Teoria y práctica de la estafa privatizadora en la sanidad


Una de las práctica actuales la encontramos en los  supersueldos que cobran los gerentes de les mútuas de accidentes de trabajo, mientras recortan el sueldo a los trabajadores y se sacan de encima a trabajadores y trabajadoras que deberían atender.

La teoría de la destrucción del Estado del Bienestar viene de lejos, la intentó imponer Margaret Thatcher hace treinta años y lo que no pudo lograr entonces lo está consiguiendo ahora.

Empezamos con el artículo de Àngels Martínez en su bloc:

La victoria de Margaret Thatcher sobre el Estado del Bienestar 30 años después

Margaret Thatcher recibe aplausos después de hacer su discurso ante la conferencia del Partido Conservador en 1982. Fotografía: Nils Jorgensen / Rex Features

Podíamos leer en The Guardian del 28 de diciembre que Margaret Thatcher y su canciller Sir Geoffrey Howe estaban detrás de un plan políticamente tóxico en 1982 para desmantelar el estado del bienestar. La “transparencia” a la que obliga que 30 años después se publiquen los documentos oficiales revela en primera página las raíces ideológicas y la matriz neoliberal de los ataques a la dependencia, a los servicios públicos, a la ciudadanía y a los derechos humanos. El tema es tan importante que The Guardian le dedicó también un editorial jugando con la historia. Dice: “los tiempos son difíciles. El crecimiento económico está estancado. La factura de servicios públicos se ha disparado y sólo se prevé que seguirá creciendo mientras disminuyen los ingresos de la nación. (…) La conclusión: el país ya no puede permitirse el estado de bienestar”. Sólo que estas frases que nos parecen tan actuales (y tan exportables al discurso pepero en España) se formularon en 1982. Sin embargo, explican perfectamente (porque siguen el guión al pie de la letra) las rapiñas de Ignacio González, Mariano Rajoy o Artur Mas, y sus repetidas justificaciones (no por ello menos mendaces ni rastreras) . Por ejemplo, el documento base del Gabinete de Thatcher aseguraba que la asistencia social debía enmarcarse en un contexto de “eficiencia y economía, y siempre en una cuestión de precio y nunca de valor“. ¿Les suena, verdad?

Este documento fundacional de la estafa se pergeñó en 1982, y en sus conclusiones se contempla la destrucción del Estado de bienestar, y en especial del Servicio Nacional de Salud. Hace 30 años, por suerte, o por falta de habilidad de la Thatcher que tenía demasiados frentes abiertos y muy poca sutileza, en su Gabinete de coalición se desencadenó un auténtico motín. Sin embargo, un material político de este estilo se consume a fuego muy lento, en un proceso orgánico que se va alimentando de substratos anteriores… Hasta que vuelve a brotar la llama privatizadora. Lo cual no quiere decir que la destrucción de las conquistas sociales sea inevitable, ni inexorable… como siempre, de nosotros depende.

Algunos protagonistas actuales del lado oscuro, del desmantelamiento del sistema, podrían argumentar, según el periódico inglés, que el debate se inició antes de tiempo, y que si ahora triunfa se debe en parte, también, a que la socialdemocracia “compró” el nuevo modelo disfrazándolo de “reformas” y asumiéndolo como una cuestión de eficiencia para no tener que declarar la vertiente ideológica de los “recortes”. Sin embargo, si se presenta la idea (o las políticas) de bienestar como una cuestión que pertenece esencialmente a la actividad económica, se mutila gravemente su ambición moral… y la dignidad que nos confiere como ciudadanía.

The Guardian nos recuerda que en sus memorias, Thatcher afirmaba que las propuestas contra el Estado del Bienestar nunca fueron consideradas seriamente ni por ella ni por su Gabiente, pero lo cierto parece ser que tanto Thatcher como Howe habían alentado los trabajos del ya extinto thinktank CPRS para elaborar el informe y llegar a opciones radicalmente traumáticas a largo plazo… y siguieron defendiéndolas incluso después de que el Gabiente se rebelara. El escándalo fue tal que lo que se filtró a la prensa poco después sólo fue una versión ya suavizada del documento original, y aún así provocó tal revuelo que Thatcher tuvo que desmentir reiteradamente que tuviera un plan secreto para desmantelar el NHS con el Estado del Bienestar creado en la postguerra. Un mantra que vienen repitiendo, en las versiones oficiales de cada país, todos los dirigentes políticos que se cargan las conquistas sociales, mientras siempre tienen un CPRS (o una FAES) que les suministra más munición destructora pagando a alto precio la fuerza neuronal (a veces bastante deficiente) de los intelectuales (bajo palabra de honor) del sistema.

Sin embargo, la versión filtrada tampoco era tan inocua: proponía la introducción de bonos de educación (poniendo fin a la financiación estatal de la educación superior) congelar las ayudas al bienestar y que el servicio de salud pasara a depender de un sistema de seguros. (¿Verdad que les sigue sonando algo parecido en versión muy española o catalana?)

Cuenta The Guardian que la versión original era bastante más violenta con la propuesta de privatización del servicio público de salud -lo que significa, de hecho, poner fin a que la mayoría de la población pueda acceder a un servicio digno y de calidad de salud. Para los del CPRS, la mayoría de los servicios médicos debían ser de propiedad privada, y quienes necesitaran atención tendría que pagar para obtenerla. Para todos los demás, el Estado podría asumir el tratamiento, buscando siempre la manera de ser reembolsado, con la única excepción de las personas con “discapacidad mental o las personas mayores”, que “claramente no pueden permitirse el lujo de pagar”.

Como no hay casualidades, uno de los “expertos” que trabajó en el estudio CPRS es Gordon Wasserman, en la actualidad asesor de David Cameron sobre delincuencia y policía. Pues bien, dicho sujeto, cuando estaba en el centro de estudios de personal en el periodo 1981-83, propuso recortar en un 25% el número de personal docente en las escuelas estatales. Y es que, como diría el escorpión, lo llevan en la naturaleza. Y se aferran a su ideología con tanta fuerza como quienes les patrocinan se aferran a las prebendas que les representan las privatizaciones: como bulldogs enfurecidos, sólo sueltan su presa para morder la mano (y cercenar los derechos) de quienes pagamos impuestos, o sea, de quienes de verdad los alimentan.

¿Hasta cuándo?

Àngels Martínez Castells

Y como colofón este artículo publicado en Prevención de Riesgos Laborales:  Cara y cruz de las mutuas, del pasado 8 de diciembre.

cara y cruz … de las mútuas

El pasado uno de noviembre, el diario económico Expansión en su noticia titulada “Los directivos de las mutuas salvan sus elevados salarios del ajuste del Gobierno” se hacía eco de la situación retributiva de los directivos de las Mutuas de Accidentes de Trabajo, cuyos salarios superan, en la mayoría de los casos, los de muchos altos cargos del Estado, incluidos el Presidente del Gobierno y sus Ministros.

Según el ranking publicado, los sueldos de los Gerentes oscilan entre los 89.740.-€, en el caso del Director de Solimat, y los 228.000.-€ del máximo responsable de Mutua Universal, situándose la mayoría de ellos por encima de los 150.00.-€ al año.

Llama especialmente la atención el salario del Gerente de Mutualia (194.840.-€.), décima mutua en volumen de cuotas y el quinto salario más elevado, quien compatibiliza además su puesto con el cargo de presidente de Confebask, la patronal vasca y que lleva sin aplicar el Convenio Sectorial a su plantilla desde 2010. También resulta llamativo el salario del Gerente de Fraternidad-Muprespa, (191.640.-€) quien ha visto duplicado su salario en apenas dos años.

Sin embargo, la información publicada es solo parcial, pues se refiere a la parte del salario de los Directores Gerentes que se percibe con cargo a los Presupuestos Públicos, quedando excluidos los complementos salariales provenientes del patrimonio histórico, planes y fondos de pensiones, etc.

Además de estos 20 Gerentes, según datos de la Seguridad Social, el número de directivos cuyos salarios superan los 100.000.-€ podría superar los cuatrocientos, pero resulta difícil saberlo con exactitud pues los datos se encuentran diluidos en el presupuesto del salario de toda la plantilla.

Como contraste a esta situación de privilegio, se encuentran el resto de los trabajadores y trabajadoras de las Mutuas, que han visto como los diferentes Gobiernos les han aplicado los mismos recortes que al personal del sector público: 5% en 2010, que se mantiene en la actualidad, la NO aplicación de su Convenio Colectivo tanto en 2010 como en 2011 y un recorte adicional del 7,14% del sueldo en 2012, excediendo “en mucho” de la anunciada supresión de la “Paga de Navidad” y que en su conjunto supone cerca de un 20% de pérdida de poder adquisitivo.

Para Comfia-CCOO, la austeridad y el control del gasto público es compatible con el cumplimiento del Convenio Colectivo. No entendemos cómo se dejan de pagar los salarios obligados por Convenio, pero si se abonan las retribuciones variables no sujetas a la negociación colectiva.

Pese a la profunda crisis económica, las Mutuas continúan dando beneficios que se integran en el Fondo de Prevención y Rehabilitación, así´ como en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, por lo que no se justifica que mantengan una posición de congelación salarial para 2012 y 2013 en el actual proceso de negociación del Convenio Sectorial de Seguros y Mutuas de Accidentes.

Comfia-CCOO defenderá el derecho a la negociación colectiva en este sector recurriendo ante los más altos ámbitos judiciales.

Fuente de Datos: comfia.net

Acerca de Dempeus per la salut pública

Col·lectiu de persones en defensa de la salut pública
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