caso más destacado es el de Codebi BCN, dedicada a la rehabilitación y logopedia, que fue excluida de las últimas licitaciones al lograr puntuaciones muy bajas o no cumplir los requisitos técnicos exigidos. Pese a ello, la empresa atiende hoy para la sanidad pública a una población de más de 250.000 personas en los distritos de Horta-Guinardó y la Esquerra del Eixample gracias a sendas alianzas con los hospitales Sagrat Cor y Sant Rafael. Ambos contratos recibirán más de 15 millones de euros hasta el año 2021.

Los dos centros sanitarios son de titularidad privada, pero están integrados en la red pública de hospitales (XHUP, en sus siglas en catalán). Este hecho les permite obtener por adjudicación directa de la Generalitat —es decir, sin concurso— servicios como el de rehabilitación y logopedia, a domicilio y ambulatoria. “La adjudicación directa a hospitales integrados en la red pública [la que atiende gratuitamente a los ciudadanos con tarjeta sanitaria] está permitida por la ley”, explica Joaquín Tornos, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona. “No es relevante si estos centros son de titularidad pública o privada. Si están en la XHUP están en igualdad de condiciones para lograr adjudicaciones públicas. Pero también deben cumplir los mismos requisitos a la hora de prestar los servicios”, añade Tornos.

Uno de estos requisitos es que deben hacerlo con sus propios medios. Es decir, “ningún hospital puede subcontratar esta actividad a terceras empresas”, ratifica el subdirector del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), Francesc Brosa. Los servicios de rehabilitación de las zonas cuyos hospitales no hayan solicitado la adjudicación directa “deben ser sacardos a concurso público”, sigue Tornos. La Generalitat convocó el último de estos concursos, dotado con 204 millones de euros y con una vigencia de 10 años, en 2012.

Las llamadas “alianzas estratégicas” permiten sortear la ley de adjudicaciones

EL PAÍS ha tenido acceso a documentos —volantes médicos, correos electrónicos, contratos…— que muestran que el Sagrat Cor y el Sant Rafael, tras hacerse con los contratos por adjudicación directa, no prestaron estos servicios con sus propios medios. En ambos casos, buscaron una empresa para ceder al menos parte de la actividad. La empresa elegida fue Codebi, que había quedado sin acceso a fondos públicos tras su fracaso en el concurso de 2012.

La alianza estratégica fue la figura elegida en ambos casos para dar cobertura jurídica a un desvío de fondos desde hospitales de la red pública a empresas privadas que, según Tornos, contraviene la normativa. “Una alianza estratégica no es más que un contrato privado entre dos partes. Puede llamarse alianza, convenio o como se quiera. Pero si sirve para subcontratar una adjudicación pública, entonces vulnera el Real Decreto Legislativo 3/2011 sobre contratos públicos. La norma es muy clara: los servicios públicos deben ser sacados a concurso respetando los principios de publicidad y libre concurrencia”, concluye el catedrático.

Los correos electrónicos consultados muestran que, más que buscar un socio, lo que hicieron los hospitales Sagrat Cor y Sant Rafael era tratar de encontrar un proveedor al que subcontratar la adjudicación directa que habían logrado de la sanidad pública. Un mensaje escrito en verano de 2012 por el segundo hospital —propiedad de una orden religiosa— pide a una empresa que le remita “el modelo de trabajo y los detalles técnicos y económicos de la oferta”. El servicio obtenido por el Sant Rafael corresponde al distrito barcelonés de Horta-Guinardó y está dotado con cerca de 550.000 euros anuales (5,5 millones hasta 2021).

Volante que muestra el desvío de pacientes de la sanidad pública desde el hospital Sagrat Cor a la empresa Codebi BCN.

Un portavoz del hospital Sant Rafael asegura que “no existe subcontratación de ningún servicio ya que lo que se ha alcanzado con Codebi es una alianza estratégica que permite ofrecer con esta empresa la asistencia adjudicada”.

En otro correo electrónico, fechado en otoño de 2012, el Sagrat Cor —propiedad de IDC Salud, antigua Capio— detalla las tarifas de la adjudicación directa recibida del CatSalut para cinco áreas básicas de salud (ABS) de Barcelona por 952.000 euros (9,52 millones hasta 2021). En el mensaje, el hospital informa que se limitará a aportar en la alianza estratégica “un espacio y la maquinaria”, dejando el resto para la empresa proveedora.

Un portavoz del Sagrat Cor asegura que el hospital, al ser de titularidad privada, “no está obligado a cumplir la normativa de contratación pública” y repite el argumento de que “no se trata de una externalización, sino de una alianza estratégica en la que las dos empresas prestan la asistencia conjuntamente”.

Los volantes médicos del Sagrat Cor, sin embargo, muestran que es Codebi, y no el hospital, el que presta los servicios de rehabilitación a domicilio.

La Generalitat de Cataluña, por su parte, defiende la utilidad de las alianzas estratégicas como fórmula para “un uso más eficiente de los recursos públicos” que “acaban financiando la asistencia a los ciudadanos”, según Francesc Brosa, subdirector del Servicio Catalán de la salud (CatSalut), cuyo máximo responsable es Josep Maria Padrosa. Preguntado sobre la asistencia prestada directamente por Codebi a los pacientes de la sanidad pública, Brosa admite que “esta práctica incumpliría lo establecido en las adjudicaciones directas”. “No tenemos constancia de ello, pero si recibiéramos alguna denuncia, el CatSalut la investigaría y debería intervenir”, concluye.

EL PAÍS ha intentado repetidamente ponerse en contacto con los responsables de Codebi BCN sin que estos hayan atendido las llamadas y mensajes recibidos.

Investigacion@elpais.es

Acerca de Dempeus per la salut pública

Col·lectiu de persones en defensa de la salut pública
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