La crisis es tan sólo la coartada para despojarnos de nuestros derechos.


Frente a la avalancha de información con que nos bombardean diariamente sobre la necesidad de recortar las prestaciones de la sanidad pública porque según dicen es insostenible el nivel de gasto que tenemos, frente a estas noticias damos la bienvenida a dos artículos que van en el sentido contrario y con los que sí estamos de acuerdo.
El primero es de Fernando Lamata (psiquiatra), José Antonio Poncela (economista) y Ramón Gálvez (neurólogo) se ha publicado en Público y se titula: Sí, la sanidad es sostenible.
El segundo es de Luisa Lores y Manuel Martín, miembros de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Publica y se publicó en Nueva Tribuna la semana pasada bajo el título: Hay alternativas frente a los recortes y privatizaciones en sanidad.
Y como creemos que la sanidad es sostenible y son los políticos y los gestores los que la están poniendo en peligro y desmantelandola para privatizarla, nos hemos reunido esta tarde en el Ateneu Roig para comprometernos a llevar a cabo una Iniciativa Penal Popular contra los que estan poniendo la sanidad pública en peligro con su mala gestión.
Mañana os informaremos con más detalle del encuentro, de momento os dejamos estos dos artículos para que reflexioneis sobre estos argumentos y no os dejéis convencer por la recesidad de los recortes.
La crisis es tan sólo la coartada para despojarnos de nuestros derechos.


Sí, la sanidad es sostenible

Ilustración de Miguel Ordóñez

Con la coartada de la crisis económica algunos partidos políticos y fuertes intereses económicos están cuestionando la sostenibilidad de la sanidad pública. En Catalunya, Castilla-La Mancha, Galicia o Baleares han comenzado recortes y copagos, deteriorando la calidad y quebrando la equidad del Sistema Nacional de Salud.

Es preciso insistir en que el gasto sanitario público en España es adecuado a nuestro nivel de renta. Con datos de la OCDE de 2011, referidos a 2009, España gasta el 6,99% del PIB. En Francia, el 9,2%; en Alemania, el 8,9%; en Reino Unido, el 8,2%; en Italia, el 7,4%; en EEUU, el 8,3%. Es decir, nuestro gasto sanitario público no es exagerado. Además, con ese gasto se ofrece una atención de buena calidad (hasta ahora), para toda la población, con unos resultados excelentes (mayor esperanza de vida, menor mortalidad infantil, mejor sistema de trasplantes del mundo, etc.). El gasto sanitario público en España se ha mantenido estable en 2010 y 2011.

El desequilibrio del presupuesto público en España se debe sobre todo a la disminución brusca de los ingresos en los años 2008 y 2009. Para lograr financiar el gasto público es preciso que los ingresos fiscales en España sean similares a los de la UE-27, en torno a 8 puntos más de PIB. Por otro lado, es preciso revisar el sistema de financiación autonómica buscando una financiación suficiente de la sanidad, con un gasto por persona equivalente. Y, en todo caso, se debe seguir mejorando la eficiencia a todos los niveles: potenciando la prevención de las enfermedades y la promoción de la salud, mejorando la coordinación, evitando duplicidades, evaluando la eficacia de las prestaciones y las indicaciones, y gestionando adecuadamente la demanda.

El gasto sanitario total de un país (público y privado) depende de la renta de cada país. Un país más rico puede gastar más y un país pobre, menos. EEUU, con un Ingreso Nacional Bruto per cápita de 37.808 euros gasta 5.850 euros en sanidad; España, con 25.066 gasta 2.427; Argentina, con 6.804 gasta 576; Mali con 474 gasta 30 (Banco Mundial, 2010). En cambio, la proporción del gasto sanitario público no depende tanto del nivel de renta como de la orientación política del Gobierno. La pregunta que se hacen las sociedades es si la atención sanitaria es una cuestión privada, que debe resolver cada uno con su sueldo o sus ahorros, o si es una cuestión que debemos afrontar entre todos, un derecho que debe ser garantizado con fondos públicos, ya que la atención a muchas enfermedades es muy costosa y una familia normal no podría hacer frente a los gastos, se arruinaría o no recibiría atención. En Europa el gasto sanitario público supone un 75% del gasto sanitario total, mientras que en EEUU es un 43%. En España hemos conseguido que la atención sanitaria sea un derecho para todos los ciudadanos. Y hemos de reivindicar que siga siendo así, porque la salud es una condición para la igualdad real de las personas.

La sanidad pública sí es sostenible, pero hay quien quiere aprovechar la crisis para recortar gasto sanitario público y hacer más hueco al gasto sanitario privado. Es preciso recordar que la crisis financiera y el paro no son consecuencia del déficit público, sino que el déficit público y el paro son consecuencia de la crisis financiera. La crisis se originó por un proceso de desregulación de los mercados financieros, que permitió la venta de productos tóxicos en gran volumen y a gran velocidad (globalización) y que se simboliza con la quiebra del Lehman Brothers, el cuarto banco de inversión de EEUU, en septiembre de 2008. A partir de ahí se colapsó la economía al cerrarse el crédito a las empresas y se destruyeron 80 millones de puestos de trabajo en todo el mundo. Como respuesta a la crisis, entre octubre de 2008 y diciembre de 2010, la banca europea ha recibido 1,6 billones de euros en ayudas públicas y, al mismo tiempo, se han impulsado estrategias para reducir el déficit público, con importantes recortes de gasto público.

Las reducciones en el gasto público profundizan la crisis y, consecuentemente, incrementan el desempleo. El gasto sanitario en España, y el público en particular, se encuentra en niveles compatibles con un crecimiento económico sano y equilibrado.

Para salir de la crisis o, al menos, para no agravarla innecesariamente, hemos de mantener el gasto sanitario público, no disminuirlo. Es una fuente de empleo, un elemento fundamental de la cohesión social y un sector de innovación privilegiado. La salida de la crisis requiere atacar sus causas. Una nueva regulación de los mercados financieros, con el fortalecimiento de la Unión Europea, para evitar que los productos financieros tóxicos y las operaciones especulativas a gran escala sigan destruyendo la economía real. Políticas de estímulo y de apoyo a las empresas innovadoras, inversión pública y políticas sociales pero, sobre todo, un nuevo marco monetario y financiero. Lo que no tiene sentido es seguir empecinados en recetas que ya han demostrado más que suficientemente en Europa la inutilidad del sufrimiento que causan. La austeridad por la austeridad agrava la crisis, no la combate.


Hay alternativas frente a los recortes y privatizaciones en sanidad

El argumento de la crisis económico-financiera y la necesidad de cumplir con los criterios de déficit de la Unión Europea está siendo utilizado por las fuerzas neoliberales que dominan los gobiernos central y autonómicos, para alegar que el sistema sanitario público es insostenible y ello obliga a introducir recortes en las prestaciones, recurrir a la financiación privada para levantar nuevas infraestructuras y externalizar (privatizar) gran parte de los servicios. Esta tesis está siendo difundida con profusión en los distintos foros y medios de comunicación, que han logrado infundir en una parte de la población y de los profesionales sanitarios la creencia de la inevitabilidad de dichas medidas y la necesidad de aceptarlas como un mal menor.

Para hacer frente a esta ofensiva de corte neoliberal es necesario abrir un proceso de información y debate social y profesional sobre las causas de la crisis, los factores responsables del gasto sanitario y las posibilidades de financiación del mismo.

En España ocupamos uno de los últimos lugares, de la Unión Europea y también de la OCDE, en gasto sanitario público, tanto en porcentaje de PIB (1,5 puntos de PIB) como en dólares per cápita con poder paritario de compra 2.049 frente a 2.870 respecto de los países de la Unión Europea desarrollada.

Las medidas de recorte que están aplicando las administraciones van destinadas a actuar sobre la demanda sanitaria de los ciudadanos introduciendo copagos que limitan el acceso a los recursos y que sólo afectan a los sectores sociales con menor capacidad de compra, que empiezan a ser mayoritarios ya que la pensión media está en 750 euros/año y el 60% de los asalariados percibe un sueldo inferior a los 1.000 euros/mes, y sobre la oferta de servicios públicos en forma de cierre de camas hospitalarias, de servicios de urgencias, de ambulancias, etc.,  o suprimiendo el derecho a la asistencia a colectivos como los inmigrantes y persona sin papeles o marginadas. .

Sin embargo, los determinantes del crecimiento del gasto sanitario tienen poco que ver con las características y necesidades de la población (envejecimiento, problemas de salud crónicos, etc.) y están directamente relacionados con la organización, funcionamiento, orientación del sistema y con la cultura y actitud de los responsables sanitarios y de parte de los profesionales. Entre estos podríamos destacar la ausencia de planificación en la asignación de los recursos; la descoordinación de los niveles asistenciales; la deficiente formación de los gestores sanitarios; el abuso de las tecnologías diagnósticas y terapéuticas (España presenta gasto en tecnologías un 23% por encima de la media Europea y un 33% por encima de EEUU); el abuso de la prescripción farmacológica; la variabilidad injustificada de la práctica clínica; la medicina defensiva; las prolongadas estancias hospitalarias; la parasitación del sector público por el sector privado; el hospitalocentrismo; el abandono de la atención primaria y de la promoción de la salud: El 30% de las decisiones clínico terapéuticas no están basadas en criterios científicamente comprobados; las innovaciones tecnológicas y terapéuticas de alto coste se generalizan sin evaluación previa; la tercera parte de los medicamentos consumidos por los mayores de 65 años son innecesarios (se podría ahorrar 1200 millones de euros anuales); el 12% de los ingresos hospitalarios en España están relacionados con reacciones adversas a fármacos de los que la mitad serían potencialmente prevenibles (permitiría ahorrar unos 840 millones de euros anuales). Sin embargo se abandonan las políticas de promoción de salud a pesar de que la OMS afirma que las recomendaciones alimentarias y la promoción de la actividad física podrían contribuir a reducir la incidencia de cáncer entre un 30 y un 40%.

Actuar sobre estos condicionantes permitiría reducir gasto y mejorar la racionalidad, la eficiencia y la seguridad del sistema sanitario

¿Qué se podría hacer para conseguir ahorros sin deteriorar la calidad y las prestaciones de la Sanidad Pública?

Solo señalaremos algunas ideas generales, pero por supuesto habría que profundizar más en cada uno de los aspectos.

Lo primero debería ser elaborar planes de salud para todo el país (el Plan Integrado de Salud ya establecido en la Ley General de Sanidad en 1986, y en la ley de Cohesión de 2003), para establecer los objetivos de salud del conjunto del Sistema Nacional de Salud, para ello se precisa hacerlo también en cada comunidad autónoma y área sanitaria, con la participación imprescindible de ciudadanos y profesionales

Luego dotar las áreas sanitarias de instrumentos de gestión integral e integrada, Incorporando en todos los niveles asistenciales del SNS los instrumentos de la medicina basada en la evidencia y de gestión clínica participativa (guías clínicas, vías clínicas, protocolos, etc.) Profesionalización de la gestión sanitaria y separar la medicina pública y la privada, exigiendo la dedicación exclusiva de los profesionales sanitarios para evitar que tengan intereses en ambos sectores.

Hay que promover la racionalidad de las actuaciones de los profesionales sanitarios con incentivos que premien la calidad y el uso racional de los recursos, así como crear agencia para la evaluación y el control de las tecnologías sanitarias, incorporando a la financiación pública solo aquellas que tengan contrastada su utilidad y el tener mejor coste/beneficio en salud que las alternativas ya existentes. Asimismo introducir el criterio de necesidad para autorizar la incorporación de nuevos fármacos a la financiación pública y control de la promoción de fármacos y recursos tecnológicos por la industria farmacéutica y de tecnologías sanitarias

Debe de garantizarse la financiación suficiente y la gestión pública de los recursos sanitarios públicos

Para mejorar la eficiencia debería de ponerse en marcha una Central de Compras para todo el sistema sanitario, lo que por cierto ya se aprobó en el Consejo Interterriotorial del SNS hace más de un año sin que se haya avanzado al respecto.

Hay que potenciar de la Atención Primaria como eje del sistema dotándola de recursos y de capacidad para controlar a los pacientes en su circulación por el sistema, así como la promoción de salud y de la salud pública

Por fin, crear instrumentos de participación de la población en todos los niveles del sistema con carácter vinculante de sus decisiones dentro de los planes de salud.

En resumen frente a los recortes y privatizaciones del Gobierno central y de las comunidades autónomas hay que exigir planificación, promoción de salud, desmedicalización, racionalidad y participación.

La necesidad de reducir el gasto sanitario puede transformar la crisis en una oportunidad para mejorar la calidad, la eficiencia y la seguridad del sistema introduciendo cambios estratégicos que no afectarían al derecho a la atención de los pacientes ni a la estabilidad laboral o profesional de los trabajadores del sistema público

Mª Luisa Lores y Manuel Martín  |  Miembros de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

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Acerca de Dempeus per la salut pública

Col·lectiu de persones en defensa de la salut pública
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