Los servicios sociales se han recortado en 2.200 millones de euros desde 2011 a 2013


Valencia es la comunidad que menos gasta en este sector. País Vasco encabeza la lista de las que más presupuesto destina. Ninguna comunidad destaca en la inversión idónea según los expertos.

Ha sido en el tercer informe DEC, que estudia el gasto público en servicios sociales, cuando por primera vez, los expertos han podido acceder a la información del presupuesto destinado por las tres administraciones -general, autonómica y local-. El estudio ha sacado en claro que el dinero destinado a ayudas a domicilio, a la dependencia, a víctimas de violencia de género, comedores o teleasistencia, se han recortado “a cifras millonarias, en un momento de crisis que ha abandonado a miles de beneficiarios en riesgo de exclusión social“, según los autores del informe.

‘Marea naranja’ en favor de las ayudas a la dependencia. Protesta ante las puertas del Ministerio de Sanidad- (JORGE SOLANO)

2.212 millones de euros menos en servicios sociales, una bajada de un 13%. En términos de PIB, en 2011, estas ayudas contaban con el 1,6% del PIB, mientras que en 2013, esta cifra cayó al 1,4%. Las siglas DEC son de: Derechos y decisión política; relevancia Económica; y Cobertura de los propios servicios. Según el informe, ninguna de las comunidades autónomas cumple a la perfección los tres indicadores. Euskadi lidera los servicios, mientras que Valencia se sitúa en “el peor ejemplo de España y de Europa” en la legislación, gasto y cobertura de estos servicios a las personas más necesitadas.

El informe indica que, en los últimos tres años, el gasto anual por habitante en estos servicios ha pasado de 354 euros a 307 euros. A excepción de La Rioja, todas las comunidades autónomas han reducido en términos absolutos este gasto en Servicios Sociales entre los años 2011 a 2013. Algunas sí que lo han incrementado con respecto al año anterior.

Las comunidades autónomas son las que manejan en un 63% las competencias de gasto en servicios sociales, un 25% a las administraciones locales, y el 12% corresponde al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. El recorte se ha acentuado en municipios, mancomunidades o diputaciones, con un 20,8 %, más del doble de lo que se ahorraron los gobiernos autonómicos (10,5%). Recortes que no solo han acabado con estos servicios, sino también con cerca de 20.000 empleos.

Estas medidas de austeridad son, para los expertos y autores del informe, un “acto criminal” en lo que se refiere a dejar sin ayudas a los más desfavorecidos, en un momento en de crisis, con una tasa de pobreza y de exclusión social en auge y con una valoración calificada de “vergonzosa” por la Unión Europea en comparación con el resto de países comunitarios.

Además, los autores explican que ha sido difícil la realización de este informe porque “la Administración General no aporta toda la información pública, y la que facilita lo hace con retrasos”. Son los casos de Castilla-La Mancha, Aragón, Baleares y Valencia, comunidades que no han aportado ninguna información y que “coinciden con sus pésimos resultados en el informe”. Las que sí apoyaron el estudio, en ocasiones contradijeron los propios datos de la Administración General”. Una información, aseguran, “que la tienen todas las administraciones, según Wikileaks“.

Fuente: Cadena Ser

Acerca de Dempeus per la salut pública

Col·lectiu de persones en defensa de la salut pública
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