La lucha por la defensa de la salud y la sanidad pública en Canarias


El Parlamento canario aprobó este miércoles por unanimidad admitir a trámite la Iniciativa Legislativa Popular del Foro Social Canario por la Salud y la Sanidad Pública Canaria para la Defensa y Promoción de la Salud y la Sanidad Pública Canaria avalada por unas 25.000 firmas y que entre otras cuestiones pide la creación de una Agencia Canaria de Salud Pública, un plan de Urgencias, hospitales comarcales y menos privatizaciones.  (Ver la notícia en la Revista Digital San Borondón)
 
Podéis leer y descargar aquí el texto completo de la Proposición de Ley de Iniciativa Popular, para la defensa y promoción de la salud y la sanidad pública en Canarias.  Y a continuación tenéis el texto leído por Arturo Borges Álamo en el pleno de toma de consideración, y también podéis escuchar el ImageAudio de las declaraciones
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TEXTO LEÍDO PARA LA DEFENSA DE LA ILP SOBRE SALUD Y SANIDAD EN EL PARLAMENTO DE CANARIAS HOY MIÉRCOLES 7 DE MARZO

Arturo Borges Álamo

Señoras y señores diputadas y diputados :

Es un honor y una gran responsabilidad comparecer ante ustedes como portavoz para la defensa de la Proposición de Ley de Iniciativa Popular y de sus casi 25.000 firmantes, mujeres y hombres de todas y cada una de nuestras Islas.

La salud pública debe abordarse desde la perspectiva poblacional y por tanto basarse en la responsabilidad de las comunidades sobre su propia salud. En este sentido la importancia y oportunidad de una iniciativa legislativa popular al respecto de la salud y la sanidad pública en Canarias no debe menospreciarse. Es más, reivindicamos la participación ciudadana como supervisión diaria con carácter decisorio tanto en el proceso legislativo como en cualquier otra esfera de actividad de una sociedad verdaderamente democrática.

Para empezar es obligado hablar de los determinantes de la salud poblacional, es decir de las condiciones de vida y trabajo, en las que intervienen de modo decisivo las llamadas políticas públicas intersectoriales de las administraciones, en lo que se refiere al desempleo, la pobreza, la malnutrición, la carestía, el deterioro medioambiental, la vivienda insalubre, los riesgos laborales, la higiene alimentaria, la contaminación, la violencia machista y los derechos de las mujeres, la asistencia sanitaria, la educación, los servicios sociales…..etc.  En todos estos aspectos la población canaria registra malos indicadores. No es extraño pues que malo sea nuestro nivel de salud pública, que además en cuanto a su abordaje por parte del sistema sanitario también deja mucho que desear. Baste con decir que del presupuesto sanitario solo le llega el 1% del mismo a las actividades profesionales de salud pública en el conjunto de la sanidad.

La situación de salud de la población canaria se caracteriza por tener una prevalencia del 33,9% de hipercolesterolemia, frente a la media estatal del 23%, siendo la primera en mortalidad cardiovascular de todo el Estado español. Que así mismo, tiene una de las cifras más altas de incidencia y mortalidad por cáncer de mama. También registra una mortalidad por Diabetes 2 veces y media mayor que la media estatal, sufriendo la población canaria  por esta enfermedad  el triple de complicaciones. Además el 24,4% de la población canaria padece el síndrome metabólico (es decir obesidad, diabetes e hipertensión) que termina, entre otras manifestaciones, por llevar a la necesidad del trasplante renal ( un éxito de la medicina pero un fracaso de la salud pública). Por otro lado, se incrementan los trastornos mentales y las adicciones como respuesta especialmente sensible ante el deterioro de la realidad económico-social.

Todo esto está empeorando con los recortes que se están aplicando, cuando lo que realmente se necesita es una financiación suficiente a corto plazo, que permita garantizar una dotación adecuada de los servicios sanitarios públicos para paliar las consecuencias que está teniendo en la salud el empeoramiento de las condiciones de vida y trabajo de la población. Puede calcularse que el desempleo producirá en el conjunto del Estado un exceso de mortalidad entre las 1.500 y las 4.000 personas al año y una disminución de la esperanza de vida (se calcula un 0,3% de disminución por cada 3% de incremento del paro). Por tanto, se precisan políticas activas de empleo y no reformas laborales que destruyen empleo.

En los últimos 3 años se han recortado más de 400 millones de euros, conllevando, entre otras consecuencias, el cierre de camas hospitalarias, de quirófanos de tarde, suspensión de consultas de especialistas y aumento del déficit de personal al no renovar el contrato a muchos trabajadores. Con ello se han disparado unas listas de espera que ya eran las más largas del Estado, así como el colapso de los servicios de urgencias, potenciándose la dificultad para atajar el creciente número de suicidios entre la población. Todo esto se suma en la tendencia de aumento de la mortalidad.

No obstante, las intervenciones del sistema de salud son parches o paños calientes, es necesario abordar las causas o determinantes del enfermar, citadas anteriormente. Y también la causa última, la causa de las causas, un sistema capitalista que en su modalidad ultraliberal, la de los llamados “mercados”, y en las vertientes económico-social y ambiental está empeorando a marchas forzadas la salud de la población en todo el planeta. De otra forma, no podremos evitar ni la enfermedad ni la medicalización de la vida cotidiana, con el consiguiente incremento de la carga asistencial y encarecimiento de la sanidad. Este círculo infernal solo se podrá superar mediante políticas intersectoriales saludables que le pongan coto a las tendencias que está imponiendo el ultraliberalismo capitalista (del que forman parte destacada las multinacionales farmacéuticas y las industrias de tecnología sanitaria).

A medio y largo plazo, será la prevención mediante dichas políticas intersectoriales la que pueda permitir un cambio del modelo de atención a la salud, desde el predominio de la medicina asistencial a un modelo preventivo de salud pública, que entre otras cosas será mucho menos costoso monetariamente y con muchos menos efectos adversos para la salud.

Mientras tanto, podemos decir que la primera y más urgente política saludable debe ser una política fiscal que procure la señalada financiación adecuada, que tiene que ser finalista, es decir específica para la sanidad, que se ha de generar desde las diversas fuentes del sistema fiscal, de la lucha contra el fraude que en Canarias es un 10% superior a la media estatal, de una política fiscal de impuestos directos progresivos sobre las rentas superiores, para las grandes empresas, de sucesiones, sobre el patrimonio, sobre el juego, el alcohol, el tabaco, etc. Las CCAA tienen autoridad fiscal y pueden introducir impuestos, también en Canarias se podría habilitar dinero de la RIC. Eso permitiría una inversión sanitaria más acorde con las necesidades de asistencia sanitaria actuales de nuestra población. Evidentemente, las medidas en este terreno de la financiación no pueden pasar por la implantación de algún tipo de copago al usuario que supondría el incremento de las desigualdades sociales en la salud ya que afectarían a los que más necesitan la sanidad y cuentan con menos recursos.

Se puede obtener una mejoría racionalizando el gasto, es decir, evitando el despilfarro que pueda haber y reorientando la inversión de esos recursos. En este sentido, se  puede ahorrar (y reinvertir) mucho dinero del gasto farmacéutico innecesario (un tercio del consumo de los mayores de 65 años), del gasto innecesario en tecnologías (la tercera parte de los estudios radiológicos), de las consultas hospitalarias (mucho más caras) potenciando las consultas en atención primaria de seguimiento de pacientes supervivientes de cáncer con bajo riesgo de recaída, de la reducción de la frecuentación a urgencias hospitalarias aplicando estrategias de educación y potenciación de la red de urgencias de atención primaria (mucho menos costosa), de la reducción de la hospitalización innecesaria, que reduciría las listas de espera, en cuanto a reacciones adversas a medicamentos potencialmente prevenibles, estancias preoperatorias innecesarias, retraso en el alta, demoras en exploraciones diagnósticas durante el ingreso, cirugías con ingreso innecesario, así como ingreso de pacientes crónicos en hospitales de agudos en vez de incrementarse los centros de crónicos.

Una tendencia que el capitalismo ultraliberal va imponiendo de un modo cada vez más marcado es la de convertir la asistencia sanitaria en un muy lucrativo negocio en manos privadas, desmantelando para ello la sanidad pública. En Canarias la privatización ha avanzado a golpe de conciertos, creciendo de modo escandaloso el negocio de la sanidad privada, siempre con el argumento de que mientras no crezcan las infraestructuras públicas, el apoyo de los hospitales privados seguirá siendo imprescindible…., esa es la coartada permanente para justificar la política de conciertos (a la que han ido más de 415 millones de euros los dos últimos años) y lo que ha impedido que el dinero público sirviera para dotarnos de las infraestructuras de calidad necesarias en vez de para el florecimiento de la sanidad lucrativa privada. Cabe resaltar que la media española de camas en la sanidad privada es de 6,88 por 10.000 habitantes, en Canarias es de 14,30 camas, más del doble.

No existe una acreditación mantenida de los servicios concertados bajo parámetros de calidad. Lo que nos demuestra la práctica es que la participación privada en el sistema sanitario disminuye la calidad asistencial. El intento de privatización del sistema público introduciendo empresas con claro ánimo de lucro, dado que ese es su cometido al fin y al cabo, descapitalizan y van en detrimento de éste rompiendo sus estructuras y financiación. Esta penetración del sector privado en la sanidad termina trasladando a los usuarios los gastos del sistema, promoviendo las aseguradoras privadas y extendiendo el uso de los recursos privados.

En cuanto a la atención sociosanitaria, fundamental para poder garantizar una atención integral  e integrada de salud a las personas dependientes, estamos a la cola de todo el Estado en prestaciones y en servicios y en el cumplimiento de la Ley de Dependencia, como ha declarado el VIII Dictamen del Observatorio de la Dependencia que señala que la situación del Archipiélago “es la más preocupante” puesto que, en varias ocasiones no ha superado la puntuación de medio punto sobre 10 posibles.

Finalmente, señalamos que en el VIII Informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública del año 2011, Canarias es la 2ª comunidad autónoma con los servicios sanitarios más deficientes de todo el Estado. Y ante ello, volvemos a preguntar ¿qué fue del llamamiento a un gran pacto social por la sanidad pública del Presidente Rivero? ¿ha llegado por fin la hora? de que todas las fuerzas políticas presentes en este Parlamento de Canarias vayan a arrimar el hombro para afrontar de modo conjunto la lamentable situación de salud y de asistencia sanitaria, descrita someramente, como expresión de un consenso que ha de estar por encima de posiciones partidistas y que es básico para la salud y bienestar de la población canaria. O por el contrario, si cabe esperar un incremento de los recortes y privatizaciones tras la presentación de los presupuestos del Gobierno de Rajoy el próximo 30 de marzo. Tal cosa sería otra ENORME AGRESIÓN, como la de la reforma laboral, que no podremos ni deberemos soportar.

En los dos primeros artículos de la Proposición de Ley se introduce el concepto y el contenido de “la salud en todas las políticas”, apostando por una auténtica prevención en el origen de la enfermedad. En Canarias al contrario de otras CCAA no existe Ley de Salud Pública y tras la entrada en vigor, el 6 de octubre de 2011, de la Ley Estatal de Salud Pública nos toca concretar nuestra organización y funcionalidad en dicho terreno. Para ello es fundamental una gestión y coordinación de programas y servicios de salud pública entre Comunidad Autónoma, Cabildos y Ayuntamientos en una Agencia Canaria de Salud Pública que institucionalice y garantice la mencionada estrategia de “Salud en todas las políticas” que implica el compromiso para introducir la dimensión de la salud en las políticas sectoriales económicas, laborales, sociales, culturales, educativas y ambientales.

Para ello, la metodología recomendada por la Organización Mundial de la Salud es la solicitud de una evaluación del impacto en la salud ante cualquier proyecto legislativo, por si pudiera ocasionar efectos adversos en la salud.  En el artículo 2.4 proponemos que sea en un Consejo Canario de Salud Pública donde se institucionalice dicha evaluación, desde el mismo la Consejería de Sanidad, con participación por parte de la población, deberá asesorar a otras consejerías sobre promoción de la salud y adopción de políticas públicas saludables. Será de obligada consulta cuando se elaboren leyes y reglamentos así como cualquier tipo de intervención que pudiera causar un impacto negativo significativo sobre la salud. También debería ocuparse de la actualización del Plan de Salud de Canarias para la que es necesario realizar una evaluación de las desigualdades en salud, analizando los diferentes aspectos que están influyendo en las mismas (nivel socioeconómico, género, territorio, política sanitaria, políticas económicas y laborales, etc) para poder desarrollar estrategias adecuadas para su reducción.

Pone el acento nuestra propuesta en diversos aspectos de la asistencia sanitaria pública: La atención primaria y especializada extrahospitalaria, los programas y servicios comunitarios públicos de atención a las drogodependencias, salud mental, cuidados paliativos y de geriatría, centros de pacientes crónicos, un plan integral de urgencias y emergencias, así como programas de fisioterapia y unidades de medicina complementaria y alternativa. También reclamamos auténticos hospitales comarcales resolutivos, con todas las especialidades que se contemplan para un hospital de segundo nivel, cosa de la que carecen los proyectos actuales. Consideramos que deben ser de exclusiva titularidad pública, garantizándose también un modelo de gestión público para los mismos.

También consideramos absolutamente necesario controlar la acreditación de los centros privados con los mismos parámetros de calidad del sector público mientras se revisan y reducen progresivamente los conciertos con la sanidad privada a cargo de una Comisión dependiente del Consejo Canario de la Salud, dedicándose cada vez más los fondos públicos a los centros del sector público.

En cuanto a la gestión sanitaria, proponemos la profesionalización de la misma, eliminando su carácter de figura política del partido gobernante de turno en la Consejería de Sanidad y debiendo ser totalmente incompatible con la prestación de servicios a la sanidad privada.

Respecto a la atención a la dependencia, consideramos que es absolutamente exigible una equiparación en la aplicación de la Ley de Dependencia a comunidades como el País Vasco o Castilla y León, que han obtenido la excelencia en la aplicación de la misma. Otra cosa es que además de esa necesidad imperiosa, con la moratoria de un año para nuevas categorías beneficiarias de dicha ley tras el acceso del PP al gobierno central, se haya entrado en una fase en la que si hiciéramos una evaluación del impacto en salud de esta medida sería más que patente su repercusión negativa en la salud, tanto de las personas dependientes como de las cuidadoras.

Por último, apostamos por una participación ciudadana, con carácter decisorio, a través de los Consejos de Salud que si bien están previstos legalmente, aunque solo con carácter consultivo, generalmente no existen y en los pocos casos en que se constituyeron fueron inutilizados por acción u omisión de la administración sanitaria.

Para terminar, queremos decir que nos parece fundamental la oferta que se nos hizo por todos los portavoces de sanidad, el pasado 15 de febrero, en el sentido de que esta Proposición de Ley dé origen a un proceso de coordinación y articulación de propuestas para la mejora de la situación actual  y para el cambio de modelo de atención a la salud. Así pues, creemos que no debe zanjarse nuestra Proposición con la presentación y debate de enmiendas sin el desarrollo del referido proceso, en el que participemos expertos, sociedades científicas, asociaciones de pacientes y usuarios, organizaciones profesionales, sindicatos, y la Consejería de Sanidad. También es importante la aportación de la Oficina de Defensa de los Derechos de los Usuarios Sanitarios y del Diputado del Común en cuanto a reclamaciones y quejas de la ciudadanía. Todo ello en la Comisión competente para la tramitación de esta Proposición de Ley que sería la que organizara dicho trabajo de consenso. Posteriormente, se deberá realizar el seguimiento de la aplicación de lo acordado en la Ley resultante, mediante una serie de indicadores. Podría corresponderse esta labor de seguimiento con la propuesta contenida en la Proposición de Ley de creación de un Observatorio Social de la Salud en Canarias, encargado del análisis y estudio de la realidad de salud de las islas, así como de la formulación de propuestas para la mejora de la misma.
 

Nada más, muchas gracias

Arturo Borges Álamo

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