Abandono de los enfermos mentales en las prisiones


Interior ha recortado los medicamentos en prisión un 7,83% en los últimos años, lo que dificulta el tratamiento de enfermedades mentales en la cárcel.

Casi un 10% de las personas encarceladas tienen enfermedades mentales. / David Fernández

“Lo que han hecho las prisiones es sustituir a los antiguos manicomios”, afirma Valentín Aguilar, coordinador del área de cárceles de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). Esta organización publicó, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, el 10 de octubre, un informe para denunciar el abandono de los enfermos mentales en prisión. “En las cárceles de toda España”, dice Aguilar, “hay en torno a un 8% de enfermos mentales graves. Ellos necesitan una atención especializada para solucionar sus problemas. No deberían estar ahí”. Estas personas, al no contar con medios que permitan tratarles, sufren un abandono asistencial del que ni el Ministerio de Interior ni las Comunidades Autónomas acaban por hacerse cargo. La cárcel y lo que esta supone –privación sensorial, sexual, afectiva, entre otros muchos problemas– no hace sino acentuar la gravedad de los trastornos.

Eludir responsabilidades

Pero las dificultades no acaban ahí. En los últimos años, el presupuesto de los gastos sanitarios y de los medicamentos en prisiones se han reducido un 7,83%, tal y como denuncia la APDHA. ¿De quién es la responsabilidad? Se­gún Aguilar, existen competencias compartidas entre la administración estatal y las autonomías, si bien existe al respecto una evasión de responsabilidades y la pelota rebota de un tejado a otro sin que nadie se decida a encarar el asunto y ponerle solución. “Por ejemplo –explica–, los médicos de atención primaria que están en prisión pertenecen al Ministerio de In­terior. Pero la atención especializada (a los enfermos infecciosos para el caso del VIH o el psiquiatra para el de los enfermos mentales) la lleva a cabo la propia consejería. Nosotros criticamos a ambas administraciones”. Sin embargo, el coordinador del área de cárceles, aparte de denunciar el “importantísimo” recorte de fármacos en las prisiones, revela que esta competencia, la farmacológica, es “exclusiva del Ministerio de Interior”. Mucha de la gente que entra en prisión deja automáticamente de recibir el tratamiento que tomaba cuando estaba en la calle, lo que contradice la legislación vigente, que dictamina que las personas de las cárceles deben tener la misma asistencia sanitaria que la población libre. “Pero esto no ocurre. Esta gente se queda a la intemperie, desasistida”, dice Aguilar.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía denuncia en su informe que la mayoría de los presos con enfermedades mentales se encuentra en la cárcel porque no existe ningún otro recurso comunitario para ellos. Se utilizan las prisiones, dicen, como sustitutos inapropiados ante la inexistencia de recursos asistenciales, “mostrando el gran fracaso que como sociedad tenemos en esta materia”. Solamente en Andalucía, de un total de 15.500 internos, alrededor de 1.250 padecen enfermedades mentales graves y unos 6.200, transtornos mentales y de la personalidad.

Catalizadora de enfermedades

César Manzanos, representante de la Asociación de Apoyo a Personas Presas y Detenidas Salhaketa, expone las pésimas condiciones que existen en las cárceles del Estado. Para él, la prisión por sí misma genera enfermedad mental, con el agravante además de que no cuenta con los dispositivos suficientes para afrontar estas dolencias. Y va más lejos: “La cárcel no tiene ningún sentido, debería prohibirse. Si se aplicara la ley en las prisiones españolas, deberían cerrarse porque se están violando el derecho a la integridad física, a la salud mental, a la vida, al trato digno, etc”. En este sentido, Manzanos opta por crear una respuesta adecuada a cada tipo de delito y no dar la misma a todos ellos. “No es lo mismo un violador o un asesino que un trapichero. Y el 80% de las personas que están en las cárceles son trapicheros”, dice.

Valentín Aguilar reconoce un hacinamiento en las cárceles españolas, esto es, una sobreocupación de las plazas penitenciarias. ¿Por qué ocurre esto? “Porque en este país tenemos uno de los sistemas penales más duros de Europa”, explica. Paradójicamente, España tiene uno de los índices de criminalidad más bajos de toda la Unión Europea, al situarse más de 15 puntos por debajo de la media, según el Informe Anual de la Seguridad en España 2012 de la Fundación ESYS. Así, el índice de criminalidad se situó ese año en un 48,4%, lo que quiere decir que, por cada mil habitantes, se produjeron un total de 48,4 delitos. La media de la Unión se situó aquel año en un 64,9%. Atendiendo a datos del Ministerio de Interior, este índice bajó en nuestro país un 0,7% con respecto a 2011, lo que ha provocado el envío de mensajes triunfalistas desde el seno del actual Gobierno, que sin embargo sigue sin mover ficha para mejorar la situación de las personas en las cárceles.

Con respecto a los principales problemas de salud mental, las investigaciones se remontan a 2009. Sobre una muestra de 700 internos, los resultados mostraban trastornos mentales comunes en más de un 41% de ellos, de los cuales un 23% mostraba cuadros de ansiedad, un 17% trastornos dependencia a drogas, casi un 15% tenía un transtorno afectivo de tipo depresivo y un 4,2% trastornos psicóticos, según un informe de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

A juicio de Valentín Aguilar, en España, pese a su seguridad, “muchísimas conductas están criminalizadas, frente a otros países en los cuales no hay tanta criminalización”. Además, aquí existe una sobredimensión del sistema penal. “En España todo recurre al sistema penal y esto produce muchas penas y, además, muy duras”, lamenta. Y, cuanto más larga sea la pena, más posibilidades de trastorno mental hay.

Bajo la retórica de la seguridad, existe otra realidad: la de que la mayor parte de las personas que están en prisión son personas marginadas socialmente. “Éstas son las personas que principalmente se persigue”, dice César Manzanos. “La prisión reproduce esa delincuencia que dice combatir. Y todo esto explica el abandono que sufren los enfermos mentales en prisión”, finaliza.

Fuente: Diagonal

Acerca de Dempeus per la salut pública

Col·lectiu de persones en defensa de la salut pública
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