Historias clínicas digitales: el caballo de Troya de la privatización sanitaria


  • El proyecto para centralizar los datos médicos de todos los pacientes en España queda bajo sospecha cuando son empresas privadas las que gestionan los centros
  • Compañías aseguradoras como Sanitas, que gestiona íntegramente un hospital en Madrid y otro en Valencia, tienen acceso a información sensible de clientes potencialesMédicos y asociaciones anti-privatización defienden los avances tecnológicos pero alejados de la esfera privada
  • Europa tiende a la mercantilización: en el Reino Unido se podrán comprar y vender los historiales

CARLOS MIER (INFORMACIÓN SENSIBLE)

Una trabajadora en un hospital manejando una tableta electrónica / Getty

En tiempos de grandes escándalos de espionaje masivo, la salud no iba a quedarse al margen en lo que se refiere a la siempre polémica protección de datos privados que circulan por la Red. La digitalización de las historias clínicas, en constante avance en España, persigue un objetivo: facilitar el trabajo de los facultativos y que puedan acceder al expediente de cualquier persona desde la pantalla de su ordenador. Sin embargo, la creación de un sistema único que centraliza todos los datos médicos, ya iniciado en nuestro país, queda bajo sospecha cuando empresas privadas pasan a formar parte de la ecuación. En el caso de la sanidad madrileña o valenciana, esto se hace palpable con los hospitales de gestión mixta y con el proceso de privatización abortado –al menos de momento- en la primera.

La posibilidad de que, por ejemplo, aseguradoras como Sanitas o DKV tengan acceso a los historiales clínicos de clientes potenciales conlleva un problema de incompatibilidad que denuncian asociaciones médicas y plataformas contrarias a la privatización. De hecho, los hospitales con gestión privada en Madrid y Valencia (modelo Alzira) ya representan el primer paso hacia una manipulación de datos sanitarios por parte de responsables que no tienen nada que ver con lo público.

Además, la tendencia europea parece caminar hacia la mercantilización de dichos datos. El Gobierno británico ya estudia poner en el mercado los historiales de su sanidad pública, y ya se está debatiendo el precio de informes que incluyan tratamientos, visitas, datos personales e incluso la situación económica de los pacientes. Algo que podría tener su reflejo en España.

El ojo del dios egipcio

Hay un nombre con el que los médicos madrileños comienzan a estar familiarizados: el del dios egipcio Horus. Con un gran ojo como icono, Horus es el programa informático que centraliza las historias clínicas digitales de los hospitales y centros de salud de la Comunidad de Madrid. Según datos de 2012 en un informe de Accenture, gigante de los proveedores informáticos encargado del desarrollo del proyecto en la comunidad madrileña, “en menos de un año, Horus ha superado la cifra de 26.000 usuarios activos y se ha accedido a más de 1.750.000 historiales médicos”.

En ese informe, Accenture detalla que el sistema es un visor que muestra datos del paciente recabados de las distintas fuentes que componen el sistema sanitario de Madrid. Así, los profesionales pueden ver “de forma inmediata” un completo conjunto de registros médicos de un determinado paciente. Esto incluye “información demográfica, de contacto, documentos de referencia, informes detallados e imágenes para investigaciones y procedimientos, información clínica procedente de los sistemas de atención primaria, vacunas, medicación, antecedentes, alergias, incapacidades temporales, episodios clínicos, órdenes médicas y cuidados de enfermería”. Grandes ventajas para los profesionales –los únicos que tienen acceso sobre el papel- y un gran avance para la eficiencia clínica, pero también un gran filón de caer en las manos equivocadas.

Eso es precisamente lo que denuncian desde la Coordinadora Anti-Privatización de la Sanidad Pública de Madrid. Su portavoz, Ángel Navarro, opina que “la entrada de las empresas privadas en la sanidad pública tiene muchas caras, entre ellas el gravísimo problema de que la información sensible de los pacientes sea gestionada por compañías con un interés que no es para nada el de la mayoría“. En este sentido, Navarro piensa que “el problema no es, lógicamente, el avance tecnológico sino la falta de garantías para evitar que esos datos sean mercantilizados en algún momento”.

Navarro critica que, “a parte de las empresas adjudicatarias de los seis hospitales cuya privatización se ha paralizado, en estos momentos hay otros tres hospitales en Madrid con modelo PPP (Móstoles, Valdemoro y Torrejón, en los que está también privatizada la parte asistencial) y en donde Sanitas o IDC Salud (Capio) gestionan todo lo gestionable. También en el caso de la Fundación Jiménez-Díaz”.

Las huellas (digitales) del delito

Precisamente desde el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, gestionado por IDC Salud (Capio), la médico Laura Fernández –no ha querido dar su nombre verdadero- defiende la utilidad de la centralización de historias clínicas a través de Horus. Sin embargo, reconoce que en un instante podría consultar el expediente “de casi cualquier centro de salud u hospital en Madrid”, aunque remarca que “si no son pacientes míos estaría haciendo algo ilegal y si el paciente en cuestión inicia el procedimiento adecuado se comprobaría el rastro de mi huella digital en su expediente y me sancionarían”.

Fernández tiene un sencillo nombre de usuario y una clave de acceso al sistema y reconoce que no hace mucho uso de Horus porque los pacientes que atiende “ya estaban en los archivos previos del hospital” y además en Urgencias, por ejemplo, “no tenemos tiempo de consultar las historias clínicas detenidamente”.

La implantación de Horus responde, al menos sobre el papel, a la aprobación, en 2010, de una nueva ley en Madrid que permite a los ciudadanos elegir el profesional sanitario que deseen que les atienda. Sus impulsores defienden que la historia clínica digital centralizada evitaría duplicidades innecesarias de pruebas clínicas, por ejemplo.

“Las empresas no han tenido acceso al programa”

El punto más polémico que provocó en su momento las denuncias de la oposición política madrileña y de las asociaciones contrarias a la gestión privada fue la posibilidad de que las tres empresas adjudicatarias de los seis hospitales madrileños paralizada en los tribunales (Ribera Salud, Hima San Pablo y Sanitas) tuvieran acceso a los datos de los pacientes y también de los trabajadores.

Sin embargo, desde la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid niegan que esto haya sido así. “No han tenido acceso a nada, ni a historiales ni a currículums de profesionales”. Además, destacan que el programa Horus es “homologado, visado y muy fiable” a todos los niveles y que “se respeta escrupulosamente la Ley Orgánica de Protección de Datos”, algo que también ratifican desde Sanitas, empresa aseguradora adjudicataria del Hospital de Torrejón y Manises (Valencia).

En España la historia clínica es un archivo de datos cuyo fin principal es facilitar la adecuada asistencia clínica al paciente y, a la vez, se reconoce su utilidad con fines docentes y de investigación (artículo 16 de la Ley 41/2002 básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica). Es decir, la legislación determina la licitud de su utilización con estos propósitos. Para cualquier otro se debe contar con la autorización expresa del paciente.

Integración total y el acecho de los piratas

La ministra de Sanidad, Ana Mato, encendía la polémica el verano de 2013 con el anuncio de que las clínicas privadas tuvieran acceso a los datos de historiales clínicos digitalizados del Sistema Nacional de Salud. Mato realizaba el anuncio de esta nueva disposición durante la presentación del informe de 2013 de la patronal sanitaria privada, acompañada de Mercedes Vinuesa, directora de Salud Pública y exdirectiva de Capio.

Y es que el camino trazado por el ministerio es la integración y centralización de todas las historias clínicas de todos los servicios de salud autonómicos. Estos se conectan a través de un nodo, siempre que la comunidad tenga implantada la historia electrónica. En estos momentos están conectadas 16,7 millones de historias clínicas, por lo que una empresa privada que gestione cualquier centro en España tendría acceso a los datos del sistema al completo.

En este sentido, también preocupa el nivel de seguridad informática ante ataques externos. Si toda la información está alojada a través de la misma herramienta, aumentan los riesgos de que se hackee el sistema al completo. Fuentes expertas consultadas aseguran que “ninguna protección es imposible de burlar”.

Como en el caso de la Generalitat de Catalunya, que sufrió un ataque de piratas informáticos durante el año 2012 y del cual informó El Confidencial el pasado enero. Ciberpiratas de Rusia y de la República Checa robaron miles de datos confidenciales de la Generalitat de Cataluña con nombres de usuarios y sus correspondientes contraseñas para acceder a información confidencial del Gobierno catalán, desde nóminas de los funcionarios hasta a los historiales médicos de cualquier ciudadano, el registro de viajeros de establecimientos de hospedaje de los Mossos d’Esquadra, acceder al correo corporativo de la Generalitat, a la gestión de cursos de reeducación vial del Servicio Catalán de Tráfico o al control de la Renta Básica de Emancipación de la comunidad.

Los hackers también atacaron a Capio en 2012, según la Asociación de Profesionales de Informática de la Sanidad de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, la empresa negó que hubieran tenido acceso a los historiales clínicos de los pacientes.

Fuente: zoomnews

 

 

Acerca de Dempeus per la salut pública

Col·lectiu de persones en defensa de la salut pública
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