CERMI denuncia un boicot a los derechos de los ciudadanos


Dependencia.- CERMI denuncia que las CCAA están «vaciando de recursos» el sistema de Servicios Sociales

Un informe sobre la aplicación de la Ley advierte del «boikot» a los derechos ciudadanos y de la «doble financiación» de algunas regiones

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

cermi-discapacidad.jpgEl Comité Español de Representantes de personas con discapacidad (CERMI) denunció hoy que las Comunidades Autónomas están «vaciando de recursos al Sistema de Servicios Sociales para atender las situaciones de dependencia» de forma que las personas con discapacidad están perdiendo «sustantividad y peso propio, diluídas en un grupo de nueva configuración un tanto forzado».

En un informe elaborado de cara a la evaluación, en 2010, de la aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, el CERMI asegura que esta tendencia «supondría volver a esquemas de funcionamiento no sólo obsoletos, sino también perniciosos y hoy felizmente superados».

Es por ello que la organización considera imprescindible «definir, desarrollar y aplicar» en todas las comunidades autónomas un protocolo «homogéneo» de promoción de los derechos y atención a las personas con discapacidad «que asegure la continuidad y coordinación entre los sistemas implicados».

Asimismo, el Comité analiza y critica en su informe otros puntos de la aplicación de la Ley de Dependencia que a su juicio, debieran mejorar. Para empezar, señala que la dotación económica «ha sido insuficiente», incide en que «la realidad ha superado las previsiones de la Memoria Económica, evidenciando la falta de realismo de esta» y denuncia la «falta de desarrollo» modelos sociosanitarios y la «ausencia de una coordinación efectiva y personalizada entre administraciones».

En este sentido, el CERMI incide en las diferencias en la aplicación de la Ley en función de las distintas comunidades autónomas por falta de un «protocolo homogéneos o asimilable» en todo el territorio nacional. «La defensa de las competencias autonómicas no puede justificar un trato diferenciado del ciudadano, y menos aún cuando hablamos del reconocimiento de un derecho personal, igual y universal generado por una Ley común a todo el territorio nacional», aseguró el Comité. PLAZOS «INTOLERABLES»

Sobre este asunto, la organización pone el acento en la doble articulación del proceso para acceder a las prestaciones o servicios de la Ley y que conlleva dos decisiones administrativas, el reconocimiento y valoración, por un lado, y el Programa Individualizado de Atención (PIA), por otro, lo que «repercute en un alargamiento de los plazos establecidos en las propias previsiones de las normas autonómicas, que en la casi totalidad de territorios además, se incumplen».

«La experiencia práctica evidencia que las personas en situación de dependencia y sus familias sufren plazos intolerables e inasumibles, y que no son conciliables con la situación de necesidad que genera su propia situación de dependencia», según el CERMI, que plantea la creación de un procedimiento único para garantizar que entre el momento de presentación de la solicitud y la determinación del PIA no pasen más de seis meses.

En cuanto a las prestaciones y servicios, el Comité considera que «se está evidenciando que el catálogo de servicios es escaso y centrado en los aspectos más asistencialistas» mientras que las prestaciones, concebidas para casos excepcionales, «constituyen la mayoritariamente reconocida» porque suponen «el 51 por ciento de todas las prestaciones y servicios concedidos por el Sistema».

«La Red de servicios del SAAD escasa y no se incrementa. Apenas se están creando infraestructuras de nuevos servicios que garanticen plenamente las plazas o prestaciones que a cada ciudadano/beneficiario corresponda, priorizándose la concesión de prestaciones económicas en lugar de prestar servicios», denunció la organización. «DOBLE FINANCIACION» Y «BOICOT» A LOS DERECHOS

Por otra parte, el CERMI critica «la opacidad del Sistema de información estadística del SAAD» y denuncia que parte de los datos de concesión de plazas de servicios a dependientes facilitados por las comunidades autónomas no corresponden a plazas de nueva creación sino a personas que ya gozaban de un servicio de atención en la red de Servicios Sociales de su región.

«Esa plaza pasa ahora a formar parte de la red del SAAD, con lo que las comunidades autónomas obtienen cofinanciación de un servicio previo, que podríamos considerar incluso como doble financiación, puesto que ya reciben del Estado financiación por trasferencias en materia de Servicios Sociales», señala el informe, para denunciar que con esta «conversión» de plazas, «surge el peligro de que aquel servicio que se recibía de forma gratuita pase a ser objeto de copago» para el ciudadano.

Sin embargo, éste carece, según el CERMI de un mecanismo eficaz para denunciar esta situación ya que las disposiciones autonómicas remiten al ciudadano a la vía contencioso administrativa, lo que supone alargar los plazos de espera para «ver satisfecho su derecho» hasta en cinco años, «aparte de encarecer cualquier actuación».

El tener que recurrir a la justicia «en la práctica convierte esta situación en una suerte de efectivo ‘boicot’ al ejercicio de estos derechos» por lo que el CERMI propone la creación de una «oficina de información y gestión de reclamaciones, que fuera más accesible y próxima a los ciudadanos, los cuales todavía perciben a los tribunales como algo lejano, lento y caro».


Fuente: Finanzas

Acerca de Dempeus per la salut pública

Col·lectiu de persones en defensa de la salut pública
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