La cobertura sanitaria universal aún deja pendientes a los profesionales liberales


Pendiente de regular desde la promulgación de la Ley General de Sanidad en 1986, la cobertura sanitaria universal para todos los españoles residentes en territorio nacional se ha hecho efectiva desde el 1 de enero mediante la Ley General de Salud Pública aprobada el pasado octubre. La norma cubre a las personas en paro, con problemas hace meses en algunas comunidades autónomas, pero ciertos profesionales autónomos que han cotizado en sus colegios aún deberán esperar seis meses «atendiendo a la evolución de las cuentas públicas» para su plena integración.

Madrid 09/01/2012, Lucía Argos

De facto, la sanidad pública ha atendido hasta ahora sin problemas a todas aquellas personas que, cotizando o no, acudían a un centro de salud. Sólo la menor disponibilidad de recursos ha destapado meses atrás las dificultades para acceder a esta atención de trabajadores en paro que habían agotado su prestación o de inmigrantes, debidamente empadronados.

Denuncias de trabajadores en paro

Las denuncias públicas en algunas comunidades autónomas zanjaron momentáneamente el problema. Y ahora, la ley, que fue apoyada por todos los grupos políticos en el Congreso y el Senado, consagra los derechos. La norma extiende «el derecho al acceso a la asistencia sanitaria pública, a todos los españoles residentes en territorio nacional, a los que no pudiera serles reconocido en aplicación de otras normas del ordenamiento jurídico», dice la nueva legislación. «La extensión prevista en este apartado será efectiva para las personas que hayan agotado la prestación o el subsidio de desempleo a partir del 1 de enero de 2012».

Para el resto de colectivos afectados se realizará, atendiendo a la evolución de las cuentas públicas, en los términos previstos en el apartado 3 de la ley según el cual, «en el plazo de seis meses, el Gobierno determinará reglamentariamente los términos y condiciones de la extensión del derecho para quienes ejerzan una actividad por cuenta propia».

Inmigrantes empadronados

La cobertura universal tenía pendientes a unas 200.000 personas, entre las cuales se encuentran profesiones liberales como arquitectos, médicos o abogados que han garantizado sus prestaciones sociales a través de sociedades o colegios. Pero también han pagado impuestos, caja de las prestaciones públicas sanitarias del Estado español.

Los inmigrantes recién empadronados han sido otra fuente de discrepancia a la hora de acceder a los servicios sanitarios. La Ley de Extranjería garantiza la asistencia en las mismas condiciones que los españoles a aquellos inmigrantes inscritos en el padrón de un municipio. Pero la interpretación varía según el territorio. En Galicia, la Ley de Acompañamiento de los presupuestos, recientemente aprobada, fijó un mínimo de seis meses de residencia para acceder a una tarjeta sanitaria. Cataluña también lo insinuó, a pesar de la advertencia del anterior gobierno socialista sobre la «ilegalidad» de la medida.

Fuente: Acta Sanitaria

Acerca de Dempeus per la salut pública

Col·lectiu de persones en defensa de la salut pública
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