Un bienestar enfermo. La privatización de la sanidad

Artículo de Araceli Ortíz Arteaga, miembro de la Federación de Asociaciones en Defensa de la sanidad pública, publicado en el Anuario 2014 de la Fundación Primero de Mayo.

Porcentaje de PIB dedicado a gasto social en los países de la OCDE en 2001.

1. Como ha argumentado reiteradamente el profesor Vicente Navarro, España se ha caracterizado por tener un raquítico Estado de Bienestar. Tanto si lo comparamos con el porcentaje del PIB dedicado a gasto social, como del porcentaje de población que trabaja en los servicios dedicados a mantenerlos, estamos muy por debajo de la media de la UE de los 15: tanto en pensiones, sanidad, educación, servicios sociales, etc., el gasto social en el Estado Español es muy inferior. y lo que es peor, va en descenso. Desde la no tan modélica transición a la democracia, se ha invertido en alguno de los pilares considerados básicos del Estado de Bienestar (sanidad, enseñanza y pensiones), pero manteniéndose lejos de la media de gasto del resto de países. Con la Ley de Dependencia se hizo un intento por atender a esa parte creciente de las persones con más necesidades sociales, cuyo cuidado había recaído tradicionalmente en las mujeres. Pero la falta de la dotación económica que tenía que acompañar su puesta en marcha (y con frecuencia, la escasa voluntad política de desarrollarla) ha hecho que se quede, en la mayor parte de los casos, vacía de contenido real. En otros aspectos del Estado de Bienestar, las carencias son aún mayores: apenas hay Escuelas Públicas Infantiles de 0 a 3 años, las residencias públicas para personas mayores tienen largas listas de espera porque las privadas tienen un coste que multiplica por 4 o 5 la pensión media como mínimo… y aún así, la UE sigue exigiendo la disminución del gasto social.

El problema real no es la falta de dinero, dinero hay mucho, sino las profundas desigualdades sociales que se han mantenido durante la etapa de crecimiento económico anterior y que se han agravado con la llegada de la crisis. La fiscalidad es profundamente injusta: está basada en que los pobres financien a los ricos. El sistema fiscal español se sustenta en los impuestos de los trabajadores y en el consumo. La época de bonanza no se aprovechó para hacer una reforma fiscal más justa sino todo lo contrario, llegando a defender, en el gobierno socialista, que “bajar los impuestos es también de izquierdas”.

2. Al final del franquismo, la asistencia sanitaria de la población se realizaba a través de tres modos:

1) Una mayoría de la población formada por los trabajadores activos o pensionistas y sus familias recibían asistencia a través de un sistema de seguridad social que se fue desarrollando durante la época de la dictadura.

2) Personas de mayor capacidad adquisitiva, sectores de profesiones liberales, trabajadores no dependientes, rentistas, etc recibían asistencia privada directamente o a través de seguros privados.

3) Por último, quien estaba excluido de los dos grupos anteriores, recibían la asistencia “para pobres”, la beneficencia, organizada a través de las diputaciones provinciales.

El paraguas de la ley General de Sanidad, impulsada y defendida contra viento y marea por el ministro Ernest Lluch

A partir de los años 80 se va desarrollando el Sistema Nacional de Salud (la Ley General de Sanidad se aprueba en 1986), con el objetivo de unificar las tres vías de asistencia y conseguir la atención sanitaria como un derecho de ciudadanía, independientemente de la situación  laboral y social, integrando a las personas en una única red y eliminando las situaciones de no cobertura aunque eso no se logró totalmente hasta 2011 con la Ley General de Salud Pública, que el PP se ocupó de derogar al poco tiempo de su implantación. A la vez, el desarrollo de la Atención Primaria y la creación de una red hospitalaria pública acercaba la atención sanitaria a la casi totalidad de la población. La financiación a través de los impuestos y no de las cotizaciones sociales de los trabajadores es un importante paso para que el Estado (Central o a través de las Comunidades Autónomas, ya que las transferencias en materia de sanidad se completaron en 2001) asuma la responsabilidad de la salud de las personas.

Pero a lo largo de los años 90 comienzan a llegar las primeras propuestas privatizadoras, influïdes por las reformas de Margaret Thatcher en el NHS y plasmadas en la Ley de Ordenación Sanitaria de Cataluña y en el Informe Abril Martorell. Se defiende la gestión privada como más eficiente, se apuesta por separar la gestión de la provisión de servicios, por gestionar los centros sanitarios públicos como empresas y por la necesidad de competir entre ellos en un mercado sanitario. Así, se ponen en marcha la empresas públicas sanitarias, la fundaciones, las concesiones administrativas…

La base legal en la que se sustentan son el RD 10/96 y la Ley 15/97.

Al completar las transferencias, las comunidades autónomas aprueban sus correspondientes Leyes de Ordenación Sanitaria en las que muchas de ellas, abren el camino para las diferentes formas de privatización de los servicios sanitarios.

3. La llegada de la crisis económica ha agudizado la situación. En lugar de afrontarla invirtiendo en gasto social para proteger a los sectores más débiles de la sociedad, nuestros gobernantes han optado por el camino más conservador y han invertido el dinero público en afianzar un sistema Financiero que ha sido responsable de los grandes desequilibrios y de la propia crisis. Se invierte el dinero público en rescatar a los bancos mientras se recorta en todos los servicios públicos. Es más, se ha puesto en marcha lo que Naomí Klein llama la “doctrina del shock”: una agresión brutal desde todos los frentes que impida la capacidad de reacción de la población.

La crisis económica ha sido aprovechada por las clases dominantes para terminar con los derechos sociales y el precario Estado de Bienestar. Las actuaciones son innumerables:

•  las sucesivas reformas laborales han liquidado los derechos más básicos de los trabajadores y han eliminado cualquier vestigio de lo que conocimos como Derecho Laboral.

•  la contestada Ley Wert significa un ataque a los valores que ha ido asumiendo el conjunto de la sociedad: la supresión de educación para la ciudadanía, la inclusión de la religión católica como asignatura puntuable en secundaria, relegar las materias que ayudan al pensamiento y el desarrollo como personas, el alejamiento de la posibilidad de acceso a la educación superior a los hijos de las clases más desfavorecidas…

El problema real no es la falta de dinero, dinero hay mucho, sino las profundas desigualdades sociales que se han mantenido durante la etapa de crecimiento económico anterior y que se han agravado con la llegada de la crisis. en materia sanitaria, se extienden las “externalizaciones” y privatizaciones. Las construcciones de nuevos centros sanitarios se hacen a través de formas que ponen en manos de las empreses privadas (generalmente constructoras y de capital riesgo foráneas) la propiedad de los centros que se pagan con dinero público y a un coste abusivo. Se ceden a empresas privadas sectores básicos para el mantenimiento del sistema sanitario y se derivan a la sanidad privada la realización de pruebas diagnósticas e intervenciones mientras algunos servicios de la sanidad pública están infrautilizados

•  Se está sustituyendo el Estado de Bienestar por un Estado Asistencial, es decir, se está realizando un cambio de derechos ciudadanos por caridad. Madrid es el modelo más evidente de las actuacions del Partido Popular. Ha sido pionera para experimentar sus políticas: privatización de empreses públicas, de servicios, cesión de bienes públicos a sus amigos, robo del patrimonio de los madrileños para que hagan negocios los suyos. En cada uno de los sectores que analizamos nos encontramos con un retroceso de 20, 30 o 50 años.

En materia de sanidad, si no somos capaces de frenarlos, volvemos a tener tres niveles de asistencia:

•  Un sistema sanitario que cambia la base de la asistencia de ser un derecho por ser ciudadano a un derecho por ser cotizante. Regresamos al sistema de seguros sociales en una sanidad pública intervenida y mediatizada por los intereses privados, de mala calidad (muchos tienen que hacer negocio con ella, las multinacionales del sector sanitario no son ONGs).

•  Un sistema sanitario privado para quien puede pagarla, sin listas de espera ni demoras.

•  Una parte de la población que ha quedado fuera del derecho a la asistencia sanitaria (la Ley 16/2012 se calcula que dejó fuera del sistema a cerca de un millón de personas). Para ellos la única posibilidad es crear un nuevo sistema de beneficencia si no quieren que la gente muera en las calles sin asistencia (como ya sabemos que ha sucedido en varios casos)

4. El capitalismo financiero que se está imponiendo es incompatible con los derechos sociales y las libertades. La única defensa de éstos pasa por derrotarlo y crear otro modelo de sociedad. Hay que continuar con las movilizaciones. Hay que continuar con la respuesta en las calles, en los barrios, ante los bancos, en los centros de estudios, en los centros sanitarios. Hay que mantener e incrementar el nivel de respuesta social. ya vamos teniendo experiencias de que “sí se puede”. Es imprescindible un cambio político. La derecha ultraconservadora que nos gobierna es incapaç de garantizar un mínimo de bienestar. La respuesta social tiene que llegar también a las urnas. Pero esto no será suficiente. Un simple cambio político puede ayudar, pero él solo no es garantía de recuperar y mantener los derechos. Hay que recordar que algunas de las medidas que han abierto camino en la privatización de la sanidad han contado con el apoyo del PSOE (Ley 15/97, construcción de nuevos hospitales con formas “innovadoras” que han facilitado su privatización…) Por último, es necesario reforzar la acción sociopolítica y construir las alianzas con otros sujetos sociales y políticos para defender los derechos sociales fundamentales.  Es imprescindible un cambio político. La derecha ultraconservadora que nos gobierna es incapaz de garantizar un mínimo de bienestar. La respuesta social tiene que llegar también a las urnas.