Hablamos en el post anterior sobre las importantes y lesivas diferencias que se dan en distintas comunidades autónomas en relación a la interrupción voluntaria del embarazo y su sesgo de género en base a la denuncia de Marina Albiol para la Comunidad Valenciana… y otras situaciones anómalas anteriormente comentadas en este mismo blog de Dempeus.
Reproducimos a continuación una voz importante y autorizada, la de Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la FADSP, que ya hace unos días dio su opinión sobre cómo debería organizarse la sanidad pública para que no se den situaciones de tanta falta de equidad y tanto desamparo como el que padecen muchas mujeres según el lugar dónde residen, ya sea por una deficiente organización, por las pocas ganas que existen de que la Ley sea una realidad en la práctica y no sólo un papel sin traducción en la vida de las mujeres que tienen todo el derecho a decidir, o los muchos prejuicios que existen en relación a este tema (aunque no necesariamente –ni de manera determinante– por parte del personal sanitario a pesar de los intentos de reforzar la objeción hasta los celadores… ).
Marciano Sanchez Bayle, a quien vemos en la foto con Gaspar Llamazares y Angels Martínez Castells en su participación en la Jornada sobre el Copago (Repago) organizada conjuntamente por la FADSP, Dempeus y el grupo GEDS-Emconet, deja muy clara su opinión sobre el tema desde el enunciado.
La responsabilidad es de la administración, no de los médicos |
Si se conocen los recursos profesionales con que se cuenta y se adoptan las medidas de organización para facilitarlo, la prestación del aborto puede fácilmente garantizarse en la red pública, aunque es posible que en algún sitio concreto tenga que contratarse personal específico para ello, como por cierto se hace para muchas otras prestaciones que ofrece el sistema sanitario público.Ante la nueva regulación del aborto se ha producido una cascada de declaraciones de responsables políticos de las administraciones sanitarias de comunidades autónomas gobernadas por el PP (Murcia, etc) que pretenden responsabilizar a la masiva (incluso absoluta: el 100%) objeción de los médicos la inaplicación de la ley en su territorio, lo cual es totalmente falso. Vayamos por partes. No se conoce la objeción de conciencia de los médicos que trabajan en la Sanidad Pública respecto al aborto. Algunos colegios de médicos han abierto registros de objetores a los que se ha apuntado un número insignificante de profesionales, pero ello en si mismo es poco representativo porque habría que conocer cuál es la situación entre los ginecólogos que trabajan en los centros públicos (yo no soy objetor, pero siendo pediatra los resultados prácticos de mi opción personal son irrelevantes). Es imprescindible conocer cual es la situación entre los profesionales directamente implicados, -para lo que se precisa un censo de objetores en la Sanidad Pública que sólo puede ser responsabilidad de las administraciones sanitarias- y por supuesto controlar que quien se declara objetor en el sistema público lo es también en el sector privado. La segunda cuestión relevante es que la organización de la cobertura de una prestación sanitaria depende de los responsables de la administración sanitaria a todos sus niveles (consejeros, directores generales, gerentes, etc) que tienen que arbitrar los mecanismos para que esta prestación pueda realizarse en el caso del aborto: disponibilidad de quirófanos, de medios diagnósticos, de personal que atienda a las mujeres, etc. Y ello porque es fácil decir que nadie quiere hacerlo cuando la realidad es que no se permiten y se obstaculizan las condiciones organizativas para que sea posible. Tanto en Navarra como en Murcia ya ha habido profesionales que han señalado su disponibilidad dejando en evidencia que no son los médicos sino los que dirigen las administraciones sanitarias los que por motivos ideológicos, o simplemente por oponerse al gobierno central, son realmente responsables de la situación.
Lo que está claro es que no puede esperarse que un grupo de profesionales, por militancia y a veces por puro heroísmo, permita dar salida a la situación de bloqueo. Los poderes públicos son los responsables. Esperemos que de una vez por todas se actúe con contundencia contra aquellos que obstaculizan el cumplimiento de una legislación en vigor e impiden que se haga efectivo un derecho de las mujeres. Marciano Sánchez Bayle es médico y Portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Visto en Observatorio Sanitario Madrid |
Si se conocen los recursos profesionales con que se cuenta y se adoptan las medidas de organización para facilitarlo, la prestación del aborto puede fácilmente garantizarse en la red pública, aunque es posible que en algún sitio concreto tenga que contratarse personal específico para ello, como por cierto se hace para muchas otras prestaciones que ofrece el sistema sanitario público.
Dempeus per la salut pública 
Me gustaría saber por qué es necesario el crear un registro de objetores (no entiendo qué beneficio saca una persona en objetar en el sector público, aparte de que quede señalado, con las posibles consecuencias a nivel laboral que tenga, si se dan, cosa que sinceramente no lo sé). También por ello sería necesario crear un registro de aquellos médicos que se niegan a tratar a los pacientes y no les den más opción que irse a casa, ya que no los derivan a otros profesionales (ya sea de la misma especialidad o de otras) que los puedan tratar. Mi caso concreto es de un neurocirujano que se negó a operar a un familiar mío «porque si él fuera su padre no lo operaba», simplemente porque no se veía capaz, y le dio el alta sin darle otra alternativa de tratamiento. Me gustaría saber qué se puede hacer con este tipo de «profesionales», aparte de acudir a un abogado. Y ya sabemos lo difícil que es conseguir algo en ese aspecto… Simplemente opino que o todos, o ninguno. Si se han de hacer registros, que se hagan también de las malas praxis, que ponen en peligro la supervivencia de las personas. No es extraño que un médico derive un paciente a otro médico si por el motivo que sea no quiere o no puede tratar a ese paciente. Y si este hecho se da, ¿se hace un registro cada vez que ocurre?
Pues mira Noemí, un registro de objetores sirve para que el médico que objeta practicar un aborto en la pública, no pueda luego practicarlo cobrando en la privada, que de todo hay en este mundo, y para asegurar que en cada centro público haya médicos suficientes, no objetores, para atender a las mujeres que requieran abortar. A mí particularmente no me gusta nada la idea de la objeción de conciencia ante el aborto, preferiría que no se pudiera objetar en la sanidad pública, y el que no quiera hacerlo que no trabaje en la pública.
En cuanto al caso que planteas, lo mismo, los médicos no pueden negar los cuidados paliativos a los enfermos terminales, ni tampoco pueden tomar decisiones por ellos, como la de no operar, pueden y deben dar toda la información para que el enfermo o sus familiares decidan correr o no con los riesgos y tomen ellos la decisión.
Aunque algunos médicos se crean dioses no son más que unos profesionales que nos están dando un servicio, un servicio tan importante como sanarnos o hacernos más llevadera la enfermedad.
Y este registro de «mala praxis» de hecho existe a través de las denúncias judiciales que se presentan contra determinados médicos.