Privatizaciones: hospitales españoles entregados a la especulación financiera


Traducimos para Dempeus este artículo publicado en la revista BASTA!, bajo el epígrafe Estrategia de Choque.
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Por Nathalie Pédestarres (27 de mayo de 2013)

En nombre del crecimiento y la reducción del déficit, el gobierno español está acelerando la privatización del sistema de salud pública. Los fondos de inversión que buscan «una alta rentabilidad» se apoderan de hospitales, en medio de los conflictos de intereses y  escándalos políticos y financieros. Colectivos de ciudadanos  y sindicatos denuncian las nefastas consecuencias de la privatización:  pacientes que mueren prematuramente por negligencias, cuidadores sanitarios en plena depresión, y costes finales superiores a los de la gestión pública. Investigación sobre un desastre en curso.

Foto: CAS

«Colaboración Público-Privada» este modelo de gestión, aplicado a la sanidad pública española hace estragos, tanto sociales como de salud. 2.700 personas murieron prematuramente en 2012 en la Comunidad Valenciana, de acuerdo con un informe de la UGT, el primer sindicato español. Está en cuestión: la degradación de los servicios, los recortes brutales en la dotación de presupuestos y la gestión privada. «La salud de más de un millón de valencianos está en manos de organizaciones privadas de mercenarios que entran en el ámbito de la salud pública con el propósito explícito de obtener beneficios», denuncia el sindicato. En la Comunidad de Madrid, donde la privatización también está en marcha, se eliminaron 7.500 puestos de personal sanitario desde 2012. ¡Más del 10% de la fuerza de trabajo de los hospitales de Madrid! En la capital, las listas de espera se alargan y la prensa relata muchos casos de negligencia médica.

En aras a la reducción de costes y la eficiencia, el Gobierno de Mariano Rajoy (Partido Popular, derecha) está multiplicando estas «asociaciones público-privadas» en materia de salud. Se basan en el sistema anglosajón de «Private Finance Initiative» (PFI), que van mucho más allá en cuanto a la privatización, de la delegación de servicio público que se practica en Francia. [1] Estos PFI se iniciaron en Gran Bretaña en la década de 1990. Ahora se les acusa de haber contribuido al deterioro del sistema de salud. El hospital de Stafford en el Reino Unido, que llegó a los titulares en febrero, se rige por este sistema, como otros 118 centros de salud en el país. 1.200 pacientes habrían muerto entre 2005 y 2008, víctimas de abuso, negligencia por parte de personal sanitario no cualificado y desmotivado y condiciones de higiene deplorables. [2] Por otro lado, estos PFI serían mucho más caros para los contribuyentes británicos que la gestión pública [3]. «Los países que ven llegar la competitividad y los operadores privados a sus sistemas de salud deberían estar preocupados«, alertaba a finales de 2012, Göran Dahlgren, un ex alto funcionario de Salud Pública de Suecia, país que también ha desarrollado estos PFI.

Condiciones de trabajo «inhumanas»

Es precisamente del Reino Unido y de Suecia, de donde vienen dos de los principales actores en la privatización de la sanidad española. El principal proveedor de atención médica privada en Suecia, Capio, está bien establecida en España (y tiene veinte clínicas en Francia). «El beneficio fomenta el trabajo en el sistema de salud«, proclama su presidente, Thomas Berglund [4]. Su filial española, y sus seis hospitales madrileños, fueron vendido a principios de 2013 a un fondo de inversión con sede en Londres, CVC Capital Partners, que proclama claramente elevar los sectores a una «alta rentabilidad». Rebautizado IDC Salud, el grupo se propone capturar las próximas concesiones de hospitales puestos en el mercado por el Partido Popular en las comunidades de Madrid y Castilla.

Esta nueva ola de privatización crea una enorme protesta, apoyada por el movimiento de los indignados españoles. Una petición para paralizar el plan de privatización del gobierno ha recogido 900.000 firmas en Madrid y las manifestaciones se suceden. La Coordinadora Anti-privatización la Sanidad Pública de Madrid (CAS) [5], uno de los grupos españoles más activos, ha recopilado los testimonios  de personal sanitario  describiendo sus condiciones de trabajo consideradas «inhumanas» en los nuevos hospitales privatizados bajo el esquema PFI. «He percibido mi traslado al nuevo hospital como el peor año de mi vida con unas relaciones deterioradas entre los trabajadores, y un claro deterioro en la calidad de la atención a los pacientes«, nos dice un médico de urgencias. «Entre nosotros, hay profesionales muy jóvenes, en baja por enfermedad durante mucho tiempo, en tratamiento para la depresión. […] La de veces que les he visto llegar a trabajar llorando … Seguidos por el psiquiatra en el hospital. […] También he visto médicos irse a casa llorando a causa de la presión «, nos dice una enfermera [6].

¿Privatizaciones para reducir el déficit?

Para justificar estas privatizaciones, el sector privado, con el apoyo del Ministerio de Salud, agitan el fantasma del déficit. «Estamos a favor de la introducción de criterios empresariales en la gestión de la salud pública para poder ofrecer la atención universal, lo que no es el caso actualmente por falta de recursos«, dijo en una conferencia de prensa el 20 de marzo, Juan Abarca, director general del grupo hospitalario privado HM Hospitales, uno de los principales competidores de Capio, y presidente de una estructura que defiende los intereses de la gestión privada (IDIS, Instituto para el Desarrollo e integración del sector salud ). IDIS afirma que el sector público ha acumulado una deuda con proveedores privados de 4,1 miles de millones de euros. Y al mismo tiempo, el gobierno está tratando de ahorrar 7.000 millones al año en salud.

Pese a las críticas del sistema de gestión PFI en el resto de Europa, y del movimiento de protesta en España, el gobierno insiste. ¿Por qué quiere aplicar cueste lo que cueste esta fórmula controvertida? «Porque a él mismo está en el negocio! » protesta Carlos Barra, médico en un hospital público de las afueras de Madrid, que trabajó durante tres años para el Ministerio de Salud Pública. Los conflictos de intereses y puertas giratorias están realmente presentes. Dos ex asesores de la Salud de la Comunidad Autónoma de Madrid, Manuel Lamela y Juan José Güemes, se han convertido en dos ejecutivos de empresas privadas (Assignia Infraestructuras y Unilab) que convenientemente obtienen concesiones para administrar, respectivamente, el Hospital Tajo de Aranjuez, al sur de Madrid, y los seis laboratorios de análisis de los hospitales de Madrid.

Escándalos político-financieros

El gobierno de Madrid también había adjudicado en 2005 licencias para la construcción y gestión de los ocho nuevos hospitales privados a consorcios compuestos por bancos y grupos de construcción. [7] Ahora están en el punto de mira de los jueces que investigan dos casos corrupción a alto nivel, los casos Gürtel y  Barcenas, en los que están implicados altos dirigentes del Partido Popular y muchas de estas empresas de la construcción.

Las sospechas de evasión fiscal también se ciernen: con la ayuda de economistas y abogados, la Coordinadora Anti-privatización ha descubierto que CVC Capital Partners, el fondo de inversión que posee, a través de su filial  IDC Salud, seis hospitales de Madrid, de ocultar sus beneficios en las Islas Caimán a través de empresas fantasma. La mayor opacidad reina en torno a las cuentas de estas empresas, y ninguna comisión rogatoria internacional ha sido requerida para acceder a ellas.

Colectivos, sindicatos y movimientos sociales, como la Coordinadora Anti- privatización, redoblan la energía para frenar el acaparamiento especulativo de estos servicios de salud por los que ellos llaman «fondos carroñeros». Su caballo de batalla: la revocación de la Ley 15/97 sobre la «modernización del sistema de salud pública», que autoriza legalmente la entrada de fondos especulativos en la sanidad. «Para nosotros, una verdadera gestión pública sería aplicar un control ciudadano sobre la gestión de este servicio, en particular una mayor transparencia de los presupuestos asignados a los hospitales y que son en definitiva pagados por los contribuyentes«, considera Antonio Gómez, médico de dispensario del distrito de Vallecas de Madrid.

Cooperativas y Autogestión

Colectivos de ciudadanos y sindicatos han publicado varios estudios que muestran que la atención médica especializada en un centro privado cuesta de un 16% a un 27% más que la misma prestación  propuesta por la administración. El costo de una cama de hospital sería 74% más caro en el sector privado. Otro objetivo: la Comisión Europea sustenta de hecho esta estrategia de privatización, acelerada a través de los planes de austeridad. Para Berta Iglesias, de la ONG Ecologistas en Acción, tan sólo hay que leer el último programa europeo «Salud para el Crecimiento» (publicado en noviembre de 2011) para entender que Bruselas empuja a los Estados miembros a » trabajar a favor de la economía financiera y no del bienestar social «[8].

Más allá de la resistencia, La Coordinadora Anti-privatización empieza a interesarse por las alternativas srugidas en Grecia, en especial los dispensarios sociales solidarios. En Cataluña, las «Comunidades autogestionadas de ciudadanos» (ecoxarxas) están en camino de poner  en funcionamiento un sistema cooperativo de la salud pública. Los especuladores y los «fondos carroñeros»? ¡No Pasarán!

Nathalie Pédestarres

Notes

[1] Una misión de interés general a cargo de un operador privado, tales como la gestión del agua o en transporte público, y enmarcados más o menos rigor, por parte del Estado o de la comunidad local.

[2] Leer este artículo del Courrier International.

[3] Según un estudio realizado por The Guardian (basado en las estadísticas del gobierno) los contribuyentes británicos tendrán que pagar 79,1 miles de millones de libras esterlinas para pagar los 118 contratos PFI relacionados con la salud, lo cual es siete veces el coste de la inversión inicial (11,6 miles de millones de libras esterlinas).

[4] De una entrevista en el diario británico The Guardian en diciembre de 2012.

[5Coordinadora Anti-privatización de la Sanidad Pública de Madrid.

[6] Descargar el informe (en español).

[7] Sacyr-Vallehermoso, Begar-Ploder, Hispánica, Sufi S.A.

[8] Para consultar el informe.

Acerca de Dempeus per la salut pública

Col·lectiu de persones en defensa de la salut pública
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2 respuestas a Privatizaciones: hospitales españoles entregados a la especulación financiera

  1. Pingback: Privatizaciones: hospitales españoles entregados a la especulación financiera | Boletín Informativo de la Sanidad Pública

  2. poblacamps dijo:

    Esta Sanitat la hemos pagado los ciudadanos, o sea que es nuestra y mía por descontado. Que se haya apropiado de ella la corrupción política con la excusa de unas votaciones mayoritarias, es una falsa razón de ostentación de poder, en el que por esa misma razón unos indeseables se arrogan el poder hacer lo que les viene en gana, es un acto de dictadura corrupta (esto no es democracia) tenemos un país en que nos han querido hacer creer que existe democracia, no es ese el concepto real de lo que es ser demócrata. Si yo voto por un partido, el que sea, no es para que este haga lo le apetezca y menos en cosas tan relevantes como son Sanidad, Enseñanza, Justicia y cosas tan importantes como la Electricidad, Agua, Gas, combustibles y comunicaciones, todo esto a sido robado, expoliado y traficado de la forma mas indigna por unas instituciones tan importantes como las que gestionan este país. Han echo, hacen y deshacen tal como hacen las bandas de delincuentes mafiosas. Estas actuaciones son la vergüenza de un país que se hace llamar paradójicamente «demócrata» y así nos va desgraciadamente.

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