La sanidad privada no es más eficiente


Por Faustino Blanco, consejero de Sanidad de Asturias.

El 42% de los centros hospitalarios privados tiene algún tipo de concierto con las administraciones públicas

Los impulsores de la gestión privada de los servicios sanitarios públicos pretenden convencernos de su eficiencia para imponer un modelo en el que lo que cuenta es la cifra de negocio aunque eso pueda afectar al derecho a la protección de la salud. Este discurso contiene debilidades, ya que no se conoce estudio independiente que haya evaluado ese modelo como alternativa a la provisión esencialmente pública. La evaluación rigurosa de políticas de salud sin conflicto de intereses deja este enfoque en un acto de fe pues no se dispone de evidencia que sostenga tales aseveraciones.

Sin embargo, hay evidencias de lo contrario. En Reino Unido, donde el modelo de provisión privada está más extendido, son numerosas las referencias críticas por tratarse de un sistema más caro, debido a la necesidad de las empresas proveedoras de obtener beneficios; en el que rápidamente se produce una reducción en capacidad y en número de profesionales y que obtiene peores resultados de salud.

Los sistemas públicos como el de España están más orientados a conseguir un alto grado satisfacción y salud para todos los ciudadanos, son más equitativos y aseguran la cohesión entre personas y territorios. Además, corrigen los fallos del mercado porque en la atención sanitaria, a diferencia de lo que ocurre en la compra de otros servicios o productos, existe una evidente asimetría en la información que produce desigualdad o limita la capacidad de decisión.

Esto supone que los proveedores privados de atención sanitaria intervienen sobre lo que definen como necesidades de salud de sus pacientes (clientes), de manera que en la práctica se condiciona mucho la libertad de decisión, una de las normas esenciales del mercado. Por otro lado, la asistencia puede contener efectos no deseados o poco beneficiosos en términos de población, como ocurre con la selección inversa de los pacientes, la pérdida de inmunidad en el caso de algunas vacunas o el sobrediagnóstico. En esencia, la gestión privada integral, la que se aplica en Valencia, implica, aunque sólo en teoría, un mayor control del gasto, admitiendo que en el presupuesto que manejan las concesionarias nunca se estima el riesgo empresarial y los contratos no reflejan cómo será asumido ese riesgo por la empresa proveedora cuando las previsiones de negocio no salen. ¿No les recuerda esto a lo que está ocurriendo con las autovías de peaje?

En sanidad, resulta evidente la dificultad para cerrar los centros asistenciales y, por ello, el riesgo se transfiere al financiador público. Así ha ocurrido ya en nuestro país y podrá volver a ocurrir en el futuro de estos centros privatizados. La reiterada revisión de las condiciones del contrato dejará a los poderes públicos sin alternativas que no pasen por cambiar las reglas acordadas, aceptando las plusvalías que decida el mercado.

Otro elemento a considerar es el escaso número de empresas capaces de entrar en este mercado, con un evidente riesgo de oligopolio, como ya ha advertido la Comisión Nacional de la Competencia.

 Fuente: El País

Acerca de Dempeus per la salut pública

Col·lectiu de persones en defensa de la salut pública
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