Los males de la sanidad catalana


Artículo de la peridista M. Eugenia Ibáñez, publicado en la lamentable.
 
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Los hospitales del Servei Català de la Salut (CatSalut) dejaron de hacer 15.000 operaciones en el 2012, según datos facilitados por la Conselleria de Sanitat en agosto pasado. En las mismas fechas, el servicio de cardiología del hospital de Bellvitge, que da cobertura a más de dos millones de ciudadanos, tenía 257 pacientes en lista de espera y operaba a enfermos del corazón que se incorporaron a esa lista en el 2011. El mismo servicio en el Vall d’Hebron, que atiende a más de un millón de habitantes, tenía 246 pacientes pendientes de entrar en quirófano. Más: El tiempo medio de espera para una intervención quirúrgica en Catalunya ha aumentado un 30%, según datos de la Conselleria de Sanitat. Sigamos: La Plataforma de Afectados por los Recortes Sanitarios cifra en un 51% el incremento del tiempo de espera para las 14 intervenciones quirúrgicas consideradas prioritarias entre el 2010 y el 2012.

Esto significa que, por ejemplo, un paciente de Bellvitge o Vall d’Hebron, que, de acuerdo con las normas establecidas, debería pasar por el quirófano en un tiempo máximo de seis meses puede tardar ahora dos años en ser operado.

Datos de mayo de 2013

A grandes rasgos, el anterior es un somero resumen del estado al que ha quedado reducida la sanidad pública tras la política de recortes continuados que la Generalitat de Catalunya empezó a aplicar hace tres años, y que en ese periodo ha supuesto una reducción del gasto de casi 850 millones de euros para el Departamento de Salud. Pero ¿era esa vía, la de los recortes generalizados en el servicio más sensible que reciben los ciudadanos, la única forma de afrontar la crisis que sufre el país? ¿Es la única posibilidad de reducir la deuda presupuestaria? Si se considera que, en Catalunya, los gastos del Departamento de Salud oscilan en torno al 38% del presupuesto total de la Generalitat, parece lógico que algo debía hacerse para rebajar la deuda global en esa área, pero la discrepancia radica en las medidas tomadas. Quienes viven en directo lo bueno y lo malo de la sanidad aceptan la necesidad de introducir cambios en el funcionamiento de los hospitales, en los protocolos que se aplican, y, en definitiva, en la gestión de la sanidad pública, pero discrepan en que el camino elegido por los políticos sea la solución adecuada. El diagnóstico general entre quienes visten cada día la bata blanca es que esa crisis debería haber servido para administrar de manera más eficaz el modelo sanitario y para mejorar su gestión, para acabar con vicios ocultos o visibles. Por lo contrario, esos médicos aseguran que los políticos han utilizado la penuria económica para orientar sutilmente hacia la privatización un modelo de sanidad pública que, hasta la fecha, era bueno. Las medidas aplicadas a lo largo de tres años por la Generalitat  han reducido la eficacia de los hospitales, han perjudicado al ciudadano,  y todas las decisiones se han tomado en despachos alejados de la realidad y despreciando la opinión de quienes estaban en condiciones de aportar propuestas eficaces y menos dañinas para el paciente.

Datos de mayo de 2013

“Estamos perdiendo la sanidad pública y la gente no es consciente de ello”. Teresa Fuentelsaz, es médico anestesista, vicepresidenta de Metges de Catalunya, sindicato mayoritario con casi 9.000 afiliados, añade que el costo sanitario catalán es barato, por debajo de la media en la Unión Europea, y que los recortes en el sector significan el 50% de los aplicados en todos los departamentos de la Generalitat. La sindicalista considera que la explicación a lo anterior hay que buscarla en el desinterés de los inversores en las operaciones especulativas inmobiliarias: “Hoy, las posibilidades de negocio están en la gestión privada de la sanidad pública. En Catalunya no se está haciendo una privatización descarada, como la que intenta Madrid, es mucho más sutil, más sibilina; se reduce el número de profesionales,  se ahoga el presupuesto y de esta forma se lanza el mensaje subliminal de la necesidad de buscar en las mutuas la excelencia perdida en los  hospitales públicos”. Los datos apuntan en la dirección señalada por Fuentelsanz. Según información facilitada por las propias compañías, los seguros médicos privados ganaron en Catalunya 100.000 abonados desde el 2010, aumentaron sus ingresos casi un 11%, y el 26,5% de los 7,8 millones de catalanes dispone de póliza con mutuas privadas. A la opción individual que el ciudadano tome por la sanidad privada, hay que añadir las decisiones del Departamento de Salud que empujan hacia esa elección. Por citar solo un dato, enfermos de la seguridad social son desviados cada vez con más frecuencia a grupos externos, como el Hospital General de Catalunya y el Sagrat Cor, ambos pertenecientes al grupo sueco IDC, y a ese último centro han sido desplazados facultativos que, hasta ahora, prestaban sus servicios en el Hospital Clínic.

Josep Maria Cruzado, jefe de sección del servicio de Nefrología de Bellvitge, veinte años de ejercicio en la sanidad pública, considera que la elección de la Generalitat de reducir la actividad para bajar su costo es un camino equivocado, “errático”, y con un resultado final perjudicial para el enfermo. El especialista recuerda que el número de camas hospitalarias privadas en Catalunya es superior al de Madrid y se pregunta si la Administración quiere mantener el actual modelo sanitario que garantiza que, cuando alguien entre en un hospital “no se le pregunte ni quién es, ni cuánto puede pagar”, o, por lo contrario, se busca una asistencia a través de los seguros privados. Cruzado mantiene que un sistema público de salud bien gestionado puede ser tremendamente eficiente y garantizar al enfermo la mejor asistencia posible con un coste asumible. Y parece ser que ese punto, la gestión, es el nudo gordiano de la sanidad pública española en general y de la catalana en particular. Tanto Fuentelsaz como Cruzado coinciden en que este servicio público ha sufrido un problema crónico de mala gestión, tanto con anterioridad a la crisis como a partir de ese momento. El nefrólogo defiende que las limitaciones presupuestarias deberían haber servido no para cambiar el modelo sino para administrar mejor, para involucrar al personal, para implicarle en los cambios y para mejorar el funcionamiento del sistema, “porque aplicar recortes es muy fácil, cualquiera puede hacerlo, en especial si se recorta por igual a todos los hospitales, sin tener en cuenta las diferencias existentes”. Han faltado protocolos para hacer un seguimiento no hospitalario del enfermo crónico, para mejorar la atención domiciliaria, para exigir más eficacia en el reparto de las tareas de todos los hospitales y se han realizado elevadas inversiones en la construcción de nuevos centros ahora inservibles. Los ejemplos no son pocos. El nuevo edificio levantado junto al hospital de Bellvitge, previsto inicialmente para quirófanos y área de críticos está terminado pero no se utiliza porque, entre otros aspectos, no hay dinero para su adaptación al uso al que estaba destinado ni para corregir los 135 errores graves detectados en su construcción. En Manresa hay un edificio en el que solo funciona el aparcamiento. El hospital de los hermanos de Sant Joan de Deu no está abierto en su totalidad y otro tanto ocurre con el de Sant Joan Despí, del consorcio sanitario integral, antes la Cruz Roja de L’Hospitalet.

Fuentelsaz reconoce la necesidad de reconducir la política de inversiones realizada durante años en la sanidad pública, pero no simplemente con criterios económicos sino también científicos, clínicos y contando con la opinión de los médicos. Lamenta la falta de una educación sanitaria que convenza al ciudadano de que el primer responsable de su salud es uno mismo y de una política de colaboración con el personal para que asuma que el coste de la sanidad es también responsabilidad suya, para que no deje de hacer lo necesario, pero que restrinja lo prescindible. Frente a esta tarea pedagógica, añade, los políticos han optado “por bajar los sueldos, no renovar contratos y reducir el servicio”. Los ocho hospitales y la asistencia primaria del ICS han perdido en el último año unos 360 médicos consecuencia de la no renovación de contratos temporales y de jubilaciones no cubiertas. En los hospitales del ICS, durante el verano, se clausuraron entre el 30% y el 40% de las camas, mientras los enfermos se amontonaban en los pasillos de las urgencias, y se envió al paro a médicos, enfermeras, administrativos y celadores con la  promesa de que se les volvería a contratar. La Conselleria está ofreciendo jubilaciones anticipadas a médicos de 63 años y, en el mejor de los casos, se contrata a otros facultativos por 29.000 euros brutos al año. Se han dado casos de cirujanos de cardiología a los que se ha ofrecido 700 euros al mes.

El futuro puede ser peor si no se palia la desinversión que se está produciendo en la sanidad pública. Cruzado señala que la falta de recursos, de mantenimiento y renovación implica, por encima de otras consideraciones, la inexistencia de un proyecto sanitario para el correcto funcionamiento de un servicio de excelencia, como debe ser la sanidad, “que exige mejoras continuadas y una planificación a medio y largo plazo que hoy no se puede hacer”. ¿Cunde el desánimo entre el personal de los hospitales? El médico considera responsabilidad del sistema incentivar al personal sanitario, captar a los mejores, ponerles medios para que realicen su trabajo en condiciones óptimos y fomentar la investigación en los hospitales universitarios. Frente a estas exigencias ocurre que muchos médicos se han ido, otros están mal pagados y una parte ha visto como sus condiciones de trabajo empeoraban progresivamente. El nefrólogo afirma que la investigación nunca ha estado claramente potenciada por la administración, es  heterogénea, voluntaria, depende del servicio y las personas, y no tiene repercusiones económicas ni profesionales, “y por esta vía vamos irremediablemente hacia una mediocridad de la que será difícil salir, porque destruir es muy fácil, pero construir es mucho más lento”.

Para Fuentelsaz, la responsabilidad por la situación de la sanidad y la gestión de la crisis tiene nombres y apellidos, en primer lugar el de Boi Ruiz, que tras presidir durante años la patronal del sector fue nombrado conseller de Sanidad por el presidente de la Generalitat, Artur Mas. Poco después de tomar posesión de su cargo, Ruiz animó a los catalanes a contratar pólizas de mutuas médicas a modo de paliativo de las deficiencias de la sanidad pública que, se supone, él no estaba dispuesto a resolver. “¿Cómo es posible, se pregunta la sindicalista, que la sanidad esté dirigida por personas imputadas en casos de corrupción o con intereses privados estrechamente vinculados en la gestión pública? Ramon Crespo, médico, exalcalde de Lloret, ha sido imputado por fraude en el Consorcio Sanitario Maresma-La Selva, organismo que gestiona hospitales en esas comarcas. La Oficina Antifraude abrió en su día una investigación a Ramon Bagó por conflicto de intereses entre su cargo público en el Consorcio de Salud y Social de Catalunya (CSC) y las empresas de su propiedad vinculadas al Grupo Serhs, que obtuvieron contratos por valor de 51 millones de euros, muchos de ellos sin concurso previo. Josep Maria Padrosa, actual director del CatSalut era apoderado de seis empresas del grupo Corporación Fisiogestión, que hace un año obtuvo contratos por valor de 160 millones de euros.

A finales de octubre, el CatSalut presentó un plan para compensar a los  mandos de este servicio por la pérdida de la paga extra del 2012 y otros recortes salariales. Que se sepa, Padrosa no ha incluido en ese plan al personal sanitario ni está previsto que se modifiquen los criterios de cierre de plantas hospitalarias en las próximas navidades.

Fuente: La lamentable

Acerca de Dempeus per la salut pública

Col·lectiu de persones en defensa de la salut pública
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