Una victoria de la Marea Blanca


Carmen San Jose analiza en este artículo lo que supone la sentencia judicial de paralización de la privatización de los hospitales madrileños.

Nuevo escenario en la lucha por una sanidad pública y universal

La justicia acaba de paralizar cautelarmente las adjudicaciones de seis hospitales que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid (CM) había concedido a las empresas de Ribera Salud, Bupa-Sanitas e Hima San Pablo. Estas privatizaciones se contemplaban en el Plan de Medidas de Garantía de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid (PS), que aprobó la Asamblea de Madrid el pasado Diciembre, desatando las mayores movilizaciones de las últimas décadas con la Marea Blanca (MB).

No es casual que los dos autos que –de forma cautelar– paralizan las citadas adjudicaciones, se hayan emitido en un situación de lucha en la que desde hace 10 meses se vienen sucedido encierros, concentraciones, huelgas y numerosas manifestaciones en las calles, que no han cesado ni en pleno verano. Movilizaciones en las que han participado conjuntamente todos los sectores profesionales de la sanidad y masivamente, la ciudadanía. Una ciudadanía que ha comprendido la importancia y profundidad de este ataque. Y unos trabajadores y trabajadoras sanitarias que han comprendido que no sólo es su puesto de trabajo y unas condiciones salariales y laborales dignas las que están en juego, sino que se trata de un verdadero expolio, que desmantela un modelo sanitario universal, público y de calidad. Esto llevó a una autorganización y toma de decisiones asamblearias desconocidas hasta el momento.

Se trata de una victoria, si se quiere todavía parcial, pero una victoria muy importante para la lucha que han llevado a cabo muchas personas, la inmensa mayoría de madrileños y madrileñas en contra de la privatización que suponía la aplicación del PS y de un gobierno al servicio de intereses empresariales. Una victoria fruto de las movilizaciones que protagonizaron la ciudadanía y las y los profesionales sanitarios conjuntamente. Por esto la decisión del juez de lo contencioso y del TSJM ha conseguido dar un nuevo impulso para seguir luchando. Porque la guerra contra la privatización de la sanidad pública no la hemos ganado todavía.

La consecuencia inmediata ha sido la paralización de un proceso de gran envergadura como era la entrega a tres empresas privadas de 6 hospitales, con 1.149 camas de un total de 15.459 camas en la CM, donde trabajan 5.200 profesionales que cubren la atención especializada de 1.151.588 de personas, y de 4 Centros de Especialidades.

Políticamente, estos autos suponen un gran varapalo para las intenciones privatizadoras de la Consejería de Sanidad de la CM. Han conseguido que todas sus argucias, que no argumentos, queden al descubierto como los autos ponen de manifiesto.

Aunque se trate de una paralización provisional, a nadie se le escapa que el retraso es vital y juega en contra de los planes que había diseñado el gobierno del PP al servicio de los intereses de las empresas. Pues en un ambiente como el actual de rechazo ciudadano y profesional no habrá empresas interesadas en estos hospitales. Y si todo el proceso se retrasa hasta coincidir con las próximas elecciones, nadie insistiría en llevarlo a cabo en tiempo preelectoral. Luego el revés que se han llevado los responsables madrileños del PP no es pequeño. No sólo no pueden seguir adelante con la privatización de los 6 hospitales, sino que su debilidad es cada día mayor, lo que también se traduce en una pérdida importante de apoyos y votos incluso entre sus incondicionales. Esto les vuelve a colocar contra las cuerdas porque, en su altanería, habían despreciado las movilizaciones de la Marea Blanca, cuando al comienzo de la misma se encontraron frente a ella sin ningún tipo de respaldo social. Claro, que mientras tanto, con el “rodillo” de su mayoría absoluta seguían sin problemas imponiendo sus políticas. Pero ahora la justicia ha paralizado su PS.

Fue precisamente la propia conflictividad social la que obligó a la Consejería de Sanidad a sacar unos pliegos “más atractivos” para unas empresas que ya comenzaban a decir que no veían claro el “negocio sanitario” debido a las cláusulas que contenían los mismos. Los responsables sanitarios manipularon sus condiciones 4 días antes de cerrarse el concurso, reduciendo los avales que debían depositar las empresas de 233 millones de € a 28 millones.

En esta ocasión tampoco parece que la movilización de la MB haya sido ajena a la decisión que partidos y sindicatos de presentar los diferentes recursos, ya que en otras situaciones habían sido conniventes, cuando no aliados, de las privatizaciones. Actualmente existen más de 14 causas abiertas. La primera en recurrir fue la AFEM (Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid), que lo hizo para defender derechos fundamentales y cuestionando el ahorro que el PS suponía según la CM. A la vez convocó una huelga indefinida movilizando a todas y todos los profesionales, con lo que se ganó una gran legitimidad en la lucha. Eso le permitió recoger fondos, lanzando la iniciativa de un día de “no huelga” para costear las demandas.

Aunque tanto el auto del juez instructor como el del TSJM constituyen decisiones personales, no se pueden considerar al margen del rechazo generalizado que ha suscitado en la ciudadanía madrileña la privatización, suponiendo un espaldarazo a las reivindicaciones de la ciudadanía.

El auto del juzgado nº 4 de lo contencioso-administrativo recoge precisiones similares a los argumentos mantenidos por el frente que rechaza la privatización, al manifestar el juez que “existen datos sobre países en los que la gestión privada de su sistema sanitario no ha supuesto un ahorro por, entre otros factores, la interposición más operadores”, para a continuación añadir :“al margen, también, de que no se entienda bien cómo los responsables de la Administración, encargados de la gestión pública de este servicio esencial, asuman sin más su incompetencia para gestionarlo con mayor eficiencia, lo cierto es que, en un supuesto tan particular como éste, asiste la duda al plantearse si el interés general se concreta en ese ahorro de costes que proclama la Administración o si, por el contrario, el interés general demanda el mantenimiento del sistema que ahora se pretende cambiar”.

También el auto del TSJM explica que no cabe pedir a la parte recurrente 65 Millones de €, como pretendía la Consejería exigir a AFEM, por el ahorro que no se iba a producir al paralizar la privatización 6 meses, ya que vuelve a insistir el juez en que “ese ahorro”, de momento, “es virtual”, al estar basado en cálculos hipotéticos. Y añade: “no se está en disposición de poder asegurar que el interés general, en lugar de estar concretado en ese ahorro, lo esté precisamente en el mantenimiento del modelo actual, con, eso sí, una gestión más eficiente por parte de los responsables públicos, en cuyo caso es evidente que ningún perjuicio podría derivarse de la adopción de la medida, que tuviera que ser garantizado”.

De cualquier forma, la lucha en defensa de un modelo de sanidad universal, público y de calidad, no es una batalla que vayamos a ganar en las instancias judiciales. Aunque se consiguiera la paralización definitiva de la privatización de los seis hospitales, no habríamos conseguido echar abajo todo el PS, ni paralizar toda la privatización en otros sectores sanitarios como en la Atención Primaria, ni evitar la privatización de todas las categorías llamadas eufemísticamente “no sanitarias”, ni frenar el desmantelamiento de los hospitales públicos, ni el de los recortes que propician miles de despidos y una precariedad extrema, etc. Tampoco conseguir derogar el RDL 16/2013, que acaba con la sanidad universal. La lucha debe continuar, adaptándose a las condiciones de cada situación, pero sobre todo teniendo en cuenta aquellos aspectos que han hecho posible las movilizaciones masivas, como la autoorganización de las trabajadoras y trabajadores sanitarios, unidos a la organización que se ha dado, igualmente, entre la ciudadanía.

Nuevo escenario, nuevas tareas

Después de 10 meses de movilización en defensa de la sanidad pública la MB se enfrenta a un nuevo escenario. Previsiblemente ya no se van a dar las mismas huelgas entre las y los trabajadores sanitarios. Y, por otra parte, la ciudadanía comienza a comprender el saqueo que supone tanto la privatización anunciada como el desmantelamiento paulatino de los grandes hospitales públicos que lleva aparejada, el deterioro y falta de recursos de los centros de salud, la introducción de copagos, y la disminución de determinadas prestaciones, es decir, el abandono de la equidad de un modelo de sanidad universal y gratuita en su acceso para todas y todos.

Esto plantea unas líneas de trabajo diferentes a las de los meses anteriores:

Cabe pensar que los y las profesionales sanitarios, ante el deterioro y precariedad de sus condiciones laborales y salariales no se moverán masivamente en los próximos meses, dado que estarán más preocupados por cómo mejorar éstas a través de la vía jurídica, concursos, traslados o huyendo al extranjero, que convocando huelgas como lo hicieron hace casi un año, con las pérdidas económicas que ello les acarreó.

En Junio pasado, según el vocal de empleo precario de la OMC, había unos 2.600 médicos en paro, y en lo que iba de año se habían ido 1.100 de España. En 2012 se fueron 2.400 médicos, y el anterior se habían ido 1.300 médicos. Otra sangría similar se da con el personal de enfermería, mientras aquí menguan cada día más las plantillas.

Las respuestas que el bipartidismo PSOE-PP, como brazo ejecutor de las políticas de austeridad emanadas de la troika, están dando a la salida de la crisis están siendo: una reforma laboral que ha propiciado más paro, bajada de salarios y más precariedad; compromiso en el Plan Nacional de Reforma de una disminución del gasto público –15.000 millones de € menos en sanidad y educación– transfiriendo progresivamente mayores cantidades de gasto a los usuarios; reforma de las pensionas que hará que pierdan poder adquisitivo; rescates a la banca que ha supuesto un incremento de la deuda que está hipotecando ya, y por muchos años, cualquier presupuesto del Estado para atender necesidades de la población. Todo ello ha hecho que la pobreza y la exclusión aumenten hasta cifras inasumibles, de emergencia social, saltando todas las alarmas. Ante esto, la población está demostrando su determinación para continuar una batalla que ya se prevé costosa y larga. Ha interiorizado la gravedad de la situación.

Por todo esto la ciudadanía lleva tiempo organizándose en asambleas, plataformas, asociaciones, etc. para desarrollar un trabajo minucioso, que contribuya a extender la movilización, así como a una toma de conciencia de la necesidad de luchar para cambiar la situación. Con propuestas de intervenciones e iniciativas en las juntas municipales y ayuntamientos, desarrollando la unidad de acción desde abajo en los barrios y pueblos con las y los trabajadores sanitarios de sus centros de salud y hospitales.

Además, la movilización contra la privatización de la sanidad madrileña no nos puede hacer olvidar la complejidad del problema del modelo sanitario. La privatización de los 6 hospitales implica el desmantelamiento progresivo de los hospitales públicos. En los últimos años se llevan cerrando paulatinamente miles de camas, solo este verano han sido 1300, que probablemente en su mayoría no se abrirán, como ha pasado antes, cada verano. Se han perdido 3000 puestos de trabajo, desapareciendo con ello servicios cuyo trabajo se desvía a clínicas y hospitales privados. Igual pasa en la Atención Primaria, que a la espera de su privatización, deriva a la medicina privada cada día en mayor proporción todas las pruebas complementarias y cirugías. La descapitalización del servicio público es impresionante.

Tenemos que tener en cuenta que para que sea rentable un hospital o centro de salud privado no puede haber una buena alternativa pública. Es decir, si en paralelo a las privatizaciones no se desmantela la sanidad pública, la mayoría de la población seguirá exigiendo ir a la pública, y no existirá el negocio para las empresas que gestionen los centros privatizados.

Por último, no se puede olvidar que ya no existe en el Estado español un modelo sanitario universal, ni de acceso gratuito. Desde el RDL 16/2012 numerosas personas, más de 800.000, están excluidas de la atención sanitaria; y las que sí tienen derecho a la atención sanitaria, no siempre pueden acceder a ella, puesto que no pueden pagar la medicación o algunas prestaciones. Esto ya está originando mayor morbimortalidad.

Ante esta situación algunas propuestas :

Conocedores de que la lucha por la sanidad pública no es más que una parte en la lucha por otro orden social, conociendo, igualmente, la relación entre desigualdades sociales y salud, tenemos que defender el derecho a la salud desde un cambio de modelo social centrado en las necesidades de las personas y en la naturaleza.

Como garantía del derecho inalienable a la salud de todas las personas defenderemos un modelo sanitario basado en la promoción y prevención, cuyo eje básico sea una Atención Primaria de Salud. Financiado solidariamente a través de unos impuestos progresivos. Autogestionado entre los trabajadores y las trabajadoras y la ciudadanía.

El nuevo modelo sanitario tendrá que ser obra de todas y todos, ya que muy probablemente no volverá a ser un modelo estatalista, sino construido desde abajo, descentralizado y planificado para atender las necesidad de salud. Superando la burocracia que ha creado el modelo gerencialista, que ha terminado implantando un sistema postfordista (con la connivencia de buena parte de las y los profesionales sanitarios) nacido de las políticas neoliberales para dar respuesta a las estrategias de las grandes corporaciones farmacéuticas, biotecnológicas y aseguradoras del sector sanitario.

Sabemos que lo que está en juego no es sólo la sanidad madrileña, porque otro tanto se puede decir de la sanidad de cada territorio del Estado, o de cada país de la UE donde se llevan a cabo políticas de austeridad similares, que en mayor o menor medida reclaman menos gasto público y libre competencia entre la medicina privada y los sistemas sanitarios públicos. Por lo que debe ser una prioridad la extensión de la lucha a cada territorio, y coordinarlas con las de otros colectivos europeos que se movilizan igualmente por una sanidad pública y universal.

Para ganar esta batalla es necesaria una unidad de acción con el objetivo de conseguir la movilización de la mayoría de la población. Primando la unidad de las personas, por abajo, y no la de determinadas organizaciones, por arriba. También deberemos confluir con otros sectores en lucha, prioritariamente los servicios públicos, como la enseñanza.

Deberemos trabajar intentando actuar desde las reivindicaciones más sentidas por la ciudadanía hasta su integración en un discurso global de cambio de modelo. Las iniciativas tendrán que pasar por la lucha tanto contra las empresas que aspiran a la gestión de los hospitales, como contra los gobiernos de turno.

Sin olvidar la relación que tienen las políticas estatales de austeridad con el empobrecimiento de la población por las “exigencias” del pago de la deuda que sabemos ilegítima.

Carmen San José Pérez 21/09/2013

Fuente: Viento Sur

 

 

Acerca de Dempeus per la salut pública

Col·lectiu de persones en defensa de la salut pública
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