Políticas coercitivas en salud mental


Dos artículos que denuncian las políticas coercitivas y de control autoritario a las que están siendo sometidos los enfermos mentales, tanto en el Servicio Nacional de Salud (NHS) británico como en nuestro país, donde las personas con enfermedad mental están siendo objeto de un acoso estigmatizante. El nuevo Código Penal equipara enfermedad mental con peligrosidad y tipifica a la persona con trastorno mental como Sujeto Peligroso.

Contra las políticas de control autoritario en salud mental

Manuel Giron

Históricamente, las personas que padecen enfermedades mentales han sido objeto de discriminación; eran pocas las que recibían atención sanitaria y las que parecía que la recibían eran ingresadas (y aun lo son, aunque en condiciones diferentes) en manicomios, centros de exclusión y estigma, muchas veces de por vida. La LGS de 1986 y la modificación del Código Civil con la reforma de la tutela supusieron avances en el reconocimiento de sus derechos jurídicos y asistenciales. Estos avances lo fueron de forma muy incompleta y, pese a ello, la parte más retrógrada de la psiquiatría y de la judicatura, con la colaboración de políticos conservadores, han tratado de dar marcha atrás en el reconocimiento de estos derechos. Actualmente, en un contexto de aplicación de políticas de recortes asistenciales y de derechos, su objetivo es consolidar la estigmatización de las personas con enfermedad mental como un peligro social, y proponer medidas de control autoritario en lugar de medidas asistenciales/1.

Aprovechando la llegada al gobierno del PP y del ministro Gallardón, las personas con enfermedad mental están siendo objeto de un acoso estigmatizante. Se desmontó el equipo responsable de la estrategia de salud mental del Sistema Nacional de Salud para evitar cualquier tentación de asistencia comunitaria y proponer en su lugar, de nuevo y tras ser rechazada en múltiples ocasiones anteriores, el Tratamiento Ambulatorio Involuntario/2. La Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación -avalada por los responsables actuales de la Estrategia de Salud Mental-consideró a las personas con enfermedad mental un peligro para la salud pública/3. Calificación que ha sido retirada tras las protestas de la confederación de asociaciones de familiares, FEAFES, y de la asociación de profesionales de salud mental AEN. El ministro Gallardón propone una reforma del Código Penal que supone penalizar a las personas con enfermedad mental por su peligrosidad potencial para la sociedad, y pretende poder mantenerlos ingresados de por vida, sin motivos objetivos y bajo evaluaciones que carecen de validez. Ninguna de estas medidas son ética o científicamente justificables y ha sido rechazada por FEAFES/4 y por la AEN. Como ha señalado la AEN: “Creemos que existe un planteamiento estratégico en algunos contextos del poder político, económico e incluso técnico, dispuestos a retroceder a concepciones marginadoras, estigmatizantes y precientíficas sobre la salud mental y las personas afectadas, especialmente las más graves”/5.

Richard Bentall es un psicólogo crítico con las derivas biológicas, autoritarias y reduccionistas de la psiquiatría. El artículo que publicamos trata de la deriva autoritaria actual en los servicios de salud mental, y aunque su escenario es el Reino Unido, el tratamiento del autoritarismo y de la coerción es aplicable a contextos como el del Estado español.

Manuel Giron

Notas

1/ http://www.vientosur.info/spip.php?…
2/ La judicializacion del tratamiento involuntario a los pacientes mentales. Antonia Molina Habas, Begoña Beviá Febrer. http://www.polyanguas.net/indice.ph…
3/ http://vientosur.info/spip.php?arti…
4/ http://feafes.org/publicaciones/gui…
5/ http://www.aen.es/index.php?option=…


Demasiada coerción en los servicios de salud mental

Richard Bentall

Los estudios muestran que muchos pacientes rechazan el tratamiento de fármacos, ya que se experimenta como ineficaz y se relaciona con efectos secundarios. “Fotografía: Martin Godwin para The Guardian

El informe anual de la Care Quality Commission (Comisión de Calidad Asistencial, CQC) sobre la aplicación de la Ley de Salud Mental revela la existencia de tendencias inquietantes en materia de prácticas coercitivas por parte de los servicios psiquiátricos/1. En comparación con el año anterior, en 2012 se produjo un aumento del 5 % de los ingresos involuntarios en un hospital y del 10 % del uso de órdenes de tratamiento comunitarias (CTO, que obligan a los pacientes psiquiátricos que actualmente están bien y viven en su casa a cumplir su tratamiento –normalmente una medicación antipsicótica– so pena de ser ingresados forzosamente en el hospital si no lo hacen).

Es casi seguro que estas cifras se quedan cortas con respecto a la amplitud con que en algunos servicios la coerción es rutina. Como señala la citada comisión, muchos pacientes voluntarios solo son voluntarios nominalmente, ya que no pueden salir de las salas cerradas y tienen miedo de que los internen en un hospital si piden permiso para irse a casa. En la comunidad, alrededor de un tercio de los pacientes que viven en casa son objeto de amenazas informales, cuando les dicen, por ejemplo, que si no siguen el consejo médico se verán afectadas sus condiciones de alojamiento, sus prestaciones o su derecho a cuidar de sus hijos.

Muchos profesionales de salud mental, especialmente psiquiatras, entienden que la coerción es un instrumento fundamental, por lo que es importante comprender por qué debería evitarse su uso en la medida de lo posible. El respeto de la autonomía –el derecho a elegir– es con razón un principio ampliamente reconocido en la ética médica. Aparte del hecho de que la autonomía se considera una virtud por derecho propio, su denegación suele causar angustia. En efecto, un ingreso forzoso en un hospital se siente a menudo como una experiencia traumática, que a veces provoca el mismo tipo de síntomas postraumáticos que sufren las víctimas de una agresión o de un suceso potencialmente mortal. Por supuesto, muchos pacientes psiquiátricos han sufrido previamente abusos físicos o sexuales, acoso y otros tipos de victimización, lo que a menudo es la causa de que desarrollen inicialmente problemas psiquiátricos; por tanto, la coerción por parte de los servicios asistenciales agrava la sensación de adversidad que ya resulta demasiado difícil de soportar. También contribuye a deteriorar las relaciones entre los pacientes y los servicios, dando lugar a menudo a una mayor reticencia a solicitar ayuda psiquiátrica con motivo de futuras crisis.

Los defensores de la coerción suelen argüir que es un mal necesario, porque los pacientes no saben qué es lo que más les conviene. Este argumento, por supuesto, da por hecho que los pacientes no actúan racionalmente cuando rechazan la asistencia psiquiátrica, que tratamientos psiquiátricos como la medicación antipsicótica siempre son beneficiosos y que los pacientes a los que se obliga a recibir un tratamiento salen a la larga mejor parados. Todas estas afirmaciones son dudosas. Existen estudios que demuestran que muchos pacientes rechazan el tratamiento farmacológico porque lo consideran ineficaz y lo asocian a efectos secundarios (algunos de ellos potencialmente mortales: un informe reciente calcula que los pacientes psicóticos tienen en promedio una esperanza de vida 20 años más baja, lo que en parte es atribuible a los efectos secundarios de los medicamentos). Recientes ensayos aleatorizados controlados de tratamientos farmacológicos –tanto con antidepresivos como con antipsicóticos– demuestran que son muchos menos eficaces de lo que se pensaba y que muchos pacientes solo responden mínimamente a los mismos. Finalmente, los ensayos controlados realizados de las CTO no demuestran en muchos casos las ventajas esperadas en términos de menor hospitalización futura: no son la solución que se pretendía para el paciente de “puerta giratoria”.

Curiosamente, estas cifras más recientes con respecto a las prácticas de coerción se han conocido en un momento en que el Servicio Nacional de Salud (NHS) se propone desarrollar servicios que sigan un “modelo de recuperación”, que insiste en la conveniencia de que haya unas relaciones de buena calidad entre los pacientes y el personal, defiende la elección del paciente sobre el tipo de tratamiento a recibir y favorece una actitud optimista en que la recuperación se entiende en sentido holístico en vez de definirse estrictamente en términos sintomáticos. ¿Por qué, entonces, la práctica apunta en la dirección contraria?

La prevención de riesgos es sin duda un factor. Un rápido repaso de los artículos sobre salud mental en la prensa tabloide confirma que los pacientes psiquiátricos se consideran a menudo peligrosos (lo que no es cierto en la gran mayoría de los casos) y que habitualmente se culpa a los psiquiatras si sus pacientes de vuelven violentos. Es sumamente difícil predecir comportamientos violentos, pero esto no impide que se les acuse cuando se produce un incidente. La falta de formación es probablemente otro factor. Desde finales de la década de 1970, la psiquiatría ha tendido a medicalizarse, de modo que hay psiquiatras que carecen de las cualificaciones terapéuticas necesarias para tratar efectivamente con los pacientes. Sin tiempo ni preparación para trabajar en psicoterapia, el tratamiento farmacológico, aunque limitado, es todo lo que tienen. Como ha señalado Abraham Maslow, “si la única herramienta que tienes es un martillo, todo te parece un clavo/2. En los últimos años ha habido intensos debates dentro de la psiquiatría entre quienes tienen una visión estrictamente médica y quienes abogan por una reforma y un enfoque más centrado en el paciente.

Desde luego, esto no supone negar que a veces resulta difícil evitar la coerción. Sin embargo, si la coerción es un mal necesario, no por ello deja de ser un mal y los servicios de salud mental han de buscar maneras de recurrir en menor medida a ella. Esto exigirá un cambio cultural y, tal vez, que algunos profesionales de salud mental se planteen cambiar de carrera. A la larga, la solución del problema de la coerción en psiquiatría pasa por concebir servicios que los pacientes consideren útiles y deseen utilizar realmente.

1/02/2013

http://www.theguardian.com/commenti…

Traducción: VIENTO SUR

Notas:

1/ Mental health patients are being ’detained in all but name’. The Care Quality Commission finds mental health patients denied information, and staff inadequately trained http://www.theguardian.com/society/…

2/ The different trajectories of antipsychotic response: antipsychotics versus placebo. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/…

Fuente: Viento Sur

Acerca de Dempeus per la salut pública

Col·lectiu de persones en defensa de la salut pública
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