Médicos del Mundo y de Familia culpan al decreto de Mato de la muerte de un senegalés

El director del hospital balear de Inca ha sido destituído por la muerte de un senegalés sin papeles, pero la  ONG  Médicos del Mundo y la  organización profesional SEMFYC (Sociedad Española de Medicina Comunitaria y de Familia) creen que culpar a los profesionales no es la vía para solucionar la situación, que es una consecuencia directa de la aplicación de la ley (RD 16/2012).

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Alpha Pam

El caso de la muerte de Alpha Pam por una tuberculosis no diagnosticada no es culpa de un error de unos médicos o enfermeras; es la consecuencia del real decreto que deja sin tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles, afirman la ONG Médicos del Mundo y la Sociedad Española de Médicos de Familia y Comunitaria (Semfyc) en un comunicado. «No es la mala praxis de las y los profesionales sanitarios la que está generando falta  de atención médica a miles de personas, con resultado incluso de muerte, sino la imposición de una legislación que se aprobó sin medir las consecuencias que tendría en la vida de las personas y en la salud pública», afirman en un comunicado.

Ambas organizaciones indican que los trabajadores reciben presión «para aplicar estrictamente  la normativa y aun a pesar de ello, sabemos que muchos están decididos a atender a las personas que lo necesiten».

Pero el problema está en que la falta de tarjeta impide un seguimiento correcto. Por ejemplo, Alpha Pam no tenía un médico de cabecera asignado, lo que pudo suponer una peor atención, indican. El hecho de no saber si se les va a atender, de tener que andar entrando por la puerta de atrás -en primaria los médicos le atendieron una vez fuera de su horario, como un extra- hace que estas personas, que además conocen mal el sistema y se sienten amenazados con una repatriación, por ejemplo, no puedan recibir un seguimiento adecuado.

Por ejemplo, ponen el caso de un paquistaní que, tras hacerse unos análisis, no pudo saber los resultados porque al faltarle un número de afiliado el laboratorio no tenía a quién mandarlos mediante el sistema informatizado.

«Es la legislación la que imposibilita tratar adecuadamente a las personas enfermas, no los profesionales», concluyen.

Fuente: El País