Las políticas de austeridad incompatibles con la salud


Un artículo de Carmen San José Pérez publicado en Viento Sur.
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Un cambio de modelo sanitario

El RD de 16/2012 sobre “Medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS y mejorar la calidad y la seguridad de las prestaciones” contiene las líneas maestras de la reforma sanitaria que el gobierno del Sr. Rajoy pretende implantar, y obedecen tanto a la imposición de la troika como a la propia ideología del Partido Popular.

En el folleto que el Ministerio de Sanidad y Consumo elaboró para “explicar” las medidas del citado Real Decreto se hace un juego de ocultación y engaño sobre lo que realmente se cambia o desaparecerá con su aplicación.

En primer lugar justifica la reforma por la enorme deuda sanitaria. Y en segundo lugar aduce a la crisis económica actual. Vayamos por partes, esta deuda que puede llegar a suponer hasta 15.000 Millones de euros ha sido contraída de forma muy desigual por cada una de las Comunidades Autónomas. Y ha sido acumulada por algunos territorios de forma totalmente fraudulenta, al embarcarse en procesos de externalización y privatizaciones, conciertos con entidades privadas y construcción de hospitales. Puesto todo ello en marcha mediante fórmulas como las concesiones a bancos y constructoras, que como todas las experiencias demuestran salen más caras (entre 4 y 7 veces más en el caso de los hospitales madrileños) que gestionarlo o construirlo por la propia administración.

De cualquier manera hay que apuntar que el GSP (gasto sanitario público) del Estado español es del 6,5 % y la media de la UE-15 es del 7,3% en porcentajes del PIB, lo que supone que se gasta menos por habitante y año que la media de los países de la OCDE. Y el crecimiento de este gasto en los últimos 10 años ha sido muy modesto (2,9% frente a un 4,3% de media de la OCDE). Si a esto añadimos los indicadores de salud de nuestra población, se constata que con menos cantidad obtenemos mejores resultado en salud, en equidad, en la cobertura y acceso, en calidad y seguridad de la atención, y en satisfacción de los usuarios y legitimidad del sistema según la opinión de la población, excluyendo las listas de espera (último informe HIT del The European Observatory on Health Systems and Policies).

Otra de las causas de la deuda ha sido la escasez presupuestaria a que ha sido sometido el Servicio Nacional de Salud, dentro de una estrategia más amplia llevada a cabo en la última década para deteriorar los servicios públicos y ganar la batalla de la opinión pública para privatizar. El resultado ha sido una inmensa insuficiencia financiera que se resolvía cada final de año con créditos extraordinarios.

La segunda cuestión a la que alude el gobierno para cambiar el modelo sanitario es la crisis que atraviesa nuestro país. Como se puede comprobar las causas de esta crisis no están en los gastos públicos excesivos, pues España se encuentra a la cola de la UE en gasto social. Tampoco en el manido “haber vivido por encima nuestras posibilidades”, que desde el poder intentan que cale en la población para que asuma los recortes. La crisis la han desencadenado los grandes grupos financieros y especuladores –el gran capital en su lógica por aumentar la tasa de ganancia– y la han profundizado y extendido las políticas de austeridad aplicadas por los gobiernos sumisos a las estrategias marcadas por el FMI, BCE y la Comisión Europea (la llamada troika). Por lo tanto, las salidas a esta crisis no están en menos gasto público, ni en recortar salarios y pensiones retrocediendo en derechos sociales a tiempos impensables hasta hace muy poco. Otra cosa es que aprovechando la crisis se impongan las políticas que sólo interesan a la gran banca y las grandes corporaciones (ese 1% de la población).

Por eso es una verdadera falacia y supone un engaño a la ciudadanía decir que esta reforma se lleva a cabo para garantizar la sostenibilidad económica del Sistema Nacional de Salud (SNS), puesto que ésta no solo no se logra con los recortes que han comenzado a aplicar, sino que básicamente no fue diseñada para eso.

Claro que se podría ahorrar en un presupuesto que alcanza los 90.000 millones de euros anuales, ganando en eficacia y mejor coordinación, evitando duplicidades y gastos en tecnología y farmacia, (“La Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público. 12 Propuestas para garantizarla. FADSP. Enero. 2011). Lo que sucede es que la única alternativa que se ha puesto en marcha ha consistido en recortes de personal y recursos, con disminución de plantillas, cierre de camas, servicios hospitalarios, ambulatorios y urgencias. Y la entrega de hospitales, servicios, pruebas de imagen y de laboratorio al sector privado para que gestionen la asistencia sanitaria, lucrándose con los fondos públicos que reciben por ello.

Desde el Ministerio se afirma que esto se hace para “preservar siempre el derecho de los ciudadanos a la protección de su salud y asegurando que la asistencia sanitaria española sea universal, pública, gratuita y de calidad”, de nuevo algo que simple y llanamente no es verdad. En primer lugar habría que advertir que el derecho a la salud se vulnera en cuanto no se dan unas condiciones de acceso igualitario y gratuito, y esto es precisamente lo que rompe esta reforma. Ya que deja fuera a ciudadanos/as que no hayan cotizado a la seguridad social, debido a que ha dejado de ser un servicio universal ligado exclusivamente al derecho inherente de toda persona, para convertirse en un seguro, por ahora el de la Seguridad Social, donde sólo se atiende al que cotiza.

Tampoco es pública la atención sanitaria cuando buena parte de la población recibe una atención prestada por instituciones privadas, muchas de ellas con ánimo de lucro. Por ejemplo todos los nuevos hospitales madrileños, las UTE del País Valencia, etc.

Además, no es gratuita en el momento del uso porque se ha instaurado el pago por algunos servicios y medicamentos a los que una parte de la ciudadanía no podrá acceder. Precisamente ya se advierte que gratuita solo será la cartera de servicios básica que está por definir, y de la cual cabe esperar que saquen diversas prestaciones.

La situación social

La situación social es dramática para una buena parte de la población, y algunos datos no hacen sino confirmarlo. Y esto a pesar de que con las cifras sólo nos acercamos al conocimiento de algunos aspectos. Según Eurostat, España ocupa los últimos lugares de la UE-27, solo la superan Letonia y Lituania, en cuanto al coeficiente GINI, medida que refleja la desigualdad en la distribución de los ingresos de los hogares. Con un índice de pobreza y exclusión social del 25,5 % de la población, cuando la media de la UE-15 es del 21,7 % y de la eurozona es del 21,6%.

Cola de parados ante una Oficina de Empleo en Madrid / carlos rosillo

Las últimas cifras del paro de la EPA de Julio 2012 alcanzan al 24,63 % de la población activa, pero llegan al 52,1 % en el caso de los menores de 25 años, y en el caso de los inmigrantes alcanza el 35,76 %. Hay 1.737.600 hogares con todas las personas en paro.

La renta disponible de los hogares según el Banco de España fue para el año 2009 de 11.120 € y en el año 2010 de 10.571 €. Según el INE el salario bruto medio anual en el año 2010 fue de 22.790 € aunque el más frecuente fue de 16.500 €. Y la pensión media contributiva en el año 2011 fue de 805 €, y pensión media no contributivas es de 366 €.

Estas características hablan de un país con grandes desigualdades sociales, con la cuarta parte de su población por debajo del umbral de la pobreza, con casi la cuarta parte de su trabajadores y trabajadoras desempleadas, y más de la mitad de sus jóvenes. Y una mayoría de la población con salarios de mileuristas. Además, de unos jubilados y jubiladas con pensiones de subsistencia. Si tenemos en cuenta que todavía están anunciados más recortes pues el país después de contar con un préstamo para rescatar a la banca por 100.000 millones de euros, está negociando otro para rescatar al país, cabe esperar que las políticas de ajuste van a continuar.

Nos encontramos pues ante el mayor ataque contra las condiciones de vida de la ciudadanía de las últimas décadas, una situación de verdadera emergencia social. Después de la quiebra del sistema financiero en el año 2008, la extensión de la crisis a la economía real en los países centrales, y el hundimiento de las recetas neoliberales, el capitalismo vuelve por la senda de la acumulación por desposesión, destruyendo derechos adquiridos en las luchas de la clase trabajadora, apropiándose de los recursos públicos y naturales, lo que lo hace en definitiva incompatible con una vida digna.

Las consecuencias para la salud

Con el nuevo modelo sanitario la orientación de la atención sanitaria cambiará totalmente. Se abandonará la prevención y la promoción de la salud, al igual que se está abandonando la planificación en base a necesidades de salud, pues se trata de ofrecer una atención para “satisfacer la demanda” de las y los usuarios, convirtiéndola en una mercancía, en un objeto de consumo más, en una asistencia que use y abuse de alta tecnología y caros fármacos, dado que esto es lo que deja más ganancias a los grandes monopolios del sector.

El cambio acaba con la cobertura universal, la igualdad en el acceso y relega la atención de diversos colectivos exclusivamente a las urgencias, lo que no sólo empeorará la salud de estas personas, pues acudirán cuando estén en peor situación, sino que masificará las urgencias hospitalarias, empeorando la calidad asistencial. Además de provocar problemas de salud pública que se pueden extender a toda la población.

En definitiva un modelo sanitario que disminuye prestaciones sanitarias, hace pagar por otras y expulsa a la ciudadanía más vulnerable del mismo termina provocando muertes. Las cuales podrían ser perfectamente evitables. Por lo tanto un modelo sanitario como el que diseña este RD 16/2012 es un modelo inhumano, xenófobo, que no garantiza el derecho a la salud de toda la población y que aumentará la morbimortalidad.

Estrategías y alternativas

Estamos inmersos en una crisis global que no tiene precedentes. Aunque echemos mano de comparaciones y estudios sobre anteriores crisis no parece que la actual guarde muchas similitudes. Por ello las estrategias que tendremos que poner en marcha, para que la salida de la misma no recaiga, como hasta ahora, sobre la ciudadanía, tendrán que adaptarse a esta nueva situación. A su vez habrán de ser reflexionadas, debatidas y llevadas a cabo mediante nuevos métodos. Algo de esto hemos podido aprender del surgimiento de la primavera árabe, o de los indignados de todo el mundo, y, en nuestro caso, un buen ejemplo lo constituye el movimiento del 15M, que ha abierto un camino en el que estamos explorando otra forma de trabajar.

La historia reciente de los sindicatos mayoritarios de negociación y pactos, falta de democracia interna y métodos burocráticos ha terminado con su legitimidad. Por lo que es necesario impulsar la autoorganización de trabajadoras y trabajadores, propiciando la toma de conciencia y, mediante la participación democrática, la toma de decisiones. Paralelamente tendremos que animar la organización de una ciudadanía indignada por el deterioro de las condiciones de vida que sufre.

Frente a la negociación y pactos, a los que nos tenían acostumbrados los sindicatos mayoritarios. Frente a las connivencias de la mayoría de la izquierda institucional, debemos avanzar hacia movilizaciones masivas y continuas haciendo confluir a todos los sectores en lucha. Es necesaria la unidad de acción para no quedarnos en movilizaciones simbólicas sin repercusión real que solo desgastan, y unos objetivos claros debatidos y consensuados democráticamente. Pues tenemos que ser conscientes que esta batalla no se puede ganar solamente por la movilización de los sectores más concienciados. En esta lucha necesitamos a la mayoría de la ciudadanía para conseguir una mejor correlación de fuerzas de la que actualmente tenemos. Tratando de unir fuerzas para conseguir emplazar unas veces a los grandes, igual que en ocasiones a los más sectarios. Y también tendremos que tener presente que las luchas han de traspasar las fronteras de los países de la UE.

La estrategia en defensa de unos servicios públicos de sanidad tiene que enmarcarse en un discurso global que articule los objetivos a largo plazo con las reivindicaciones más sentidas por las personas. Pues es necesario comprender que la ofensiva y el desmantelamiento de los servicios públicos se enmarcan en las políticas de austeridad– ataque a los salarios, la jornada laboral, las pensiones, las libertades y la propia democracia – impulsadas por la troika y aplicadas por los gobiernos de la UE. Esto coloca en primer plano la batalla ideológica, pues todas estas políticas no son compatibles con la salud de los pueblos.

Bien saben que para que tengan éxitos estas políticas han de derrotar a la clase trabajadora y a sus organizaciones, como lo están intentando con reformas laborales, agresiones a los sindicatos, al derecho a la negociación colectiva, al derecho de huelga, al derecho a manifestarse, etc. Pero la última palabra no está dicha.

En el terreno de la sanidad deberemos hacer propuestas para llegar a tomar el control de los servicios públicos, teniendo en cuenta algunas cuestiones básicas: el escaso impacto en salud de los sistemas sanitarios, aunque en épocas de crisis como la actual cobre mayor relevancia. Cómo la salud está condicionada mayoritariamente por los determinantes sociales, la posición de clase y de género. Y la importante medicalización de la vida cotidiana por la influencia de la industria de biotecnología y farmacéutica.

Igualmente pensamos que deberían ser servicios descentralizados, controlados por la ciudadanía en todas las fases de su diseño y articulación, organización, planificación, gestión y atención sanitaria. Con criterios de organización y planificación para mejorar desigualdades en salud. La universalidad y la equidad en el acceso como ejes. La exigencia de una financiación pública nos llevará a plantear una reforma fiscal progresiva y la eliminación de los impuestos indirectos para la financiación sanitaria. Y esto nos llevará a exigir el no pago de la deuda, y la “nacionalización” de todo lo privatizado.

Carmen San José Pérez, Dra en Medicina, Plataforma en Defensa de los Servicios Públicos

16/10/2012

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Col·lectiu de persones en defensa de la salut pública
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