Gaspar Llamazares: “ASALTO AL SISTEMA NACIONAL DE SALUD”

Intervención de Gaspar Llamazares en las Jornadas por la Defensa de la Sanidad Pública que se han celebrado los días 6 y 7 de febrero de 2013 en Madrid.

En la rueda de prensa previa a las Jornadas, Llamazares ha denunciado que Mato se ha convertido en símbolo del «fracaso de la política sanitaria» del PP y de la «austeridad hipócrita» del Gobierno.

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Gaspar Llamazares en su intervención del 6 de febrero en las Jornadas por la defensa de la Sanidad Pública

Cuando llevamos poco más de un año de Legislatura la sensación es ya de fin de ciclo, y no solo en relación a la situación crítica de la economía y la perspectiva de un rescate  permanente, con sus consiguientes contrapartidas en forma de recortes sociales, sino también en el ámbito sanitario con medidas descarnadas e incomprensibles como el apartheid sanitario que ha provocado un terremoto entre la profesión sanitaria y una gran incertidumbre entre los afectados.

Al Ministerio de Sanidad se le ve a la defensiva, sin relato y sin liderazgo, dedicado únicamente a una defensa balbuceante de los recortes y las exclusiones del sistema sanitario y a continuar rectificando los monumentales errores en que se han convertido sus decretos y reglamentos.

Comenzando por el Decreto 16/2012 de repagos y cambios del modelo sanitario, así como la exclusión de fármacos que, por mor del dogmatismo y la improvisación, han tenido que sufrir múltiples correcciones y cambios. A pesar de ello, nada garantiza que el repago no tenga un impacto negativo sobre la salud de los más débiles y que el ahorro proclamado a bombo y platillo no se resienta a corto plazo como consecuencia del efecto deslizamiento de la exclusión de fármacos por grupos terapéuticos.

Lo mismo ha ocurrido con el precio asignado a la asistencia sanitaria pública, que lejos de dirigirse a los inmigrantes sin papeles, va destinado a la población general y a los mercados con el objeto de seguir avanzando hacia un modelo sanitario mixto.
La próxima elaboración de la cartera de servicios mostrará en qué medida avanza el Gobierno en la privatización y el mercado interno del sistema sanitario. Los primeros grupos evaluados relacionados con el consejo genético, fertilidad, etc., no augura nada bueno.

El Gobierno culmina el desaguisado sanitario con un escarnio que es, a la vez, un escándalo. Porque poner un precio al aseguramiento sanitario de los inmigrantes sin papeles en 710€ al año supone un nuevo golpe a los pacientes más frágiles del Sistema Nacional de Salud. Como siempre, la búsqueda de culpables para justificar los recortes; como también un ejercicio de xenofobia-racismo clarísimo de la derecha española convirtiendo al inmigrante en un chivo expiatorio, al que culpa de la escasez de trabajo y también de la limitación, insatisfacción de la plétora de los servicios públicos (en este caso de la sanidad).
Como el medio es el mensaje: el aseguramiento no va destinado única ni exclusivamente a los inmigrantes ni mucho menos a los ciudadanos de mayores retribuciones (100.000€), es un mensaje para las clases medidas y los asalariados sobre el precio del sistema sanitario. Un símbolo del modelo «popular» de aseguramiento, frente al «socializante» vigente hasta ahora, un modelo de gestión privada y de competencia y colaboración-subordinación publico privada.

Por algo el cálculo del coste del aseguramiento resulta prácticamente idéntico al de las aseguradoras privadas.

Igualmente, el procedimiento es el mensaje: el Decreto 16/2012, culmina con un decreto de aseguramiento y una orden ministerial, la involución del sistema sanitario universal regido por el principio de necesidad y no por el precio, al margen de la Ley General de Sanidad y en el límite de la Constitución, y además, tira por tierra el principio de igualdad y no discriminación en el caso de los inmigrantes, parte básica de un estado democrático.
Una bomba de fragmentación, en definitiva, contra el derecho a la salud, la igualdad y no discriminación, así como el imperio de la ley sobre los decretos de excepción y el estado de emergencia económica.

Pero también los ajustes están sirviendo al Gobierno para presionar a las Comunidades Autónomas en dos frentes; por un lado en detrimento de su autonomía con la intervención efectiva de sus cuentas, y de otro, en el recorte del gasto social, y en particular del gasto sanitario, con el objeto declarado de contener y recortar sus cifras de déficit público.
Al calor de estos recortes algunas Comunidades Autónomas como Castilla-La Mancha, el País Valenciano o Baleares se han propuesto un acelerado proceso de privatización de la sanidad, con el señuelo de la eficiencia en la gestión y la colaboración público-privada.
Sin embargo, los datos existentes de las experiencias españolas, como de otros países, con modelos similares a los encomiendas de gestión de Alzira o los PFI en la construcción y gestión de hospitales (fundamentalmente en la Comunidad de Madrid), no avalan la tesis de eficiencia sanitaria y mucho menos el salto adelante en el vacío que ahora pretenden las Comunidades Autónomas con gobiernos de derecha.

Lo cierto es que ambos modelos de privatización funcional, que no de colaboración público privada, han resultado ser más caros de gestionar por su beneficios empresariales, profusión de estudios y proyectos y por la selección de riesgos.
Además, estos modelos de gestión privada basados en el recorte de personal y en la selección de riesgos están teniendo consecuencias negativas a nivel nacional e internacional en la tasa de infecciones hospitalarias, así como en los niveles de mortalidad, en relación al modelo tradicional de gestión pública.

Pero además, el cambio de finalidad del sistema en el ámbito privado de la salud de la población al lucro a corto plazo, está provocando una profunda regresión en una cultura profesional, que en las últimas décadas de sistema público se encontraba centrada en las necesidades sanitarias del paciente, y ahora busca abordar la resolución de la patología al menor coste en el marco de la privatización.

La comparación en el gasto del hospital de Majadahonda de Madrid con el hospital de Asturias es demoledora. Un coste de la inversión por el método PFI que multiplica por cuatro la inversión directa realizada en Asturias.

Por eso resultada escandaloso que, en vez de priorizar la defensa del sistema público y la superación de unos márgenes de ineficiencia farmacéuticos, tecnológicos o de organización y funcionamiento, el Gobierno centre su interés en ceder hospitales y prestaciones sanitarias a empresas privadas cercanas, en algunos casos con evidentes connotaciones de nepotismo y colusión público privada, cuando no de «puerta giratoria» de políticos que vienen o acaban en la gestión privada.

Las medidas aprobadas por el Gobierno del PP suponen un cambio de modelo del sistema sanitario, que deja de ser universal y permitirá que las capas medias sean arrojadas a los brazos de las aseguradoras privadas.

Nuestro sistema sanitario público es reconocido por los profesionales y los ciudadanos como un sistema universal de calidad y de bajo coste.

Sin embargo, el Gobierno sacrifica la sanidad y la educación en aras de los mercados. El gobierno ha anunciado un recorte brutal en educación y sanidad de 10.000 millones de euros para aplacar la desconfianza de los mercados ante el proyecto de Presupuestos para 2012. Hemos pasado del recorte al hachazo y de éste a la tala.

Esta tala afectaría a más del 10% del presupuesto sanitario que está en su mayoría en manos de las Comunidades Autónomas, mediante medidas drásticas de recorte de prestaciones, repagos de fármacos (a ricos), privatizaciones y desgravaciones fiscales que cambiarían de hecho el modelo universal financiado por impuestos de nuestro estado de bienestar o medioestar. Se trataría pues de aprovechar la crisis para demoler el modelo universal, con un nuevo hachazo que se suma al ya sufrido en el año 2011.

Es necesario destacar que nuestro débil estado social, que es perfectamente sostenible para nuestro nivel de renta, es fruto de un escaso compromiso financiero del Estado con las políticas sociales, derivado, entre otras razones, de un sistema fiscal escasamente progresivo y lleno de agujeros que facilita el fraude y la evasión generalizados de las rentas altas y una escasa contribución impositiva de las plusvalías, sociedades y patrimonio, en contraposición al IRPF o al IVA que pagan los asalariados.

Este bajo nivel de inversión social explica que, a pesar de la sanidad universal, la educación, las pensiones y la atención a la dependencia, estemos muy lejos de la Unión Europea. Sin embargo, todo ello se corresponde con una derecha que no hizo su transición por el Estado de bienestar y una izquierda gobernante que ha mantenido el Estado social en una situación de debilidad limitándolo a un mediocre Estado del medioestar. A ello han contribuido los que calificaron las rebajas fiscales como medidas de izquierdas y aceptaron propuestas como los modelos privados de gestión o la colaboración público-privada en la gestión sanitaria y los que han mirado para otro lado en tiempos de bonanza ante el reto de la dirección y coordinación del Sistema Nacional de Salud.

El cambio de sistema no sólo no supondrá ahorro alguno sino que aumentará el gasto sanitario.

Hasta hoy, los buenos resultados del sistema sanitario, la opinión favorable de los ciudadanos (en la derecha y en la izquierda), la satisfacción de los lobbies presentes en el sector (farmacéuticos, de tecnologías sanitarias y de la industria sanitaria privada) han mantenido una situación de calma chicha fruto de un equilibrio de fuerzas e intereses económicos, sociales y políticos. Hemos vivido de la inercia, los beneficios excesivos para la industria farmacéutica y una gestión política entre el populismo y los “experimentos” con cava.

Sin embargo, a lo largo de los años de gestión autonómica y pasividad de la Administración Central en materia sanitaria, se ha ido modificando el Sistema Nacional de Salud en aspectos esenciales que hoy parecen ser las líneas de fuerza de la ofensiva del PP y los mercados en contra del mismo.

Las debilidades de nuestro Sistema Nacional de Salud han estado en los modelos de repago y privatización indirectos, de una parte, y de otra en una creciente medicalización y medicamentalización de la sanidad. Esta última directamente financiada y dirigida cada vez en mayor grado por las compañías multinacionales de la farmacia y la tecnología, cuyo control férreo impone unos modelos de negocio y trabajo negativos para el sistema. Así cualquier novedad medicamentosa o tecnológica se incorpora, a unos precios elevados, sin más, a las prestaciones públicas, aunque no haya la más mínima evidencia de las ventajas que aporta sobre lo existente, obviamente mucho más barato.

La ausencia de un modelo de gestión ha provocado debilidades que ahora se esgrimen para justificar la contrarreforma

Son precisamente estas debilidades las que hoy se utilizan como palanca para demostrar una supuesta inviabilidad del Sistema Nacional de Salud: una deuda farmacéutica a proveedores que, sin ser excesiva, ha sido provocada por los mismos que se han beneficiado del sistema y hoy reclaman su reforma.

Otras debilidades han sido la ausencia de un verdadero modelo de gestión, la renuncia a la dirección política en materia sanitaria y la inexistencia de proyecto político, todo ello por parte de los sucesivos gobiernos, que se han escudado en que la “sanidad” era una competencia de las Comunidades Autónomas.

Ahora la fruta parece madura. Ha llegado el momento de pasar factura al Estado del medioestar y en particular a un modelo sanitario apetitoso para los mercados, con la ayuda de un gobierno nacional reducido a un comisariado de los mercados y la Unión Europea
El PP, bajo la bandera de la igualdad de prestaciones y acceso, entendida esta como uniformidad, cumplirá con el doble objetivo de recortar prestaciones, imponer o coordinar repagos y colaboraciones con el sector privado, debilitará el modelo de gestión autonómica al tiempo que lo responsabilizará de las inequidades e ineficiencia, cuando, en realidad, estas son y siguen siendo sociales unas y condicionadas por los lobbies las otras.

El PP tiene como principal objetivo romper la universalización, es decir sacar a las clases medias del Sistema Nacional de Salud, en tres frentes: reduciendo salarios de personal y prestaciones considerándolas lujosas y “pecaminosas” a veces para que se compren en el mercado (fertilización, aborto,…), con el objetivo de establecer unas prestaciones básicas y otras de pago. Introduciendo repago o tasas para favorecer la “competencia” y la “mercantilización” y por tanto el flujo hacia el sector privado de aquellos que sufrirían doble imposición. Caminando todo ello, con desgravaciones fiscales y la generalización de mercados internos para el sector privado, hacia la precariedad y dualización del Sistema Nacional de Salud.

Todo ello, con la paradoja de que no sólo no supondrán ahorro alguno sino que aumentará el gasto sanitario como ocurre en los EEUU, que triplica el español.

La expulsión de las clases medias es el primer paso para transformar un sistema universal en otro meramente asistencial.

Por eso, hoy más que ayer, es necesario defender el modelo de Sistema Nacional de Salud público y universal, porque responde a necesidades y derechos ciudadanos a la salud y porque es el más eficiente, reforzando su coordinación, dirección participativa y descentralización frente a la imposición de los lobbies empresariales disfrazados de nostalgia centralizadora y eficiencia privatizadora. Para mañana y pasado mañana se trata de reorientar y reforzar el Sistema Nacional de Salud con la prioridad de los enfermos crónicos, la atención primaria de salud y la salud pública. Pero para todo esto tiene que seguir existiendo el Sistema Nacional de Salud que hoy pone en peligro la tala del Gobierno y los mercados.

Gaspar Llamazares Diputado de IU y Presidente de la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas.

Fuente: izquierda abierta