Del blog de Inés Sabanés reproducimos este post sobre la situación de la Ley de la Dependencia en la Comunidad de Madrid. La situación sanitaria de esta comunidad está tan degradada que es obligado denunciarlo en todos los medios. Agradecemos a Inés los datos que aporta.
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Madrid sigue estando según diversos indicadores – datos del mes de agosto -a la cola en la aplicación de la ley de dependencia. Sin embargo, es una Comunidad con 6.386.932 millones de habitantes, en la que viven más de 900.000 mayores, que constituyen el 15 % de la población y de los que un 14 % viven solos. El 73.3 % de la población madrileña vive en municipios de más de 10.000 habitantes, lo cual incrementa – si cabe- la soledad o las dificultades en la relación de las personas mayores. Y además de las personas mayores, se calcula que 193.189 ersonas tienen algún grado de discapacidad a los que les afectan del mismo modo la ineficacia o falta de recursos para la aplicación de la Ley.
La Comunidad de Madrid tiene 18.383 millones de euros de Presupuestos y un nivel de competencias plenas en políticas sociales. En lo que afecta a la desarrollo de la ley de dependencia, los datos son reveladores y es de las últimas Comunidades, tanto en solicitudes con relación a la población, como en dictámenes o prestaciones reconocidas también en relación a la población.
Hay que tener en cuenta que, como se ha denunciado durante el proceso de implantación de la ley, no se han facilitado los cifras exactas sobre solicitudes reales presentadas. Sabemos -según los últimos datos – que se han registrado 117.080 de las cuales se han dictaminado 101.465. Según estos mismos datos, se ha reconocido la prestación a 69.018 de las cuales 48.963 habría percibido las prestaciones, lo que significa que unas 21.000 personas a las que se les ha reconocido la prestación no la perciben
Desde la aprobación de la ley, el gobierno regional la obstaculizó , publicaron tres decretos y al final ,una sentencia de TSJM obligó a corregir la norma que pretendía darle al silencio administrativo carácter negativo para las peticiones . Eso habría facilitado -todavía más- la falta de transparencia y la inoperancia en la tramitación y resolución de los expedientes para recibir las diferentes prestaciones . En todo caso se acumularon los retrasos .
En la última negociación del modelo de financiación autonómica para el reparto de los fondos estatales para la cobertura de la ley, se estableció primar el criterio de las personas que realmente estaban recibiendo las prestaciones frente al cálculo de las personas potencialmente dependientes. En ese momento Madrid y Valencia demostraron que con sus bloqueos no habían aplicado los criterios de la ley perdiendo capacidad de financiación para las personas dependientes. Es deir, la especie de boicot que aplicaron a la Ley, les acabó por pasar factura.
A pesar de que Esperanza Aguirre se ha especializado en desviar sistemáticamente su propia responsabilidad en la gestión de las competencias transferidas y consigue en demasiadas ocasiones convertir la Cámara Regional en un debate permanente sobre la política nacional, no se puede obviar una irresponsabilidad que afecta de forma dramática a miles de personas y familias. Por si esto fuera poco, los fondos del Estado también se verán afectados por los últimos decretos y actuaciones para disminuir el gasto público.
El Gobierno regional, con Aguirre a la cabeza, ha generado graves problemas de atención a amplios sectores de población que son los que con mayor intensidad necesitarían de la acción y la responsabilidad de la administración regional.
Pero yo les aconsejo que sigan con atención el Debate de Estado de la Región, en el que sin duda intentará de nuevo eludir dar cuentas de la acción del gobierno – que es en lo que debería consistir el debate- para intentar hacer la segunda parte del debate de estado de la Nación.
Fuente: El blog de Inés Sabanés
Dempeus per la salut pública 