La Marea Blanca pone el foco en la derivación de pacientes a centros concertados

La Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid vuelve a darse cita este domingo contra la derivación de pruebas e intervenciones quirúrgicas y para que la retirada de la privatización se formalice en el BOCM.

Una joven protesta durante una de las Mareas Blancas de 2013 contra la privatización de hospitales en Madrid.- JAIRO VARGAS

La Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (MEDSAP) ha convocado para este domingo una nueva Marea Blanca para protestar contra las derivaciones de pruebas e intervenciones quirúrgicas a centros concertados y para reclamar que la retirada de la externalización sanitaria se formalice en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).

Se trata de la decimonovena Marea Blanca desde que se iniciaron este tipo de movilizaciones y, en esta ocasión, partirá desde la Plaza de Neptuno y llegará a la Puerta del Sol. Así, regresa a la calle en solitario después de que el mes pasado se uniese a las mareas roja, naranja y verde para pedir el mantenimiento de los servicios sociales.

Creen la la paralización de la privatización es «puramente electoral»

En el comunicado, MEDSAP opina en que la paralización del proceso de privatización sanitaria es «puramente electoral» porque, de querer pararlo, «lo primero que habrían hecho es publicarlo en el BOCM».

Además, inciden en que se continúa con las derivaciones a centros concertados, y recuerdan que «se han privatizado y cerrado laboratorios públicos como el de Pontones, el Vicente Sodevilla, el del Hospital Virgen de la Torre y el del Centro de Especialidades de Aranjuez».

Por otra parte, insisten en la gestión privada de servicios como la recogida de sangre, ahora en manos de Cruz Roja; o de la Lavandería Central Hospitalaria, adjudicada a Flisa.

Además de que se reviertan estas acciones, los convocantes piden la derogación del Real Decreto Ley 16/2012, que deja fuera de la sanidad pública a los inmigrantes, al considerar que «niega a 900.000 personas sus derechos humanos fundamentales a la salud y a la vida», así como que se realice una «Auditoría Pública de la Deuda provocada en beneficio del sector privado para que la paguen quienes la han provocado«.

Fuente: Público