La incertidumbre rodea a la Ley del Aborto hasta el último día


En vísperas de la entrada en vigor de la Nueva Ley del Aborto, el lunes 5 de julio, Partido Popular y del Gobierno de Navarra han recurrido la ley ante el Tribunal Constitucional, y éste ha admitido a trámite los recursos. ¿Es que ahora el Tribunal Constitucional se ha constituído en el gobierno de España? ¿O es la puerta falsa para que se rechazce lo que el PP no ha conseguido parar en el Parlamento? ¿Es esta la perversión de la democracia que impera en España?

A pasar de tanta incerdidumbre, y tras superar un camino lleno de obstáculos, a partir del próximo lunes las mujeres españolas gozarán del derecho a decidir su maternidad. Así lo cuenta la ASOCIACIÓN CULTURAL BEATRIZ CIENFUEGOS  

aborto_maniEl próximo 5 de julio entra en vigor la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo. El proceso, aun habiéndose finalizado en un plazo respetable, no ha estado libre de obstáculos. El resultado, como era de esperar, y a pesar de la acogida positiva por amplios sectores sociales, sigue contando con detractores y con reticencias acerca de sus últimos pasos por parte de quienes se ven afectados directamente en su profesión.
Aunque la subcomisión parlamentaria de igualdad que se encargó del debate público no se creó hasta septiembre de 2008, ya en 2007 se alzaron las primeras voces que dejaban vislumbrar la intención política de lo que iba a ser la reforma de una ley del aborto que tras 22 años de vigencia ya no representaba las necesidades y los intereses de la sociedad española.
Con unas elecciones por delante, el PSOE animaba con timidez a reformar el texto (lo incluyó abiertamente en la campaña de 2004, pero en 2008 sólo hacía mención a la necesidad del debate), mientras que el Partido Popular se mostró contrario a incluir la posibilidad en su campaña electoral. El portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (CiU) en el Congreso de los Diputados, Josep A. Duran i Lleida, afirmó que “sobre el debate del aborto no hay otro debate social abierto que la vulneración de la ley”.
 

Incursiones judiciales
Las palabras de Lleida no quedaban en el aire. En los juzgados ya estaba en marcha una batalla legal que llevó a siete médicos a la cárcel por haber realizado supuestamente abortos ilegales acogiéndose con falsedad a uno de los supuestos de la ley vigente: peligro del embarazo para la salud de la madre.
Las denuncias de varios grupos de los llamados “provida” a diversas clínicas de interrupción del embarazo llevaron a 28 mujeres a declarar ante el juez por los abortos que se les habían practicado. Se consultó para ello sus historias médicas, vulnerando así su derecho a la privacidad.
Además, en una intervención a la clínica Isadora de Madrid, la Guardia Civil se llevó varios contenedores con los residuos de los abortos realizados. Tras un proceso lleno de irregularidades, se probó que ninguno de los restos pertenecía a un feto mayor de 22 semanas, denuncia inicial que causó la investigación.
El debate, ya encendido, caló tanto en la opinión pública que el 14 de enero de 2008, Maria Teresa Fernández de la Vega, Vicepresidenta del Gobierno, manifestó que tras estas circunstancias existía una ofensiva contra el derecho al aborto. “No voy a permitir que ninguna mujer vea afectada su intimidad ni sus derechos fundamentales”, declaró.
En abril de ese año, una jueza archivó la causa contra las mujeres que habían abortado en la clínica del doctor Morín de Barcelona al estimar que ellas no habían sido conscientes de realizar ninguna ilegalidad. El doctor, sin embargo, no ha podido ver el final de su proceso hasta hace un par de semanas, cuando el juzgado decidió sobreseer su causa porno encontrar indicio de delito.
 
Habla la ciudadanía 
Mientras, se sucedían las concentraciones ciudadanas en casi todas las ciudades españolas tanto a favor como en contra de una ley que despenalizaría para siempre el derecho a abortar. El debate estaba en la calle.
En el arranque de la campaña electoral de 2008, allá por febrero, las asociaciones feministas se concentraban frente al busto de Clara Campoamor en la capital para exigir la retirada del aborto del código penal. “Mi cuerpo, mi decisión, nuestros derechos. Aborto libre y gratuito”, rezaba la campaña. En ésta y en muchas otras ciudades, miles de mujeres (y algún que otro hombre) entregaron documentos de autoinculpación de aborto en los juzgados, en solidaridad con las mujeres llamadas a declarar.
Justa Montero lamentó entonces el anacronismo de que “después de 30 años las mujeres sigamos inculpándonos y utilizando actos de presión, como el que hoy nos inculpemos por haber abortado”.
Los ataques no pacíficos antiabortistas tomaron la calle en más de una ocasión. Clínicas de Madrid y de Barcelona sufrieron ataques violentos de grupos de extrema derecha, tanto hacia profesionales y pacientes como a las instalaciones, que se repitieron durante meses. 

La subcomisión de igualdad
Con la nueva legislatura del PSOE en marcha, PP y CiU se opusieron de nuevo a la creación de una Subcomisión de Igualdad para debatir la reforma de la ley, pero la propuesta salió adelante en octubre de 2008 por 176 votos a favor, 139 en contra y 3 abstenciones.
Los siguientes seis meses la subcomisión parlamentaria escucharía a representantes de profesionales médicos, feministas y grupos de presión para evaluar los elementos que habrían de conformar una nueva ley.
Su trabajo fue el de redactar, tras escuchar a las partes, un estudio sobre funcionamiento, la equidad territorial y la accesibilidad en la prestación de este servicio en la red sanitaria pública y concertada, así como determinar si existía o no suficiente seguridad jurídica en los procesos de interrupción del embarazo.
Mientras, en la calle, diferentes manifestaciones ciudadanas tomaban el pulso a la opinión pública. La organización no gubernamental Women on Waves trajo el 16 de octubre de 2008 al puerto de Valencia su polémico barco. En él hacía incursiones en aguas internacionales para poder realizar abortos dentro de la legislación de su bandera.
El barco holandés estaba autorizado por su país para realizar las interrupciones hasta las siete semanas por medio farmacológico. Su objetivo, como indicó la doctora Rebeca Gomperts, era evidenciar las dificultades de acceso a este “derecho sexual y reproductivo básico”.
El 10 de noviembre precisamente a Justa Montero se le encargó abrir las intervenciones en la subcomisión. Allí fundamentó la necesidad de la reforma de la ley en un principio ético: “el del respeto a la autonomía y capacidad moral de las mujeres para formular y emitir sus propios juicios, tomar sus decisiones y actuar sobre los muy distintos dilemas que se pueden presentar en su vida, entre los que la maternidad es uno de ellos particularmente relevante”.
“Muchos años han pasado desde 1985 y una sociedad que ha experimentado tan grandes avances en el reconocimiento de nuevos derechos tendría que avergonzarse de no aceptar que detrás de una mujer que decide abortar hay un duro proceso, íntimo y personal, que requiere respeto, protección legal y cuidados sanitarios”, manifestó Isabel Serrano, presidenta de la Federación de Planificación Familiar Estatal, en respuesta a quienes pretendían defender que el aborto se utilizaría como un método anticonceptivo más.
Las comparecencias en la subcomisión terminaron el 17 de diciembre de ese mismo año, tras 30 intervenciones decididas por los diferentes partidos. Así, entre las personas llamadas a comparecer por el PP, estuvo el presidente de Fundación Madrina, Conrado Giménez Agrela, quien argumentó que “el aborto no es una opción deseada por la mujer, sino que es fruto del acoso que sufre, y constituye un fracaso de la sociedad”.
Días después ya se hablaba desde el Gobierno de la conveniencia de redactar una nueva ley basada en los plazos, que permitiese la libertad de elección de la mujer y que la despenalizase.

Desarrollo legislativo: el último paso, tembloroso
Todo un año hubo que esperar para la redacción del texto y las sucesivas correcciones. En mayo de 2009 se presentó el anteproyecto, y en diciembre superó el Congreso con el voto en contra del PP. Finalmente el Senado, de mayoría conservadora, vota a favor de la nueva ley en febrero de este año. Desde ese momento el Gobierno ha contado con cuatro meses para preparar el desarrollo legislativo que permita la adecuada entrada en vigor, el próximo lunes 5 de julio.
El pasado viernes el Consejo de Ministros aprobó los dos reales decretos que desarrollan por el momento el contenido de la Ley. Curiosamente, aunque el peso de redactar el texto e incluso los decretos que lo desarrollan recayó en el Ministerio de Igualdad, éstos llevan la firma del Ministerio de Sanidad y del de la Presidencia al ser aprobados. Curiosamente también a última hora introducen novedades insospechadas.
La Asociación de Clínicas Acreditaras para la Interrupción del Embarazo, ACAI, presentó ayer en rueda de prensa las dificultades que encuentra en la aplicación de la nueva ley. Entre otras, su presidente, Santiago Barambio, manifestó su sorpresa por el cambio producido a última hora en lo referente a las menores de edad que deseen abortar, que en contra de lo previsto deberán ir acompañadas de madre, padre o representante legal.
Asimismo, llamó la atención sobre la dificultad de cumplir los requisitos legales establecidos cuando éstos dependen en gran medida de las Comunidades Autónomas para cuestiones clave. Tal es el caso del sobre informativo que se exige aportar a la paciente, pero cuya redacción y distribución corresponde a la administración pública, o la creación de comités de expertos para decidir en casos de abortos más allá de las 22 semanas, de los cuales a día de hoy carecen todas las comunidades.
Es inevitable recalcar también aquí que la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo tiene, como bien indica su nombre, una parte importante dedicada a la educación sexual y reproductiva de la ciudadanía. Se trata de una apuesta coherente para trabajar en la prevención de embarazos no deseados abordando el problema desde la raíz. Sin embargo, en lo que a eso respecta y por lo visto, habrá que esperar a un próximo desarrollo reglamentario.
A pesar de que ya parecía que la norma alcanzaba su legalidad, un último envite puede retrasarla e incluso modificarla. El Tribunal Constitucional admitió ayer el recurso del Partido Popular y del Gobierno de Navarra en contra de la ley, que solicita además la suspensión cautelar de la norma. Congreso, Senado y Gobierno tienen tres días para presentar sus alegaciones en contra de suspensión, y quince para aquellas en defensa del texto.
A la espera de los acontecimientos de los próximos días, cabe rescatar el testimonio de Barambio, compartido a su vez por quienes creen en la necesidad de esta ley. “No se aborta más o menos porque haya una ley que diga esto o aquello. Cambia la manera, y si la ley no lo permite, las mujeres tendrán que irse al extranjero, o lo harán de forma clandestina”.

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Acerca de Dempeus per la salut pública

Col·lectiu de persones en defensa de la salut pública
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